Protección contra Tesorería General Regional Antofagasta

CORTE DE APELACIONES ANTOFAGASTA Antofagasta, a nueve de agosto de dos mil doce.

VISTOS:

La presentación de fs. 12 y siguientes de Ana Cecilia Rodríguez Olivares, abogado, en representación de nombre reservado, empresario, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, quien recurre de protección en contra de la Tesorería General Regional Antofagasta, representada por don nombre reservado, Tesorero, abogado, domiciliado en domicilio reservado, de la II Región de Antofagasta, para que se adopten de inmediato las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho disponiendo por la vía legal pertinente la restitución a su parte de la totalidad de los dineros que le fueron retenidos y compensados equivalente a $2.135.324, más intereses y reajustes, con expresa condena en costas.

La recurrida informó a fs. 22 y siguientes, oponiendo excepciones y para el caso del rechazo pidió que se declarara que se no ha cometido acto u omisión arbitraria o ilegal que lesione los derechos constitucionales, con costas.

Se acompañó, junto con el recurso, copias de hoja de consulta de estado de declaración de Renta 2012 obtenida desde la página web del Servicio de Impuestos Internos, respecto de su representado y copias de las sentencias dictadas en la causa Rol 3486-2004 y 2517 del mismo año, de fechas 3 de enero y 21 de marzo del año 2011, respectivamente, del Cuarto Juzgado de Letras de Antofagasta.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que Ana Cecilia Rodríguez Olivares, abogado, en representación de nombre reservado, empresario, recurre de protección en contra de la Tesorería General Regional Antofagasta, fundado en que con fecha 14 de junio de 2012, su representado, inquieto por no tener la devolución de impuestos, según su declaración de renta 2012 le correspondía, consultó la página del Servicio de Impuestos Internos y constató que su declaración no presenta diferencias con respecto a la información que el Servicio de Impuestos Internos tiene en sus sistemas, que consecuente con ello, el Servicio autorizó a la Tesorería General de la República para depositar o emitir cheque por $2.107.921. Señala que posteriormente la Tesorería efectuó una retención de $2.235.324 por concepto de compensación por lo que no se emitirá cheque o depósito, además, consultada la sección “Historial” Folio 226700372 ésta describe: a) Que el 30/04/2012 su declaración fue recibida a través de internet solicitando devolución por $2.107.921: b) que el 23/05/2012 su declaración fue aceptada por el Servicio de Impuestos Internos y devolución solicitada por $2.107.921 autorizada; y, c) Que el 29/05/2012 la Tesorería General de la República efectuó compensación por $2.135.324 sobre el monto autorizado. Refiere que por su parte respecto a su representado no existe título vigente que pueda dar lugar a la retención y compensación realizada por la Tesorería. Agrega que su representado tuvo dos requerimientos judiciales resolviéndose en definitiva, ambos positivamente para él, pues fue demandado en las causas Rol C-2517-2004 y C-3486-2004, ambos originados en el proceso administrativo N°501-2003, ante el Cuarto Juzgado de Letras de Antofagasta, los que están con sentencias definitivas ejecutoriadas. En el primero, dentro de plazo opuso prescripción y luego se declaró el abandono del procedimiento por sentencia de 21 de marzo de 2011 y su cúmplase se dictó el 16 de junio del mismo año, el que fue ratificado por la Corte. En el segundo proceso, no se registró movimiento durante años, por lo que su parte opuso abandono del procedimiento en el año 2010, resolviendo el tribunal no pronunciarse por existir otro proceso pendiente, correspondiente al Rol 2517-2004, en el cual aún no se había resuelto la excepción de prescripción que había presentado, y resolvió anular todo lo obrado, sólo respecto de nombre reservado, ya que no debió ser incluido en el cobro colectivo contenido en dicho proceso, porque existía proceso pendiente y paralelo sin resolver y que terminó respecto de él con sentencia de 03 de enero de 2011 que declaró que se anulaba todo lo obrado a su respecto, excluyéndolo de la nómina acompañada a fojas 1 que lo contemplaba como deudor, pues mientras estuviera pendiente la resolución de la prescripción, no se podía demandar ejecutivamente en el segundo procedimiento, sentencia que no fue apelada, estando ejecutoriada en marzo de 2011.

Señala que la Tesorería General de la República no ha iniciado ni reiniciado, después de dichas sentencias, ninguna acción en contra de su representado, como lo sería una nueva notificación administrativa en calidad de deudor o continuación del procedimiento administrativo N°501-2003, por lo que no ha hecho valer ninguna pretensión que justifique o amerite retención de las sumas señaladas. Agrega que su parte, una vez conocida la resolución de retención por la Tesorería, se entrevistó en dos oportunidades con el Tesorero Regional (21 y 26 de junio), para que se revisara la acción desplegada y se corrigiera ésta, sin tener que recurrir a otras instancias, lo que no fue acogido, no obstante reconocer que no se ha iniciado otro proceso en su contra, estimando que la acción de la recurrida la ha privado del ejercicio del derecho del artículo 19 N°24 de la constitución política de la república, referido al derecho de propiedad, pues su representada, como muchos otros contribuyentes tuvo derecho a que se le devolviera la suma de $2.107.921, suma que le pertenece, de la que es dueño y respecto de la cual tienen la más absoluta facultad de disposición, porque tiene sobre ella derecho de propiedad, del cual ha sido privado por un actuar abusivo, irracional e injusto por parte de la Tesorería. Estima que el hecho de haber tomado el dinero y retenerlo por parte de la recurrida equivale a una expropiación sin ley ni decreto, a una apropiación indebida, un acto de abuso que se traduce en privarla de un derecho cuyo ejercicio está garantizado por la constitución.

Refiriéndose al significado de los términos arbitrario y razonable, concluye inequívocamente que la acción de la recurrida no resulta razonable, pues carece de motivo, argumento o causa para desposeer a su representada de su dinero y tiene pleno conocimiento de que carece de título para ello, más cuando fue notificada a mediados del año 2011 de la sentencia definitiva dictada en la causa Rol 3486-2004 del 4° Juzgado Civil de Antofagasta, resolviéndose que el Sr. nombre reservado debía ser sacado del listado de deudores y no continuar con el cobro ejecutivo de dicha causa hasta resolver la acción de prescripción opuesta en causa rol 2517-2004, la cual, actualmente se encuentra abandonada, según lo indicado por el tribunal de primera instancia y por la Corte por sentencia ejecutoriada, por lo que al carecer de título exigible no puede compensarlas, tornándose su actuar en carente de razón y por ello arbitrario.

Manifiesta que habiendo tomado conocimiento del hecho el 14 de junio pasado se encuentra dentro de plazo, a lo que se suma que el acto se mantiene en el tiempo con todos sus efectos, por lo que el plazo se renueva día a día.

Pide se adopten todas las medidas que se estimen necesarias para restablecer el imperio del derecho poniendo así término a la retención arbitraria e ilegal, disponiendo la restitución a su parte de la totalidad de los dineros que le fueron retenidos y compensados, sobre los cuales tenía derecho de propiedad, ordenando su restitución inmediata a su parte de la suma de $2.135.324.-, más intereses y reajustes, con costas.

SEGUNDO: Que informando el recurrido, en primer lugar opone excepción de falta de legitimación pasiva, respecto de nombre reservado para representar por si al Fisco de Chile-Tesorería Regional de Antofagasta por no revestir el carácter de Director Regional de Antofagasta y fue impetrado en su contra, sin que detente tal calidad jurídica, ya que, según consta en Resolución Exenta N°3566 de 07 de septiembre de 2011, fue designado como abogado de todas las comunas de la Segunda Región con Asiento en la Tesorería Regional de Antofagasta, más no como Tesorero Regional de Antofagasta como se indica en el libelo. Cita los artículos 3, 4, 12 del DFL N°1 del año 1994, de los cuales se desprende que la representación de la Tesorería Regional de Antofagasta recae en su persona en su calidad de Director regional de Antofagasta, Juan Carlos Gacitúa Arriagada, según su pertenencia a la planta directiva del servicio, por lo que, al no haber sido legalmente emplazado el recurso de protección deberá ser rechazado, omitiendo pronunciarse sobre el fondo del asunto.

Asimismo, y en forma previa, alega la extemporaneidad del recurso, ya que según el Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, el plazo para la interposición es de treinta días desde la comisión del acto o desde que se haya tenido conocimiento cierto de ellos, pues el hecho que verdaderamente agravó al recurrente fue que nombre reservado es deudor moroso del Servicio de Tesorería, por lo que se iniciaron procesos en su contra, de los cuales en ninguno de ellos se ha declarado la correspondiente prescripción que permita la descarga de la deuda. Por lo que debe entenderse que al 14 de junio del año 2012, el recurrente tenía pleno conocimiento de las acciones de cobro sustentadas en su contra por el Servicio de Tesorerías, por lo que el mero ingreso al sistema web de un servicio al que la ley le atribuye rol fiscalizador y no de cobro como el Servicio de Tesorería, no puede desvirtuar la naturaleza propia del recurso de protección, es decir su carácter cautelar. En efecto, al exponer los hechos, bajo el N°5 letra c) expresamente se menciona que el aparente acto ilegal y arbitrario del Servicio de Tesorería se decretó con fecha 29 de mayo de 2012 y el recurso se dedujo el 10 de julio de 2012. Además la propia recurrente reconoce que tomó conocimiento mediante sentencias de 03 de enero y 21 de marzo de 2011, sustanciadas ante el 4° Juzgado de Letras de esta ciudad, en que se declaró el abandono del procedimiento respecto de los folios demandados por el Servicio de Tesorería en contra del recurrente, por lo que no puede por esta vía salvar una situación de carácter eminentemente procesal de competencia de la justicia ordinaria y sobre la cual, la accesibilidad a una página web de un tercero como la del Servicio de Impuestos internos sea posible revivir plazos fenecidos hace más de un año, por lo que es evidente que el plazo había sido extinguido, lo que ha sido señalado reiteradamente por la Corte Suprema. Agrega que los alcances del abandono son solo una sanción procesal y no un modo de extinguir obligaciones.

Indica finalmente, para el caso de no acogerse sus alegaciones anteriores, la inexistencia del acto u omisión arbitraria o ilegal porque el Servicio de Tesorería inició procedimiento de cobro conforme al artículo 168 del Código Tributario en contra del deudor moroso por quien se recurre, correspondiente a formulario 21 demandados en los expedientes administrativos 501-2003 Antofagasta. El que fue derivado a la justicia ordinaria para que se pronunciara según el artículo 179 del Código Tributario en forma definitiva sobre la procedencia o no de la prescripción alegada en sede administrativa, sin embargo en los autos Rol 2517-2004, en vez de pronunciarse al respecto, declaró el abandono del procedimiento, mediante fallo de 21 de marzo de 2011. En los autos rol 3486-2004 del 4° Juzgado de letras de Antofagasta y en cuya nómina se encuentra nombre reservado se anuló todo lo obrado a partir de fs. 39, sólo respecto del ahora recurrente, por lo que, el abandono del procedimiento declarado en el primer proceso, sólo trae como consecuencia una sanción de carácter procesal, mas no un medio de extinguir obligaciones, de lo contrario se le daría un efecto distinto al otorgado por el legislador. Finalmente, señala que respecto a las compensaciones, se efectuaron según las instrucciones impartidas por el Servicio que representa conforme a las declaraciones de renta de los años 2007, 2009, 2010 y 2011, regladas por la Ley de Rentas, sin que a la fecha exista resolución de un tribunal que señale lo contrario. Señala que el recurrente omite que se inició un proceso de acción de restitución de devolución de impuesto a la renta en los autos Rol 3017-2011, sustanciado ante el Segundo Juzgado de Letras de Antofagasta en que se dictó sentencia de primer grado el 20 de abril de los corrientes, que a la fecha del informe no se encuentra firme o ejecutoriada, por lo que, estima la inexistencia de alguna actuación ilegal ni arbitraria por parte del Servicio de Tesorería, ni menos que la afección se haya verificado a través del ingreso de un portal web, cuando la actora reconoce que la retención se hizo más de cuarenta días antes de que se iniciara este recurso.

Solicita se rechace el recurso por falta de legitimación pasiva, extemporaneidad o por no existir acto u omisión arbitrario o ilegal que lesione los derechos de la recurrente, con costas.

TERCERO: Que en lo referente a la falta de legitimación pasiva debe tenerse en especial consideración que de acuerdo al Auto Acordado de Excma. Corte Suprema, se ha consolidado este recurso “como una acción jurídica de real eficacia para la necesaria y adecuada protección jurisdiccional de los derechos y garantías individuales sujetas a la tutela de este medio de protección constitucional” y que las modificaciones necesarias para mejorar su sustanciación apuntan a “una mayor expedición en su tramitación y despacho final, como asimismo para conferir a los agraviados mayor amplitud y facilidad para la defensa de las garantías constitucionales que le fueren conculcadas, ilegal o arbitrariamente”. Por ello el número 3 del Auto Acordado sobre tramitación de este recurso ordena informe por la vía más rápida y efectiva de “la persona o personas, funcionarios o autoridad que según el recurso o en concepto del Tribunal son los causantes del acto u omisión arbitraria o ilegal”; en consecuencia, habiéndose tenido por interpuesto el recurso en contra de la Tesorería Regional de Antofagasta, según resolución de fs. 19, ninguna falta de legitimación pasiva ha podido establecerse desde que no interesa para estos efectos si nombre reservado tiene la representación de la misma, porque lo cierto es que es el organismo a quien se le ha imputado la acción u omisión arbitraria o ilegal y por lo demás su Director Regional fue el que informó a fs. 22 y siguientes.

CUARTO: Que para la extemporaneidad debe tenerse especialmente en consideración que las informaciones aparecidas en la página digital de Internet o Red informática mundial no constituyen notificaciones, ni pueden significar fecha cierta para los efectos de los contribuyentes, menos respecto de una compensación de obligaciones, por lo que considerando que la propia recurrente reconoció haber tomado conocimiento el 14 de junio del año en curso y sin que exista prueba alguna, demostrativa de una notificación anterior sobre la decisión de la Tesorería General de la República de compensar la deuda, debe tomarse ello como fecha cierta y por lo tanto corresponde rechazar la extemporaneidad alegada ya que desde la fecha indicada, el recurso fue interpuesto dentro de plazo.

QUINTO: Que en cuanto al fondo, debe dejarse constancia que en primer lugar, ha sido doctrina de los tribunales que esta acción de protección que busca restablecer el imperio del derecho, debe referirse a algunas de las garantías del artículo 19 de la Constitución Política de la República, cuya existencia no sea dudosa o cuestionada, para poder disponer la protección al afectado, por consiguiente el sólo hecho de tener del derecho a una devolución de dinero como consecuencia de la declaración de impuestos de la declaración de rentas del año 2012 no constituye un presupuesto para ser titular del derecho de propiedad del monto pecuniario correspondiente porque ello es resultado de operaciones administrativas y matemáticas del Servicio de Impuestos Internos quien tiene una relación mayor con el contribuyente nombre reservado desde que él mismo reconoce a lo menos dos procesos civiles Rol 2517-2004 y 3486 del mismo año, los que se refieren justamente a cobros de impuestos y que la propia recurrente ha reconocido en estrados que el cobro ha sido exagerado porque asciende a más de cien millones de pesos, en circunstancias que el capital inicial de cobro era una suma cercana a veinte millones de pesos, razones más que suficientes para estimar que la compensación efectuada por la Tesorería General de la República no constituye una materia que puede ser resuelta por vía del recurso de protección porque este procedimiento, inquisitivo, rápido y eficaz para garantizar derechos o garantías fundamentales requiere que la efectividad de éstos y no que existan dudas en cuanto a su vigencia o existencia ya que la compensación no es más que un modo de extinguir las obligaciones reciprocas y si ambas han existido, reconocidas por las propias partes, no es éste el procedimiento para evaluarlas o dimensionarlas al punto de ser procedente o no la misma.

SEXTO: Que agrava la situación anterior la circunstancia de que las copias de sentencia acompañadas a fs. 4 y siguientes tampoco demuestran que estén ejecutoriadas, por lo tanto, no es posible llegar a la misma convicción del recurrente en cuanto la actuación arbitraria del Servicio de Tesorería, máxime si se ha presentado una acción de restitución de devolución de impuesto a la renta (Rol 3017-2011) sustanciado en el Segundo Juzgado Civil de Antofagasta cuya sentencia de primer grado se encuentra apelada según lo expuesto por ambas partes en los alegatos y expresado en el propio informe de la Tesorería Regional de Antofagasta.

SEPTIMO: Que por lo expuesto corresponde desestimar el recurso, sin costas, ya que la existencia de la declaración de abandono del procedimiento y la nulidad de todo lo obrado referida por las partes respecto del segundo proceso civil, hacen plausibles los motivos para recurrir.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 19 N° 3, 16 y 21 de la Constitución Política de la República y Autos Acordados de la Corte Suprema, de fechas 24 de junio de 1992 y 4 de mayo 1998 sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por Cecilia Rodríguez Olivares, en representación de nombre reservado en contra de la Tesorería General Regional Antofagasta.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol 501-2012.

Redacción del Ministro Titular Sr. Oscar Clavería Guzmán.

No firma el Fiscal Judicial Sr. Rodrigo Padilla Buzada, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa, por encontrarse en comisión de servicios.

Pronunciado por la Primera Sala, integrada por el Ministro Sr. Oscar Clavería Guzmán, el Fiscal Judicial Sr. Rodrigo Padilla Buzada y el Abogado Integrante Sr. Fernando Orellana Torres. Autoriza la Secretaria Titular Sra. Claudia Campusano Reinike.

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