nombre reservado con A.F.P. UNO S.A.

Antofagasta, veintitrés de febrero de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Comparece Junior Armando Daza Vargas, abogado, en representación de nombre reservado, colombiano, trabajador dependiente, cédula de identidad N°RUT reservado, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, quien deduce acción de protección de garantías constitucionales en contra de la Administradora de fondos de pensiones UNO S.A., Rut N°RUT reservado, representada legalmente por nombre reservado, ambos domiciliados domicilio reservado, debido al acto ilegal y arbitrario, consistente en el rechazo de la solicitud de retiro de fondos previsionales del actor conforme a lo previsto en la Ley N°18.156, comunicado el 26 de diciembre de 2025.

Solicita que se acoja el recurso y se autorice el retiro de los fondos previsionales que mantiene en la AFP Uno S.A.

Informó la recurrida y la Superintendencia de Pensiones instando por el rechazo del recurso.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: La recurrente funda su recurso indicando que el actor solicitó la devolución de sus fondos como técnico extranjero, pero la AFP UNO S.A rechazó la solicitud aduciendo que la documentación presentada — contrato de trabajo y su respectivo anexo, en los cuales el recurrente manifiesta expresamente su voluntad de mantener la afiliación al sistema previsional de su país de origen; y certificados oficiales que acreditan su afiliación a un sistema de seguridad social extranjero, específicamente en la República de Colombia— no cumplían con los criterios legales de aceptación, por cuanto el certificado de afiliación a la seguridad social extranjera habría sido emitido el 31 de enero de 2020 estimándose “demasiado antiguo”, y en cuanto al contrato de trabajo y su anexo, observo diferencias gráficas en las firmas.

Aduce que, tales observaciones carecen de sustento jurídico y fáctico toda vez que respecto el certificado de afiliación se encuentra debidamente apostillado lo que acredita su autenticidad, origen y plena validez jurídica, dando cuenta de una afiliación real y efectiva a un sistema de seguridad social extranjero. Por otra parte, en cuanto a la segunda observación, afirma que ambos instrumentos -contrato de trabajo y anexo- fueron debidamente legalizados ante notario público, otorgándoles plena fe pública respecto a la identidad de los firmantes y la autenticidad de los documentos.

Agrega que, con la finalizad de actualizar la información previsional, acompañó un nuevo certificado de fecha 05 de enero de 2026, donde consta que se mantiene vigente la afiliación y que el 100% de sus recursos continúan depositados en el sistema previsional extranjero.

Argumenta que, dicha decisión es ilegal y arbitraria al carecer de fundamentos de hecho y derecho, así como al imponer exigencias no previstas en la ley, vulnerando sus garantías de igualdad ante la ley y derecho de propiedad privada, consagrados en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política de la Republica.

Finalmente afirma que se cumplen los requisitos del artículo 1° de la Ley N°18.156 para solicitar el retiro de los fondos en la AFP Uno S.A.

SEGUNDO:

Que informó Romina Dalbosco Cornejo, abogada en representación judicial de AFP Uno S.A remitiendo informe y solicitando el rechazo del recurso, afirma que la decisión se ha ceñido estrictamente a las disposiciones legales y vigentes en especial a la Ley N°18.156, artículo 345 del Código de Procedimiento Civil y el Título XI del Libro II del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones.

Sostiene que, en Chile rige el principio de territorialidad previsional y que la Ley N°18.156 establece excepciones restrictivas para técnicos extranjeros.

Señala que, en cuanto al requisito que el trabajador extranjero se encuentre actualmente afiliado a un régimen de seguridad social fuera de Chile que le otorgue prestaciones de vejez, invalidez y muerte, el recurrente pretende acreditar dicha condición mediante un certificado de la AFP Protección S.A de Colombia de fecha 31 de enero de 2020, el que por su antigüedad resulta inidóneo para probar una situación jurídica actual, generando además una doble incertidumbre, específicamente en cuanto a la temporalidad, no permite acreditar que el recurrente tenga la calidad de afiliado en la actualidad, y en cuanto a la suficiencia, no permite constatar si en el tiempo transcurrido desde el 2020 hasta la fecha el recurrente alcanzó a tener cobertura cumpliendo el requisito de las semanas que establece la legislación colombiana, la que exige un mínimo de 50 semanas para cubrir validez y muerte; y un mínimo de 1.300 semanas para pensión de vejez.

Agrega que, en cuanto al certificado de afiliación de 5 de enero de 2026 este no fue acompañado en su solicitud, tomando conocimiento de este documento al ser notificada del presente recurso, sosteniendo que dicho documento no cumple con los requisitos legales y normativos puesto que no consta en el documento el atestado de un agente diplomático o consular chileno ni la certificación del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile que acredite la autenticidad de las firmas de conformidad a lo exigido en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil y el documento acompañado es una simple impresión digital que no permite dar certeza sobre su origen ni integridad, incumpliendo los estándares de seguridad exigidos por la Superintendencia de Pensiones.

Indica que, en cuanto al contrato de trabajo y su anexo, estos no se encontraban firmado ante notario, constatándose además una evidente discrepancia entre las firmas del contrato de trabajo y el anexo atribuidas al representante de la empresa, don nombre reservado, no pudiendo acreditarse el requisito de la letra b) del artículo 1° de la ley 18.156 la cual exige una manifestación de voluntad exenta de vicios y formalizada en el contrato de trabajo.

TERCERO: Que informó la Superintendencia de Pensiones, explicando que la jurisprudencia administrativa de dicho servicio ha resuelto que para acreditar el requisito establecido en la letra a) del artículo 1 de la ley 18.156 el trabajador extranjero debe aportar un documento que acredite en forma específica que en su caso ha contado durante la prestación de sus servicios en Chile, con la protección para todos los riesgos indicados específicamente vejez, invalidez, sobrevivencia y enfermedad.

Añade que, tal cobertura, la que debe ser efectiva, es decir que se otorguen los beneficios que correspondan, debe existir al momento en que el trabajador técnico extranjero comienza a prestar servicios en Chile y durante todo el tiempo en que se ejecute el contrato de trabajo respecto del cual solicita la devolución de fondos previsionales.

Señala que, dicha ley debe ser interpretada en forma restrictiva y aplicada únicamente si se cumplen con los requisitos legales. En consecuencia, si el certificado emitido por la entidad aseguradora no especifica que la cobertura que proporciona ante los riesgos descritos es a todo evento, no será suficiente para acreditar que el trabajador extranjero, durante su prestación de servicios en Chile, ha contado con una cobertura en los términos señalados en la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156.

Explica que, en relación al contrato de trabajo y su anexo se exige que sea aportado con la finalidad que la AFP verifique que el trabajador haya manifestado su voluntad de mantener su afiliación al régimen previsional de su país.

CUARTO: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

QUINTO: Que, por la presente vía cautelar, se impugna el rechazo de la solicitud realizada por el recurrente a la Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A., por la que pretendía la devolución de sus fondos previsionales conforme a lo dispuesto en la Ley N°18.156.

SEXTO: Que, por su parte, la recurrida sostiene que su actuación no ha sido ilegal ni arbitraria, sino que han dado cumplimiento a sus obligaciones legales y a la normativa e instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, rechazando la solicitud por cuanto los documentos acompañados a la solicitud no cumplen los requisitos exigidos por la ley.

SÉPTIMO: Que, para resolver la presente acción de protección, es necesario tener presente que el artículo 1 de la Ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican y deroga la Ley N°9.705, regula las siguientes condiciones que deben reunirse para acogerse a este beneficio: “a).- Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b).- Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida”. A su turno, el artículo 7º de la citada Ley, señala que: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1º de esta Ley”

Por otra parte, el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, en el Libro II, Título XI, sobre Exención de pago de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros y las empresas que los contraten, indica de forma textual lo siguiente: “b) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. El cumplimiento de este requisito debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.”

OCTAVO: Que, del mérito de los antecedentes, aparece que los documentos presentados por el actor consistente en certificado de afiliación a la seguridad social extranjera, emitido con 31 de enero de 2020 por la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantía Protección S.A, debidamente apostillado, es desactualizado y no permite tener certeza de que en la actualidad el actor se encuentra debidamente afiliado a dicha institución y que le otorgue las prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, siendo necesario contar con una seguridad jurídica que no se cumple con la documentación acompañada en la solicitud.

NOVENO: Que, en cuanto al contrato de trabajo de fecha 27 de junio de 2024, y su anexo de fecha 14 de mayo de 2025, dan cuenta que el actor declaró al haber transcurrido un año la circunstancia de encontrarse afiliado a un régimen de seguridad social de su país de origen, siendo además incompatibles las firmas del empleador que suscriben el contrato y el anexo, no pudiendo por tanto acreditar el cumpliendo del requisito dispuesto en la letra b) del articulo 1 de la ley 18.156.

DÉCIMO: Que, para encajar en los supuestos de la mencionada ley, deben cumplirse copulativamente los requisitos de las letras a) y b) para acceder en este caso a la devolución de fondos previsionales, los que no se cumplen a través de los documentos acompañados por el actor, y teniendo presente que el actor vive en Chile, y la finalidad que busca el sistema previsional de evitar desprotección futura que deba ser cubierta con fondos fiscales, no puede estimarse que la decisión de la recurrida es ilegal o arbitraria en tanto su decisión se ha basado el exigir el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y en la normativa administrativa de la Superintendencia de Pensiones.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A.

Regístrese, notifíquese y archívense los antecedentes en su oportunidad.

Rol 54-2026 (Protección)

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