nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

Antofagasta, a catorce de mayo de dos mil veinticinco.

VISTOS:

La comparecencia de Marcela Giacamán Pérez, abogada, con domicilio en domicilio reservado, en representación de don nombre reservado, de nacionalidad peruana, cédula de identidad N°RUT reservado, soltero, empleado, de su mismo domicilio, quien interpone acción de protección de garantías constitucionales en contra del Servicio Nacional de Migraciones, dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, conforme lo preceptuado en el artículo 19 número 2 de la Constitución Política de la República, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 6, 7, 8, 9, 14, 24 y 27 de Ley 19.880 y asimismo con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 21.325 y el artículo 46 de su Reglamento contenido en el Decreto Supremo 296 de 2022, solicitando que el recurrido dé respuesta al proceso expulsivo del recurrente, en el más breve plazo posible, o lo que se juzgue necesario para reestablecer el imperio del derecho, con costas.

Informó el recurrido, solicitando el rechazo de la acción.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que en el recurso se indica que el recurrente, de nacionalidad peruana lleva más de una década viviendo en Chile, y tiene actualmente residencia definitiva.

Refiere que el 19 de junio de 2023 fue notificado de su proceso sancionatorio, al encontrarse en la circunstancia del artículo 128 N°2, en relación con el artículo 32 N°5 de la Ley 21.325, y el artículo N°136 N°2 del Reglamento de la Ley, por haber sido condenado con fecha 14 de marzo de 2019, en causa RUC N°1801160395-1, RIT N°8625-2018, del Juzgado de La Serena, a la pena de 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo, y a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos e inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena, como autor del delito de robo con violencia. Añade que al actor se le otorgó un plazo de 10 días hábiles, para realizar sus descargos respecto de causal invocada, debiendo acompañar todos los antecedentes que sirvan de sustento a sus aseveraciones, tales como aquellos antecedentes que acrediten sus vínculo familiares en Chile, cumpliendo el recurrente con lo ordenado por el Servicio Nacional de Migraciones, acompañando: copia cumplimiento de condena, copia contrato de trabajo notariado, copia anexo contrato de trabajo, copia de certificado de vacaciones laborales, copia de pagos de cotizaciones afp, copia de pagos de cotizaciones Fonasa, copia de liquidaciones de sueldo y copia de certificado de capacitación laboral sence, pero hasta la fecha no ha recibido ninguna respuesta, ya sea favorable o no para él, habiendo transcurrido más de dos años desde que realizó sus descargos, lo que lo mantiene en incertidumbre, ya que no sabe en qué condiciones se encuentra su situación migratoria en Chile, añadiendo que ha solicitado información a través del “Consejo para la transparencia”, pero aun así, no ha recibido ninguna respuesta de parte de la recurrida.

Seguidamente destacó los principios de la Ley 19.880, conforme a las normas que cita, para referirse luego al artículo 19 numeral 2 de la Constitución Política afirmando que, en el presente caso, la recurrida ha infringido las normas y principios que rigen los procedimientos administrativos, dándole un trato desigual al recurrente con respecto a otros extranjeros.

Termina solicitando condenar al Servicio Nacional de Migraciones, a dar respuesta al proceso expulsivo del recurrente en el más breve plazo posible, o lo que la Corte juzgue necesario para reestablecer el imperio del derecho, con costas.

SEGUNDO: Que informó la abogada Pamela Ahumada Zamorano, en representación del Servicio Nacional de Migraciones, solicitando el rechazo de la acción.

Indica que el 8 de marzo de 2013 don nombre reservado, nacional de Perú, ingresó por primera vez al país por el paso fronterizo Carretera de Chacalluta, como residente transitorio; y luego de cumplir con los requisitos legales en cuanto al plazo de residencia legal en Chile para optar a la permanencia definitiva en el país, mediante la Resolución Exenta N°170.066 de fecha 30 de septiembre de 2015, el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio de Interior y Seguridad Pública le otorgó al recurrente un permiso de residencia definitiva, el que se encuentra actualmente vigente.

Señala que por sentencia definitiva de fecha 14 de marzo de 2019 en procedimiento abreviado, en causa RIT 8625-2018; RUC 1801160395-1 del Juzgado de Garantía de La Serena, se le condenó a la pena de 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo, más la accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena, por el delito consumado de robo con violencia, previsto y sancionado en el artículo 432 del Código Penal. otorgándole el beneficio de libertad vigilada intensiva mientras dure la condena, cuyos hechos reproduce.

Explica que según el artículo 132 de la Ley N°21.325 y el artículo 141 de su reglamento, mediante acta de notificación de fecha 19 de junio de 2023 emitida por la Policía de Investigaciones de Chile, se le informó personalmente al recurrente del oficio ordinario N°69799 de fecha 18 de noviembre de 2022 de ese Servicio, que inicia un procedimiento sancionatorio en su contra por infringir la legislación migratoria vigente conforme la sentencia ya señalada, oficio en el que se le otorga un plazo de 10 días hábiles contados desde su notificación, para realizar sus descargos en relación a la causal de expulsión invocada, debiendo acompañar todos los antecedentes que estime relevantes para resolver su situación migratoria.

Indica que el 22 de junio de 2023 el recurrente remitió a ese Servicio sus descargos, señalando: “que ha dado cumplimiento de forma absoluta a la condena a través de la pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva, con informe de egreso de fecha 20 de marzo de 2022; que, ha ajustado su actuar a todos los requerimientos impuestos por la Autoridad; y que, se encuentra trabajando, al menos, desde el año 2022 en la empresa "FERRET ING y Servicios LTDA". Para sustentar sus descargos acompaño los siguientes documentos: copia de Resolución Judicial de fecha 25 de marzo de 2022 del Juzgado de Garantía de La Serena, donde señala que el extranjero tiene por cumplida su pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva; copia de Contrato de Trabajo Notariado; copia de Anexo de Contrato de Trabajo; copia de Certificado de vacaciones laborales; copias de Cotizaciones de Fonasa y AFP; copia de Liquidaciones de Sueldo; Copia de Certificado de Capacitación Laboral SENCE”.

Expresa que según el artículo 129 de la Ley N°21.325 y en el artículo 137 de su Reglamento, se ha ponderado que el extranjero cuenta con sentencia condenatoria en causa RIT 8625-2018; RUC 1801160395-1 del Juzgado de Garantía de La Serena, en la que se le condena a la pena de 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo como autor del delito de robo con violencia, previsto y sancionado en el artículo 432 del Código Penal, mencionado en el considerando N°2. “Que, dicha conducta ilícita vulnera los bienes jurídicos de la seguridad pública, propiedad y libertad personal, lo que genera graves consecuencias sociales, que afectan los intereses colectivos resguardados por el Estado y cuya realización atenta directamente contra el bienestar común y orden social.

Que no registra reiteración de infracciones migratorias.

Que, residió de manera regular en Chile desde el año 2013, y es titular de residencia definitiva, la cual fue otorgada mediante Resolución Exenta N°170.066, y que dicho permiso se mantiene vigente.

Que el extranjero no acredita vínculos familiares directos en Chile de los enumerados en el artículo 129 N°5 y N°6 de la Ley N°21.325 de Migración y Extranjería, Que no ha realizado contribuciones de índole social, política, cultural, artística, científica o económica en el país, y la gravedad del hecho ilícito por los que fue condenado, vulnera los bienes jurídicos de seguridad pública, integridad física, propiedad, libertad personal, y seguridad en el tránsito y las vías públicas, lo que genera graves consecuencias sociales, que afectan los intereses colectivos resguardados por el Estado y cuya realización atenta directamente contra el bienestar común y orden social”.

Añade que, debido a los antecedentes esgrimidos, el Servicio Nacional de Migraciones dictó la Resolución Exenta N°46012 de fecha 10 de octubre de 2023, que ordena la expulsión del país de don nombre reservado, de nacionalidad peruana, con cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, disponiéndose adicionalmente un impedimento de ingreso al territorio nacional por el plazo de 20 años contados desde que el extranjero hiciere abandono del territorio nacional.

Explica que la resolución de expulsión N°46012 de fecha 10 de octubre de 2023 emitida por ese Servicio, se encuentra pendiente de ser notificada al extranjero recurrente, por parte de funcionarios de Policía de Investigaciones de Chile, siendo dicha unidad especializada la que puede entregar mayor información al respecto, dado que ese Servicio ha actuado conforme lo dispuesto en la Ley N°21.325 y su reglamento.

Afirma que la Resolución Exenta de expulsión N°46012 de fecha 10 de octubre de 2023, fue dictada por autoridad competente y dentro de la esfera de sus atribuciones, por el Servicio Nacional de Migraciones, a quien le fue conferida legalmente esa facultad en virtud del artículo 126 y artículo 132 de la Ley 21.325, normas que reproduce.

Aduce que la Ley N°21.325 de Migración y Extranjería, contempla la aplicación de la medida de expulsión para ciertos casos calificados, establecidos en su artículo 128 N°2, en relación con las causales del artículo 32 N°5, normas que reproduce.

Arguye que la autoridad no solo evalúa la condena, sino el tipo penal, los bienes jurídicos protegidos y afectados por la conducta ilícita del extranjero, así como los antecedentes relevantes del caso, para que los motivos invocados tengan correspondencia con la salida forzada del territorio nacional del recurrente, para que la expulsión sea el medio idóneo y necesario para el cumplimiento del fin que la sustenta, enfatizando que fue condenado por el delito de robo con violencia, delito que vulnera los bienes jurídicos de seguridad pública, propiedad y libertad personal, lo que genera graves consecuencias sociales que afectan los intereses colectivos resguardados por el Estado y cuya realización atenta directamente contra el bienestar común y orden social, siendo el hecho acreditado en la correspondiente sentencia penal y cometido por el recurrente, lo que da cuenta de una conducta de completo irrespeto de nuestro ordenamiento jurídico, de normas sociales mínimas de convivencia, por lo que a juicio de la autoridad administrativa, la afectación a los bienes jurídicos vulnerados es de tal gravedad, que la medida que corresponde aplicar no es otra que la expulsión del país, ajustándose así a un estándar de proporcionalidad respecto de la actividad delictual desplegada por el recurrente durante su estadía en el país.

Por otro lado, indica que ni en los descargos remitidos con fecha 22 de junio de 2023, ni en la presente acción, se adjunta antecedente alguno que acredite algún vínculo familiar de los mencionados en el artículo 129 N°5 y N°6 de la Ley N°21.325.

Señala que se advierte que no existe acción u omisión arbitraria o ilegal que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio del extranjero recurrente respecto de las garantías incoadas, por cuanto esa autoridad dictó la Resolución Exenta N°46.012 de fecha 10 de octubre de 2023, que expulsa al extranjero recurrente, la cual estaría actualmente pendiente de notificación por aparte de la autoridad correspondiente, esto es Policía de Investigaciones de Chile.

Termina solicitando el rechazo de la presente acción constitucional de amparo – debió haber dicho de protección - en todas sus partes por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria por parte de esa autoridad que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de alguno de los derechos protegidos por la Constitución Política de la República.

TERCERO: Que de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que, en la especie, se dirige la acción en contra del supuesto actuar ilegal y arbitrario de la recurrida, consistente en la omisión de pronunciamiento respecto de los descargos presentados por el actor en junio de 2023, en el marco del procedimiento sancionatorio, dado que el actor indicó en su recurso, que tras haber sido notificado el 19 de junio de 2023 del procedimiento sancionatorio, remitió dentro del plazo de 10 días hábiles, la documentación requerida por el Servicio Nacional de Migraciones, pero a la fecha no ha recibido respuesta, ya sea favorable o no para él, lo que lo mantiene en incertidumbre.

A su turno, la recurrida señaló que el 10 de octubre de 2023 y tras la recepción de los descargos del recurrente, se ponderaron los antecedentes y se dictó con fecha 10 de octubre de 2023, la Resolución Exenta N°46012 que resolvió ordenar la expulsión del recurrente, disponiendo adicionalmente un impedimento de ingreso al territorio nacional por el plazo de 20 años; en lo axial, se añadió que dicha resolución aún no ha sido notificada al extranjero recurrente por parte de los funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile.

SEXTO: Que atendiendo a estos conceptos y para lo que ha de resolverse, teniendo especialmente presente que, sin perjuicio de la falta de notificación aludida, ha existido un pronunciamiento de la autoridad migratoria, dentro del procedimiento de expulsión, no se advierte, a la sazón, la omisión esgrimida por el recurrente, deviniendo en la pérdida de oportunidad del recurso, razón por la que éste será desestimado, sin perjuicio de las medidas que la autoridad migratoria deberá adoptar para que la Policía de Investigaciones de Chile notifique a la brevedad al recurrente la Resolución Exenta N°46012 en la forma prevista en la Ley 21.325.

Por estas consideraciones y atendido además lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE DESESTIMA sin costas el recurso de protección deducido por la abogada Marcela Giacamán Pérez, en representación de don nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, sin perjuicio que la autoridad migratoria deberá arbitrar las medidas para que la Policía de Investigaciones de Chile, notifique la Resolución Exenta N°46012 al recurrente en la forma indicada en el motivo sexto.

Regístrese y comuníquese.

Rol 539-2025 (PROT)