nombre reservado con UNIVERSIDAD DE NTOFAGASTA

Antofagasta, a veinte de abril de dos mil veintiséis.

VISTOS:

La comparecencia de Felipe Lizama Allende, abogado, en favor de nombre reservado, ingeniero, académica titular y Decana de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antofagasta, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Universidad de Antofagasta, corporación estatal universitaria de derecho público, representada legalmente por su Rector, don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por el acto ilegal y arbitrario consistente en la dictación y notificación de la Resolución Exenta N°3 de 6 de febrero de 2026, notificada con igual data a la recurrente, que ratificó la medida disciplinaria de destitución en su contra, estimando que ello conculca las garantías del art. 19 N°2 igualdad ante la ley, y art. 19 N°24 Derecho de propiedad en todas sus especies de la Constitución Política de la República, solicitando ordenar dejar sin efecto el acto recurrido, y se ordene la inmediata reincorporación de la vulnerada a su cargo, en las mismas condiciones en que se encontraba antes de la dictación del acto impugnado, todo ello con costas.

Evacuando el informe la recurrida solicitó el rechazo del recurso en todas sus partes.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que se indica en el recurso que la actora es la actual decana de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antofagasta, académica jerarquizada luego de dos períodos calificatorios, en propiedad, en la aludida Entidad Universitaria, y la primera decana mujer de esa Casa de estudios, de profesión Ingeniera Comercial y Doctora en Dirección de Proyectos de la Universidad de Zaragoza, quien fue vicerrectora económica y, en esa calidad, directora de gestión del proyecto Hospital Clínico de la Universidad de Antofagasta.

Añade que su especialización en minería ha sido trascendental para la proyección de la citada Facultad con más de 100 años de existencia y por sus cualidades humanas y profesionales ha sido electa en distintos cargos, y posiblemente, en un escenario electoral universitario puede resultar inconveniente a otras autoridades actuales de la Universidad de Antofagasta su permanencia en esa institución estatal de educación superior, lo que, de facto, ya se materializó, porque no pudo ser incorporada como candidata al proceso electoral en que repostula el actual Rector, situación que ha sido puesta en conocimiento de la comunidad por medios de comunicación social, según detalla.

Seguidamente aludió al procedimiento disciplinario ordenado instruir por la Universidad de Antofagasta, en el año 2019, por hechos acaecidos el año 2018, en que se aplica una medida disciplinaria expulsiva el año 2025, precisando que el 21 de junio de 2019, la Universidad de Antofagasta, en ejercicio de su potestad disciplinaria, instruyó un sumario administrativo por Resolución Exenta N°2.240, para indagar eventuales responsabilidades administrativas derivadas del Informe de Auditoría Especial N°3 de 2019, relativas al proyecto "Hospital Clínico Universidad de Antofagasta" (HCUA). Añade que el 7 de octubre de 2019, la Contraloría Regional de Antofagasta dictó la Resolución Exenta N°PD01031, que, en su ordinal 2° de la parte resolutiva dispuso expresamente “suspender” el sumario universitario y "acumularlo" al procedimiento del Ente Contralor.

Destaca que la Administración mantuvo el expediente en un estado de latencia por otros tres años y solo el 15 de enero de 2025, la Fiscal Instructor emitió su Vista Fiscal, proponiendo la medida de destitución, propuesta que puede la jefatura de servicio -el Sr. Rector- aprobar, rechazar o modificar, por ser este órgano quien puede aplicar los castigos disciplinarios.

Indica que desde el último acto que se ha reprochado administrativamente a la señora nombre reservado, contenido en la vista fiscal y la aprobación de esta, transcurrieron 6 años y 2 meses y el Rector de la citada Universidad, por Resolución Exenta N°3.415, de 27 de noviembre de 2025, dispuso aplicar en contra de la señora nombre reservado la medida disciplinaria de destitución.

Añade que la actora dedujo un recurso de reconsideración, el que fue desestimado por Resolución Exenta N°3, que es la que se impugna por este arbitrio constitucional.

Expresa que sin perjuicio que el acto administrativo en cita reiterara parcialmente los argumentos de la antedicha Res. N°3.415, en la citada resolución se esgrime -a la letra- que “no se configuró la hipótesis del inciso segundo del artículo 159, al no haber concluido el período calificatorio 2023-2024” (ordinal 5º de la Res. Exenta 3, de 2 de febrero de 2026).

Sostiene que dicho error de hecho es determinante para la acción en comento, siendo la resolución N°3 de la Universidad de Antofagasta ilegal, primeramente, por la materialización de dos períodos calificatorios, al menos, que fuerzan a la Universidad a declarar prescrita la acción disciplinaria situación que omite del todo la res. 3, de ese origen, pues, la señora nombre reservado fue calificada en todos esos períodos, como da cuenta la documental que acompaña, destacando que según se aprecia en comunicado de la Vicerrectoría Académica, de 14 de agosto de 2024, se abrió un proceso extraordinario para la regularización de Calificación Académica Periodos 2022 y 2023 y seguidamente la Junta Directiva de la Universidad, cursó el acuerdo N°1.863, de 5 de abril de 2024, estatuyendo en lo pertinente que “Se dispone que el proceso de encasillamiento del personal académico, jornada completa y media jornada, de la planta regular, en calidad de contrata al 31 de diciembre de 2023”, con arreglo a las siguientes reglas: a) Tener una permanencia de igual o superior a seis años en calidad de contrata en la planta académica regular, jornada completa o media jornada en la Universidad de Antofagasta. b) Tener una calificación académica, de “destacada”, “meritorio” o “sin observaciones” en el último proceso de calificación académica.

Añade que, a su turno, en la Nómina de entrega de calificación académica, de 12 de diciembre de 2024, la señora nombre reservado fue igualmente calificada y finalmente, por comunicación electrónica de 13 de igual mes y año, enviada por nombre reservado, Vicerrectora Académica de la Universidad, se informa que la Carta de Aceptación para su encasillamiento en propiedad estará disponible para su firma entre los días 16 y 17 de diciembre.

Explica que por ello la señora nombre reservado, tuvo dos procedimientos calificatorios e incluso más, pasó a la planta de la apuntada Entidad, por lo que, cualquier procedimiento disciplinario debe examinarse según la prescripción de la acción disciplinaria del art. 159, inciso segundo, del DFL 29, de 2005, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº18.834, sobre el Estatuto Administrativo.

Indica que es un hecho público y notorio que, a la fecha de aplicarse la medida disciplinaria, ratificada por el acto que hoy cuestiona, el país se encontraba “ad portas” de un proceso eleccionario, pues, el 16 de noviembre de 2025 se celebraron las elecciones Presidenciales y Parlamentarias y según los artículos 156 y 157 de la Ley N°10.336, Orgánica Constitucional de la Contraloría General, desde treinta días antes de dicha elección (esto es, desde el 17 de octubre de 2025) se activó el periodo de protección o "fuero electoral", durante el cual está prohibido decretar medidas disciplinarias expulsivas, y la propia Contraloría General, por Oficio N°E64479 de 16 de abril de 2025, instruyó a todos los servicios públicos sobre la vigencia y obligatoriedad de esta prohibición, recordando el deber de prescindencia y la imposibilidad de aplicar destituciones, según reza de manera textual la Resolución Exenta N°PD01031 y la vista fiscal en su visto N°1: “.-La resolución exenta NºPD01031, de 7 de octubre de 2019, de esta Contraloría Regional, que ordena instruir sumario administrativo en la Universidad de Antofagasta y dispone la acumulación del proceso disciplinario instruido por esa casa de estudios a través de la resolución exenta Nº2.240, de 2019, designando como fiscal instructor a la funcionaria infrascrita.” hechos que son de conocimiento indubitable para la Universidad de Antofagasta.

Seguidamente sostuvo que la Resolución 3, de la Universidad de Antofagasta, se realizó en abierta y palmaria infracción al art. 159, inciso 2° del estatuto administrativo, que establece la prescripción de la acción disciplinaria.

Señala que el artículo 158 de la Ley N°18.834, dispone que “La acción disciplinaria de la Administración contra el funcionario, prescribirá en cuatro años contados desde el día en que éste hubiere incurrido en la acción u omisión que le da origen. No obstante, si hubieren hechos constitutivos de delito la acción disciplinaria prescribirá conjuntamente con la acción penal.” mientras que el artículo 159 del mismo cuerpo legal, preceptúa que “La prescripción de la acción disciplinaria se interrumpe, perdiéndose el tiempo transcurrido, si el funcionario incurriere nuevamente en falta administrativa, y se suspende desde que se formulen cargos en el sumario o investigación sumaria respectiva. Si el proceso administrativo se paraliza por más de dos años, o transcurren dos calificaciones funcionarias sin que haya sido sancionado, continuará corriendo el plazo de la prescripción como si no se hubiese interrumpido.”

Indica que sin perjuicio de haberse formulado los cargos el año 2022 a la señora nombre reservado, operando la suspensión regulada por la normativa transcrita, lo cierto es que, a contar del inicio del procedimiento administrativo, transcurrieron más de 2 períodos calificatorios, sin que la recurrente haya sido sancionada, debiendo por ello aplicarse el inciso segundo del artículo 159 de la Ley N°18.834, en tanto dispone que si en el proceso administrativo transcurren dos calificaciones funcionarias sin que el investigado haya sido sancionado, continuará corriendo el plazo de la prescripción como si no se hubiese “interrumpido”, cuestión que en términos semejantes a lo establecido en el artículo 96 del Código Penal, debe entenderse referido a que no se ha suspendido el respectivo procedimiento, y por ello el plazo debe computarse desde el acaecimiento del hecho, abstrayéndose del efecto suspensivo generado por la formulación de cargos, debiendo entenderse que el plazo de prescripción continuó corriendo, por lo que no cabe sino entender que, a la fecha de la resolución N°3, que se reclama por esta vía constitucional, y a la fecha de la completa tramitación de aquella que impuso la medida reclamada, la acción disciplinaria se encontraba prescrita, razón por la que no podía ser impuesta la medida impugnada, citando jurisprudencia y explicando que la materia en comento puede ser conocida por la vía del recurso de protección.

Sostiene que en la especie, no existen discrepancias respecto de los supuestos fácticos que dan origen a los presentes autos, porque ambas partes están contestes de la fecha de los hechos imputados, de la fecha de formulación de cargos, de las calificaciones funcionarias y de la notificación del acto administrativo recurrido, reiterando que el tenor literal del inciso segundo del artículo 159 es claro en señalar que la reanudación del plazo de prescripción ocurrirá cuando se presenten dos hipótesis, la primera, en el evento que el proceso administrativo se paralice por más de dos años y la cuando no obstante haber continuado su tramitación, transcurren “dos calificaciones funcionarias” sin que el inculpado haya sido sancionado.

Hace presente que, según el criterio uniformemente aplicado por la Contraloría General, por ejemplo, en su dictamen N°92.240 de 2014, el 31 de diciembre de cada año es la fecha límite para contabilizar el término del respectivo proceso calificatorio y, en consecuencia, la eventual reanudación del cómputo del plazo de prescripción de la acción disciplinaria.

Explica que ello significa, que la segunda hipótesis no se basa en la evaluación particular del funcionario objeto del proceso disciplinario, sino que supone una contabilización objetiva del lapso que debe completarse para restablecer el cómputo del término de prescripción por el que se consulta, por lo que la regla anotada se aplica a todo aquel que quiera beneficiarse de los efectos que derivan de la reanudación del mencionado plazo, con independencia de las normas estatutarias que rigen la relación funcionarial del afectado, en la medida que el pertinente proceso disciplinario se haya regido por la aludida ley N°18.834, tal como lo expresa el Dictamen N°7.120, de 2018, de la Contraloría General de la República.

Arguye que en la especie según lo precisara esta Entidad de Control mediante los dictámenes Nos 17.865, de 1995 y 22.814, de 2010, si bien la norma del inciso segundo prevé, en lo pertinente, que si transcurren dos calificaciones funcionarias sin que el sumariado haya sido sancionado, seguirá corriendo el plazo de la prescripción como si no se hubiese “interrumpido”, lo cierto, es que del contexto del precepto en referencia y de las disposiciones estatutarias antes relacionadas aparece que en esa regla se ha empleado impropiamente la palabra interrumpido en lugar de “suspendido”. Añade que agrega el citado dictamen N°17.865, de 1995 que, conforme al expreso mandato del artículo 159, la interrupción, por su propia naturaleza, importa la pérdida del tiempo transcurrido, de manera que no es posible que el período anterior al momento en que ella se produce pueda ser tenido en cuenta para completar el respectivo plazo de prescripción, concluyendo la anotada jurisprudencia, que la expresión final del inciso segundo del precepto en análisis no puede sino referirse a la suspensión de la prescripción, pues de entenderse lo contrario carecería de sentido la regla de que "continuará corriendo" el plazo, que el mismo contempla, por ser ella inconciliable con la figura de la interrupción, la cual, hace perder el tiempo anterior y no resulta posible concebir la continuación de algo que ya se ha perdido.

Luego sostuvo que la res. 3, de 2026, de la Universidad de Antofagasta, incurre en desviación de fin, indicando que varios son los fallos de la Excelentísima Corte Suprema en que se acepta, explícitamente, que la desviación de fin es una de las maneras en que puede manifestarse la antijuridicidad a que se refiere el art. 20 de la CPR, sea por ilegalidad o arbitrariedad, destacando que la Corte Suprema ha integrado recientemente la desviación de poder como causal de ilegalidad de derecho público, y de modo bastante completo, según la jurisprudencia que cita, afirmando que hay antecedentes que permiten colegir senda desviación de poder en el caso en estudio, para sacar de la competencia electoral para Rectora de la Universidad de Antofagasta, a la recurrente.

Indica que según lo expuesto, y habiéndose acreditado que la Resolución Exenta 3, de 6 de febrero de esta anualidad constituye un acto ilegal —por dictarse en contravención expresa al fuero electoral— y arbitrario —por configurarse graves vulneraciones al debido proceso, proporcionalidad e igualdad ante la ley—, dicho acto ha privado y perturbado el ejercicio de los derechos constitucionales de la persona a quien recurro en su favor, particularmente los consagrados en los numerales, 2° y 24 del artículo 19 de la Constitución Política, por lo que corresponde que la Corte adopte todas aquellas medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de la afectada, dejando sin efecto la resolución recurrida y ordenando su reincorporación inmediata.

Señala que, además, la resolución recurrida adolece de un vicio de arbitrariedad al sancionar a la actora basándose en una multiplicación artificial de cargos.

Explica que la resolución sancionatoria es arbitraria porque no pondera la irreprochable conducta anterior ni la colaboración, aplicando el máximo rigor de la ley sin justificación racional, no considerando ningún otro factor objetivo y coincide con aspiraciones electorales, siendo palmario que el fin por el que se cursó la misma no se aviene al interés público ni al propósito de la potestad disciplinaria, privativa del Jefe de Servicio, sino que, desafortunadamente, coincide con sustraer del debate universitario a una de las más preclaras servidoras de la Universidad de Antofagasta.

Luego examinó latamente los derechos constitucionales afectados por la resolución 3 de la Universidad de Antofagasta, siendo estos la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad.

Termina solicitando ordenar dejar sin efecto el acto recurrido, y se ordene la inmediata reincorporación de la vulnerada a su cargo, en las mismas condiciones en que se encontraba antes de la dictación del acto impugnado, todo ello con costas.

SEGUNDO: Que el abogado Javier González Cuevas, en representación de la recurrida, informó el recurso solicitando el íntegro rechazo del recurso.

Primeramente hace presente que estamos frente a un segundo recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado, dirigida también contra un acto trámite originado en sumario administrativo instruido por la Contraloría Regional de Antofagasta (“CRA”) por medio de Resolución Exenta N°PD01031, de 7 de octubre de 2019, en el ejercicio de las facultades que le entrega la ley Nº10.336, Orgánica Constitucional de Contraloría General de la República (“LOCGR”), a cuyo término se propuso -entre otros- a la recurrente, la medida disciplinaria de destitución.

Precisa que el primer recurso fue interpuesto el 3 de diciembre de 2025, bajo el Rol Nº2181-2025 por doña nombre reservado, contra la Resolución Exenta N°3415 de 27 de noviembre de 2025 que compartiendo la propuesta del Ente Contralor, aplicó la medida disciplinaria de destitución, acto, que según el artículo 141 del D.F.L. N°29 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que Fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley Nº18.834, Sobre Estatuto Administrativo, es susceptible de los recursos que franquea la ley, correspondiendo luego de ser resueltos los recursos respectivos, someterlo al trámite de toma de razón, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 18, numeral 7, de la Resolución Nº36, de la Contraloría General de la República que “Fija Normas Sobre Exención del Trámite de Toma de Razón”.

Señala que esta Corte por resolución de 9 de enero de 2026 rechazó la citada acción de protección la que fue confirmada por sentencia dictada en los autos Rol Nº3924-2026 por la Excma. Corte Suprema con fecha 8 de abril de 2026 y el 2 de marzo de 2026, se dictó la Resolución Afecta Nº15, de la Universidad de Antofagasta, que aplica entre otros, a la recurrente una medida disciplinaria. Añade que, contra dicho acto administrativo de término, se interpuso por la recurrente ante la Contraloría General de la República, con fecha 16 de marzo de 2026, el reclamo contemplado en el artículo 160 del D.F.L N°29 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que Fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley Nº18.834, Sobre Estatuto Administrativo.

Explica que a la fecha en que se interpuso la acción no existía resolución que afine el sumario administrativo objeto del recurso, sino que un procedimiento en trámite que se ha desarrollado conforme la normativa que regula la materia, pues, pretender lo contrario es forzar la causal de protección hasta desnaturalizarla, ya que, sin acto final, no hay objeto tutelable y sin objeto tutelable, el recurso debe ser rechazado de plano.

Refiere que la Contraloría Regional de Antofagasta sustanció en la UA un procedimiento disciplinario ordenado instruir por Resolución Exenta N°PD01031, de 7 de octubre de 2019, mediante el cual se acumuló el proceso disciplinario instruido por esa casa de estudios a través de la Resolución Exenta Nº2.240, de 2019. Añade que, en cuanto al procedimiento, la CRA lo sustanció según la Resolución Nº510 de 2013, que aprobó el Reglamento de Sumarios instruidos por la Contraloría General de la República.

Expresa que el sumario administrativo tuvo por objeto investigar y determinar las eventuales responsabilidades administrativas por presuntas irregularidades cometidas en la elaboración, planificación y ejecución del proyecto Hospital Clínico de la Universidad de Antofagasta, las cuales, además, pudieron haber afectado el patrimonio de esta Casa de Estudios superiores.

Añade que en el marco de la investigación se formularon cargos a diversos funcionarios, entre ellos, a la recurrente doña nombre reservado, a la época de los hechos, vicerrectora económica y directora de gestión del proyecto Hospital Clínico de la Universidad de Antofagasta, siendo los cargos formulados (ocho) del siguiente tenor:

CARGO PRIMERO: En su calidad de vicerrectora económica y directora de gestión del proyecto Hospital Clínico de la Universidad de Antofagasta - cargo que ejercía al momento de lo ocurrencia de los hechos que se reprochan-, actual docente de la universidad, por no haber observado la encomendación de la ejecución del proyecto “Hospital Clínico” a la Corporación de Desarrollo Norte Grande, en enero de 2018, por no cumplir con la normativa vigente, conducta que constituye una vulneración a lo dispuesto en los artículos 7º, de la Constitución Política; 9º, de la ley 18.575; 59, letra b) del DFL Nº148, de 1982, con relación al artículo 19, Nº21, de la Constitución Política y el artículo 6º de la ley Nº18.575; 61, letras b) y c) y 64, letras b) y c), de la ley Nº18.834; 8º, del DFL Nº36, de 1980, del Ministerio de Salud, con relación al artículo 23, letras h) e i), del DL Nº2.763, de 1.979.

CARGO SEGUNDO: En su calidad de vicerrectora económica y directora de gestión del proyecto Hospital Clínico de la Universidad de Antofagasta - cargo que ejercía al momento de lo ocurrencia de los hechos que se reprochan-, actual docente de la universidad, por no haber velado por la correcta administración del inmueble ubicado en domicilio reservado, Antofagasta y los muebles entregados en comodato por el Servicio de Salud de Antofagasta, mediante la resolución exenta Nº6.879, de 30 de diciembre de 2016, refundida por la resolución exenta Nº589, de 2018, del Servicio de Salud de Antofagasta. Conducta que constituye una vulneración a lo dispuesto en los artículos 7º, de la Constitución Política; 3º, 5º y 11 de la ley 18.575; 61, letras b) y c) y 64, letras b) y c), de la ley Nº18.834; decreto Nº30, de 1997 y decreto exento Nº995, ambos de la Universidad de Antofagasta.

CARGO TERCERO: En su calidad de vicerrectora económica y directora de gestión del proyecto Hospital Clínico de la Universidad de Antofagasta - cargo que ejercía al momento de lo ocurrencia de los hechos que se reprochan-, actual docente de la universidad, por no haber observado la constitución de la Casa de Estudios como avalista o codeudor solidario en los avenimientos celebrados en las causas laborales RIT T-34-2019, T-66-2019, T-92-2019, todas del juzgado de Letras del Trabajo de Antofagasta, sin tener el rector la facultad para constituir tales tipos de cauciones, por un monto total de $86.164.286. Conducta que constituye una vulneración a lo dispuesto en los artículos 7º, de la Constitución Política; 3º y 5º de la ley 18.575; 61, letras b) y c) y 64, letras b) y c), de la ley Nº18.834; 8º, del D.F.L. Nº36, de 1980, del Ministerio de Salud, con relación al artículo 23, letras h) e i), del decreto ley Nº2.763, de 1.979; 13, del D.F.L. 148, de 1982, del Ministerio de Educación, que fija el estatuto orgánico de la Universidad de Antofagasta y el 8º, numeral 8.3, de la resolución exenta Nº1.600, de 2008, de la Contraloría General; decreto Nº30, de 1997 y decreto exento Nº995, ambos de la Universidad de Antofagasta.

CARGO CUARTO: En su calidad de vicerrectora económica y directora de gestión del proyecto Hospital Clínico de la Universidad de Antofagasta - cargo que ejercía al momento de lo ocurrencia de los hechos que se reprochan-, actual docente de la universidad, por no haber observado la suscripción del contrato de cesión de derechos con la Corporación de Desarrollo Norte Grande, de fecha 5 de diciembre de 2018, con el objeto de adquirir el 100% de las acciones y derechos que le correspondían a la mencionada institución privada, en su calidad de titular de la totalidad de las licencias descritas en la cláusula primera del mismo contrato, por no ajustarse a derecho. Conducta que constituye una vulneración a lo dispuesto en los artículos 7º, de la Constitución Política; 3º, 5º y 9º de la ley 18.575; 61, letras b) y c) y 64, letras b) y c), de la ley Nº18.834; 5º y 8º, de la ley Nº19.886; 13, del D.F.L. 148, de 1982, del Ministerio de Educación, que fija el estatuto orgánico de la Universidad de Antofagasta y el 9º, numeral 9.1.1., de la resolución exenta Nº1.600, de 2008, de la Contraloría General; decreto Nº30, de 1997 y decreto exento Nº995, ambos de la Universidad de Antofagasta CARGO QUINTO: En su calidad de vicerrectora económica y directora de gestión del proyecto Hospital Clínico de la Universidad de Antofagasta - cargo que ejercía al momento de lo ocurrencia de los hechos que se reprochan-, actual docente de la universidad por haber solicitado la contratación directa para la adquisición de licencias sistema SAP para el Hospital Clínico de la Universidad de Antofagasta, aprobada mediante la resolución exenta Nº4.964, de 2018, con la empresa Seidor Chile S.A., sin fundamento o justificación legal. Conducta que constituye una vulneración a lo dispuesto en los artículos 7º, de la Constitución Política; 3º, 5º, 9º, 13 de la ley 18.575; 61, letras b), c) y g) y 64, letras b) y c), de la ley Nº18.834; 5º y 8º, de la ley Nº19.886; decreto Nº30, de 1997 y decreto exento Nº995, ambos de la Universidad de Antofagasta y de igual forma, se ha infringido gravemente el principio de probidad administrativa, consagrado en el artículo 52, de la ley 18.575, con relación a los numerales 3, 7 y 8, del artículo 62, del mismo cuerpo normativo.

CARGO SEXTO: En su calidad de vicerrectora económica y directora de gestión del proyecto Hospital Clínico de la Universidad de Antofagasta - cargo que ejercía al momento de lo ocurrencia de los hechos que se reprochan-, actual docente de la universidad, por no haber ejercido el debido control jerárquico en la Vicerrectoría Económica, con relación a la solicitud por parte de esa unidad de la contratación directa para la adquisición de licencias sistema SAP para el Hospital Clínico de la Universidad de Antofagasta, aprobada mediante la resolución exenta Nº4.965, de 2018, con la empresa Seidor Chile S.A., sin fundamento o justificación legal. Conducta que constituye una vulneración a lo dispuesto en los artículos 7º, de la Constitución Política; 3º, 5º, 9º, 13 de la ley18.575; 61, letras b), c) y g) y 64, letras b) y c), de la ley Nº18.834; 5º y 8º, de la ley Nº19.886; decreto Nº30, de 1997 y decreto exento Nº995, ambos de la Universidad de Antofagasta; y de igual forma, se ha infringido gravemente el principio de probidad administrativa, consagrado en el artículo 52, de la ley 18.575, con relación a los numerales 3, 7 y 8, del artículo 62, del mismo cuerpo normativo.

CARGO SÉPTIMO: En su calidad de vicerrectora económica y directora de gestión del proyecto Hospital Clínico de la Universidad de Antofagasta - cargo que ejercía al momento de lo ocurrencia de los hechos que se reprochan-, actual docente de la universidad, por no haber velado que los funcionarios encargados de las finanzas de la universidad obtuvieran la restitución de monto $76.795.444, retenidos por el Banco Estado, con fecha 31 de mayo de 2019, desde la cuenta corriente Nº[cuenta reservada]. Conducta que constituye una vulneración a lo dispuesto en los artículos 7º, de la Constitución Política; 3º, 5º, 9º, 13 de la ley 18.575; 61, letras b), c) y g) y 64, letras b) y c), de la ley Nº18.834; decreto Nº30, de 1997 y decreto exento Nº995, ambos de la Universidad de Antofagasta y de igual forma, se ha infringido gravemente el principio de probidad administrativa, consagrado en el artículo 52, de la ley 18.575, con relación al numeral 8, del artículo 62, del mismo cuerpo normativo.

CARGO OCTAVO: En su calidad de vicerrectora económica y directora de gestión del proyecto Hospital Clínico de la Universidad de Antofagasta - cargo que ejercía al momento de lo ocurrencia de los hechos que se reprochan-, actual docente de la universidad, por no haberse abstenido de la encomendación que le realizara la Universidad de Antofagasta a la Fundación Red de Salud de la Universidad de Antofagasta en la gestión del mentado proyecto, específicamente en la realización de prestación médicas y la recepción del pago de estas, advirtiéndose que, al momento de dicha actuación, usted formaba parte integrante del directorio de la fundación, generándose un conflicto de intereses, al tenor del inciso 2º, del numeral 6, del artículo 62, de la ley Nº18.575. Conducta que constituye una vulneración a lo dispuesto en los artículos 13 de la ley 18.575 y 61, letra g), de la ley Nº18.834. Añade que, de igual forma, se ha infringido gravemente el principio de probidad administrativa, consagrado en el artículo 52, de la ley 18.575, con relación al numeral 6, inciso 2º, del artículo 62, del mismo cuerpo normativo.

Señala que, formulados los descargos, el fiscal instructor de la CRA se hizo cargo de estos en la Vista Fiscal, precisando con relación a la tramitación del proceso disciplinario y petición de decaimiento del procedimiento, que el sumario administrativo abordó diversas irregularidades complejas, incluyendo temas financieros, presupuestarios, contratación, ejecución de obras, conflictos de interés y probidad, lo que explica su extensión y el volumen del expediente.

Asevera que, sobre la duración del proceso, se indica como fundamento la complejidad de los hechos y pandemia de COVID-19, que generó retrasos razonables.

Expresa que de los ocho cargos formulados se mantuvieron íntegramente los cargos primero, segundo, tercero (de manera parcial), cuarto, quinto, sexto y octavo. Levantándose el cargo séptimo.

Sostiene que la Vista Fiscal conforme el procedimiento del Reglamento de Sumario de la Contraloría General de la República fue aprobado por el jefe de la Unidad Jurídica y luego por el Contralor Regional, el cual mediante Resolución Exenta NºE20411, de 2 de octubre de 2025, propuso aplicar a la recurrente la medida disciplinaria de destitución, contemplada en el artículo 121, letra d) con relación al artículo 125, ambos de la ley N°18.834 y por Oficio NºE172253/2025, de 10 de octubre de 2025, la CRA remitió a esa rectoría copia digital del procedimiento disciplinario y copia de la resolución que propone la sanción de destitución.

Añade que, en cumplimiento de la instrucción del Ente Contralor, ese rector procedió a dictar la Resolución Exenta Nº3415, de 27 de noviembre de 2025, contra la cual se interpuso recurso de reposición, el que fue rechazado por Resolución Exenta Nº3, de 6 de febrero de 2026.

Seguidamente aludió al principio de legalidad como fundamento y límite de la potestad disciplinaria, señalando que durante el desarrollo del procedimiento sumarial, la Fiscalía Administrativa de la CRA y esa Universidad de Antofagasta ha debido sujetarse el Principio de Legalidad, reconocido en la Constitución Política de la República en sus artículos 6º y 7º, y replicado luego en la ley Nº18.575, de Bases Generales de la Administración del Estado, en su artículo 2°, conforme al cual “Los órganos de la Administración del Estado someterán su acción a la Constitución y a las leyes. Deberán actuar dentro de su competencia y no tendrán más atribuciones que las que expresamente les haya conferido el ordenamiento jurídico. Todo abuso o exceso en el ejercicio de sus potestades dará lugar a las acciones y recursos correspondientes.”, principio que impone la observancia del ordenamiento jurídico a todos los órganos del Estado, lo que comprende la obediencia de la Constitución, las leyes, los tratados internacionales y otros instrumentos con fuerza de ley, así como de las normas de rango inferior a la ley incluyendo el sometimiento a la jurisprudencia administrativa de la CGR, citando doctrina, afirmando que la actuación de la CGR al sustanciar el actual procedimiento disciplinario y de ese rector al aprobarla, ha observado el Principio de Legalidad, el cual constituye el límite de las actuaciones y el marco dentro del cual se han ejercido sus atribuciones.

Posteriormente afirmó la improcedencia de la acción de protección, citando jurisprudencia, ya que la acción interpuesta dice relación a un acto trámite, la Resolución Exenta Nº3, de 6 de febrero de 2026, dictándose posteriormente con fecha 2 de marzo de 2026, la Resolución Afecta Nº15, de la Universidad de Antofagasta, que aplica entre otros, a la recurrente una medida disciplinaria, acto administrativo de término, contra el cual la recurrente dedujo ante la Contraloría General de la República, con fecha 16 de marzo de 2026, el reclamo contemplado en el artículo 160 del D.F.L N°29 de 2004, del Ministerio de Hacienda.

Hace presente que un acto administrativo que está sujeto al trámite de toma de razón aun no nace a la vida del derecho, ni puede producir todos sus efectos y precisamente el control de legalidad que efectúa la Contraloría es un control de carácter preventivo que se verifica antes que el acto se encuentre totalmente tramitado y produzca todos sus efectos y en el caso, resueltos los recursos respectivos, la resolución que afina el procedimiento disciplinario debe ser sometida al trámite de toma de razón, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 18, numeral 7, de la Resolución Nº 36, de la Contraloría General de la República que “Fija Normas Sobre Exención del Trámite de Toma de Razón”.

Sostiene que estamos en presencia de un acto administrativo que no ha sido afinado ni aún dictado, por cuanto no existe aún un acto que pueda identificarse como terminal en el procedimiento administrativo respectivo, distinción relevante porque, en nuestro ordenamiento jurídico, por regla general, sólo son impugnables los actos que ponen término al procedimiento: aquellos que se pronuncian sobre el fondo del asunto que ha sido objeto del mismo, porque la impugnación del acto terminal supone la impugnación de los actos trámite que le han servido de fundamento y así por razones de economía procedimental, carece de sentido impugnar un acto, trámite o diligencia del procedimiento, si aquella sólo será estimada o desestimada en el pronunciamiento final, respecto del cual se debe abrir la vía recursiva, citando jurisprudencia.

Señala que nos encontramos frente al segundo acto administrativo intermedio, y no frente a la resolución final afecta al trámite de toma de razón, careciendo la resolución recurrida de la naturaleza de un acto terminal, lo que impide pronunciarse sobre la ilegalidad y arbitrariedad de una decisión final inexistente.

Seguidamente sostuvo la ausencia de vulneración de garantías constitucionales, destacando que la recurrente no reclama en definitiva respecto del acto trámite dictado por este rector, sino que propiamente sobre la forma en que se ha sustanciado el sumario administrativo por parte del Ente Contralor, por lo que no podría configurarse una afectación a la garantía constitucional del artículo 19 N°2 de nuestra Constitución Política de la República, pues, no hay trato diferenciado.

Añade que al no desarrollarse de modo alguno la forma en que se materializa la afectación a la garantía del artículo 19 N°24 no es posible determinar los alcances con el objeto de ejercer un adecuado derecho a defensa, no habiéndose privado a la recurrente de bienes, atributos o facultades esenciales del dominio, ni se ha impuesto restricción alguna sobre el uso, goce o disposición de cosa alguna.

Finalmente, señaló que en lo que respecta a la afectación al debido proceso, no es posible determinar la forma en que la resolución dictada por ese rector no se sujetase al debido proceso, si es parte de un proceso reglado, que ha sido debidamente fundado y que fue notificado a la afectada.

TERCERO: Que el recurso de protección, acción cautelar constitucional consagrada en el artículo 20 de la Carta Fundamental, ha sido establecido para hacer frente a acciones u omisiones ilegales o arbitrarios, de los cuales derive una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos o garantías expresamente señalados en la misma norma. Se trata de un procedimiento cautelar de emergencia, inquisitivo y sin forma de juicio, que tiene por objeto reestablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado frente a garantías constitucionales indubitadas, inequívocas que no generen discusión ni cuestionamiento sobre su existencia.

Asimismo, el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que, como se señaló precedentemente, solo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

CUARTO: Que, en la especie, la recurrente sostiene la ilegalidad y arbitrariedad de la Resolución Exenta N°3 de 6 de febrero de 2026 porque, a su juicio, la misma vulnera el artículo 159 inciso segundo de la Ley 18.834, por cuanto la recurrida debió declarar prescrita la acción disciplinaria, añadiendo que, asimismo, dicha resolución incurre en desviación de fin, toda vez que la sustanciación del procedimiento disciplinario en ciernes y la omisión a normas de orden público e irrenunciables como la prescripción de la acción disciplinaria, persiguen sacar de la competencia electoral para Rectora de la Universidad de Antofagasta a la recurrente, afirmando también que la Resolución Exenta N°3 de 6 de febrero de 2026 constituye un acto ilegal por dictarse en contravención expresa al fuero electoral y arbitrario, por vulnerarse el debido proceso, proporcionalidad e igualdad ante la ley, conculcando las garantías de los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

QUINTO: Que, primeramente, es dable señalar que no se advierte la ilegalidad que se esgrime en el presente arbitrio constitucional, desde que la propia recurrente ha utilizado un medio de impugnación legal contemplado en el procedimiento administrativo – recurso de reposición administrativo – para modificar la decisión contenida en la Resolución Exenta N°3.415 de 27 de noviembre de 2025.

Lo anterior se refuerza con la circunstancia que la actora, paralelamente a la interposición del precitado recurso de reposición administrativo, dedujo contra la misma Resolución Exenta N°3.415, recurso de protección ante esta Corte de Apelaciones, ingresado bajo el Rol Corte N°2181-2025 que se fundó en las mismas consideraciones de hecho y de derecho que se arguyen en la presente acción constitucional, recurso de protección que fue rechazado por sentencia de fecha nueve de enero del presente año, fallo confirmado por la Excma. Corte Suprema mediante resolución de fecha ocho de abril del año en curso.

SEXTO: Que, en otro orden de ideas, según los antecedentes tenidos a la vista, se colige que la decisión de la recurrida, contenida en la primigenia Resolución Exenta N°3.415 que compartiendo la propuesta del Ente Contralor aplicó la medida disciplinaria de destitución a la actora, decisión que se mantuvo en la cuestionada Resolución Exenta N°3 dictada por el Sr. Rector de la Universidad de Antofagasta, no constituyen un acto terminal, por cuanto no se ha verificado el trámite de Toma de Razón por la Contraloría General de la República, lo que implica que, a la sazón, el acto por sí solo, carece de aptitud para producir de manera plena e inmediata los efectos propios de una sanción expulsiva.

SÉPTIMO: Que, asimismo, descarta la ilegalidad que se propugna, la circunstancia que la primigenia resolución se dictó en cumplimiento de lo instruido por la Contraloría Regional de Antofagasta, y aquella que se cuestiona, se verificó en el marco de un medio de impugnación que contempla el propio procedimiento administrativo, mecanismo utilizado por la actora para pretender modificar lo resuelto por el Sr. Rector de la Universidad de Antofagasta.

OCTAVO: Que en lo que dice relación con las alegaciones de fondo del recurso, que versan sobre la duración del procedimiento, la prescripción de la acción disciplinaria y la supuesta contravención al fuero electoral, mismas que ya fueron examinadas al discurrir sobre la ilegalidad y arbitrariedad en los autos sobre recurso de protección Rol Corte 2181-2025, ellas constituyen materias que exceden el ámbito propio y acotado de esta acción cautelar, en cuanto requieren una ponderación de antecedentes de hecho y de derecho que no pueden resolverse a través del presente arbitrio constitucional, sin desnaturalizar su finalidad.

NOVENO: Que, sin perjuicio de lo señalado precedentemente, no se vislumbra, en esta etapa, la existencia de una ilegalidad manifiesta, flagrante o evidente en la dictación del acto impugnado, para concluir, que la recurrida haya actuado fuera del marco de sus atribuciones o en abierta contravención al ordenamiento jurídico, en términos tales que habiliten la intervención cautelar de esta Corte. Tampoco se advierte la existencia de arbitrariedad en la decisión, ya que, a la cuestionada Resolución Exenta N°3 y a la Resolución Exenta N°3.415 les antecedió un procedimiento administrativo disciplinario instruido por la Contraloría General de la República, misma que propuso las sanciones disciplinarias contra varios afectados, y que fuera compartida por el Sr. Rector de la recurrida, plasmada en las resoluciones exentas precitadas, lo que en modo alguno se hizo de manera antojadiza, por mero capricho, desprovisto de razonabilidad, ni a un ejercicio abusivo o desviado de la potestad disciplinaria.

DÉCIMO: Que, en todo caso, respecto del argumento de haber cesado la posibilidad de sancionar atendido los periodos de calificación intermedios, aquello ya fue resuelto expresamente por voto de mayoría por la Excma. Corte Suprema en sede de acción constitucional de esta misma naturaleza, en causa Rol N° 3.924-2026 de dicho Tribunal, por lo no procede resolver en contrario en esta sede.

UNDÉCIMO: Que, finalmente es dable señalar que la propia circunstancia de no estar en presencia de un acto administrativo terminal descarta la conculcación de las garantías constitucionales que se esgrimen en el presente recurso, razones todas por las que se rechazará el arbitrio constitucional según se dirá en la parte resolutiva.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA sin costas, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado, en contra de la Universidad de Antofagasta.

Regístrese y comuníquese.

Rol 532-2026 (Protección)