Protección contra Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana

Antofagasta, diecinueve de marzo de dos mil veintiuno.

VISTOS:

Comparece Martina Jacinta Infante Larrondo, abogada, en representación de nombre reservado, dependiente, domiciliadas en domicilio reservado, quien deduce acción de protección en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, representada por nombre reservado, y en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 nombre reservado, cuyo representante ignora.

Informan las recurridas y solicitan el rechazo del recurso.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que recurre por los descuentos realizados por Caja de Compensación 18 nombre reservado, por instrucción de Caja de Compensación La Araucana, en virtud de un convenio entre ellas para descuentos inter caja y solicita que se declare que los descuentos practicados son ilegales, se le ordene a la recurrida el reintegro de ellos y abstenerse de informar nuevos descuentos sobre las remuneraciones del recurrente, o lo que esta Corte determine, todo con costas.

En primer lugar, explica la relación entre el recurrente y la recurrida, la caracteriza como una de origen convencional, en la que la recurrida otorgó un crédito a su representada, pagadero en cuotas, por las sumas y en las condiciones de pago que detalla.

En este contexto, y atendido el incumplimiento en el pago por parte de la recurrente, la recurrida inició un juicio ejecutivo en su contra, actualmente tramitado ante el Cuarto Juzgado Civil de Antofagasta, en el cual solicitó el cobro de la totalidad del crédito, en virtud de la cláusula de aceleración pactada, lo que fue notificado y su parte opuso la excepción de prescripción.

Pese a ello, en mes de febrero de este año, al recibir su liquidación de sueldo, correspondiente al mes de diciembre y enero, observó un descuento considerable en su remuneración, el que se encontraba bajo el ítem ‘Crédito Personal Caja 18. Luego, notó que los descuentos se habían practicado en varias oportunidades, entre los meses de julio y noviembre también se habían realizado. Logró averiguar además que se trataba de un descuento inter caja por instrucción de Caja de Compensación La Araucana.

La deuda que la recurrida pretende cobrar emana de un pagaré cuya acción judicial fue intentada y, por lo demás, se discute su prescripción.

Considera que la recurrida fue sumamente negligente con el cobro de su acreencia, hasta que materializó los descuentos que califica de ilegales.

De esta forma, la recurrida demandó civilmente a su representado, por el total de lo adeudado, y, luego, abusivamente efectuó descuentos arbitrarios y/o ilegales, vulnerando su derecho de propiedad.

Estima que lo anterior también infringe la igualdad ante la ley, puesto que la recurrida no puede pretender un derecho de prenda general diferente al de otras personas, sin que ello pueda justificarse en las facultades conferidas por la Ley N°18.833, puesto que ya fue activada la vía jurisdiccional para el cobro de la deuda.

En cuanto a los fundamentos de derecho de su recurso, explica que se configura una perturbación a las garantías constitucionales del artículo 19 N°2 y N°24, en los términos del artículo 20, todos de la Constitución Política. Asimismo, considera que, la necesidad cautelar fluye de los hechos referidos en su recurso, lo que sustenta en citas jurisprudenciales.

De esta manera, concluye que, la recurrida se aprovechó de una facultad que le otorga la ley al cobrar unilateralmente una deuda que se encuentra en cobro judicial, cuestión que configura un acto ilegal o, al menos, arbitrario, que vulnera las garantías constitucionales de su representado.

Respecto de las actuaciones de la recurrida que califica como ilegales, o arbitrarias, especifica que consisten en haber informado para el descuento del crédito en las remuneraciones de los meses de julio de dos mil veinte a enero de este año, sin ser consentidas por su representado y en circunstancias que la recurrida optó por la vía civil para exigir el cobro del total de la deuda.

A continuación, detalla la forma y fecha en que habría tomado conocimiento del descuento, efectuados por su empleador, por orden de Caja de Compensación 18 nombre reservado, por convenio con Caja de Compensación La Araucana, en conformidad a la Ley N°18.833.

Al referirse a las garantías que considera conculcadas, invoca las del artículo 19 N°2, N°3 y N°24 de la Constitución Política.

Sobre la vulneración a la garantía de igualdad ante la ley, sostiene que, la recurrida se arroga una especie de derecho de prenda general excesivo, pues, pretende accionar civilmente para el cobro de un crédito, con cuotas aceleradas, y, al mismo tiempo, efectúa descuentos en las remuneraciones del recurrente, no consentidos por él, mientras el litigio se encuentra vigente.

En relación a la conculcación de su derecho de propiedad, expone que, la remuneración de su representado se encuentra integrada a su patrimonio, por ello, la actuación de la recurrida es una apropiación ilegal o arbitraria.

Finalmente, estima vulnerada la garantía de derecho a la defensa jurídica, puesto que, la recurrida eligió la vía jurisdiccional de cobro y, al mismo tiempo, abusa del derecho al practicar descuentos en las remuneraciones del recurrente.

Por estas consideraciones, solicita que se acoja el recurso de protección y se declare lo siguiente: los descuentos informados y percibidos por las recurridas son ilegales, las recurridas debe hacer el reintegro de los descuentos realizados, debe abstenerse de efectuar o informar nuevos descuentos en las remuneraciones del recurrente; o, en subsidio, que S.S. declare lo que estime pertinente para el restablecimiento del derecho, con costas.

SEGUNDO: Que informa Yasna Vukic, por la recurrida Caja de Compensación La Araucana, quien solicita el rechazo del recurso, con costas.

Sintetiza los términos e indica las características del crédito social otorgado al recurrente, que dejó de ser pagado y, por ello, se ingresó la solicitud de retención al sistema inter cajas para obtener el pago de su representada, en el que no fue habido, por lo que se optó por la vía judicial; no obstante, esa demanda no fue notificada hasta que el deudor concurrió a ello para deducir la excepción de prescripción.

Hace presente que el mes de junio de 2020 fue posible ubicar al deudor, quien se encontraba trabajando en una entidad afiliada a la Caja de Compensación 18 nombre reservado, por lo que se le remite la respectiva nómina, atendida la facultad legal del artículo 22 de la Ley N°18.833 para que se le remesen los montos según el detalle acompañado, previa deducción en las liquidaciones del recurrente.

Describe latamente el fin de las Cajas de Compensación y las características de los fondos sociales que administran, además de la facultad para practicar descuentos para la recuperación de los fondos sociales otorgados a los afiliados, según el artículo 22 de la Ley 18.833, los que se pueden practicar mientras se declare judicialmente la prescripción según la Superintendencia de Seguridad Social. De esta forma, su representada sólo ha sido diligente en cautelar el fondo social para poder mantener las ingentes prestaciones beneficiosas que otorga.

Agrega que las deducciones practicadas pueden invocarse como excepción parcial o total de pago de la deuda en el procedimiento correspondiente y que éstas fueron practicadas antes de encontrarse trabada la Litis, lo que ocurrió posteriormente por medio de la notificación expresa y oposición de excepciones del recurrente.

Por otra parte, atendida la naturaleza cautelar y sumaria del recurso deducido, y la inexistencia de derechos indubitados de la accionante, la vía constitucional debe ser desestimada.

Además, también se encuentra validada la deducción inter cajas, según la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Seguridad Social, por lo que no hay ilicitud en esto.

Finalmente, su representada no ha privado de sus derechos constitucionales a la actora, por lo que sólo cabe rechazar el recurso.

TERCERO: Que por la recurrida Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 nombre reservado informa nombre reservado, quien pide el rechazo del recurso, porque su representada no es acreedora del actor y limitó su participación a la intermediación en el cobro de la deuda del crédito social que el recurrente mantiene con la otra recurrida, en virtud de la aplicación de la plataforma inter cajas, el cual se limita a dar aplicación a la normativa que regula el cobro y pago de las cuotas de crédito social y cuya procedencia se encuentra regulada fundamentalmente en la Ley N°18.833, en relación a disposiciones reglamentarias, del Código del Trabajo y de la Ley 17.322.

Su representada desconoce lo expuesto sobre una causa judicialmente tramitada por la otra recurrida en contra del actor en relación al crédito que fundamenta las deducciones instruidas, pero, en cualquier caso, conviene tener presente lo resuelto por nuestros tribunales superiores en los fallos que detalla, que avalan su interpretación sobre la forma en que operan las deducciones en esta materia.

Por tanto, solicita se rechace el recurso deducido.

CUARTO: Que el recurso de protección, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política, es una acción constitucional de urgencia destinada a amparar el legítimo ejercicio de los derechos contemplados por la misma disposición, mediante la adopción de medidas de resguardo para hacer cesar los efectos de un acto arbitrario o ilegal que los perturbe.

QUINTO: Que esta acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

SEXTO: Que el acto arbitrario o ilegal que la recurrente reprocha, consiste en los descuentos realizados en una de sus remuneraciones, por instrucción de la recurrida, respecto de un crédito cuya cobranza judicial fue iniciada con anterioridad a los descuentos practicados, a través de la presentación de una demanda ejecutiva.

SÉPTIMO: Que la recurrida Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana reconoce haber instruido, a través de un convenio inter cajas, los descuentos practicados en la remuneración del recurrente, pero cuestiona la ilicitud o arbitrariedad en su conducta y cuestiona los demás requisitos de procedencia de la acción de protección.

OCTAVO: Que la aceptación de la recurrida comprende tanto los descuentos que instruyó efectuar en las remuneraciones del recurrente y que el crédito en que se justifican dichas deducciones se presentó a cobranza judicial, por medio de una demanda ejecutiva pretérita a los descuentos, lo que funda en la naturaleza social del crédito otorgado, en el cumplimiento de las disposiciones de la Ley N°18.833 y en su condición de acreedora insatisfecha.

NOVENO: Que las deducciones efectuadas en la remuneración del recurrente se fundamentan en una prerrogativa legal conferida a las Cajas de Compensación para el cobro de los créditos sociales otorgados a sus afiliados, según lo dispuesto por el artículo 22 de la Ley N°18.833; esta disposición, confiere facultades a las Cajas de Compensación para efectos de la cobranza extrajudicial de sus acreencias, las que se encuentran disponibles hasta el ejercicio de las acciones judiciales.

Presentada una demanda ejecutiva por el total de lo adeudado, u otra acción destinada al cobro del total de la acreencia, no es lícito para la acreedora efectuar deducciones parciales, ya que dicho crédito debe ser cobrado de forma íntegra en sede jurisdiccional, aun de forma compulsiva, según el mérito del título invocado.

De esta forma, las deducciones efectuadas por orden de la recurrida, amparadas en el mismo crédito que se encuentra en cobranza judicial, constituyen una conducta ilícita de la Caja de Compensación; ya que, puesto el cobro en la sede jurisdiccional, son inadmisibles las actuaciones que constituyen auto tutela, tales como: los cobros directos efectuados por la recurrida, la imputación al pago de la deuda efectuada por ella, el cálculo de los intereses que gravan la deuda y la liberación de los fondos retenidos a su favor, por mencionar algunas de las actuaciones desplegadas por la recurrida.

DÉCIMO: Que las afectaciones a las garantías invocadas fluyen de lo ya razonado, por cuanto, la recurrida se arroga facultades extraordinarias, aun habiendo sometido el conflicto al conocimiento del Cuarto Juzgado Civil de Antofagasta, cuestión que vulnera lo dispuesto por el artículo 19 N°2 de la Constitución Política.

Asimismo, el derecho de propiedad del recurrente se ve conculcado, toda vez que la recurrida ordenó practicar varios descuentos sobre sus remuneraciones, los que efectivamente se realizaron, lo cual implicó que percibiera una suma menor a la que legítimamente debía ingresar a su patrimonio; cuestión que, como se detalló, constituye una afectación ilícita del derecho de propiedad del recurrente, desde el momento que dicho crédito ya se estaba persiguiendo íntegramente en sede jurisdiccional.

Finalmente, también se estima vulnerado el derecho a defensa del recurrente, en los términos planteados por éste, toda vez que la recurrida accionó ante el órgano jurisdiccional, sometiendo el conocimiento del cobro a éste, y, paralelamente, ejerció prerrogativas extraordinarias excluyéndolas del conocimiento del Tribunal que conocía de la cobranza, cuestión que impide, o al menos restringe de forma importante, las posibilidades de defensa del recurrente.

UNDÉCIMO: Que la recurrente solicita que se decrete el cese inmediato de las deducciones ilegalmente instruidas por la recurrida y, además, que se ordene la restitución de los fondos obtenidos de dicha manera.

En cuanto al cese inmediato de los descuentos practicados, se accederá a esta solicitud, atendido que es, precisamente, dicha actuación la que infringe los derechos fundamentales del recurrente y, como ya se explicó, constituye un acto ilícito de la recurrida. Por ello, la recurrida deberá inmediatamente abstenerse de practicar cualquier nuevo descuento en las remuneraciones del recurrente, u ordenar practicar dichos descuentos, fundado el cobro de la acreencia que motiva esta acción cautelar.

Sin perjuicio de lo anterior, la recurrente solicita la restitución de los fondos ilícitamente percibidos por la recurrida, cuestión a la que no podrá accederse, toda vez que la vía cautelar no es la idónea para el fin restitutorio reclamado por el recurrente.

Por último, se ordena a la recurrida informar, dentro de un plazo máximo de cinco días, al Juzgado Civil que conoce del juicio ejecutivo de todas las deducciones ordenadas practicar en las remuneraciones del recurrente, en el contexto del cobro del crédito, motivo de la acción cautelar.

Por estas consideraciones y, atendido además, lo dispuesto por los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE ACOGE, con costas, el recurso de protección deducido por Martina Infante Larrondo, en representación de nombre reservado, en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, sólo en cuanto se declara que la deducción que solicitó practicar la recurrida es ilegal y que deberá abstenerse de realizar cualquier otra, debiendo informar al Cuarto Juzgado Civil de Antofagasta todos los antecedentes de las deducciones realizadas.

Regístrese y comuníquese.

Rol 522-2021 (PROTECCIÓN).