nombre reservado con GENDARMERIA DE CHILE DIRECCIÓN NACIONAL

Antofagasta, veintinueve de agosto de dos mil veintitrés.

VISTOS:

Comparecen Roberto Vega Taucare, Camila Leonicio Uribe, Francheska Araya Carvajal, abogados, defensores penales públicos, domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, en representación de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, y respecto de todas las mujeres privadas de libertad, en calidad de imputadas y condenadas, internas en el Centro Penitenciario Femenino de Antofagasta, deduciendo recurso de protección en contra del Director Nacional de Gendarmería de Chile, don Sebastián Urra Palma, por las condiciones de habitabilidad en que se encuentran las internas del Centro Penitenciario Femenino de Antofagasta; solicitando acoger la acción constitucional, adoptando las medidas necesarias y pertinentes para resguardar sus derechos y garantías.

Informó la recurrida y las instituciones oficiadas.

Puesta en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la recurrente sustenta su acción cautelar en que el uno de marzo del presente año se realizó visita al centro de detención indicado por la Fiscala Judicial doña nombre reservado acompañada por el defensor don Roberto Vega Taucare. En esta, se constataron condiciones estructurales e higiénicas deficientes en el centro que a esa fecha mantenía un total de 140 mujeres internas.

Especifica que en la unidad penal se cuenta sólo con 2 pabellones, uno para personas imputadas y otra para condenadas, sin perjuicio de la sección lactante. Tal como se consigna en el informe de la fiscala judicial esta segmentación mínima ha originado diversos problemas de convivencia especialmente con internas de nacionalidad extranjera, circunstancia que advirtió la defensa a través de la interposición de un amparo ante el Juez de Garantía de fecha 23 de febrero de los corrientes, el que originó la visita por el juez de turno al centro penitenciario el día 25 de ese mes constatándose este trato discriminatorio, reclamándose que las funcionarias de la unidad no las dejarían colgar sus vestimentas después del lavado.

Además, se plasmaron en el informe aludido deficiencias graves que vulneran las garantías de las mujeres privadas de libertad. En el ítem IV se establece que el horario de desencierro es a las 08:30 horas y de encierro a las 17:30 horas. Luego del encierro, las mujeres recluidas sólo tienen acceso a baño entre las 19:00 y 21:30 horas. Entonces, entre las 21:30 y las 08:30 horas, todas las mujeres deben hacer sus necesidades básicas en baldes, sin siquiera tener acceso a agua para poder lavar sus manos. Lo anterior porque en las celdas no hay baños.

En el ítem V) se constatan deficiencias respecto a los baños, donde la fiscala estima que no existen las condiciones de salubridad que respete los derechos humanos, especialmente considerando que la falta de disponibilidad durante largas horas afecta a las mujeres lo que incluso puede perjudicar su salud; también existen deficiencias en la sección lactantes a raíz de denuncia por plaga de cucarachas, mientras que en el área de enfermería se reconocen mejoras a raíz de observaciones anteriores.

Respecto a los servicios básicos, además del problema del acceso a baños y agua, la red eléctrica se encuentra en mal estado en algunas zonas, lo que significa mantener riesgos asociados a corto circuitos, existiendo además problemas en la red de alcantarillado por su antigüedad.

A su turno, la red húmeda no se encuentra funcionando, las paredes del centro tienen daños por terremotos anteriores con riesgo de caída, en los patios existen basureros abiertos y sin tapas lo que atrae distintas plagas. En cuanto a la alimentación, no se cuenta con comedores suficientes y adecuados, sumado a que son las propias internas quienes cocinan para las demás no contando con supervisión de alguna manipuladora de alimentos, circunstancia que implica un riesgo sanitario.

Añade, que tampoco existe lavandería a disposición de las internas, quienes deben colgar sus ropas en espacios reducidos del patio generando humedad.

Hace presente que respecto al trato de personal de gendarmería la fiscala judicial remitió los antecedentes al INDH como a la Comisión de Prevención de la Tortura, atendido el alto número de sanciones disciplinarias como el encierro preventivo por 24 horas en celda solitaria como medida de contención, en condiciones precarias e insalubres.

Destaca que con estos antecedentes se dedujo acción de amparo Rol 77-2023 la que fue rechazada por una cuestión de forma estimándose que la materia objeto de la acción corresponde a un recurso de protección, pero sin perjuicio de aquello, se pusieron los antecedentes en conocimiento del Ministerio de Justicia, del Servicio de Salud de Antofagasta y de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, con el objeto que se adopten las medidas pertinentes para mitigar los efectos de las graves deficiencias advertidas en la visita al Centro Penitenciario Femenino de fecha uno de marzo del año en curso.

Dicha decisión fue confirmada por la Corte Suprema, previniendo el máximo tribunal instruir al Director Regional de Gendarmería y al Alcaide del Centro Penitenciario Femenino de Antofagasta que deberán informar del avance del cumplimiento de las medidas acordadas para superar las deficiencias denunciadas que afectan a ese establecimiento, a los jueces de garantía que lleven a cabo la visita semanal de cárcel, así como a los Juzgados de Garantías que conozcan de las causas de las internas que habiten el mencionado módulo.

En virtud de dicha prevención se presentó cautela de garantías ante el Juez de Garantía de Antofagasta para que se pidiera informe actualizado de las condiciones de habitabilidad, informando el Director Regional a su tenor el 27 de junio pasado mediante Ordinario N°979-2023, el que da cuenta que se diseñó un proyecto denominado “Mejoramiento y Habilitación de Baños en Celdas del CPF de Antofagasta; que mediante Ordinario N°815 del 24 de mayo del año en curso solicitó al Jefe de Departamento de Infraestructura los recursos para el financiamiento del mencionado proyecto. Al no tener respuesta solicitó colaboración al SEREMI de Justicia y DDHH, quien el 15 de junio remitió comunicación al Jefe de División Oficina de Planificación y Presupuesto de la Subsecretaría de Justicia, los buenos oficios a nivel central para ejecutar el proyecto. De dicha solicitud, no existiría pronunciamiento a la fecha. Finalmente en el oficio se da cuenta de una serie de gestiones para solucionar la problemática.

Sin embargo, ninguna de las medidas adoptadas a la fecha soluciona ni de forma transitoria el no acceso al agua potable y servicios higiénicos durante el lapso de encierro de las mujeres privadas de libertad.

Como antecedentes de derecho, estima que en la especie se ha vulnerado el artículo 19 número 1 de nuestra Constitución, relativo al derecho a la vida e integridad física y psíquica de las personas, garantía que se encuentra además consagrada en el artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

A su vez, se refiere al actuar de gendarmería regido por el artículo 6 de la Constitución Política, debiendo observar en la especie dicha norma fundamental y las dictadas conforme a ella. Además de estas normas generales, debe regirse por la Ley Orgánica Constitucional que la regula y en este caso en particular sujetarse a lo prevenido en el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, contenido en el Decreto N° 518.

Por su parte, debe cumplirse el estándar internacional de los Estados partes en Tratados Internacionales de Derechos Humanos sobre el debido cuidado de las personas privadas de libertad bajo su custodia.

En virtud de los antecedentes expuestos, solicita acoger este recurso, declarando que se ha vulnerado el artículo 19 N°1 de nuestra Carta Fundamental, resolviendo lo siguiente:

1. Declarar que Gendarmería de Chile no ha dado cumplimiento a su deber de garante del derecho a la integridad personal de las internas privadas de libertad, constituyendo esto un acto ilegal por parte de la autoridad penitenciaria.

2. Ordenar al Director Nacional de Gendarmería de Chile adoptar todo tipo de medidas inmediatas dirigidas a restablecer el imperio del derecho y asegurar la tutela del derecho fundamental violado, poniendo fin a los actos descritos con antelación respecto de las afectadas.

3. Se ordene la adopción de medidas concretas, inmediatas, para generar acceso a agua potable y servicios higiénicos de las internas privadas de libertad, especialmente, la instalación de baños con servicios higiénicos y agua potable de acceso libre por parte de las internas del Centro Penitenciario Femenino.

4. Todas las demás medidas pertinentes que permitan cesar con la vulneración de los derechos de las amparadas de manera urgente.

SEGUNDO: Que informó Sebastián Urra Palma, Director Nacional de Gendarmería de Chile, en los siguientes términos:

En primer lugar da cuenta de las gestiones realizadas para el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad del CPF de Antofagasta. En este punto, hace presente la antigüedad del inmueble que sirve de funcionamiento y que las distintas administraciones han tenido en cuenta la problemática que afecta al penal, realizándose en el tiempo una serie de adecuaciones para enfrentar el aumento progresivo de la población penal, existiendo incluso un proyecto de construcción de un nuevo recinto, el que no se ha concretado por factores de orden constructivo o de financiamiento.

Enseguida detalla las mejoras ejecutadas entre el año 2018 y 2022. En lo concerniente a los requerimientos formulados por la Dirección Regional, el Departamento de Infraestructura de nivel central informó:

A través de Oficio Ordinario N°412 de fecha 15 de marzo de 2023 en que se piden mantenciones y reparaciones eléctricas por un presupuesto de $8.096.760, debido al complejo escenario presupuestario la iniciativa fue autorizada el 6 de junio pasado, habiéndose traspasado dichos recursos.

Mediante Oficio Ordinario N°697 de fecha 8 de mayo de 2023 en que se reitera petición de recursos para un nuevo grupo electrógeno, se indicó la no disponibilidad de recursos. Sin embargo la Subdirección de Administración y Finanzas realizó gestiones lográndose traspasar los fondos para la compra respectiva el 2 de agosto.

Por Oficio Ordinario N°815 del 24 de mayo de este año en que se piden recursos para el proyecto de Mejoramiento y Habilitación de baños en celdas por un monto de $88.863.516, se comunicó que el anteproyecto no cumplía con las características mínimas para ser licitado debido a que el equipo de arquitectura de la Dirección Nacional es limitado. Sin embargo, el requerimiento se priorizó agendandose una visita técnica para el 10 de agosto de los corrientes e iniciar el desarrollo de la labores de ingeniería. Los fondos fueron solicitados el 2 de julio pasado estimándose un plazo de 7 meses para el desarrollo de ingeniería, licitación y término de la obra.

Finalmente a través de Oficio N°1075 del 17 de julio de este año se solicitaron recursos para el mejoramiento de las condiciones de seguridad considerando el informe técnico un presupuesto de $63.049.532. Debido al monto involucrado la iniciativa fue incorporada al banco de requerimientos, autorizándose el 11 de julio $17.988.516 para afrontar el mejoramiento de forma inmediata.

Respecto a las alegaciones de los recurrentes, precisa que los baños se encuentran fuera de las celdas por diseño estructural original, por lo que en caso de requerir su utilización en horario posterior al encierro, personal femenino de trato directo cuenta con la instrucción de habilitar el acceso, sin perjuicio de que se pretende subsanar la situación con la ejecución del proyecto de construcción de baños individuales el que se encuentra en evaluación.

La sección lactante ha sido objeto de una serie de mejoras, contando en la actualidad con baño exclusivo, mejorándose este año la implementación de mobiliaria.

En cuanto a la enfermería se informó el 26 de julio de 2022 a la entonces Presidenta de esta Corte de Apelaciones el término de los trabajos de mejora en infraestructura.

Respecto a los servicios básicos, se debe hacer presente que la red de alcantarillado es muy antigua, no obstante ello, se han hecho las mantenciones correspondientes.

En cuanto a la falta de funcionamiento de la red humedad, si bien su estado es deficiente para la envergadura de la unidad penal, se encuentra operativa para combatir un eventual amago de incendio, existiendo además al interior del centro un grifo con caudal suficiente para abordar cualquier incidente.

En lo tocante a la infraestructura soportante no está en mal estado salvo situaciones de desgaste, filtraciones en áreas específicas y distintas fracturas superficiales, siendo muy poco probable el riesgo de un derrumbe.

En lo referente al orden y aseo, constantemente se ha dotado a la unidad de basureros e implementos de aseo, debiendo tenerse presente que gendarmería no cuenta con personal que realice estas funciones, debiendo las mismas internas mantener el aseo en sus dependencias y espacios comunes para evitar las plagas de insectos. Así, el retiro de basureros es efectuado por dos internas que mantienen calidad de maestros o ayudantes, realizando el retiro de basura 2 veces al día, sumado a que el retiro periódico de basura desde la unidad se efectúa por la servicio de recolección municipal.

Por su parte, para evitar la plaga de insectos se contempla un calendario anual de control a través de una empresa adjudicataria, quien ha realizado las funciones encomendadas mensualmente.

Por otro lado, es efectiva la falta de supervisión de una manipuladora de alimentos porque actualmente no hay personal para esta función en la ciudad, pero se han generado acciones para mitigar esta falencia, mediante visitas inspectivas y periódicas por parte de nutricionistas de la Direccion Regional, sumado a las capacitaciones de las internas que cumplen esta función.

Finalmente. En cuanto a la inexistencia de lavandería y el espacio reducido para colgar ropa, cada día es más reducido el espacio en la unidad por el ingreso de nueva población, lo que dificulta disponer de estos espacios.

En definitiva y según lo expuesto, las gestiones realizadas dan cuenta de los numerosos esfuerzos dirigidos a dar plena solución a las necesidades de la población penal, y justamente las medidas adoptadas por gendarmería buscan resguardar la integridad física de las personas sujetas a la vigilancia de la institución, ajustándose a la realidad de disponibilidad presupuestaria y de personal, circunstancia que es de conocimiento público.

TERCERO: Que Informó nombre reservado Director Regional (S) de Antofagasta, aludiendo sustancialmente a la preocupación de la dirección como de la jefatura de la unidad penal en la ejecución de los trabajos de infraestructura que permitan mejorar las condiciones de habitabilidad de la población penal. Sin embargo, el presupuesto con que cuenta la dirección regional para estos fines ha ido disminuyendo considerablemente desde el año 2018, asignándose para este año un presupuesto regional de $11.000.000 para todas las unidades de la región, considerando que en general estas son de antigua data presentando una serie de problemas estructurales que hacen que la asignación sea insuficiente. Por lo anterior, se hace necesario realizar solicitud de asignación de recursos adicionales a la Dirección Nacional de la institución.

Finalmente, en su informe detalla los requerimientos realizados entre el año 2020 y 2023.

CUARTO: Que informó por la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Antofagasta doña nombre reservado, indicando que a raíz del requerimiento de esta Corte el 3 de agosto de 2023 efectuaron inspección a la unidad penal, levantándose acta de fiscalización en que se consigna que: en la cocina del personal las condiciones sanitarias y estructurales son adecuadas; en la cocina de las internas existe descarga de uno de los lavaderos con filtración; extractor con desprendimiento parcial de su base y riesgo de caída, sector acopio de vajilla dañado con riesgo de contaminación de los alimentos; pileta recubierta con cerámicos dañada, malla en puerta de cocina rota; cámara de alcantarillado cuenta sólo con tapa interna, lo que genera desnivel en el piso, riesgo de caída y dificultades de aseo; la bodega de detergentes tiene malla mosquitera rota y desprendida; el cuarto de basuras es de capacidad insuficiente no cumpliendo los requisitos para impedir el acceso de vectores y con medidas insuficientes para evitar ingreso de insectos y roedores; los extintores se encuentran con carga limite al vencimiento en agosto de este año; los servicios higiénicos se encuentran sin tapa de WC, lavamanos con llaves sueltas y sin funcionar, papeleros colmatados a nivel de piso; las habitaciones celdas presentan daños estructurales en muro anexo a puerta de una de las celdas, no disponen de baños a excepción de la celda para adultos mayores, tampoco de lavamanos, siendo los baños de uso común en el patio; el sector de lactantes cuenta con mejores condiciones sanitarias y de estructura; en el patio los basureros superan su capacidad, hay acopio de cajas de cartón inutilizadas, mobiliario fuera de uso, existiendo presencia de gran cantidad de gatos domesticados en el sector; en general se aprecia poca ventilación en las celdas, lavaderos con filtración de descargas y poca presión de agua en algunos sectores.

Finalmente, se consigna en el informe que según la revisión de los registros no aparecen antecedentes de sumarios sanitarios efectuados a gendarmería en ese recinto penal.

QUINTO: Que informó Juan Pablo Torres Molina, Juez Titular, Presidente del Comité de Jueces del Juzgado de Garantía de Antofagasta exponiendo en lo relacionado con este recurso que en causa RIT 4811-2023, se acogió la pretensión – vía cautela de garantías - de la Defensoría Penal Penitenciaria de exigir un informe actualizado de las condiciones de habitabilidad del recinto al Director Regional de Gendarmería de Chile, lo que finalmente redundó en el Oficio Ordinario Nº979-2023, que, según pormenoriza el recurrente, consignó el diseñó de un proyecto denominado “Mejoramiento y Habilitación de Baños en Celdas del CPF de Antofagasta”, la solicitud de recursos al Jefe del Departamento de Infraestructura Nacional de dicha entidad, solicitando también colaboración a la Secretaria Regional Ministerial de Justicia y Derechos Humanos a la Subsecretaria de Justicia, como de otras gestiones destinadas al mejoramiento de las condiciones del recinto.

En relación al cumplimiento de la orden de Excma. Corte Suprema, consta que el tribunal en las visitas de cárcel efectuadas semanalmente al alero del artículo 507 del Código Orgánico de Tribunales, ha descrito las observaciones relativas al estado de avance de las mejoras del recinto, cuestión que aparece en cada uno de los informes semanales que se remiten a la Iltma, Corte de Apelaciones como al Ministro Visitador del Juzgado de Garantía de Antofagasta.

SEXTO: Que de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

SÉPTIMO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

OCTAVO: Que mediante el presente arbitrio de cautela de garantías, los abogados recurrentes denuncian la omisión de la institución recurrida consistente en no adoptar las medidas necesarias de habitabilidad y de higiene para resguardar la vida y salud de las mujeres internas en el Centro de Cumplimiento Femenino de Antofagasta.

Por su parte, la institución recurrida a nivel central y regional informó dando cuenta de los avances para superar las deficiencias denunciadas y sobre aquellas medidas que se encuentran en proceso de ejecución, conforme a los procedimientos administrativos relativos a la aprobación presupuestaria y traspaso de fondos.

Mientras que la institución oficiada SEREMI de Salud, evacua informe contemplando las deficiencias detectadas a través de su reciente visita al centro penitenciario motivada por la interposición de la presente acción cautelar.

Finalmente, el Juzgado de Garantía de Antofagasta señaló que ha cumplido con la obligación de visitas a la unidad penal, informando de los resultados de estas a este Tribunal de Alzada y al Ministro visitador.

NOVENO: Que para resolver la controversia materia de esta acción constitucional, conviene tener presente que el Centro Penitenciario Femenino de Antofagasta, corresponde a una unidad penal administrada por Gendarmería de Chile, dependiente del Ministerio de Justicia y que como órgano del Estado se debe regir en su actuación por las normas constitucionales, legales y reglamentarias que la regulan. En este contexto, el Decreto N°518 prescribe en su artículo 4º que la actividad penitenciaria debe desarrollarse dentro de los límites impuestos por el ordenamiento jurídico. A su vez, el inciso segundo de la misma norma establece que los funcionarios que quebranten estos límites incurrirán en responsabilidad, de acuerdo con la legislación vigente. Por su parte, el artículo 25 del citado decreto, sujeta el régimen penitenciario a las normas contenidas en nuestra Carta Fundamental, los Tratados Internacionales ratificados por Chile y las demás normas, que se encuentran vigentes, cobrando relevancia en la especie el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios que establece en su artículo 6° que ningún interno será sometido a torturas, a tratos crueles, inhumanos o degradantes, de palabra u obra, ni será objeto de un rigor innecesario en la aplicación de las normas del presente Reglamento (…). La Administración Penitenciaria velará por la vida, integridad y salud de los internos y permitirá el ejercicio de los derechos compatibles con su situación procesal.

DÉCIMO: Que por otro lado, el artículo 19 N°1 de nuestra Constitución Política de la República asegura a todas las personas el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, ‘lo cual no solo importa el respeto a las decisiones del sujeto respecto de su proyecto de vida y autocuidado, sino que tiene un componente social, en el sentido que también es legítimo el interés del colectivo de cautelar la vida y salud de las personas, especialmente aquellas que, por sus condiciones de vulnerabilidad, pueden no tener los medios o la autonomía para asegurarlas por sí mismas. En ese tenor, el artículo 5° de nuestra Carta Fundamental establece el deber de los órganos del Estado de respetar y promover tales derechos (esenciales que emanan de la naturaleza humana), garantizados por la Constitución, así como por los Tratados Internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, derechos de suyo inalienables e indisponibles’ (sentencia de 18 de agosto de 2020, Excma. Corte Suprema, causa rol 95.030-2020).

UNDÉCIMO: Que en virtud de lo señalado precedentemente, la institución recurrida, Gendarmería de Chile ostenta la posición de garante del derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de quienes se encuentran bajo su cuidado, en este caso, de las mujeres en cuyo favor se recurre, quienes se encuentran internas en la unidad penal. Dicha posición, evidentemente le impone la obligación de adoptar las medidas necesarias que permitan preservar el derecho a la vida e integridad física y psíquica de las internas, por ser aquéllos inherentes a la persona humana e inalienables.

En este orden de ideas, si bien es cierto, que la Dirección Nacional como la Dirección Regional de Gendarmería de Chile, al informar el recurso, expusieron en detalle las actuaciones realizadas para intentar subsanar el evidente problema sanitario y de infraestructura que afecta a la unidad penitenciaria, circunstancia que previamente había sido pesquisada por la Fiscala Judicial de esta Corte de Apelaciones en visita realizada a dicho centro, y en la actualidad también constatada por la SEREMI de Salud de Antofagasta, lo cierto es, que a la fecha aún se evidencian dichos problemas, a raíz de factores como la antigüedad del inmueble que sirve de funcionamiento al centro penitenciario y por sobretodo el déficit presupuestario asignado para los trabajos destinados a solucionarlos, lo que ha generado como inevitable consecuencia que las internas se vean enfrentadas a un riesgo inminente, al no contar con el acceso y la cantidad de baños suficientes para satisfacer sus necesidades más básicas, sumado a la precariedad de condiciones en que se encuentran otras dependencias del centro penitenciario, tal como pudo constatarlo la autoridad sanitaria en visita efectuada el 3 de agosto pasado, entre ellas, la cocina, bodega de detergentes, cuarto de basura, habitaciones celdas y patio del recinto, donde se mantendrían situaciones sanitarias y de infraestructura deficientes que justamente ponen en riesgo la vida y salud de las internas.

DUODÉCIMO: Que sin desconocer el esfuerzo de la institución por ir solucionando los problemas conforme a la deficiente situación presupuestaria que enfrenta, dicha circunstancia, no puede concebirse como una justificación al retraso en la solución a condiciones de precariedad, que por los efectos que pueden generar en la población penal, revisten caracteres de gravedad.

En consecuencia, ha resultado incumplida la normativa nacional e internacional a la que Chile se ha obligado, respecto del tratamiento que debe otorgarse a personas privadas de libertad, a saber, el artículo 15 de la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile, en cuanto dispone que el personal de gendarmería deberá otorgar a cada persona bajo su cuidado un trato digno propio de su condición humana. Cualquier trato vejatorio o abuso de autoridad será debidamente sancionado conforme a las leyes y reglamentos vigentes. Por su parte, el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, en su artículo 6° expresa que ningún interno será sometido a torturas, a tratos crueles, inhumanos o degradantes, de palabra u obra, ni será objeto de un rigor innecesario en la aplicación de las normas del presente Reglamento (…). La Administración Penitenciaria velará por la vida, integridad y salud de los internos y permitirá el ejercicio de los derechos compatibles con su situación procesal.

Las obligaciones de la institución recurrida, reconocen su correlato, con igual fuerza vinculante en sendos instrumentos internacionales que regulan la materia objeto del presente recurso. De esta forma, es ineludible tener presente las Reglas Mínimas de la Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela), Asamblea General, resolución 70/175, anexo, aprobado el 17 de diciembre de 2015, el que perentoriamente señala -en lo pertinente a lo debatido- que: Todos los reclusos serán tratados con el respeto que merecen su dignidad y valor intrínsecos en cuanto seres humanos. Ningún recluso será sometido a tortura ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, contra los cuales se habrá de proteger a todos los reclusos, y no podrá invocarse ninguna circunstancia como justificación en contrario (Regla 1º). Por otra parte, se señala que la prisión y demás medidas cuyo efecto es separar a una persona del mundo exterior son aflictivas por el hecho mismo de que despojan a esa persona de su derecho a la autodeterminación al privarla de su libertad. Por lo tanto, a excepción de las medidas de separación justificada y de las que sean necesarias para el mantenimiento de la disciplina, el sistema penitenciario no deberá agravar los sufrimientos inherentes a tal situación (Regla 3º).

DÉCIMO TERCERO: Que en virtud de las consideraciones precedentes, habiéndose comprobado la existencia de un incumplimiento normativo por parte de la institución encargada de la custodia y cuidado de mujeres internas en cuyo favor se recurre, se comprueba en consecuencia la afectación de la garantía constitucional denunciada, lo que hace procedente acoger este arbitrio cautelar, disponiendo esta Corte que se adopten las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, no siendo óbice para ello lo informado por la recurrida en orden a que se solicitarán los recursos para solucionar los problemas de manera definitiva, por cuanto, actualmente persisten algunas de las afectaciones denunciadas. En razón de aquello, será acogido el presente recurso, teniendo en cuenta los problemas de infraestructura del Centro Penitenciario Femenino de Antofagasta, presupuestario de Gendarmería de Chile y la urgencia de las obras que son necesarias realizar para proteger la vida y salud de las internas.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE AGOGE, sin costas, el recurso interpuesto por los abogados Roberto Vega Taucare, Camila Leonicio Uribe y Francheska Araya Carvajal, en representación de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, y respecto de todas las mujeres privadas de libertad, en calidad de imputadas y condenadas, internas en el Centro Penitenciario Femenino de Antofagasta, en contra del Director Nacional de Gendarmería de Chile, don Sebastián Urra Palma, solo en cuanto se disponen las siguientes medidas: Se instruye a Gendarmería de Chile que deberá adoptar en forma urgente todas las medidas que sean necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la tutela del derecho fundamental amagado, procurando especialmente habilitar y mantener en buen estado los servicios higiénicos de la unidad penal, con la finalidad que puedan ser utilizados por las mujeres internas en los horarios de encierro, conforme a la reglamentación interna de la institución. Lo anterior, mientras no se ejecute de manera definitiva el proyecto de “Mejoramiento y Habilitación de Baños en Celdas del CPF de Antofagasta”.

Además, deberá ejecutar las acciones destinadas a solucionar los demás problemas sanitarios y estructurales constatados en las actas de fiscalización levantadas por la autoridad sanitaria, conforme da cuenta en detalle el Oficio N°0914 de fecha 8 de agosto de 2023. Lo anterior, en un plazo máximo de dos meses.

Finalmente, deberá informar a esta Corte con copia a la SEREMI de Justicia y Derechos Humanos, SEREMI de Salud y Juzgados de Garantía que conozcan de las causas de las internas recluidas en el Centro Penitenciario de Antofagasta, acerca de los avances en la ejecución de los trabajos requeridos para restablecer el imperio del derecho.

Regístrese y comuníquese.

Rol 5564-2023(PROT)

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