nombre reservado con nombre reservado

Dpp/ Antofagasta, veintisiete de octubre de dos mil veinticinco.

VISTOS:

Comparece don Leonardo Ledezma Vega, abogado, en representación de nombre reservado, chilena, soltera, abogada, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, quien interpone recurso de protección en contra de don nombre reservado, doña nombre reservado, de los administradores de la agrupación “Crianza Compartida Chile”, actualmente denominada “Padres con Derecho Chile”, y del abogado Héctor Hugo Rivera Quiñones, por estimar que los recurridos han ejecutado actos ilegales y arbitrarios que vulneran las garantías constitucionales aseguradas en los artículos 19 N° 1, 4 y 16 de la Constitución Política de la República, consistentes —según expone— en la reutilización y difusión de contenido audiovisual difamatorio previamente eliminado por orden judicial, y en el uso de dicho material en un procedimiento disciplinario, afectando su integridad psíquica, su honra y el libre ejercicio de su profesión.

Informó dentro de plazo únicamente el recurrido Héctor Hugo Rivera Quiñones, quien solicitó el rechazo total de la acción. Respecto a los demás recurridos, se tuvo por no presentada la presenta acción cautelar.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

TENIENDO PRESENTE Y CONSIDERANDO.

PRIMERO: Que, por medio de la presente acción cautelar de protección, la abogada nombre reservado, representada por don Leonardo Ledezma Vega, expone que en el ejercicio de su profesión ha sido objeto de una reiterada campaña de hostigamiento y difamación en medios digitales y en el contexto de actuaciones judiciales, imputando tal conducta a don Héctor Hugo Rivera Quiñones, abogado, y a los restantes recurridos nombre reservado, nombre reservado y a los administradores de la agrupación “Crianza Compartida Chile”, actualmente denominada “Padres con Derecho Chile”.

Sostiene que, pese a que en el año dos mil veintitrés la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Antofagasta conoció un recurso de protección anterior —Rol 8243-2023— por publicaciones difamatorias en la red social TikTok y que dichas publicaciones fueron eliminadas, el recurrido nombre reservado habría vuelto a utilizar el mismo material audiovisual en un procedimiento disciplinario seguido ante el tribunal pleno de esa Corte (Rol AD-249-2025), acompañando un enlace activo al video ya ordenado eliminar.

Agrega que dicha actuación, junto con la permanencia del video en la plataforma bajo modalidad “privada” por parte de los administradores de la citada página, implica una revictimización y reproducción del agravio inicialmente cometido, reactivando el contenido y afectando su integridad psíquica, su honra personal y profesional, y su derecho al libre ejercicio de la abogacía.

Refiere asimismo que ha sido objeto de amenazas telefónicas y de nuevas menciones en redes sociales que reproducen o comentan dicho video, circunstancias que, en su conjunto, configuran un acto arbitrario e ilegal que persigue desacreditarla y hostigarla profesionalmente, motivo por el cual solicita se ordene la eliminación definitiva del material en todas las plataformas digitales, la prohibición de su reutilización, y que se disponga respecto del recurrido Héctor Hugo Rivera Quiñones la abstención de difundir o acompañar dicho contenido en cualquier procedimiento futuro, con expresa condena en costas.

SEGUNDO: Que, evacuando el informe solicitado, el recurrido Héctor Hugo Rivera Quiñones, abogado, solicita el rechazo total del recurso de protección, con expresa condena en costas, negando haber incurrido en acto alguno que pueda estimarse ilegal o arbitrario.

Explica que su única intervención ha consistido en la interposición de una queja disciplinaria ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Antofagasta, Rol AD-249-2025, dirigida a denunciar eventuales infracciones al Código de Ética Profesional por parte de la abogada recurrente, conforme a los artículos 543 del Código Orgánico de Tribunales y 95, 97 y 106 del citado cuerpo normativo.

Manifiesta que en dicho procedimiento no ha realizado publicaciones difamatorias, ni ha participado en la creación ni difusión de videos en redes sociales, limitándose únicamente a mencionar un enlace público —obtenido desde la plataforma TikTok— a modo de ilustrar la conducta reprochada.

Alega que el contenido de redes sociales de la recurrente es de acceso público, toda vez que al aceptar las condiciones de uso de dichas plataformas se renuncia a una expectativa de privacidad sobre las publicaciones realizadas.

Añade que la acción constitucional no procede como medio para impugnar una queja disciplinaria, la cual constituye un acto reglado dentro de las atribuciones del tribunal, y sostiene que la recurrente no ha acreditado de qué manera se habrían visto perturbados o amenazados sus derechos fundamentales.

Finalmente, insiste en que no ha acompañado material alguno con el propósito de ofender o desacreditar a la abogada Isabella Bravo Pérez, reiterando que el recurso carece de causa actual y que, en consecuencia, debe ser rechazado en todas sus partes.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que solo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que, en la especie, el conflicto jurídico se centra en determinar si la conducta atribuida al abogado Héctor Hugo Rivera Quiñones, consistente en haber acompañado como antecedente en un procedimiento disciplinario un video previamente eliminado por orden judicial, y la mantención del mismo contenido en formato “privado” por parte de los administradores de la página denominada “Crianza Compartida Chile” o “Padres con Derecho Chile”, configuran o no actos ilegales o arbitrarios que vulneren las garantías constitucionales de la recurrente nombre reservado, particularmente su derecho a la integridad psíquica, a la honra y vida privada, y a la libertad de trabajo asegurados en el artículo 19 N° 1, 4 y 16 de la Carta Fundamental.

Corresponde, por tanto, dilucidar si la utilización del referido material en el contexto de una queja disciplinaria y su eventual disponibilidad en redes sociales constituyen una revictimización o hostigamiento contrario a derecho, o si, por el contrario, el proceder de los recurridos se enmarca dentro del ejercicio legítimo de sus facultades y libertades, carente de arbitrariedad o ilegalidad susceptible de amparo por esta vía cautelar.

SEXTO: Que, del examen de los antecedentes acompañados, aparece que la publicación original que motiva esta acción consistió en un video difundido a través de la plataforma TikTok, bajo la cuenta de la agrupación denominada “Crianza Compartida Chile”, actualmente conocida como “Padres con Derecho Chile”, administrada por don nombre reservado y doña nombre reservado. Dicho material audiovisual —según sostiene la recurrente— contenía expresiones difamatorias y misóginas en su contra, afectando su honra e integridad psíquica, motivo por el cual dedujo con anterioridad un recurso de protección Rol 8243-2023, que fue rechazado al constatarse la eliminación del video durante su tramitación.

No obstante, la recurrente afirma que el abogado Héctor Hugo Rivera Quiñones, al interponer posteriormente una queja disciplinaria Rol AD-249-2025 ante esta misma Corte, volvió a acompañar o referir dicho video como antecedente, incluyendo un enlace activo al material que había sido objeto de la acción cautelar previa, lo que —a su juicio— constituye un acto nuevo de hostigamiento y desacreditación profesional, destinado a mantener vigente un contenido que debía permanecer suprimido.

Entonces el acto reprochado por la recurrente se compone de dos dimensiones claramente diferenciadas:

(i) la persistencia del video en la plataforma digital bajo modalidad “privada”, atribuida a los administradores de “Crianza Compartida Chile”; y (ii) la utilización procesal del mismo material por parte del abogado Héctor Hugo Rivera Quiñones en el contexto de un procedimiento disciplinario, actuación que se estima arbitraria e ilegal por reactivar un contenido ya eliminado y por afectar sus derechos a la integridad psíquica, honra y libre ejercicio profesional.

SÉPTIMO: Que, en lo que atañe a la publicación de origen efectuada en la red social TikTok bajo la cuenta de la agrupación denominada “Crianza Compartida Chile”, actualmente identificada como “Padres con Derecho Chile”, cabe consignar que el contenido audiovisual correspondiente fue objeto de conocimiento por esta misma Corte en causa Rol N° 8243-2023, oportunidad en la cual se verificó la eliminación del material durante la tramitación del recurso, teniéndose, por ende, por inexistente el acto recurrido en esa sede.

En la presente causa, la recurrente ha vuelto a dirigir su acción también en contra de los administradores de dicha agrupación; sin embargo, no ha aportado antecedentes que permitan su válido emplazamiento ni la determinación cierta de su individualidad o participación actual en los hechos denunciados. De esta manera, al no haberse trabado la relación procesal respecto de tales recurridos, esta Corte carece de competencia funcional para emitir pronunciamiento alguno sobre su conducta, en atención al principio de que ninguna decisión jurisdiccional puede recaer válidamente sobre quien no ha sido oído.

Aun cuando la materia que motiva la acción pudiera revelar, en abstracto, un eventual menoscabo a derechos fundamentales, la carencia de emplazamiento impide la constitución válida de una adecuada defensa, lo que priva a este tribunal de la potestad para analizar el fondo del acto imputado a este efecto.

En consecuencia, el recurso no puede prosperar en cuanto se dirige contra los administradores de la referida agrupación, toda vez que el control de constitucionalidad de los actos lesivos exige como presupuesto ineludible la existencia de un sujeto pasivo determinado y debidamente emplazado, siendo improcedente extender la tutela cautelar a quienes no han sido formalmente parte de estos antecedentes.

En tales condiciones, esta Corte no puede volver a pronunciarse sobre un hecho ya agotado procesalmente ni emitir decisión respecto de terceros no comparecidos, debiendo limitar su examen exclusivamente al actuar del recurrido que sí fue debidamente notificado e informó dentro del plazo legal.

OCTAVO: Que entonces, en lo que concierne al actuar del abogado Héctor Hugo Rivera Quiñones, se encuentra acreditado que el recurrido acompañó, en el contexto de una queja disciplinaria tramitada ante esta Corte, un enlace digital que remite al contenido audiovisual cuya existencia la recurrente estima lesiva de sus derechos. Tal incorporación, según lo ha reconocido el propio informante, se efectuó con el propósito de ilustrar su denuncia respecto del comportamiento profesional de la abogada Isabella Bravo Pérez, dentro de un procedimiento de naturaleza reservada y circunscrita exclusivamente a las partes y al tribunal, en el cual no existe publicidad ni acceso abierto a terceros.

A este efecto si bien puede considerarse cuestionable la utilización de una plataforma de difusión masiva —como TikTok— como fuente de referencia o respaldo en un proceso judicial, lo cierto es que no se advierte de los antecedentes que el recurrido haya procedido a republicar, compartir o divulgar el video en redes sociales, medios de comunicación o espacios digitales de libre acceso, sino que su intervención se limitó a una referencia interna y procesal, acotada al expediente disciplinario en el que fue presentada. No se ha acompañado antecedente alguno que demuestre que, con posterioridad a esa actuación, el recurrido haya efectuado actos de difusión pública o instado a su propagación, ni que el enlace remitido haya tenido como consecuencia la reaparición del contenido en los canales originales o en nuevos soportes de comunicación.

De esta forma, la propia naturaleza del procedimiento disciplinario, sujeto a la reserva propia de las actuaciones internas del tribunal pleno, impide calificar la actuación descrita como un acto de exposición pública o de comunicación masiva. El hecho de aludir o vincular material disponible en una red social —aunque dicho material pueda ser objeto de reparos éticos o prudenciales— no equivale jurídicamente a una publicación en el sentido que la doctrina y la jurisprudencia han entendido como elemento configurador de una afectación a la honra o a la vida privada. En tal contexto, la conducta imputada carece de la publicidad o difusión externa que exige el estándar constitucional para estimar configurada una perturbación efectiva o amenaza cierta a los derechos invocados.

NOVENO: Que, por otra parte, y como ya se señaló en los considerandos precedentes, el origen mismo del video corresponde a una publicación realizada por terceros —los administradores de la agrupación “Crianza Compartida Chile” o “Padres con Derecho Chile”— quienes no fueron válidamente emplazados en estos autos, circunstancia que impide a esta Corte pronunciarse sobre su eventual responsabilidad o disponer medida alguna respecto del contenido primigenio.

En consecuencia, el único comportamiento verificado por parte del abogado recurrido consiste en la incorporación procesal de un enlace dentro de un expediente no público, acto que, en los términos antes expuestos, no reviste las características de ilegalidad ni arbitrariedad exigidas por el artículo 20 de la Constitución Política de la República, al no implicar difusión, divulgación ni exposición del contenido a terceros, sino una actuación jurídica circunscrita al ámbito de un procedimiento disciplinario formal y reglado.

DÉCIMO: Que, establecido el marco fáctico precedente, esta Corte estima necesario recordar que la procedencia del recurso de protección exige, como presupuesto ineludible, la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario que produzca una privación, perturbación o amenaza actual en el legítimo ejercicio de una garantía constitucional. La sola existencia de una diferencia profesional, de un malestar subjetivo o de una conducta procesal discutible, no basta para activar la tutela cautelar del artículo 20 de la Carta Fundamental, cuyo objeto es restablecer el imperio del derecho frente a vulneraciones concretas y verificables, no para corregir eventuales desavenencias surgidas al interior del foro o en procedimientos regidos por sus propias reglas.

En la especie, la conducta atribuida al recurrido Héctor Hugo Rivera Quiñones no se traduce en una infracción normativa ni en un proceder carente de fundamento razonable. Su intervención, como ya se señaló, se limitó a acompañar un enlace digital en el marco de un proceso disciplinario reglado, de carácter reservado y de acceso restringido, lo que impide conceptuar su actuación como una publicación o difusión de información susceptible de menoscabar la honra o integridad de la recurrente ante el público general.

En consecuencia, no se configura ilegalidad, desde que el recurrido actuó dentro del ámbito propio de un procedimiento formalmente autorizado por la ley, ni arbitrariedad, por cuanto su conducta se enmarca en un propósito determinado —denunciar un eventual quebrantamiento ético— sustentado en antecedentes que estimó pertinentes y que fueron sometidos a conocimiento del tribunal competente.

Finalmente, el ámbito de intervención del recurso de protección no comprende la revisión de actos procesales desarrollados dentro de un procedimiento disciplinario autónomo, ni faculta a esta Corte para sustituir los mecanismos y competencias previstos por la ley para su conocimiento y resolución. Así, la presente acción no constituye una instancia revisora del mérito o pertinencia de la queja disciplinaria, sino una vía excepcional que solo procede frente a actos manifiestamente contrarios a derecho, lo que, en el caso sub lite, no se ha demostrado.

UNDÉCIMO: Que no puede dejar de advertirse que, a primera vista, podría parecer difícil de comprender que un contenido audiovisual que fue eliminado en su oportunidad por orden judicial, reaparezca posteriormente en la esfera digital. Sin embargo, dicha circunstancia —por lamentable que resulte— no puede ser atribuida directamente a quien no detenta administración, control ni participación alguna en la página o plataforma en que originalmente se efectuó la publicación.

En efecto, la eventual persistencia o reactivación de un material previamente retirado depende de factores técnicos y de la gestión de quienes administran las cuentas digitales correspondientes, no de quienes, con posterioridad, hubieren hecho una mera referencia incidental al mismo dentro de un procedimiento judicial. Así, aun cuando la recurrente haya percibido la reaparición del video como una nueva afectación, no existe antecedente alguno que vincule esa circunstancia con el abogado recurrido, cuya intervención se circunscribió, como se ha dicho, al ámbito procesal de una queja disciplinaria, sin haber ejecutado actos de difusión o reproducción pública.

A mayor abundamiento, cabe consignar que el abogado recurrido ni siquiera intervino en el recurso de protección anterior Rol 8243-2023, en cuya tramitación se abordó precisamente la eliminación de la publicación de origen. Por lo mismo, no puede reputársele responsable de la eventual persistencia o reactivación del material eliminado, ni menos considerarse su actuación como una continuidad del acto antes impugnado.

DUODÉCIMO: Que, en cuanto a las garantías constitucionales invocadas, esto es, el derecho a la integridad psíquica del artículo 19 N° 1, el derecho al respeto y protección de la vida privada y a la honra del artículo 19 N° 4, y el derecho a la libertad de trabajo y su protección del artículo 19 N° 16 de la Constitución Política de la República, esta Corte estima que de los antecedentes no se desprende afectación efectiva ni amenaza actual que las comprometa en los términos exigidos por el artículo 20 de la Carta Fundamental.

Respecto de la integridad psíquica, no se advierte que la conducta del recurrido haya generado una perturbación real y comprobable en la esfera emocional o mental de la recurrente, desde que no se ha acreditado exposición pública ni divulgación de los hechos que fundan su malestar, limitándose el acto cuestionado a una mención procesal efectuada en un expediente disciplinario de carácter reservado. En tales condiciones, los sentimientos de molestia, inquietud o incomodidad que la situación pudiera haberle provocado, aun cuando puedan comprenderse en el plano humano, no constituyen una vulneración jurídica tutelable mediante esta vía cautelar.

En lo relativo al derecho a la vida privada y a la honra, tampoco se configura una intromisión ilegítima o difamación pública. El enlace acompañado en la queja disciplinaria no fue objeto de nueva publicación, ni de difusión en redes sociales o espacios abiertos; su existencia se restringió al conocimiento de los intervinientes del procedimiento. La honra, entendida como la apreciación social de una persona ante terceros, solo puede verse afectada por un acto de exposición pública o comunicación abierta, elemento que en este caso se encuentra ausente.

Por último, en cuanto a la libertad de trabajo y su protección, no se divisa acto alguno proveniente del recurrido que haya limitado, obstaculizado o condicionado el legítimo ejercicio de la profesión de abogada por parte de la recurrente. La sola interposición de una queja disciplinaria, aun cuando pueda resultar incómoda o gravosa, constituye el ejercicio legítimo de un derecho procesal reconocido en el Código Orgánico de Tribunales, y no puede considerarse, por sí, como una forma de hostigamiento o amedrentamiento profesional.

DÉCIMO TERCERO: Que, en suma, la actuación del recurrido se enmarca en los cauces institucionales y jurídicos previstos por la ley, sin que de su comportamiento se derive afectación actual o potencial de las garantías invocadas. Por ende, no concurre en la especie la privación, perturbación o amenaza que justifique la adopción de medidas de resguardo a través de la presente acción constitucional.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por Leonardo Ledezma Vega, abogado, en representación de nombre reservado, en contra de Héctor Hugo Rivera Quiñones.

Regístrese y comuníquese.

Rol 544-2025 (PROT)