nombre reservado con AFP CAPITAL

Antofagasta, a diecisiete de marzo de dos mil veinte.

VISTOS:

Jaime Araya Guerrero, Abogado en representación de don nombre reservado, peruano, cédula nacional de identidad RUT reservado, operador de maquinaria pesada, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, interpone recurso de protección en contra de A.F.P. CAPITAL S.A, Administradora de Fondos de Pensiones, RUT NºRUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, por estimar vulnerada las garantías constitucionales contenidas en los numerales 1º; 2º y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, al rechazar de forma ilegal y arbitraria la devolución de fondos previsionales dispuesta en la Ley 18.156, mediante resolución de fecha 06 de enero del año en curso, dictada por don nombre reservado, Jefe del Área de Ahorros de la citada entidad de ahorro previsional y, en consecuencia, solicita se adopten las providencias necesarias para reestablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del agraviado, con expresa condenación en costas.

Evacuando informe la recurrida, solicita el rechazo del mismo.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurrente, fundando su recurso de protección señala que don nombre reservado, ciudadano peruano residente en Antofagasta, es Operador de Maquinaria Pesada, del Instituto Superior de Capacitación Profesional de Lima, Perú, por tanto, es técnico y, además, extranjero, quien actualmente presta servicios en la empresa Innovex, cumpliendo la función de operador técnico, según consta en contrato de trabajo. Agrega, además, que su representado se encuentra afiliado a la AFP PRIMA en Perú, desde el 16 de julio del año 2.001 y que, conforme a la legislación nacional, se encuentra afiliado a la AFP Capital, motivo por el cual cumple con todos los requisitos para acogerse a los beneficios establecidos en la Ley 18.156. Es por ello, que con fecha 07 de junio de 2019, procedió a ingresar una solicitud en tal sentido, acompañando toda la documentación debidamente apostillada, conforme a lo prescrito en la Ley 20.711 (que suprime las exigencias de legalización de documentos públicos en el extranjero) y cuya copia acompaña.

No obstante lo anterior, expone que la recurrida, con fecha 06 de enero de 2020, procedió a rechazar la solicitud de devolución de fondos, establecida en la Ley 18.156, por la causal que se indica: “a) RECHAZADO, SE REITERA, Acompañar título a lo menos técnico debidamente apostillado y legalizado, se hace mención a que se acompaña solamente un certificado de título. Acompañar copia de título técnico o profesional con timbres y firmas de notario público por anverso y reverso certificando la calidad de copia fiel del documento original. Acompañar certificado de afiliación a sistema previsional extranjero legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile”, y en un anexo de la misma, se agrega que “no se puede apreciar y verificar el Certificado de Afiliación que se somete a legalización mediante la apostilla” y que, en tales casos, la Superintendencia ha instruido que los documentos deben ser legalizados ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Es decir, niega la calidad de título técnico al certificado acompañado, solicitándose en la oficina que el indicado documento debía decir “Título” y no certificado, negándole valor al documento que acredita que su representado es técnico, en circunstancias que aquél es un documento oficial, que a la usanza propia de su país de origen utiliza la nomenclatura ahí señalada, en el cual se consigna la institución que lo emite, la resolución del Ministerio de Educación que lo autoriza, la capacitación como Operador de Maquinaria Pesada, mediante la aprobación del Módulo-Taller, con una duración de 4.720 horas pedagógicas, cursado entre el 04 de marzo de 2001 hasta el 18 diciembre de 2002; además, hace presente que el documento acompañado cumple con la exigencia de estar autorizado en el anverso y reverso por Notario Público, y encontrarse apostillado. Por otra parte, indica que el certificado de afiliación a sistema previsional extranjero, cumple con el apostillaje, el que tiene por objeto precisamente eliminar el trámite de legalización ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile y, además, es verificable mediante una simple consulta en el sitio web https://apostillaconsulta.rree.gob.pe/consulta/.- Atendido lo expuesto, señala que el actuar de la AFP Capital ha sido ilegal y arbitrario, pues se niega injustificadamente a entregar los fondos a que tiene derecho su representado, fundando la negativa en supuestos incumplimientos de requisitos, toda vez que se han cumplido celosamente todos y cada uno de los mismos, sin que exista causa legal que ampare la negativa, sino simplemente el actuar antojadizo del ente previsional recurrido.

Alega que el actuar de la recurrida ha infringido el artículo 19 Nº1 de la Constitución Política de la República, garantía constitucional que protege el derecho a la integridad psíquica de la persona, pues la impotencia que le genera el cumplir los requisitos establecidos, le ha generado una severa afectación en su psiquis. Además, vulnera la garantía constitucional de igualdad ante la ley prevista en el artículo 19 Nº2, toda vez que la arbitrariedad denunciada ocurre solo con la AFP recurrida, ya que otras AFPs que administran fondos de trabajadores extranjeros, reconocen y aplican las normas del tratado internacional que regula la materia, de manera que la ley se aplica de manera desigual a los cotizantes de la AFP recurrida y, por último, estima vulnerada la garantía constitucional que protege el derecho de propiedad establecida en el artículo 19 N°24, atendiendo que el actuar de la recurrida, priva a su representado de los dineros que son de su propiedad, toda vez que sin ningún fundamento legal, la AFP se niega a entregar los dineros a su titular tal como lo establece la Ley 18.156, sin que exista ningún tipo de normativa que permita que la AFP siga reteniendo de manera arbitraria los dineros, tal como lo ha hecho hasta la interposición del recurso.

SEGUNDO: Que, a su turno, nombre reservado, en representación de la recurrida AFP Capital, evacua informe y solicita el rechazo del recurso de protección. Señala que, efectivamente, con fecha 07 de junio y 14 de agosto de 2019, el recurrente suscribió una solicitud de devolución de fondos previsionales, presentación que fue rechazada por la Fiscalía de AFP Capital, señalando que el sr. nombre reservado, debía acompañar, tanto su certificado de afiliación a sistema previsional extranjero, como también su certificado de estudios, debidamente legalizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Luego, con fecha 29 de agosto de 2019, el recurrente nuevamente presentó una solicitud de devolución de fondos previsionales conforme a la Ley 18.156, solicitud que también fue rechazada por los motivos señalados anteriormente y, además, se solicitó al recurrente que acompañe su certificado de estudios con timbres de notario público certificando la calidad de copia fiel del documento original. Por último, con fecha 08 de noviembre de 2019, el sr. nombre reservado realizó otra solicitud de devolución de fondos previsionales, que fue rechazada argumentando los motivos ya señalados anteriormente, agregando, además, que del estudio de los antecedentes, se aprecia que en la revisión de las apostillas puestas en los documentos presentados, no se puede comprobar el documento que se somete al proceso de legalización respectivo, por tanto, se requiere que el Sr. nombre reservado acompañe tales documentos con timbre de legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Lo señalado, se enmarca dentro de las instrucciones recibidas de parte de su ente regulador, esto es, la Superintendencia de Pensiones, mediante oficio reservado N°13.661 de fecha 18 de junio del año 2019, el cual fue dejado sin efecto por la misma Superintendencia con posterioridad a la fecha de solicitud del recurrente, mediante Oficio Ordinario N°24089 de fecha 11 de noviembre del año 2019.

En cuanto a los antecedentes relativos a la solicitud de devolución de fondos previsionales del Sr. nombre reservado, expone que de la sola lectura del “Certificado Oficial de Capacitación” acompañado por el recurrente, es posible advertir que no detenta la calidad de, a lo menos, técnico en una ciencia o arte, requisito que se encuentra señalado en la misma Ley 18.156 y en disposiciones especiales que la Superintendencia de Pensiones ha dictado. Al efecto, hace presente que AFP Capital jamás ha denostado la calidad educacional de su afiliado y tampoco desconoce la autenticidad de las apostillas puestas en los documentos acompañados, por el contrario, su representada no ha hecho más que aplicar la Ley 18.156 y, conforme al citado cuerpo legal, negar la solicitud del recurrente, considerando que aquel no detenta la calidad de a lo menos técnico, sino que posee estudios que lo capacitan para operar cierto tipo de maquinarias.

En cuanto al Certificado de Afiliación al Sistema De Previsión Social Extranjero, refiere que el documento acompañado a primera vista cumple con los requisitos para proceder con la devolución de fondos previsionales según Ley 18.156, sin embargo, la información contenida en aquél no es consistente con lo informado por el sitio web de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP de la República del Perú https://www.sbs.aob.pe/, debido a que en la constancia de afiliación que acompaña el recurrente se informa que el Sr. nombre reservado, registra afiliación a sistema previsional peruano de fecha 16 de julio del año 2001, en circunstancias que al constatar esta información en el sitio web oficial de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP de la República del Perú, se aprecia que dicha fecha de afiliación no es la correcta, y que, por el contrario, la afiliación del recurrente fue con fecha 05 de junio del año 2019. Al efecto, hace presente que la Superintendencia de Pensiones, en uso de sus facultades normativas, ha dictado el Oficio Ordinario N°24472, de fecha 26 de octubre del año 2015, en virtud del cual, se instruye a la Administradora de Fondos de Pensiones a no proceder con la devolución de fondos cuando conste que la fecha de afiliación al sistema previsional extranjero sea posterior a la fecha en que el solicitante comienza sus labores en Chile.

Refiere que la Ley 18.156, que “establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican y deroga la ley 9.705”, señala, en su artículo N°1, los requisitos que deben cumplir los solicitantes que pretendan acogerse al beneficio de exención de cotizaciones previsionales establecidas en la misma, indicando: “Letra a).- Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; Letra b).- Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.” Por su parte, el Oficio Número 24472, de fecha 26 de octubre del año 2015, de la Superintendencia de Pensiones, instruyó a todas las Administradoras de Fondos de Pensiones que, en el análisis de la solicitud de devolución de fondos previsionales tuviesen en consideración la calidad de técnico de los solicitantes para acceder a la devolución de fondos previsionales, calidad que debe ser acreditada mediante documentos justificativos de estudios especializados o profesionales debidamente legalizados y en su caso traducidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Agrega que, atendida la escasa certeza relativa a la fecha de afiliación al sistema previsional peruano del recurrente, y conforme a lo instruido por el regulador de AFP Capital (Superintendencia de Pensiones), para proceder con la devolución de fondos previsionales de una persona conforme a La Ley, las Administradoras deben comprobar que la afiliación al sistema previsional extranjero sea anterior a la fecha en que comienza sus cotizaciones y actividad laboral en nuestro país, requisito que conforme a lo indicado en el sitio web de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP de la República del Perú https://www.sbs.qob.pe/, no se cumple.

Concluye que el actuar de su representada no ha sido arbitrario ni ilegal, por cuanto la negativa de proceder con la devolución de fondos previsionales solicitada por la recurrente, se ha fundado en la aplicación de la normativa legal vigente que rige la materia, sin necesidad de consultar siquiera el espíritu de la ley, debido a que el tenor de la misma es muy claro, y conforme lo señala el Artículo 19º del Código Civil, “cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu”, claramente la interpretación de la recurrida se ajusta a derecho, no siendo por tanto, en lo absoluto ilegal.

TERCERO: Que, el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho y, será ilegal, cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

CUARTO: Que, dado el carácter cautelar de la presente acción, es requisito fundamental de la misma, que se solicite el amparo de un derecho preexistente e indubitado, lo que debe dilucidarse en el caso sub lite.

QUINTO: Que, la presente acción constitucional, se centra en determinar si el actuar del recurrido, mediante la resolución administrativa de fecha 06 de enero de 2020, en virtud de la cual procedió a rechazar la solicitud de devolución de fondos requerida por el cotizante y recurrente de autos, constituye o no un acto ilegal y arbitrario, y, en caso afirmativo, determinar la vulneración de las garantías constitucionales que el recurrente estima infringidas.

SEXTO: Que, el recurrido, en la resolución administrativa señalada, sostiene que, en base a lo previsto en la Ley 18.156, a las interpretaciones administrativas sustentadas por la Superintendencia de Pensiones, en Oficio Nº10.640 de fecha 12 de Mayo de 2015, modificado por el Oficio Ordinario Nº24.472, de fecha 26 de Octubre del año 2015; Oficio reservado Nº13.661, de fecha 18 de Junio de 2019, modificado por el Oficio Ordinario Nº24.089, de fecha 11 de Noviembre del año 2019; y la Jurisprudencia Administrativa contenida, entre otros, en el Oficio Nº19.577, de fecha 26 de Noviembre del año 2008, procede el rechazo de la solicitud de devolución de fondos previsionales, por la causal que se indica: “a) RECHAZADO, SE REITERA, Acompañar título a lo menos técnico debidamente apostillado y legalizado, se hace mención a que se acompaña solamente un certificado de título. Acompañar copia de título técnico o profesional con timbres y firmas de notario público por anverso y reverso certificando la calidad de copia fiel del documento original. Acompañar certificado de afiliación a sistema previsional extranjero legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile”, y en un anexo de la misma, se agrega que “no se puede apreciar y verificar el Certificado de Afiliación que se somete a legalización mediante la apostilla”.

La citada causal de rechazo, al decir del recurrente, devela la legalidad del actuar de la AFP recurrida, por cuanto, el mismo análisis de la solicitud respectiva se funda y ampara en la misma Ley 18.156 y en la normativa vigente de la Superintendencia de Pensiones, más aún teniendo en consideración la claridad con la que el legislador ha redactado el citado cuerpo legal, invocando a su favor la regla interpretativa del artículo 19º del Código Civil, sin prevenir por el recurrido, a juicio de esta Corte, que las normas sobre interpretación, en materia administrativa, son diametralmente opuestas a las consignadas en la interpretación de la ley prevista entre los artículos 19º a 24º del Código Civil, las cuales podrían utilizarse sólo con carácter subsidiario.

SEPTIMO: Que, para resolver la presente acción de protección, debemos tener presente lo previsto en la Ley 18.156, que “establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican y deroga la ley 9.705”. La citada ley especial, señala en su artículo 1º, los requisitos que deben cumplir los solicitantes que pretendan acogerse al beneficio de exención de cotizaciones previsionales establecidas en la misma, e indica lo siguiente: “Letra a).- Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; Letra y b).- Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida”. A su turno, el artículo 7º de la citada Ley, señala que: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1º de esta Ley”.

SEXTO: Que, del contenido de las disposiciones legales expuestas, debemos verificar si el recurrente cumplió a cabalidad con los requisitos establecidos en la Ley 18.156 para, luego, determinar si la negativa del recurrido a realizar la devolución de sus fondos previsionales constituye un acto ilegal y arbitrario.

En efecto, de los antecedentes documentales acompañados por el recurrente y de su lectura detenida, a saber: (i) copia del título técnico debidamente apostillado; (ii) copia del certificado de afiliación a AFP PRIMA emitido por Perú, debidamente apostillado; (iii) copia de los contratos de trabajos suscritos por el trabajador con la empresa Innovex SPA; (iv) certificado de afiliación a la AFP CAPITAL en Chile; (v) Suscripción de declaración jurada de veracidad de documentos; y (vi) suscripción de declaración jurada de toma de conocimiento sobre retiro de fondos previsionales, dan cuenta que el recurrido acreditó ante la AFP CAPITAL de nuestro país, que el trabajador se encuentra afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte y que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador expresó su voluntad de mantener la afiliación referida, a lo menos, al no existir descuentos legales en su contrato por concepto de previsión social.

SEPTIMO: Que, el recurrido, analizando los requisitos previstos en la Ley 18.156 y sustentando su rechazo, además, en las interpretaciones administrativas de la Superintendencia de Pensiones (órgano administrativo regulador de las Administradoras de Fondos de Pensiones), indica lo siguiente: (i) Respecto al certificado de capacitación. Sostiene que el recurrente presuntamente detenta la calidad de técnico debido a que es poseedor de un certificado oficial de capacitación, otorgado por TECSUP, institución que de su país de origen presta servicios educacionales y de capacitación (https://www.tecsup.edu.pe/acerca-de-tecsup), sin embargo, indica en su informe del recurso que, el “CERTIFICADO OFICIAL DE CAPACITACION” del Instituto Superior de Capacitación Técnico Profesional TECSUP de Perú, se encuentra debidamente legalizado con las formalidades correspondientes relacionadas a las apostillas, señalando que nada tiene que argumentar en contrario respecto al cumplimiento del requisito previsto en la letra a) del artículo 1º de la Ley 18.156. Luego, indica que el recurrente efectivamente cursó los estudios que lo capacitan como OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA, al haber aprobado el modulo taller en el mes de Diciembre del año 2002, pero, de la lectura del certificado oficial de capacitación, argumenta que el recurrente no detenta la calidad de a lo menos técnico en una ciencia o arte, no cumpliéndose con ello el requisito legal y con las interpretaciones administrativas de la Superintendencia (Oficio Nº24.472 de fecha 26 de Octubre de 2005), la que sostiene “se entenderá técnico para estos efectos, a los trabajadores que posean conocimientos de una ciencia o arte, que puedan ser acreditados mediante documentos justificativos de estudios especializados o profesionales debidamente legalizados y en su caso traducidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile”. (ii)Respecto al certificado de afiliación al sistema de previsión extranjero. Indica el recurrido que se acompañó al recurso una constancia de afiliación al Sistema de Previsión Peruano (SPP) que, a primera vista, cumple con los requisitos, y, que, además, en dicha constancia se certifica el cumplimiento en el otorgamiento de las prestaciones básicas de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. Sin embargo, el recurrido indica que la constancia de afiliación no es consistente con lo informado por el sitio web de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP de la República del Perú (hhtps://www.sbs.gob.pe/), en el cual se indica que la afiliación al sistema previsional peruano sería el 05 de Junio del año 2009 y no el 16 de Julio del año 2001, como indica el certificado acompañado por el recurrente, argumentando y haciendo suyos la interpretación establecida en el Ordinario Nº24.472, de fecha 26 de Octubre del año 2015, en virtud de la cual “se instruye a la Administradora de Fondos de Pensiones a no proceder con la devolución de fondos cuando conste que la fecha de afiliación al sistema previsional extranjero sea posterior a la fecha en que el solicitante comienza sus labores en Chile”, sosteniendo que, dicha instrucción, haría improcedente la devolución solicitada y se constituiría, además, en una flagrante infracción normativa. (iii) De los contratos de trabajo. Argumenta el recurrente que, respecto a la contratación del recurrente por la empresa Innovex SPA nada se puede argumentar, por cuanto no se acompañan todos los contratos, pero le resulta curioso el cambio de la función del trabajador de “OPERADOR TECNICO” a “OPERADOR DE MAQUINARIA”.

OCTAVO: Que, de los argumentos expuestos por el recurrido para rechazar la devolución de los fondos previsionales de propiedad del recurrente, debemos indicar, en primer lugar, que respecto “CERTIFICADO OFICIAL DE CAPACITACION” del Instituto Superior de Capacitación Técnico Profesional TECSUP de Perú, es el propio recurrido quien indica que se encuentra debidamente legalizado con las formalidades correspondientes relacionadas a las apostillas, por tanto, ninguna objeción se puede plantear, y, respecto al concepto de TECNICO, si bien, a juicio de esta Corte, dicho requisito se encuentra cumplido con el citado certificado, se cumple incluso con la interpretación sostenida en el Oficio Nº24.472 de fecha 26 de Octubre de 2005 de la Superintendencia de Pensiones, por cuanto, el recurrente acredita el conocimiento de una ciencia o arte, acreditándolo mediante documentos justificativos de estudios especializados o profesionales debidamente legalizados, en este caso, apostillados de conformidad a lo previsto en la Ley 20.711 que suprime las exigencias de legalización de documentos públicos en el extranjero. En segundo lugar, respecto a la constancia de afiliación al Sistema de Previsión Peruano (SPP), nuevamente el recurrido sostiene que dicha constancia, a primera vista, cumple con los requisitos legales previstos en la ley 18.156, y, además, en dicha constancia se certifica el cumplimiento en el otorgamiento de las prestaciones básicas de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, sin embargo, la objeción en cuanto a su consistencia, al existir una diferencia en la fecha de afiliación al sistema de previsión extranjero, entre lo indicado en el documento y el sitio web de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP de la República del Perú, no es un requisito previsto en la letra a) del artículo 1º de la Ley 18.156 para ser aplicable en la especie, pero, además, es la propia recurrida quien hace suscribir al solicitante una serie de documentos denominados TOMA DE CONOCIMIENTO RETIRO DE FONDOS; DECLARACION DE nombre reservado; y DECLARACION SIMPLE DE VERACIDAD DE DOCUMENTOS, de lo cual se colige que, no puede sustentar su rechazo porque en su revisión documental cotejada con un sitio web, genera una duda en cuanto a que el trabajador podría estar actuando de mala fe, e incluso sostiene que podría estar cometiendo una falsedad documental, porque indica que existen más de 100 casos de adulteraciones, sin embargo, en ningún caso el recurrente ha sido denunciado o se ha interpuesto en su contra una querella criminal por falsificación de instrumento privado, pero, además, ello, no es óbice para la devolución de los fondos solicitados, por cuanto, el solicitante ha cumplido con los requisitos establecidos en la Ley 18.156. Y, en tercer lugar, respecto a las dudas del recurrido respecto a los contratos de trabajo celebrados por el recurrente, en especial, la función declarada en los contratos de trabajo “OPERADOR TECNICO” y “OPERADOR DE MAQUINARIA”, de ninguna forma dice relación con el incumplimiento de requisitos legales que impidan la devolución de los fondos, y sólo se pretende sostener que podría existir un actuar de mala fe del recurrente que no se vislumbra en ningún caso.

NOVENO: Que, conforme a los hechos asentados, debemos referirnos a las garantías constitucionales que el recurrente estima infringidas, a saber, las previstas en el numeral 1º, que protege el derecho a la integridad psíquica de la persona; numeral 2º, referida a la garantía constitucional de igualdad ante la ley; y numeral 24º, que protege el derecho de propiedad, todos del Artículo 19º de la Constitución Política de la República de Chile.

A juicio de esta Corte, y del análisis del cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley 18.156, se estima que el rechazo de la AFP CAPITAL, en torno a la no devolución de los fondos previsionales del recurrente, se estima que infringe la garantía del numeral 24º de la Constitución, por cuanto, estableciéndose por ley (artículo 7º de la Ley 18.146) la posibilidad del retiro de los fondos previsiones en Chile, siempre que se cumplan los requisitos legales, la negativa se transforma en un acto ilegal y arbitrario, por cuanto, las objeciones planteadas por la AFP CAPITAL, se sustentan en interpretaciones administrativas, pero del análisis realizado, los requisitos legales se encuentran cumplidos. Además, se debe tener presente lo previsto en el numeral 26º de la Constitución Política de Chile, el cual sostiene que: “La seguridad de que los preceptos legales que por mandato de la Constitución regulen o complementen las garantías que ésta establece o que las limiten en los casos en que ella lo autoriza, no podrán afectar los derechos en su esencia, ni imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio”, y, en este caso, se ha afectado el derecho a solicitar de devolución de los fondos previsionales del recurrente en su esencia, lo que debe ser remediado por la presente acción de protección. Asimismo, y por los argumentos expuestos, se estima infringido, además, el numeral 1º del artículo 19º de la Constitución, por cuanto, el recurrente ha cumplido con todos los trámites administrativos requeridos por la AFP recurrida, sin embargo, éste última se ha negado en forma persistente, mediante el acto ilegal y arbitrario denunciado, lo que genera evidentemente una afectación a la integridad psíquica del recurrente. Finalmente, al no constar en la presente acción constitucional que otras Administradoras de Fondos de Pensiones, en casos similares, hayan entregado los fondos a los afiliados extranjeros, no puede esta Corte entender ni asumir que se ha infringido la garantía de igualdad ante la ley, prevista en el numeral 2º del artículo 19º de la Constitución Política de la República de Chile.

Por estas consideraciones y atendido además lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE ACOGE con costas, el recurso de protección deducido por el abogado Jaime Araya Guerrero, en representación de don nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Capital S.A., por estimarse infringidos las garantías constitucionales previstas en los numerales 1º y 24º de del artículo 19º de la Constitución Política de la República de Chile, debiendo esta entidad previsional proceder a la devolución de los fondos previsionales del recurrente y que se encuentran depositados en su cuenta de capitalización individual, dentro de un plazo de quince (15) días corridos contados desde que quede ejecutoriada la presente acción de protección.

Se deja constancia que se hizo uso de la facultad conferida en el artículo 82 del Código Orgánico de Tribunales.

Regístrese y comuníquese.

Rol 568-2020 (PROT).

Redactada por el Abogado Integrante don Juan Paulo Ovalle Cerpa.

16