nombre reservado con A.F.P. UNO S.A.

/sbo Antofagasta, once de mayo de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Que comparece Linda Nataly Quintero Mogollon, abogada, en representación de nombre reservado, venezolano, cédula de identidad para extranjeros RUT reservado, de nacionalidad colombiana, interponiendo recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A., por el acto ilegal y arbitrario consistente en el rechazo de solicitud de retiro de fondos para extranjero, que vulnera las garantías constitucionales contempladas en los números 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Informó la Superintendencia de Pensiones y la Administradora de Fondo de Pensiones Uno S.A, instando por el rechazo del recurso.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurrente funda su recurso señalando que, durante el curso de la prestación de sus servicios en Chile, se le ha descontado cotización de AFP, pese haber manifestado por escrito su voluntad de mantenerse afiliada al sistema previsional de su país de origen conforme a la Ley 18.156.

Refiere que con fecha 23 de febrero solicitó ante la Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A, mediante el portal web correspondiente, la solicitud de retiro técnico de fondos para extranjeros N°2471900, acompañando los antecedentes exigidos por ley.

Indica que, es notificada mediante correo electrónico de fecha 26 de febrero de 2026, del rechazó de la solicitud de retiro de fondos de previsionales, por el siguiente motivo: “certificado de Seguridad social: el documento no cumple criterios de aceptación para esta solicitud. Contáctate con nosotros”.

Señala que con fecha 27 de febrero, ante el rechazo indicado, el recurrente presenta reclamo administrativo ante la Superintendencia de Pensiones, informando la imposibilidad material de cumplir con a apostilla y reiterar que el documento emana de la autoridad administrativa de prevención en Venezuela y por tanto es idónea. Posteriormente la Superintendencia emite respuesta, manteniendo su criterio de rechazo.

Sostiene que el recurrente cumple con todos los requisitos, excepto el apostillamiento, pero se encuentra en una imposibilidad material por caso fortuito de cumplir al apostilla, en virtud de que no existe representación consular de Venezuela en Chile, hecho publico y notorio y ampliamente conocido que permita la legalización del referido documento, tampoco el sistema de apostilla electrónica de Venezuela contempla la apostilla de este tipo de instrumentos, asimismo, tampoco es posible hacer declaración jurada respecto de este documento en notarias de Venezuela, dado que se encuentran expresamente excluidos.

Arguye que la recurrida vulnera el derecho de propiedad del recurrente al imponer una condición de cumplimiento imposible, carente de sustento legal y que excede lo establecido en el artículo 1 de la ley 18.156, que exige acreditar la existencia de cobertura previsional en el extranjero, sin requerir la apostilla del documento.

Menciona que la conducta ilegal y arbitraria de la recurrida vulnera el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho a la propiedad privada, consagrados en el artículo 19 números 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Cita abundante jurisprudencia que acogen lo planteado en su recurso, en cuanto a que las Administradoras de Fondos no pueden imponer otros requisitos que los establecidos por ley.

Finalmente solicita que se ordene que se reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo a seguir con la tramitación de su solicitud, y dentro de un plazo razonable efectuar la devolución de los fondos de pensión, adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que informo la Superintendencia de Pensiones, indicando que el 10 de febrero, mediante Consulta Web 2488/2026, recurrió a esta Superintendencia el señor nombre reservado, reclamando por cuanto la administradora le rechazó su solicitud de devolución de cotizaciones previsionales en su calidad de técnico extranjero, y mediante EM 1975/2026, de 11 de febrero de 2026, se respondió el reclamo de la recurrente.

Señala que con fecha 17 de febrero de 2026, recepcionó la Carta N.º G.G. N.º 17063, de A.F.P UNO S.A., explicando las causales de rechazo del requerimiento de la reclamante. Posteriormente, se presenta nuevamente CW 3721/2026, de 27 de febrero de 2026, respondida por EM 2925/2026, de 2 de marzo de 2026.

Expresa la Ley N.º 18.156, que establece beneficios de exención de cotizar y la devolución de fondos previsionales, es un régimen de excepción sólo aplicable a trabajadores dependientes extranjeros que tengan la calidad de técnicos o profesionales, que además den cumplimiento a los requisitos copulativos indicados en el artículo 1° de la Ley N.º 18.156.

Refiere que el N.º 1 del Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones dispuso que, para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero previsto en la letra a) del artículo 1° de la ley N.°18.156, el trabajador extranjero debe aportar la certificación de la institución de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.

Asimismo, informa que la jurisprudencia administrativa de este Organismo Fiscalizador ha resuelto que para acreditar este requisito de cobertura establecido en la letra a) del artículo 1° de la ley N.°18.156, se podrá presentar un certificado de cobertura otorgado por la embajada o consulado del país de origen, en el cual expresamente se indique que este ha sido extendido en representación de la Autoridad Competente de la Seguridad Social del país que corresponde.

Aclara que el certificado “Constancia Electrónica de Cotizaciones”, acompañado por el recurrente no ha sido firmado, ni se encuentra apostillado o legalizado. Además, no especifica si la cobertura de salud comprende el otorgamiento de prestaciones médicas y pecuniarias.

Finalmente solicita que se tenga por evacuado el informe.

TERCERO: Que, informó Romina Dalbosco Cornejo, abogada, en representación de la Administradora de Pensiones Uno S.A., solicitando el rechazo de la acción, con costas.

Señala que con fecha 23 de febrero de 2026 el recurrente inicio su trámite de devolución de fondos previsionales como técnico extranjero, y con fecha 21 de abril de 2026 le indicaron que fue rechazado por: “Certificado Institución de Seguridad Social: El documento no cumple criterios de aceptación para esta solicitud. Contáctate con nosotros para más información.”

Expone que una de las condiciones que se establece para la devolución de fondos previsionales es que se encuentren afiliados a un régimen previsional o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza y en el que conste su obligación de otorgar prestaciones, a lo menos en caso de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. Esta condición la debe cumplir el trabajador extranjero con anterioridad a la fecha de su contrato en Chile. El cumplimiento de este requisito debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.

Agrega que en ningún caso ha obstaculizado el ejercicio de derechos por parte del recurrente, ni ha efectuado una interpretación antojadiza, restrictiva y/o formalista del marco normativo aplicable. Por el contrario, ha actuado conforme a las disposiciones legales vigentes, en particular a lo establecido en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, la ley 18.156, el Oficio Reservado N.° 2966, de fecha 3 de agosto 2023, emitido por la División de Servicios Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores, del cual se hace referencia en el Oficio Reservado N.° 25057, de fecha 29 de diciembre de 2023, emitido por la Superintendencia de Pensiones, que establecen los requisitos que deben cumplir los instrumentos públicos otorgados en el extranjero para ser válidamente reconocidos en Chile y el Oficio Ordinario N.º 12954 de fecha 17 de julio de 2025, emitido por la Superintendencia de Pensiones, que se refiere precisamente a la situación que se reclama en estos autos.

Aclara que, si bien es efectivo que actualmente no existe representación diplomática venezolana acreditada ante el Gobierno de Chile, lo anterior no exime del cumplimiento de los requisitos de legalización establecidos en la ley. La ausencia de relaciones diplomáticas entre ambos países, por causas ajenas a esta Administradora, constituye una circunstancia de hecho que no nos habilita a prescindir de una exigencia legal expresa, cuya finalidad es garantizar la autenticidad y validez de los documentos emitidos en el extranjero. Además, AFP Uno, no tiene facultades para reemplazar, interpretar o dejar sin aplicación un requisito legal como lo es la legalización consular exigida por el ordenamiento jurídico nacional.

Expresa que la solicitud de retiro técnico extranjero se ha ceñido estrictamente a las disposiciones legales y normativas vigentes, por tanto, no resulta procedente sostener que haya existido arbitrariedad o ilegalidad en las decisiones adoptadas.

Invoca jurisprudencia de tribunales superiores de justicia que habría rechazado recursos de protección similares, y que confirmarían la legalidad de exigir los estándares normativos para el reconocimiento de documentos emitidos en el extranjero.

Concluye que la recurrida no ha asumido una actitud arbitraria e ilegal, sino que dio estricto cumplimiento a la ley y a la normativa previsional vigente de la Superintendencia de Pensiones, por todo lo latamente expuesto, pidiendo el rechazo del recurso con costas.

CUARTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

QUINTO: Que, el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados afectados por un hecho o acto ilegal y/o arbitrario. En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho. El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

SEXTO: Que, el recurrente dedujo esta acción cautelar en contra de AFP Uno S.A. por considerar arbitrario e ilegal el rechazo de su solicitud de retiro de fondos previsionales para extranjero, fundado en que la documentación presentada no cumpliría con los requisitos establecidos en la Ley N.º 18.156 que regula la materia.

SÉPTIMO: Que, asentado lo anterior, corresponde centrar el análisis respecto de la actuación de las recurridas en base al marco normativo aplicable.

Al efecto, se deberá tener presente lo señalado en el artículo 1° de la Ley N.º 18.156, el cual señala: “Artículo 1° Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida. La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744.”

Por su parte, el artículo 7° del mismo texto legal dispone: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley.”. Es menester reiterar que esta ley constituye una norma de excepción y, como tal, su interpretación debe ser restrictiva, aplicando sus requisitos de forma rigurosa.

OCTAVO: Que, de la revisión de los antecedentes acompañados por el recurrente y la recurrida, se desprende que el conflicto principal radica en la acreditación del requisito de afiliación a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, en los términos que exige la Ley N.º 18.156 y la sistemática jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones.

Si bien el recurrente acompañó el certificado de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), solo cumple la función de acreditar fehacientemente la incorporación del solicitante al sistema previsional del país de origen y la cobertura de las prestaciones respectivas, siendo una exigencia legal cuya finalidad es asegurar la validez, autenticidad y seguridad jurídica en el proceso de retiro de fondos previsionales.

NOVENO: Que, en consecuencia, y a la luz de lo precedentemente razonado, no se advierte que la actuación de la Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A. sea ilegal, toda vez que ha aplicado de manera restrictiva la Ley N.º 18.156, la cual, como norma de excepción, exige el cumplimiento riguroso de sus requisitos. Tampoco se configura un acto arbitrario, ya que la decisión de la AFP se encuentra debidamente fundada en la normativa vigente y en las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones, organismo fiscalizador con facultades interpretativas obligatorias para las AFP, conforme al D.F.L. N.°101 de 1980 y el D.L. N.°3.500 de 1980.

DÉCIMO: Que, respecto de las garantías constitucionales invocadas por el recurrente (igualdad ante la ley del artículo 19 N.º 2 y derecho de propiedad del artículo 19 N.º 24), este Tribunal considera que no existe vulneración. La Ley N.º 18.156 establece requisitos objetivos aplicables a todos los técnicos extranjeros por igual, y el recurrente no ha aportado antecedentes suficientes que demuestren un trato desigual o discriminatorio en casos idénticos donde se haya aceptado documentación similar sin cumplir con las formalidades exigidas.

En cuanto al derecho de propiedad, los fondos previsionales en el sistema chileno tienen un destino específico (el financiamiento de pensiones bajo el D.L. N.º 3.500), y la posibilidad de su retiro anticipado bajo la Ley N.º 18.156 es una excepción que requiere el cumplimiento cabal de sus condiciones. La negativa a la devolución no implica una privación del derecho de propiedad, sino la sujeción de dichos fondos a la regulación general, quedando indemnes los derechos previsionales del recurrente para su ejercicio futuro.

DÉCIMO PRIMERO: Que, por lo demás, la presente acción cautelar no se encuentra en condiciones de prosperar, dado que no se logra evidenciar las vulneraciones a las garantías constitucionales alegadas, al no configurarse un acto u omisión ilegal ni arbitrario por parte de las recurridas. En efecto, existe una controversia respecto al cumplimiento de los requisitos legales y formales para acoger la solicitud de devolución de fondos, lo que implica que el derecho invocado por el recurrente no es indubitado y, por tanto, la acción de protección no es la vía idónea para su declaración, como bien lo ha señalado la Superintendencia de Pensiones en su informe, citando jurisprudencia relevante.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A.

Regístrese y comuníquese.

Rol 548-2026 (Protección)