SQM SALAR S.A. con INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO EL LOA-CALAMA

Antofagasta, a veintinueve de junio de dos mil veintidós.

VISTOS:

La comparecencia de nombre reservado y nombre reservado, en representación de SQM Salar S.A., del giro de su denominación, todos domiciliados en domicilio reservado, quienes interpusieron recurso de protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de El Loa-Calama, representada por Paola Roxana Barra González, Inspectora Provincial del Trabajo de El Loa-Calama, ambos domiciliados en domicilio reservado, pidiendo se deje sin efecto, totalmente, las actuaciones de la recurrida; se le ordene a dictar –en reemplazo de dichas actuaciones-, otra resolución en virtud de la cual dicho organismo niegue lugar a cualquier denuncia, reclamo o solicitud del señor nombre reservado –ya sea por sí o en representación del Sindicato Interempresa-, tendiente a desconocer lo previsto en el artículo 214 inciso cuarto del Código del Trabajo y que signifiquen forzar ilegalmente a SQM a restablecer una relación laboral ya terminada; y se ordene a la recurrida a adoptar todas las demás medidas que la Corte juzgue necesarias para restablecer la situación jurídica infringida, con costas.

Informó la recurrida, solicitando el rechazo de la acción.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección se funda en la existencia de los siguientes actos arbitrarios e ilegales de la recurrida: (1) informe de inicio de procedimiento de fiscalización por supuesta vulneración del derecho a libertad sindical por separación ilegal del trabajador con fuero sindical (dirigente); (2) acta de fiscalización separación ilegal de trabajador con fuero de fecha 06 de mayo de 2022; y (3) acta final de mediación art. 486 del Código del Trabajo de fecha 10 de mayo de 2022.

Argumenta que, la recurrida ordenó a la actora a proceder al reintegro del señor nombre reservado, analista químico especialista, después de su despido el día 19 de abril de 2022, por la causal de necesidades de la empresa. La decisión de la recurrida se fundamenta en que el señor nombre reservado gozaría de un eventual fuero sindical, que se derivaría de su supuesta calidad de director del Sindicato Interempresa Pilas Socalzado Montajes y Afines, RSU N° 13014954. Que, lo anterior es injustificado, ya que hace años el señor nombre reservado se encuentra afiliado al Sindicato de Trabajadores de Empresa SQM Salar S.A., afiliación ésta que dejó sin efecto cualquier otra anterior.

El señor nombre reservado ingresó a prestar servicios a la recurrente el 1 de diciembre de 1998 como analista químico en la faena de Salar de Atacama. A la fecha de su despido, el 19 de abril de 2022, y desde hace cuatro años hacia atrás, se encontraba afiliado al Sindicato de Trabajadores SQM Salar S.A. En dicha organización sindical no ostentaba cargo alguno en su directiva.

Son manifiestos y evidentes los antecedentes que demuestran que el señor nombre reservado a la fecha de su despido se encontraba afiliado al Sindicato de Trabajadores SQM Salar S.A., y no al Sindicato Interempresa Pilas Socalzado Montajes y Afines. Así, es parte del Convenio Colectivo de Trabajo suscrito el 21 de marzo de 2022, entre SQM Salar y dicha organización sindical. A su vez, previamente había participado también como afiliado al mismo sindicato en la negociación colectiva que dio lugar al Convenio Colectivo de Trabajo inmediatamente anterior de fecha 22 de octubre de 2020. En igual sentido, el señor nombre reservado desde hace 4 años aproximadamente hacia atrás desde la fecha de su desvinculación ha percibido los beneficios pecuniarios y no pecuniarios pactados con el Sindicato de Trabajadores SQM Salar S.A. Además, la empresa descontaba mensualmente la cuota sindical respectiva. En este sentido de acuerdo con los evidentes antecedentes y principio de la primacía de la realidad, no cabe llegar a otra conclusión que el señor nombre reservado a la fecha de su despido se encontraba afiliado al Sindicato de Trabajadores SQM Salar S.A., y no al Sindicato Interempresa de Pilas y Socalzado, Montajes y Afines.

Hace presente que, en el 2018, el señor nombre reservado estuvo afiliado por un lapso fugaz al Sindicato Interempresa Pilas Socalzado Montajes y Afines. Así, en septiembre de 2018 la empresa recibió una carta mediante la cual se le informaba que el señor nombre reservado habría sido elegido, con fecha 1 de septiembre de 2018, director del Sindicato Interempresa Pilas Socalzado Montajes y Afines. Sin embargo, en el mismo mes de septiembre de 2018, retomó su afiliación en el Sindicato de Trabajadores SQM Salar S.A., pues prosiguió pagando, regularmente, sus cuotas sindicales a ésta.

Así las cosas, con esta conducta del señor nombre reservado, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 incisos 4° y 5° del Código del Trabajo, habría quedado sin efecto la anterior afiliación –muy episódica-, al Sindicato Interempresa Pilas Socalzado Montajes y Afines.

En efecto, el artículo 214 del Código del Trabajo prescribe en sus incisos 4° y 5° lo siguiente: “Un trabajador no puede pertenecer a más de un sindicato, simultáneamente, en función de un mismo empleo. Las organizaciones sindicales no podrán pertenecer a más de una organización de grado superior de un mismo nivel. En caso de contravención a las normas del inciso precedente, la afiliación posterior producirá la caducidad de cualquiera otra anterior y, si los actos de afiliación fueren simultáneos, o si no pudiere determinarse cuál es el último, todas ellas quedarán sin efecto”.

En consecuencia, por expresa disposición legal, el señor nombre reservado no se encontraba afiliado a la fecha del término de su contrato de trabajo al Sindicato Interempresa Pilas Socalzado Montajes y Afines no pudiendo ser director sindical del mismo, por tal motivo, tampoco puede estar investido de fuero sindical.

El procedimiento de fiscalización de la Inspección Provincial del Trabajo de El Loa-Calama, es ilegal y arbitrario, por las razones ya referidas, y por ende, también lo es, la orden de proceder al reintegro del trabajador, como el iniciar gestiones para interponer una acción de práctica antisindical en contra de la recurrente, infringiéndose los artículos 214, 243 y 174 del Código del Trabajo.

La actuación de la recurrida ya descrita produce privación, perturbación o amenaza a sus legítimos derechos y garantías fundamentales establecidos en el artículo 19 N° 16 –libertad de contratación-; N° 21 –derecho a desarrollar cualquier actividad económica lícita-; y N° 24 –derecho de propiedad-, de la Constitución Política de la República.

Por lo anterior solicitó se deje sin efecto, totalmente, las actuaciones de la recurrida; se le ordene dictar –en reemplazo de dichas actuaciones-, otra resolución en virtud de la cual dicho organismo niegue lugar a cualquier denuncia, reclamo o solicitud del señor nombre reservado –ya sea por sí o en representación del Sindicato Interempresa-, tendiente a desconocer lo previsto en el artículo 214 inciso cuarto del Código del Trabajo y que signifiquen forzar ilegalmente a SQM a restablecer una relación laboral ya terminada; y se ordene a la recurrida a adoptar todas las demás medidas que la Corte juzgue necesarias para restablecer la situación jurídica infringida, con costas.

SEGUNDO: Que informó Alejandra Moran Ledezma, abogada, en representación de la recurrida Inspección Provincial del Trabajo de El Loa-Calama, solicitando la inadmisibilidad y, en subsidio, el rechazo del recurso de protección.

Expresa que compareció ante la Inspección Provincial del Trabajo de El Loa-Calama, el señor nombre reservado señalando ser secretario del Sindicato Interempresa de Pilas Socalzado, Montajes y Afines, RSU: 13014954, y denunciando que su empleador, la empresa SQM Salar S.A., procedió a despedirlo el día 19 de abril de 2022, aplicando como causal la señalada en el artículo 161 del Código del Trabajo, esto es, necesidades de la empresa. Conforme a lo anterior, el denunciante solicitó el reintegro en atención al fuero que lo ampara.

En virtud de dicha denuncia se constituyó la Fiscalía Laboral de la Inspección del Trabajo de Calama, dando inicio al respectivo proceso de investigación N° 202/2022/323, en el marco del procedimiento especial por denuncia de práctica antisindical, el cual estuvo a cargo del fiscalizador Sr. nombre reservado, quien revisó los antecedentes disponibles en la Unidad de Relaciones Laborales de la Dirección del Trabajo, constando la calidad de director sindical de don nombre reservado, quien ocupa el cargo de Secretario del Sindicato Interempresa de Pilas, Socalzado, Montajes y Afines, por el período comprendido entre el 01 de septiembre de 2018 y el 01 de septiembre de 2022, verificando también, mediante la página del Poder Judicial que, a esa fecha, la empresa no contaba con la debida autorización judicial para desvincular al Sr. nombre reservado.

En el proceso de fiscalización se verificó que el denunciante fue desvinculado de la empresa el 19 de abril de 2022, lo que se produce sin tener la empresa la autorización judicial para proceder a desvincular al trabajador, respecto de quien se acreditó la calidad de dirigente sindical, y en tal calidad se encuentra amparado por fuero, no logrando los antecedentes esgrimidos por la empresa desacreditar esta circunstancia. En consecuencia, la Inspección informó a la empresa que no resulta procedente la desvinculación del trabajador, requiriéndole su reintegro por la separación ilegal.

El empleador no se allanó a lo requerido por la Inspección, por lo que, conforme al procedimiento aplicable, se le citó a mediación obligatoria conforme al artículo 486 del Código del Trabajo. En dicha instancia, acaecida el 10 de mayo de 2022, la empresa mantuvo su conducta señalando no allanarse al reintegro del trabajador, consignando que no está de acuerdo con los indicios referidos.

Por lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 292 inciso cuarto del Código del Trabajo, en relación con lo prescrito en los artículos 485 y siguientes del mismo cuerpo legal, que instruye a la Inspección del Trabajo respectiva a denunciar al Tribunal competente los hechos que estime constitutivos de prácticas antisindicales de los cuales tome conocimiento, en el ejercicio de las facultades legales que le son propias, procedió a presentar denuncia judicial por separación ilegal de trabajador con fuero sindical. Dicha denuncia judicial se encuentra actualmente en tramitación en el Juzgado de Letras del Trabajo de Calama, en causa RIT S-4-2022.

Hace presente que, el Primer Juzgado de Letras de Santiago, en la causa RIT O-7670-2020, mediante sentencia de 10 de enero de 2022, rechazó la demanda interpuesta por la empleadora SQM en contra del Sindicato Interempresa de Pilas, Socalzado, Montajes y Afines. En dicha demanda la recurrente reconoce de forma expresa que el Sr. nombre reservado es secretario del referido Sindicato. En dicho proceso no se accedió ni a la acción principal, ni a la subsidiaria, encaminada a invalidar el cargo de director sindical y el fuero atribuido al Sr. nombre reservado.

Afirma que la presente acción es inadmisible puesto que los artículos 292 y 486 del Código del Trabajo establecen en forma expresa un procedimiento para revisar judicialmente ante el Tribunal del Trabajo competente la práctica antisindical verificada por la Inspección del Trabajo, por ello, la presente acción constitucional no es la vía idónea para impugnar el actuar de la Inspección del Trabajo.

Hace presente que, el 03 de junio de 2022, se dicta sentencia en causa RIT S-4-2022 del Juzgado de Letras del Trabajo de Calama, en que decreta que la empresa recurrente deberá reincorporar al delegado sindical don nombre reservado y pagar sus remuneraciones y demás prestaciones derivadas de la relación laboral durante el período comprendido entre la fecha de su separación, esto es, 19 de abril de 2022 y aquella en que se materialice la reincorporación.

En cuanto al fondo de la acción refiere que la actuación impugnada no constituye acto ilegal, pues se ha efectuado conforme a las atribuciones legales expresamente conferidas a la recurrida, y establecidas en el artículo 5 del DFL N° 2 de 1967, Ley Orgánica Constitucional de la Dirección del Trabajo, y artículos 505 y 289 ambos del Código del Trabajo.

Descarta cualquier ilegalidad en relación al artículo 214 del Código del Trabajo, por cuanto, conforme a los antecedentes recabados, la última afiliación del Sr. nombre reservado es precisamente en el año 2018 al Sindicato Interempresa de Pilas, Socalzado, Montajes y Afines, oportunidad en que participó como socio constituyente y fue elegido como director sindical, lo que es reconocido incluso por la recurrente en causa RIT O-7670-2020 seguida ante el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

Señala que, por ende, no existe acción u omisión alguna por parte de la recurrida que haya afectado ni aún en grado de amenaza, los derechos y garantías constitucionales invocadas por la recurrente, por lo que pide el rechazo de la acción en todas sus partes.

TERCERO: Que de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que es un presupuesto de la acción incoada en autos, la acreditación de ser los recurrentes, titulares de un derecho indubitado, respecto del cual esta Corte pueda adoptar las medidas que se estimen necesarias para restablecer el imperio del derecho.

SEXTO: Que, del mérito del recurso de protección de autos, fluye que la discusión se circunscribe a establecer si el Sr. nombre reservado tenía la calidad de dirigente sindical al momento de ser despedido por su empleador, el día 19 de abril de 2022, de manera que se configuraría, -de ser así y de reunirse los demás elementos del caso-, una práctica antisindical por parte de la recurrente que ameritaría un proceso de fiscalización por parte de la recurrida y su posterior denuncia ante el Juzgado de Letras del Trabajo competente.

De lo anterior fluye que no existe un derecho indubitado de la recurrente, sino por el contrario hechos que deberán ser discutidos y probados en un juicio de lato conocimiento, juicio que, por lo demás, ya se encuentra en conocimiento de la justicia ordinaria mediante la denuncia interpuesta por la recurrida en contra de la recurrente, y que se tramita en los autos RIT S-4-2022 del Juzgado de Letras del Trabajo de Calama, instancia en que las partes deberán efectuar las alegaciones y rendir las pruebas que el caso amerite, no siendo esta acción cautelar, la vía establecida por el ordenamiento jurídico para ello.

En consecuencia, considerando que existen procedimientos y vías distintas a la acción de protección para resolver los conflictos como el de autos, como es, en este caso, el Juzgado de Letras del Trabajo de Calama, por tener competencia para ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 292 inciso 5° en relación con el artículo 420 letra b) ambos del Código del Trabajo; procedimiento que ya ha sido activado mediante denuncia de la recurrida tramitada en los autos RIT S-4-2022 del Juzgado de Letras del Trabajo de Calama, resulta que la acción de protección no es la vía idónea para que el asunto sea conocido y resuelto, atendida la naturaleza de la acción constitucional, la que no es declarativa de derechos, sino que de protección de aquellos que siendo indubitados se encuentran en situación de recibir el amparo por esta vía y que no corresponde en autos, por lo que se desestimará el recurso.

SÉPTIMO: Que las demás alegaciones y defensas efectuadas por las partes y no analizadas en esta sentencia, en nada alteran lo razonado y concluido precedentemente.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en el artículo 19 N° 2 y artículo 20 de la Constitución Política de la República y Autos Acordados de la Corte Suprema, de fechas 24 de junio de 1992 y 4 de mayo 1998 sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, con costas, el recurso deducido por nombre reservado y nombre reservado, en representación de SQM Salar S.A., en contra de La Inspección Provincial del Trabajo de El Loa-Calama.

Regístrese y comuníquese.

ROL 5.685-2022 (PROT)