INGELOG CONSULTORES DE INGENIERÍA Y SISTEMAS S.A. con SINDICATO DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE LA EMP

Antofagasta, a catorce de mayo de dos mil veinticinco.

VISTOS:

Comparece don Marcelo Andrés Rodríguez Belmar, abogado, en representación de la Sociedad Ingelog Consultores de Ingeniería y Sistemas S.A., del giro de su denominación, Rut N°RUT reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo del Loa-Calama, organismo público, representado legalmente por don nombre reservado, ambos domiciliados en la comuna y ciudad de Calama, domicilio reservado; y en contra del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Empresa Ingelog Consultores de Ingeniería y Sistemas S.A., establecimiento Radomiro Tomic, Contrato N°4600027424, RSU N°02.02.0883, representado legalmente por su Presidente don nombre reservado, ambos domiciliados en el Establecimiento o Mina Radomiro Tomic de Codelco, solicitando a esta Corte de Apelaciones declarar que la actuación del sindicato referido es ilegal y arbitraria por haber presentado un proyecto de contrato colectivo durante un período no apto para negociar colectivamente; se declare que la actuación de la Inspección Providencial del Trabajo Loa-Calama es ilegal y arbitraria, por haber notificado dicho proyecto al empleador, vulnerando lo dispuesto en el artículo 332 del Código del Trabajo, dando en la práctica inicio al procedimiento de negociación colectiva reglada; ordenándoles abstenerse de cualquier actuación vinculada al proceso de negociación colectiva durante el período no apto para negociar colectivamente ya declarado; sin perjuicio de las otras medidas tendientes a restablecer el imperio del derecho y con expresa condena en costas.

Informó don nombre reservado, abogado y mandatario judicial del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Empresa Ingelog Consultores de Ingeniería y Sistemas S.A., solicitando el rechazo de la acción deducida.

Informó doña Carolina Herrera Vargas, abogada, en representación de la Inspección Provincial del Trabajo del Loa-Calama, solicitando el rechazo del recurso interpuesto, con expresa condena en costas.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la parte recurrente funda su acción indicando primeramente que, con fecha 17 de diciembre de 2024, se constituyó el Sindicato recurrido, sin que a la fecha exista instrumento colectivo vigente entre las partes.

Luego, indica que con fecha 20 de marzo de 2025 y en ejercicio de la facultad contemplada en el artículo 332 del Código del Trabajo, informó a la directiva sindical y a los trabajadores involucrados, con copia a la Inspección del Trabajo, la declaración de un periodo no apto para negociar colectivamente por 60 días corridos, el que se extendería hasta el día 18 de mayo de 2025. No obstante lo anterior, la recurrida Inspección Provincial del Trabajo del Loa-Calama, le notificó vía correo electrónico con fecha 03 de abril de 2025, el Proyecto de Contrato Colectivo del Sindicato recurrido, ante la supuesta negativa de la recurrente a su recepción y de acuerdo con las facultades previstas en el artículo 329 inciso 2° del Código del Trabajo.

Con fecha 04 de abril, por la misma vía, la recurrente hace presente el evidente error en que se habría incurrido, sin embargo, la respuesta de la Inspección Provincial del Trabajo a través de la Encargada de Relaciones Laborales fue desconcertante, señalando que la Comisión Negociadora deberá pronunciarse sobre ello, lo que da cuenta que de igual modo se inició la negociación colectiva reglada.

Alega que lo anterior, contraría el artículo 332 del Código del Trabajo, ya que la declaración del empleador del periodo como no apto para negociar colectivamente tiene como efecto inmediato la imposibilidad de que los sindicatos presenten proyectos de contrato colectivo durante dicho período, por lo que el actuar del respectivo Sindicato se constituye como ilegal. De otro lado, la actuación de la IPT Loa-Calama también es ilegal, afectando el principio de legalidad administrativa. Adicionalmente, afirma que las conductas de ambos recurridos son arbitrarias, al carecer de razonabilidad y justificación legal, y al forzar la tramitación de un proceso que la ley expresamente prohíbe.

Estima que las actuaciones de las recurridas vulneran las garantías constitucionales del artículo 19 N°2 (igualdad ante la ley); N°16 (libertad de trabajo y su protección); y N°24 (derecho de propiedad, en cuanto a la libre administración de la empresa conforme a derecho). A mayor abundamiento, indica que la igualdad ante la ley se afecta al validar un proceso de negociación colectiva en un período expresamente declarado como no apto, produciendo una discriminación arbitraria respecto del empleador, cuyo legítimo ejercicio de facultades legales es ignorado sin causa justificada.

De otro lado, sostiene que, existe vulneración a la libertad de trabajo y a su protección, por cuanto la tramitación de un proceso de negociación colectiva fuera del período hábil afecta directamente la libertad del empleador de organizar, dirigir y planificar su actividad económica, imponiendo una carga y una relación forzada no autorizada por la ley, desconociendo, además, la autonomía del empleador para decidir cuándo es jurídicamente procedente entrar en una negociación colectiva, lo cual forma parte esencial de su libertad en el ámbito del trabajo.

Por último, añade que, hay vulneración al derecho de propiedad, debido a que esta garantía incluye no sólo los bienes tangibles, sino también el uso y goce de los derechos que emanan de la propiedad y la gestión de una empresa, interfiriendo ilegítimamente en el dominio que ejerce el empleador sobre la administración de su actividad empresarial, afectando directamente su facultad de disponer y controlar los procesos internos conforme a derecho.

Por lo expuesto, solicita a esta Corte de Apelaciones declarar que la actuación del sindicato referido es ilegal y arbitraria por haber presentado un proyecto de contrato colectivo durante un período no apto para negociar colectivamente; que la actuación de la Inspección Providencial del Trabajo Loa-Calama es ilegal y arbitraria, por haber notificado dicho proyecto al empleador, vulnerando lo dispuesto en el artículo 332 del Código del Trabajo, dando en la práctica inicio al procedimiento de negociación colectiva reglada; ordenándoles abstenerse de cualquier actuación vinculada al proceso de negociación colectiva durante el período no apto para negociar colectivamente ya declarado; sin perjuicio de las otras medidas tendientes a restablecer el imperio del derecho y con expresa condena en costas.

SEGUNDO: Que informó don nombre reservado, abogado y mandatario judicial del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Empresa Ingelog Consultores de Ingeniería y Sistemas S.A., solicitando el rechazo de la acción deducida.

Señala que la organización sindical presentó con fecha 14 de febrero del año 2025, mediante ORD.001/2025, solicitud de información contable para inicio de negociación colectiva, cuyo ordinario fue recepcionado con la misma fecha de su emisión por el Sr. nombre reservado, sin embargo, lejos de cumplir con los plazos, el empleador entregó carta que informa periodo no apto para negociar colectivamente, con fecha 20 de marzo del año 2025, (el mismo día que comenzaba el período no apto para negociar,) procediendo de mala fe, toda vez que se declara dicho periodo a sabiendas de la solicitud inicial realizada por la recurrida.

Respecto a la oportunidad en que debe realizarse la comunicación, la Dirección del Trabajo, por medio de la diferente doctrina administrativa ha indicado que ésta sea realizada con una anticipación razonable al periodo fijado, permitiendo así que los trabajadores conozcan con la suficiente antelación el lapso durante el cual no podrán iniciar negociaciones colectivas. Siguiendo esa línea, el Ordinario N°744 de fecha 22 de mayo de 2023, reafirma la interpretación de la Dirección del Trabajo, en el sentido de declarar que la obligación de comunicar va dirigida a que todos los trabajadores de la empresa tomen conocimiento del periodo fijado por el empleador, situación que el recurrente no ha acreditado, dado que únicamente ha notificado de “este periodo” a los socios del sindicato y al directorio, tratándose así de un evidente acto de mala fe por parte de la recurrente.

Así las cosas, y al no satisfacer la exigencia legal en su declaración de periodo no apto para negociar colectivamente, la empresa decidió depositar el proyecto de negociación colectiva con su empleador el día 03 de abril del año 2025, sin embargo y ante la negativa de este último, es que se realiza el respectivo depósito de dicho proyecto en la Dirección del Trabajo a fin del órgano fiscalizador realizara la notificación de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 329 inciso 2° del Código del Trabajo, lo cual en especie ocurre.

TERCERO: Que informó doña Carolina Herrera Vargas, abogada, en representación de la Inspección Provincial del Trabajo del Loa-Calama, solicitando el rechazo del recurso interpuesto, con expresa condena en costas.

Señala que, en el caso de marras, no se dan en la especie ninguno de los elementos de hecho y de derecho que la Constitución Política exige como condición para la interposición de este recurso.

Luego y respecto al fondo de la acción deducida, indica que con fecha 02 de abril de 2025 se recepcionó en la IPT Loa-Calama, presentación del Sindicato recurrido, consistente en el Proyecto de Contrato Colectivo, solicitando conjuntamente notificar el mismo a la empresa recurrente, en atención a la negativa de ésta de recepcionar el documento señalado. Así, en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 329 del Código del Trabajo, con fecha 03 de abril de 2025, la IPT Loa-Calama, procedió a notificar mediante correo electrónico dicho proyecto a la recurrente, levantando el acta respectiva.

Posteriormente, y a consecuencia de la notificación realizada, la empresa recurrente remitió correo electrónico a la IPT Loa-Calama, manifestando desconocimiento de la negativa a la recepción del proyecto de contrato colectivo, y haciendo presente la declaración del periodo no apto para negociar, informado a la directiva de la organización sindical, a sus asociados, como así también al Servicio, todo por correo electrónico, con fecha 20, 24 y 21 de marzo de 2025, respectivamente. Con ocasión del mismo, la Encargada de Relaciones Laborales de la IPT, Srta. nombre reservado, responde a la empresa recurrente acusando recibo de la información, señalando además que deberá hacerla presente en su respuesta al proyecto de contrato colectivo conforme lo prescrito en el artículo 335 del Código del Trabajo.

En respuesta a lo anterior, la empresa manifiesta a la funcionaria indicada, su disconformidad debido a que, realizar la gestión señalada implicaría iniciar la negociación colectiva, actuación que precisamente deseaba evitar con la declaración del periodo no apto para negociar. Sin perjuicio de ello, con fecha 16 de abril de 2025, Ingelog remite su respuesta al Proyecto de Contrato Colectivo, presentando en el mismo y como cuestión previa, reclamación de legalidad referida al periodo no apto para negociar.

No obstante, hace presente que se efectuaron las gestiones correspondientes a determinar la efectividad de la comunicación alegada por el empleador, requiriéndose al encargado de recepcionar la documentación ingresada a la casilla electrónica; correo reservado, verificar el depósito respectivo, constatando la efectividad de aquello, el día 21 de marzo de 2025, detectando que erróneamente el documento señalado fue remitido a la Inspección Provincial del Trabajo de Antofagasta, careciendo ésta de competencia para conocer del proceso en comento.

En consideración a ello, la presentación de la empresa fue derivada a la Inspección Provincial de El Loa, para su respectiva resolución, la que se emitió mediante Oficio Ord. 202-16352/2025, de 15 de abril 2025, estableciendo el incumplimiento de los requisitos del artículo 332 del Código del Trabajo, toda vez que la recurrente no comunicó a los trabajadores la declaración de periodo no apto para negociar, además de no otorgar un plazo entre la referida comunicación y el inicio del periodo respectivo.

Con fecha 17 de abril de 2025, la empresa Ingelog dedujo recurso de reposición con jerárquico en subsidio en contra del oficio señalado, siendo éste resuelto el 23 de abril de 2024, mediante Resolución Exenta N°202-10213/2025, rechazando el mismo por las fundamentaciones que en ella se contiene, resolviéndose con fecha 25 de abril de 2025 mediante Resolución Exenta N°200-10329/2025 el recurso jerárquico en subsidio, manteniendo lo resuelto por la recurrida. Finalmente, el Sindicato con fecha 21 de abril de 2025, presentó reclamación de legalidad a la respuesta del proyecto de contrato colectivo, fijándose la audiencia al efecto para el 28 de abril de 2025.

En consecuencia, estima que la actuación de la IPT se enmarcó no solo en una facultad legal, sino que principalmente en la obligación impuesta por el legislador de intervenir en cada una de las instancias señaladas en las normas legales contenidas en el artículo 339 del Código del ramo y a la jurisprudencia administrativa de la Dirección del Trabajo, particularmente en su dictamen N°5781/93, de 01 de diciembre de 2015, además de lo advertido en las resoluciones exentas indicas precedentemente, por lo que no evidencia actuaciones ilegales o arbitrarias atribuibles a la recurrida.

En consecuencia, afirma que la actuación de la recurrida no ha quebrantado la igualdad ante la ley, así como tampoco ha desconocido el derecho legal que expresamente a ésta se le otorga, sino que más bien, la Dirección del Trabajo se ha limitado a intervenir a requerimiento expreso de la organización sindical, efectuando la notificación solicitada, y posteriormente pronunciándose sobre el cumplimiento de los requisitos legales para la determinación del periodo no apto para negociar, por lo que no existe ninguna discriminación en la referida actuación.

De igual forma, sostiene que no se ha afectado la libertad de trabajo y protección de la empresa recurrente, puesto que la autonomía e independencia que le otorga el artículo 332 del Código del Trabajo, no es absoluta, así como tampoco abstracta, debiendo el empleador organizar, dirigir y planificar su actividad económica en estricto cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, sin que ello importe la imposición de una carga o relación forzada no autorizada por la ley, puesto que es esta misma, la que establece requisitos específicos para el ejercicio de la potestad respectiva. Por último, afirma que tampoco se ha vulnerado el derecho de propiedad de la empresa Ingelog, ya que no se ha interferido “ilegítimamente”, el dominio de ésta sobre la administración de su actividad empresarial, , puesto que la actuación del Servicio ha sido conforme a derecho.

Finalmente, advierte la falta de objeto de la acción deducida por el recurrente, haciendo de ésta un recurso improcedente.

CUARTO: Que de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

QUINTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

SEXTO: Que del tenor del recurso deducido se advierte que lo pretendido por la empresa recurrente mediante la interposición de este arbitrio constitucional, es detener el proceso de negociación colectiva iniciado por el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Empresa Ingelog Consultores de Ingeniería y Sistemas S.A., establecimiento Radomiro Tomic, Contrato N°4600027424, RSU N°02.02.0883, actualmente en ejecución, atendido la ilegalidad y/o arbitrariedad que atribute a las actuaciones de ambas recurridas, consistentes en la presentación del Proyecto de Contrato Colectivo por parte del sindicato ante la Inspección provincial, y su posterior notificación a la empresa efectuada por el ente fiscalizador en razón de lo dispuesto en el artículo 329 del Código del Trabajo, desde que las referidas actuaciones se habrían efectuado en un periodo no apto para negociar, atendida la comunicación realizada previamente por la empresa el 20 de marzo de 2025.

SÉPTIMO: Que atendidas las alegaciones vertidas en el libelo pretensor, lo informado por ambas recurridas y antecedentes allegados en autos por las partes, es posible tener por establecido, en lo que resulta pertinente, que mediante Ordinario N°001/2025, de fecha 14 de febrero del año 2025, el sindicato recurrido solicitó a la empresa recurrente información contable para dar inicio a un procedimiento negociación colectiva reglada, según se acredita con el referido documento acompañado a su informe, solicitando al efecto información consistente en: a) Los balances correspondientes a los años 2022 y 2023; b) El costo de la mano de obra correspondiente a los años 2023 y 2024; c) Pago de bono de los últimos 24 meses, indicando antigüedad y cargo que desempeña en la empresa; d) Nómina del personal no sindicalizado y el cargo que desempeña cada uno de ellos; y e) Libro de remuneraciones.

Luego, mediante la documentación acompañada al recurso, se acreditó que, con fecha 20 de marzo de 2025, mediante correo electrónico enviado únicamente a la Directiva del Sindicato recurrido, la empresa informó del periodo no apto para negociar colectivamente, adjuntando carta suscrita por el Gerente de Recursos Humanos, en la cual se declara que el referido periodo se extendería por 60 días corridos, iniciando el mismo día 20 de marzo de 2025, hasta el 18 de mayo de 2025, lo que igualmente fuera comunicado mediante correo electrónico de 21 de marzo de los corrientes a la unidad de partes de la Dirección Regional del Trabajo de Antofagasta, siendo esta inicialmente, como reconoce la propia autoridad recurrida en su informe, erróneamente derivada a la Inspección Provincial del Trabajo de Antofagasta, careciendo ésta de competencia para conocer del proceso. Seguidamente, el 24 de marzo de 2025, la empresa remitió correo electrónico dirigido a cada uno de los trabajadores miembros del sindicato con la correspondiente información, adjuntando la carta suscrita por el Gerente de Recursos Humanos de la actora.

Posteriormente, con fecha 02 de abril del presente año, se recepcionó por la Inspección Provincial de El Loa Calama, presentación del sindicato recurrido efectuando el depósito del Proyecto de Contrato Colectivo elaborado por la organización sindical, solicitando notificar el mismo a la recurrente, atendida su negativa de recepcionar el documento señalado; procediendo la autoridad recurrida, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 329 del Código del Trabajo, a notificar el referido proyecto a la empresa con fecha 03 de abril de 2025, dándose así inicio al procedimiento de negociación colectiva reglada.

Luego, una vez derivada la presentación de la empresa a la Inspección competente, a saber, la Inspección Provincial de El Loa, esta procedió a su revisión determinando mediante Oficio Ord. 202-16352/2025 de 15 de abril 2025, que la declaración en cuestión no cumple con los requisitos previstos en el artículo 332 del Código del Trabajo, detallando que no se efectuó la comunicación a todos los trabajadores de la empresa por medios idóneos y que, además, no medió plazo alguno entre la comunicación a los trabajadores y el inicio del período en cuestión, pronunciamiento confirmado mediante la resolución de los respectivos recurso de reposición y jerárquico ejercidos oportunamente por la actora.

OCTAVO: Que para la adecuada resolución del presente arbitrio conviene tener presente el marco normativo que regula la materia objeto de marras. Así, suscitándose la controversia dentro del marco de procedimiento de negociación colectiva reglada y ante la inexistencia de un instrumento o contrato colectivo vigente, resultan pertinentes las disposiciones contenidas en el Título IV, del Libro IV del Código del Trabajo, en particular, lo dispuesto en el artículo 329 y 332 del referido cuerpo normativo:

“Art. 329.- Presentación del proyecto de contrato colectivo y negativa del empleador a recibirlo. Copia del proyecto de contrato colectivo presentado por el o los sindicatos, firmada por el empleador para acreditar que ha sido recibido por este, con la fecha de recepción estampada en él, deberá entregarse a la Inspección del Trabajo respectiva, dentro de los cinco días siguientes a su presentación.

Si el empleador se negare a recibir o certificar la recepción del proyecto, el sindicato deberá requerir a la Inspección del Trabajo, dentro de los tres días siguientes a la negativa, para que notifique el proyecto de contrato al empleador en el más breve plazo.”

“Art. 332.- Oportunidad de presentación del proyecto de contrato colectivo por el sindicato cuando no tiene instrumento colectivo vigente. La presentación de un proyecto de contrato colectivo realizada por un sindicato que no tiene instrumento colectivo vigente podrá hacerse en cualquier tiempo, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 308.

Las empresas en que no exista un instrumento colectivo vigente podrán fijar un período, de hasta sesenta días al año, durante el cual no será posible iniciar un proceso de negociación colectiva.

La declaración a que se refiere el inciso anterior deberá comunicarse por medios idóneos a la Inspección del Trabajo y a los trabajadores. Su vigencia será de doce meses.”

NOVENO: Que del análisis de los hechos establecidos y la normativa aplicable en la especie, debe concluirse que no resulta procedente la adopción de medida alguna por esta Corte de Apelaciones en orden a cautelar los derechos que la recurrente estima como vulneradas, desde que, si bien es posible advertir un actuar poco diligente por parte de la autoridad recurrida, al derivar erróneamente la presentación de la actora a una unidad diversa, lo que impidió un análisis y resolución previo a la presentación del proyecto de contrato colectivo por el sindicato; lo cierto es que la referida declaración unilateral del periodo no apto para negociar nunca tuvo la aptitud para impedir el inicio de la negociación, desde que, como resolvió posteriormente el ente fiscalizador, la misma no cumplía con los requisitos establecidos en el artículo 332 del Código del Trabajo.

DÉCIMO: Que, en este sentido, comparte esta judicatura la interpretación sobre los requisitos establecidos en el artículo 332 del código del ramo, que ha sostenido, en uso de sus facultades legales, la Dirección del Trabajo, en cuanto a la idoneidad de los medios utilizados por el empleador para la comunicación de la declaración del referido periodo en que se impide negociar colectivamente, precisándose acertadamente en su jurisprudencia administrativa (Dictamen N°5781 de 01 de diciembre de 2016), que esta debe realizarse por escrito, en todos los establecimientos o sucursales de la empresa, a través de medios públicos y visibles y con una anticipación razonable al periodo fijado, como por ejemplo, una inserción en el diario mural, en intranet, por correo electrónico, etc.

Lo anterior, toda vez que, al ser una norma restrictiva de la libertad sindical, principio fundante del derecho colectivo del trabajo, su acertada exégesis debe cautelar los derechos de los trabajadores en orden a asegurar, al menos, el conocimiento de tal restricción con la razonable antelación. En el caso de marras, evidentemente, tales requisitos no se cumplieron por parte de la empresa recurrente, desde que la declaración se realizó, en un primer momento, solo a la directiva del sindicato y en la misma fecha en que la empresa pretendía dar por iniciado el referido periodo, a saber, el 20 de marzo de 2025, siendo comunicada solo cuatro días después a los demás miembros del sindicato, mediante correo electrónico, sin que se haya alagado, ni menos acreditado, haberla comunicado a la totalidad de sus trabajadores.

UNDÉCIMO: Que, en cuanto a la arbitrariedad pretendida respecto del actuar del Sindicato recurrido, consistente en la presentación del proyecto del contrato colectivo ante la Inspección del Trabajo para su notificación, esta debe descartarse de plano; desde que su conducta se identifica con el legítimo ejercicio de sus derechos en el marco de un procedimiento de negociación colectiva, la que no puede ser reprochada por el hecho de haber sido comunicada previamente de una declaración que, como se ha razonado, adolecía de los defectos ya analizados.

Por estas consideraciones, y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don Marcelo Andrés Rodríguez Belmar, en representación de la sociedad Ingelog Consultores de Ingeniería y Sistemas S.A., en contra de la Inspección Provincial del Trabajo del Loa-Calama y del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Empresa Ingelog Consultores de Ingeniería y Sistemas S.A.

Regístrese y comuníquese.

Rol 546-2025 (PROT)

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