nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

Antofagasta, a veintinueve de enero de dos mil veinticinco.

VISTOS:

La comparecencia de ALEJANDRO IGNACIO ESPINOZA ESPINOZA y MATÍAS PIQUER FRANCO, abogados, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, cedula de identidad para extranjeros RUT reservado, domiciliada para estos efectos en domicilio reservado, quienes deducen recurso de protección en contra del MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA, representado por nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana de Santiago, de la POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE, representada por su Director Nacional Eduardo Alejandro Cerna Lozano, ambos domiciliados en domicilio reservado, Región Metropolitana de Santiago y en contra del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES, representado legalmente por nombre reservado, domiciliados en domicilio reservado°, Región Metropolitana de Santiago por privar y/o perturbar, en forma ilegal y arbitraria, los derechos de la recurrente, garantizados en el artículo 19 números 2 y 3 de la Constitución Política de la República, es decir, de igualdad ante la ley y a un debido proceso, de manera de restablecer el imperio del derecho y asegurar su protección, conforme los argumentos de hecho y de derecho que exponen.

Informaron los recurridos, instando por el recurso.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, los recurrentes fundan la acción, indicando que, nombre reservado, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 10 numeral 3° de la Constitución Política de la República y con lo dispuesto por el decreto supremo N°5142, que versa respecto a las disposiciones sobre nacionalización de extranjeros, envió su solicitud de Nacionalización con fecha 31 de agosto del año 2023, a través de la plataforma online del Servicio Nacional de Migraciones, adjuntando toda la documentación requerida para dicho trámite, que habiendo transcurrido más de 16 meses desde la fecha de presentación de esta solicitud la autoridad no se ha pronunciado sobre la misma.

Agrega que, desde dicho momento no ha recibido mayor información ni respuesta, lo que la mantiene en una constante incertidumbre y preocupación mientras espera la decisión final a su solicitud de Nacionalización.

Destaca que, la recurrente sigue plenamente convencida de mantenerse en nuestro país y ser parte de él como una ciudadana más, posee contrato de trabajo indefinido desde noviembre del año 2023, y vive junto a su familia compuesta por su pareja nombre reservado y su hijo en común, nombre reservado, de nacionalidad chilena y de actuales 9 años de edad. Sostiene que, resulta notorio que las autoridades recurridas han realizado una omisión ilegal y arbitraria al no concluir el procedimiento sobre la solicitud de Nacionalización de la recurrente, a pesar de haber transcurrido ya casi un año y medio desde su presentación, sin entregarle información alguna sobre esta demora.

Agregan fundamentos de Derecho, en cuanto al trámite de solicitud de nacionalización, de acuerdo a lo establecido en artículo 10 n°3 de la Constitución Política de la República y el procedimiento regulado en el Decreto Supremo N°5142.

Añaden que, las solicitudes de carta de Nacionalización se realizan mediante la página web https://www.extranjeria.gob.cl/nacionalizacion, lo cual en la especie fue realizado por la recurrente, además de cumplir con todos los requisitos adicionales en su solicitud, los que son informados mediante esta página web.

Hacen mención a las bases que rigen los procedimientos administrativos, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 19.880, respecto de los principios que dicho cuerpo normativo establece, especialmente los Principios de principios de celeridad, inexcusabilidad, conclusivo, contrariedad y economía procedimental.

Igualmente, aluden al artículo 27 de la misma Ley, el cual dispone que “salvo caso fortuito o fuerza mayor, el procedimiento administrativo no podrá exceder de 6 meses, desde su iniciación hasta la fecha en que se emita la decisión final”, lo cual no ha ocurrido en el caso sub lite, afectando con ello las garantías Constitucionales de la recurrente, consagradas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, numerales 2 y 3, respecto a la igualdad ante la Ley y el debido proceso.

Refieren que, en este caso se ha dado a la recurrente un trato desigual con respecto a otros solicitantes, a los que encontrándose en iguales circunstancias o incluso menos favorables, les fue otorgada la Nacionalidad, mientras que su representada hasta la fecha no tiene ningún tipo de respuesta o información, este razonamiento ha sido confirmado por la Corte Suprema, por ejemplo, en causas Rol 392-2024, 892-2024, 9400-2024, 28971-2024, 29822-2024, 30402-2024, 40600-2024 y 45198-2024, entre otras.

Por lo anterior, piden se acoja la presente acción y ordenar al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a la Policía de Investigaciones de Chile y al Servicio Nacional de Migraciones que, cumplidos como han sido todos los requerimientos contenidos en la Constitución Política de la República, emitan el pronunciamiento correspondiente, o las medidas que se consideren más pertinentes.

SEGUNDO: Que, informó GUILLERMO QUEZADA BRUZZONE, abogado, en representación del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES, solicitando el rechazo de la acción, por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria que pueda vulnerar los derechos invocados por la recurrente.

Refiere que, nombre reservado de nacionalidad venezolana, mediante la Resolución Exenta N° 102.270, de fecha 22 de junio de 2016, del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, se le otorgó el permiso de permanencia definitiva.

Añade que, con fecha 31 de agosto de 2023, la recurrente solicitó carta de nacionalización ante esa autoridad, mediante la plataforma web, encontrándose en trámite, manteniendo situación migratoria regular.

Añade antecedentes respecto de la Concesión de la Carta de Nacionalización y el procedimiento establecido para ello, refiriendo que, en cuanto a la autoridad y sus atribuciones legales para dictar el Decreto correspondiente, éste es el Presidente de la República, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 1° del D.S. N°5.142 de 1960, del Ministerio del Interior, “La nacionalización se otorgará por el Presidente de la República, en decreto refrendado por el Ministerio del Interior”

Agregando que, el mismo Decreto Supremo referido, contempla en su artículo 2° los requisitos que deben ser cumplidos por los solicitantes para obtener la carta de nacionalización. Dicha norma señala que: “Podrá otorgarse carta de nacionalización a los extranjeros que hayan cumplido 18 años de edad, que tengan más de cinco años de residencia en el territorio de la República y que sean titulares del permiso de permanencia definitiva. (…)” añade que la solicitud “(…) Estará dirigida al Presidente de la República, en un formulario que se proporcionará por la autoridad correspondiente, sin costo alguno para el extranjero. Se presentará con posterioridad a la calificación favorable que la autoridad haga de la solicitud de nacionalización.” Y finaliza el mismo artículo señalando que “(…) Corresponderá al Ministro del Interior calificar, atendidas las circunstancias (…)”.

Hace presente que, uno de los trámites esenciales del procedimiento asociado a la concesión de la carta de nacionalización es la elaboración de un informe por parte de la Policía de Investigaciones, el cual debe contener la información indicada en el artículo 5 del Decreto 5142. Para elaborar su informe la Policía de Investigaciones debe citar al solicitante de carta de nacionalización a una entrevista presencial en sus dependencias y, recabada la información el organismo policial deberá remitir el informe a dicha autoridad en un plazo de 15 días, en virtud del artículo 6 del Decreto.

En cuanto al tiempo de tramitación de la solicitud, de acuerdo a lo establecido en el 27 de la Ley N° 19.880, este no podrán exceder de 6 meses, salvo caso fortuito o fuerza mayor, entendiéndose como tal, una pandemia de carácter mundial que afectó y afecta nuestro país, lo que distorsionó los tiempos normales de tramitación de los procedimientos administrativos durante los años 2020 y 2021, atendidos los aislamientos, cuarentenas y restricciones de movilidad decretados por la autoridad sanitaria. Lo anterior significó un retraso considerable e irresistible para la autoridad migratoria que, lo que ha sido reconocido por sentencias ejecutoriadas como un caso fortuito que excusa la dilación de las solicitudes de permisos de residencia, como también toda otra solicitud de trámites de naturaleza migratoria, sin que ello por sí solo implique vulneración de derechos fundamentales de los extranjeros, al mantener residencia regular en el país y contar con documentación a su disposición para acreditar dicha condición en el país, asimismo indica que este plazo no es fatal para la administración, lo cual habría sido reconocido por la jurisprudencia, entre otros, en fallo de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, protección ROL N° 25817-2020, sentencia de 18 de agosto de 2020.

Agrega que, si bien los hechos que motivaron las sentencias que cita, son diversos a los que se dan cuenta en la presente acción de protección, no dejan de ser relevantes las reflexiones en ellos contenidas, las cuales, se vuelven relevantes porque la pretensión de la contraria es alzar el tiempo de tramitación como una omisión que por sí sola trae aparejada una serie de perturbaciones en su vida, que ha subsumido en amenaza o vulneración del derecho a la igualdad ante la ley, reconocido en el artículo 19 N° 2, así como los derechos constitucionales consagrados en los numerales 4, 16 y 21, todos también del artículo 19 de la Constitución Política de la República, al argumentar un supuesto trato desigual y discriminatorio, lo que es absolutamente falso. La tramitación de la solicitud carta de nacionalización del extranjero recurrente sigue la misma tramitación legal y reglamentaria que cualquier otro extranjero, no existiendo ninguna diferencia arbitraria ni ilegal, y por lo demás, mientras se mantenga en tramitación la solicitud, las personas no tienen limitaciones para salir e ingresar al país sin más limitaciones que las que establece la ley, así como plena libertad de desarrollar actividades remuneradas lícitas, y en general, adquirir todo derecho u obligación civil conforme lo establecido en el artículo 57 del Código Civil.

En virtud de las consideraciones anteriormente indicadas, expresa que su parte ha actuado con estricto apego a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, no existiendo acto u omisión arbitraria o ilegal que genere privación, perturbación o amenaza a los derechos consagrados en el Artículo 19 de la Constitución Política de la República, por lo cual solicita el rechazo de la acción.

TERCERO: Que, informó, nombre reservado, Prefecto Inspector Jefe de la Región Policial de Antofagasta, de la POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE, quien indica: Que, nombre reservado, en sus registros, no mantiene ni registra solicitud de carta de nacionalización.

Agregando que, en el Sistema de Gestión Policial, no mantiene encargos judiciales pendientes en su contra.

CUARTO: Que, atendido lo informado por el Servicio Nacional de Migraciones, se prescindió del informe solicitado a la Subsecretaría del interior.

QUINTO: Que, de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

SEXTO: Que, el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados. En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho. El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

SÉPTIMO: Que, en la especie, se dirige la acción en contra del supuesto actuar ilegal y arbitrario de las recurridas, consistente en no emitir pronunciamiento sobre las solicitud de Carta de Nacionalización de la recurrente, presentada con fecha 31 de agosto de 2023.

OCTAVO: Que, el artículo 1° del D.S. N°5.142 de 1960 dispone: “La nacionalización se otorgará por el Presidente de la República, en decreto refrendado por el Ministro del Interior”. A su turno, el artículo 2° del D.S. precitado establece los requisitos para que a los extranjeros se les pueda otorgar carta de nacionalización, mientras que su artículo 4° precisa la forma en que dicha solicitud debe ser presentada.

NOVENO: Que, de acuerdo a lo señalado por la recurrida Servicio Nacional de Migraciones, la solicitud del actor está actualmente en tramitación, desde hace aproximadamente un año y medio, sin que exista pronunciamiento respecto de la misma, siendo posible concluir que ha transcurrido un plazo excesivo desde su presentación a la fecha.

DÉCIMO: Que a la luz de lo dispuesto en la Ley N°19.880 resulta útil destacar el principio de celeridad, previsto en su artículo 7, según el cual la autoridad debe impulsar de oficio, en todos sus trámites, el procedimiento administrativo, debiendo actuar por propia iniciativa, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión; principio que por lo demás debe relacionarse con el principio conclusivo, consagrado en el artículo 8 del mismo cuerpo legal, que determina la necesidad de término del procedimiento con un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo, así como con el principio de economía procedimental, del artículo 9, que manda a la Administración responder con eficacia, evitando trámites dilatorios.

UNDÉCIMO: Que, la circunstancia ya referida evidencia el incumplimiento de los principios citados en el motivo que antecedente, conculcando la garantía constitucional esgrimida en el recurso, razón por la que éste será acogido en los términos que se indicarán en la parte resolutiva.

Por estas consideraciones, y atendido además lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE ACOGE sin costas, el recurso de protección deducido por los abogados ALEJANDRO IGNACIO ESPINOZA ESPINOZA y MATÍAS PIQUER FRANCO, en favor de nombre reservado, sólo en cuanto se dispone que las recurridas, Servicio Nacional de Migraciones y Ministerio del Interior y Seguridad Pública, deberán resolver la solicitud de otorgamiento de carta de nacionalización del recurrente, dentro del plazo de sesenta días corridos contados desde la notificación de esta sentencia.

Regístrese y comuníquese.

Rol 57-2025 (PROTECCIÓN)