CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR 18 DE SEPTIEMBRE con INSPECCIÓN DEL TRABAJO ANTOFAGASTA

Antofagasta, diez de abril de dos mil dieciocho.

VISTOS:

Matías Javier Zoroquiain Vélez, abogado en representación convencional de la CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACION FAMILIAR 18 DE SEPTIEMBRE, domiciliado en domicilio reservado, deduce acción constitucional de protección en contra de la INSPECCION PROVINCIAL DEL TRABAJO DE ANTOFAGASTA, representada legalmente por la Jefa de Inspección, nombre reservado, señalando como acto arbitrario e ilegal la resolución Nº 51 de 15 de febrero de 2018 al considerar que la recurrida ha vulnerado las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 N°3 inciso 5º de la Constitución Política de la República al irrogarse facultades jurisdiccionales de las cuales carece, por lo que solicita deje sin efecto la multa 1648/17/025-1 cursada al recurrente.

Informa el recurrido, solicitando el rechazo de la acción constitucional.

Puesta la causa en estado, se trajo los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la recurrente interpone acción constitucional de protección contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Antofagasta, por la acción que califica de ilegal y arbitraria cometida al pronunciar la Resolución N° 51, de 15 de febrero del 2018, que establece la existencia de una supuesta cláusula tácita en el contrato de trabajo que vincula a su representada con el ejecutivo de empresas nombre reservado, y sobre dicho antecedente rechaza la reconsideración administrativa por manifiesto error de hecho planteada por su parte.

Sostiene que, a través de dicha resolución, la recurrida pretende irrogarse facultades jurisdiccionales, infringiendo la garantía constitucional contemplada en el artículo 19 N°3 inciso quinto de la Constitución Política de la República, que prescribe que nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señale la ley y que se halle establecido con anterioridad por ésta.

Refiere que, el día 05 de abril de 2017 se cursó a su representada la multa N°1648/17/025-1, por parte de la fiscalizadora dependiente de la Inspección del Trabajo de Antofagasta, imponiéndole una multa de 60 UTM, por “No pagar las remuneraciones consistentes en “bono colocación” y “bono desafiliación”, respecto del trabajador nombre reservado durante los meses de febrero y marzo de 2017.” Ante ello, dedujo reconsideración administrativa fundada en que tal resolución incurrió en un manifiesto error de hecho al entender que las cláusulas del contrato de trabajo de 11 de febrero de 2014 estaban vigentes, en circunstancias que habían sido derogadas expresamente como consta de la voluntad de las partes materializada en contrato de trabajo de 01 de agosto de 2016.

Añade que transcurridos prácticamente 10 meses desde la presentación la referida reconsideración, se le notifica la Resolución N°51 de la Inspección Provincial del Trabajo de Antofagasta, de 15 de febrero de 2018, que rechazó la reconsideración aludida basado en que no habría error de hecho alegado pues “la fiscalizadora constató mediante la revisión de los comprobantes de pago de remuneraciones del trabajador individualizado en la resolución de multa, que pese a la modificación estipulada en el anexo de contrato de fecha 01/08/2016, el empleador continuó pagando al trabajador en los meses posteriores a la suscripción del dicho anexo, el bono de colocación y el bono de desafiliación en conjunto con el bono cumplimiento global, consignando todos ellos como prestaciones distintas e independientes, sin existir al efecto la derogación alegada por el empleador. En este sentido y no obstante lo escriturado en el anexo de contrato, al haberse pagado todos los bonos en la forma ya señalada, se configuró un acuerdo tácito entre las partes; el empleador en pagar los bonos establecidos en las remuneraciones y el trabajador en aceptarlo, siendo improcedente que el empleador de forma unilateral modifique el acuerdo que en virtud de su cumplimiento reiterado se incorporó a las cláusulas del contrato del trabajador. En solicitud de reconsideración no se acompaña documentación que acredite corrección de la infracción sancionada, por lo que se mantendrá el monto de la sanción aplicada de conformidad a lo dispuesto en el artículo 511 del Código del Trabajo”.

Señala que la recurrida ha realizado labores propias de la judicatura, excediendo con mucho sus atribuciones legales al invadir el ámbito de competencia de los Tribunales del Trabajo; a quienes según la letra a) del artículo 420 del Código del Trabajo corresponde, exclusiva y excluyentemente, conocer y fallar las cuestiones suscitadas entre empleadores y trabajadores por aplicación de las normas laborales o derivadas de la interpretación y aplicación de los contratos individuales o colectivos del trabajo o de las convenciones y fallos arbitrales en materia laboral, por lo cual las actuaciones de la recurrida exceden sus facultades, pues el principio de legalidad derivado de los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, impiden que pueda determinar la existencia de supuestas cláusulas tácitas.

En razón de lo anterior, solicita se deje sin efecto la resolución recurrida por configurarse la misma como un acto arbitrario e ilegal y con ello, dejar sin efecto la multa 1648/17/025-1 cursada a su representada, con costas.

SEGUNDO: Que informó la abogada Alejandra Morán Ledezma, por la recurrida, solicitando el rechazo del recurso.

Funda su petición, en primer término, en la improcedencia del recurso en atención a la naturaleza del acto recurrido puesto que los artículos 503 al 512 del Código del Trabajo, establecen en forma expresa un procedimiento para revisar judicialmente ante el Tribunal del Trabajo competente la legalidad del procedimiento de fiscalización, sanción y resoluciones emitidas por la Dirección del Trabajo, de este modo se configura como inadmisible pretender por la vía constitucional reemplazar tal procedimiento.

En cuanto al fondo, analizó los requisitos de la acción constitucional, explicando que no existe una actuación ilegal o arbitraria de su parte, puesto que la actuación impugnada se ha efectuado conforme a las atribuciones legales conferidas a su representada. De este modo la Inspección del Trabajo, mediante la resolución N° 51 ejerció plenamente conforme a derecho la facultad contenida en el artículo 511 del Código del Trabajo, esto es, procedió a mantener la multa en cuanto a su cuantía en razón de haberse descartado el error de hecho que la contraria alegó, y al no haberse acreditado la corrección del hecho infraccional.

En razón de lo anterior indica que al no existir arbitrariedad ni ilegalidad alguna en su actuar, no es procedente la afectación de la norma constitucional alegada, toda vez que la Inspección Provincial del Trabajo de Antofagasta, ha realizado la función para la cual se encuentra mandatada por ley, sin irrogarse al respecto facultad jurisdiccional alguna.

TERCERO: Que de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que el acto que se denuncia como arbitrario o ilegal es la resolución N° 51 de 15 de febrero del 2018, que rechaza la reconsideración administrativa impetrada por la recurrente respecto de la resolución de multa aplicada por la Inspección del Trabajo en proceso de fiscalización.

Al respecto cabe consignar que el artículo 503 del Código del Trabajo, en lo que a este recurso importa, dispone: “Las sanciones por infracciones a la legislación laboral y de seguridad social y a sus reglamentos, se aplicarán administrativamente por los respectivos inspectores del trabajo o por los funcionarios que se determinen en el reglamento correspondiente. Dichos funcionarios actuarán como ministros de fe.… La resolución que aplique la multa administrativa será reclamable ante el Juez de Letras del Trabajo, dentro de quince días hábiles contados desde su notificación. Dicha reclamación deberá dirigirse en contra del Jefe de la Inspección Provincial o Comunal a la que pertenezca el funcionario que aplicó la sanción. Admitida la reclamación a tramitación, previa verificación de los requisitos señalados en el inciso anterior, su substanciación se regirá por el procedimiento de aplicación general contenido en el Párrafo 3°, del Capítulo II, del Título I del presente Código, a menos que la cuantía de la multa, al momento de la dictación de la resolución que la impone o de la que resuelve la reconsideración administrativa respecto de ella, sea igual o inferior a 10 Ingresos Mínimos Mensuales, caso en el cual, se sustanciará de acuerdo a las reglas del procedimiento monitorio, contenidas en los artículos 500 y siguientes del presente Código. En contra de la sentencia que resuelva una reclamación se podrá recurrir conforme a lo establecido en el artículo 502 del presente Código.

A su turno los artículos 511 y 512 del mismo cuerpo legal, también en cuanto a este arbitrio cautelar importa, establecen: “Artículo 511. Facultase al Director del Trabajo, en los casos en que el afectado no hubiere recurrido de conformidad al artículo 503 y no hubiere solicitado la sustitución del artículo 506 ter de este Código, para reconsiderar las multas administrativas impuestas por funcionarios de su dependencia en la forma siguiente: 1. Dejando sin efecto la multa, cuando aparezca de manifiesto que se ha incurrido en un error de hecho al aplicar la sanción. 2. Rebajando la multa, cuando se acredite fehacientemente haber dado íntegro cumplimiento, a las disposiciones legales, convencionales o arbitrales cuya infracción motivó la sanción….” “Artículo 512. El Director del Trabajo hará uso de esta facultad mediante resolución fundada, a solicitud escrita del interesado, la que deberá presentarse dentro del plazo de treinta días de notificada la resolución que aplicó la multa administrativa. Esta resolución será reclamable ante el Juez de Letras del Trabajo dentro de quince días de notificada y en conformidad al artículo 474 de este Código.”

QUINTO: Que de las normas legales transcritas se colige que las resoluciones de multas administrativas aplicadas por inspectores del trabajo y las resoluciones del Director del Trabajo que se pronuncien sobre reconsideraciones respecto de las antedichas resoluciones, son reclamables ante los juzgados de Letras del Trabajo a través de los procedimientos ordinario o monitorio según sea la cuantía de la multa impuesta.

Así las cosas, la propia legislación laboral ha consagrado expresamente los procedimientos jurisdiccionales para someter al conocimiento judicial las mentadas resoluciones de multa o el pronunciamiento sobre las reconsideraciones efectuadas sobre estas resoluciones, constituyéndose en el contencioso administrativo vigente para impugnarlas.

SEXTO: Que en ese entendido sólo cabe concluir que el recurso de protección en cuanto acción de tutela cautelar no se constituye en la vía idónea para reclamar respecto de la resolución que denegó la reconsideración de multa administrativa aplicada por la Inspección del Trabajo, desde que la ley contempla de manera expresa y precisa los procedimientos para efectuar tal reclamo, poniendo en marcha el aparato judicial que, luego del juicio respectivo, dirima el conflicto en cuestión.

Aún más lo controvertido por el recurrente es la interpretación que el Inspector del Trabajo habría efectuado de cláusulas tácitas de un contrato de trabajo, situación, que, a todas luces, debe ser conocida mediante un procedimiento de lato conocimiento, circunstancia que no se corresponde con la naturaleza jurídica de la presente acción cautelar constitucional.

SÉPTIMO: Que en atención a lo expuesto sólo cabe concluir que el presente recurso no puede prosperar.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, con costas, el recurso deducido por Matías Zoroquiain Vélez, en representación de la CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACION FAMILIAR 18 DE SEPTIEMBRE, en contra de la INSPECCION PROVINCIAL DEL TRABAJO DE ANTOFAGASTA.

Regístrese y comuníquese.

ROL 531-2018 (PROT.)

Redactada por la Ministra Jasna Pavlich Núñez.

Pronunciada por la Primera Sala integrada por los Ministros Titulares Sra. Virginia Soublette Miranda, Sra. Jasna Pavlich Núñez y el Abogado Integrante Sr. Cristian Aedo Barrena. Autoriza el Secretario Titular Sr. Andrés Santelices Jorquera.