nombre reservado con POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE

Antofagasta, a ocho de abril de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Que, comparece nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, funcionario de la Policía de Investigaciones de Chile, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado; quien deduce recurso de protección en contra de Policía de Investigaciones de Chile (PDI), específicamente con el Departamento Quinto de Asuntos Internos, por la actuación arbitraria e ilegal ejecutada con fecha 2 de marzo de 2026 en el cuartel PDI Calama, consistente en la privación de libertad de facto, coacción para la entrega de dispositivos privados y claves bancarias, y la retención ilegal de mi teléfono móvil hasta la fecha, perturbando el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que asegura el artículo 19 N°1, 2, 5 y 24 de la Constitución Política de la República.

Informó al tenor del recurso la recurrida instando por el rechazo del arbitrio constitucional.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, funda su recurso señalando que con fecha 2 de marzo de 2026, mientras desempeñaba sus funciones habituales en el cuartel de la PDI en la ciudad de Calama, fue citado a la oficina del jefe de unidad, lugar en el cual se encontraban cuatro funcionarios del Departamento de Asuntos Internos, quienes procedieron a aislarlo, impidiendo incluso la permanencia de su superior jerárquico en la diligencia. Señala que, desde aproximadamente las 09:00 horas hasta las 14:15 horas, fue retenido en dicha dependencia sin orden judicial ni situación de flagrancia, configurándose una privación de libertad de facto, durante la cual se le impidió satisfacer necesidades básicas, como acudir al baño, así como comunicarse con terceros, todo ello bajo amenazas de gestionar una orden de detención en su contra si no colaboraba con los funcionarios actuantes.

Agrega que, en dicho contexto de presión y coacción, se vio obligado a entregar la clave de acceso de su teléfono celular, así como las claves de sus cuentas bancarias, y a suscribir un acta de levantamiento de secreto bancario, con el objeto de evitar eventuales perjuicios tanto a su carrera funcionaria como a su situación familiar. No obstante que la revisión de su dispositivo móvil durante varias horas no arrojó resultados que permitieran establecer la comisión de ilícitos, los funcionarios procedieron igualmente a incautar su teléfono, manteniéndolo en su poder hasta la fecha sin respaldo legal que justifique dicha retención.

Sostiene que el actuar de la institución recurrida infringe el principio de juridicidad consagrado en el artículo 7 de la Constitución, en la medida que la incautación de dispositivos electrónicos y el levantamiento de secreto bancario requieren necesariamente autorización judicial previa, la cual no fue obtenida en el presente caso. Asimismo, alega que el procedimiento carece de la debida fundamentación exigida por la Ley N° 19.880, por cuanto se habría utilizado su comparecencia en calidad de testigo como una vía indirecta para realizar diligencias propias de un imputado, vulnerando con ello el debido proceso.

En relación con las garantías constitucionales afectadas, afirma que la situación descrita constituye una vulneración a su integridad física y psíquica, atendido el trato degradante derivado de la incomunicación y las restricciones impuestas durante el procedimiento; a la igualdad ante la ley, al haber sido sometido a un trato inferior incluso al de una persona detenida en flagrancia; a la inviolabilidad de sus comunicaciones privadas, al accederse a su teléfono y redes sociales sin autorización judicial; y a su derecho de propiedad, en virtud de la retención injustificada de su dispositivo móvil.

Concluye solicitando que se declare la ilegalidad y arbitrariedad del actuar del Departamento Quinto de Asuntos Internos de la PDI, que se ordene la restitución inmediata de su teléfono móvil y de toda la información extraída del mismo, y que se declare la nulidad de las actuaciones consistentes en el levantamiento de secreto bancario y la entrega de claves, por haber sido obtenidas bajo coacción.

SEGUNDO: Que informa, nombre reservado, perfecto inspector, Jefe Región Policial de Antofagasta, en representación de la Policía de Investigaciones.

En primer lugar, confirma la calidad del recurrente como funcionario de la institución, específicamente Comisario adscrito a la Brigada de Investigación Criminal de Calama, estableciendo que, con fecha 2 de marzo de 2026, en horas de la mañana, personal del Departamento V “Asuntos Internos” concurrió a las dependencias de dicha unidad policial, ubicadas en Avenida Granaderos de la ciudad de Calama, con el objeto de entrevistarlo en el marco de una investigación penal instruida por el Fiscal Marcelo Soto Álvarez, correspondiente a la causa RUC N° 2500459818-3 de la Fiscalía Local de Pudahuel.

Indica que, durante dicha diligencia, el personal institucional expuso de manera verbal los fundamentos del procedimiento, tras lo cual el propio funcionario accedió en forma expresa y voluntaria a prestar declaración, así como a hacer entrega de su teléfono celular, descartando que tales actuaciones hayan sido obtenidas mediante coacción o vulneración de derechos. En ese contexto, sostiene que la actuación se ajustó plenamente a las facultades legales de la Policía de Investigaciones, en el marco de una investigación penal vigente.

En relación con las garantías constitucionales invocadas, descarta su vulneración, señalando, en cuanto a la integridad física y psíquica consagrada en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República, que la diligencia se llevó a cabo en el propio lugar de trabajo del funcionario, durante su jornada laboral, en un entorno institucional con presencia de otros funcionarios y público, lo que excluye cualquier situación de vulnerabilidad o afectación a dicha garantía. Asimismo, respecto de la igualdad ante la ley establecida en el artículo 19 N° 2, afirma que la entrevista se realizó en el ejercicio de las funciones propias de la institución, en cumplimiento de una investigación penal, sin existir trato discriminatorio alguno.

En lo que dice relación con la inviolabilidad de las comunicaciones privadas y el derecho de propiedad, consagrados en los numerales 5° y 24° del artículo 19 de la Carta Fundamental, sostiene que no se ha configurado vulneración alguna, toda vez que el recurrente prestó declaración voluntariamente y entregó su teléfono celular por su propia decisión, sin que medie actuación arbitraria o ilegal por parte de la autoridad policial.

Señala que no es posible proporcionar mayores antecedentes respecto del procedimiento investigativo, atendido que se trata de una investigación en curso que reviste carácter de secreta, conforme a lo dispuesto en el artículo 182 del Código Procesal Penal, razón por la cual el contenido de las diligencias se encuentra legalmente restringido. En consecuencia, la autoridad informante concluye limitándose a exponer los antecedentes que puede proporcionar, solicitando en definitiva el rechazo del recurso interpuesto.

TERCERO: Que de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que, en la especie, el conflicto planteado dice relación con determinar si las actuaciones desarrolladas por funcionarios del Departamento de Asuntos Internos de la Policía de Investigaciones se ajustaron a derecho o si, por el contrario, constituyeron un actuar ilegal o arbitrario que afectó las garantías fundamentales del recurrente.

SEXTO: Que, del mérito de los antecedentes, aparece de manifiesto la existencia de una controversia sustancial entre las partes en cuanto a la forma en que se desarrollaron los hechos denunciados, particularmente en lo relativo a la supuesta privación de libertad, la alegada coacción y la voluntariedad en la entrega de información y dispositivos personales, circunstancias que no pueden ser esclarecidas en esta sede, atendida la naturaleza breve y sumaria del recurso de protección, que no contempla un término probatorio.

SÉPTIMO: Que, en este sentido, la jurisprudencia reiterada de los tribunales superiores de justicia ha sostenido que la acción de protección no constituye una instancia declarativa de derechos ni un procedimiento idóneo para dilucidar cuestiones controvertidas de hecho que requieren prueba, debiendo limitarse a amparar situaciones en que la ilegalidad o arbitrariedad del acto impugnado aparezca de manera clara y manifiesta.

OCTAVO: Que, asimismo, consta que los hechos denunciados se insertan en el contexto de una investigación penal en curso dirigida por el Ministerio Público, órgano constitucionalmente facultado para dirigir en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito, correspondiendo el control de legalidad de las actuaciones policiales al juez de garantía competente, conforme a los mecanismos establecidos en el Código Procesal Penal.

NOVENO: Que, en consecuencia, existen vías jurisdiccionales idóneas y específicas para que el recurrente haga valer las eventuales vulneraciones de derechos que estima concurrentes, tales como las acciones y cautelas previstas en el procedimiento penal, lo que excluye la procedencia de la presente acción cautelar, por no ser ésta la vía adecuada para impugnar diligencias investigativas ni sustituir las competencias propias del juez de garantía.

En estas condiciones, no se advierte la existencia de un acto ilegal o arbitrario indubitado que permita a esta Corte adoptar medidas de resguardo por la vía del recurso de protección, razón por la cual la acción intentada no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso deducido por nombre reservado, en contra de Policía de Investigaciones de Chile (PDI), Departamento Quinto de Asuntos Internos.

Regístrese y comuníquese.

Rol 513-2026 (Protección)

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