Protección contra Dirección de Tránsito y Transporte Público de la Ilustre Municipalidad de Antofa

Antofagasta, a treinta de enero de dos mil diecinueve.

VISTOS:

nombre reservado, cesante, con domicilio en domicilio reservado, deduce recurso de protección en contra de la Dirección de Tránsito y Transporte Público de la Ilustre Municipalidad de Antofagasta, cuyo Director es don nombre reservado, y en contra del Segundo Juzgado de Policía Local, cuyo juez es don nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, por el acto arbitrario e ilegal de negar la licencia de conducir, por falta de idoneidad moral, vulnerado derechos y garantías asegurados en el artículo 19 de la Carta Magna, específicamente el derecho a la Libertad de trabajo y su Protección y el derecho de Propiedad sobre toda clase de cosas y bienes, corporales e incorporales.

Evacuan informe las recurridas, instando por su rechazo.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la acción constitucional interpuesta se funda en que las recurridas rechazaron la solicitud de licencia de conducir del recurrente por falta de idoneidad moral y una vez presentado el reclamo ante el Juez del Segundo Juzgado de Policía local este no fue acogido, confirmando la supuesta falta de idoneidad para obtener licencia de conducir.

Expone que el día 12 de diciembre 2018, se dirigió por segunda vez a las dependencias de la Dirección del Tránsito de Antofagasta, con el fin de obtener su licencia de conducir profesional, pues es la única herramienta que posee para poder optar a un trabajo remunerado, toda vez que ha estado en prisión por una serie de delitos que esta cumpliendo, y ante su buena conducta ha sido beneficiado con la Libertad Condicional, desde fines del mes de Octubre; posteriormente y debido a todo el tiempo que trabajo primero como interno en el Centro de Cumplimiento de Antofagasta, bajo las órdenes de Sodexo; posteriormente fue enviado al Centro de Extensión de Trabajo de la ciudad, en la cual desarrollo varias labores, fruto de este trabajo en el tiempo, se canceló una cantidad de dinero que sirvió para poder cubrir sus necesidades y las de su familia por un tiempo; mientras realizaba sus trámites para acceder a la licencia de conducir, la cual en el mes de noviembre fue, y cancelo, y esperando que pudiese ser factible, ante la negativa del Director de Tránsito, la decisión fue llevada al Tercer Juzgado de Policía Local, la cual fue rechazada, perdiendo en esa oportunidad la posibilidad de obtenerla, así como el dinero gastado en dicho trámite; y en donde se señala que debe esperar un mes hasta poder realizar nuevamente el trámite, con la esperanza de acceder a su licencia profesional.

Indica que en esas circunstancias se dirige nuevamente el día 10 de diciembre a las dependencias de la Dirección del Tránsito, cancelando nuevamente el importe que cuesta dicho trámite, siendo nuevamente rechazado por falta de idoneidad moral, y una vez presentado el reclamo este no fue acogido por el juez del Segundo Juzgado de Policía local, confirmando la supuesta falta de idoneidad para poder obtener su licencia.

Precisa que de las condenas que se vale para determinar que su actuar en el futuro es carente de idoneidad, pues a saber el Tribunal sostiene prejuiciosamente que es imposible debido a sus antecedentes penales, poder realizar una actividad económica que permita su sustento y el de su familia, toda vez que en su concepto esta determinadamente condenado a no poder reintegrarse a la sociedad de otra manera.

Señala que la mayoría de las condenas han sido cumplidas, y en estos momentos está firmando semanalmente, y de esta manera cumplir con las exigencias fruto de sus errores. Es más en todo este proceso de reinserción ha perdido los dineros para realizarlos, y sin que se dé explicación alguna sobre la posibilidad de devolución o no de los mismos.

Alega que estamos ante un procedimiento ilegal y arbitrario, ya que no encuentra norma o fundamento legal en que se funde.

De esta manera, los actos recurridos constituyen una actuación claramente arbitraria por ser estos contrarios a la razón, meros actos de voluntad carentes de fundamento racional, obedeciendo en definitiva a caprichos en que se ha usado abusivamente de la autoridad del Director del Tránsito que restan validez a la sanción recurrida.

Estima vulnerados sus derechos y garantías constitucionales del articulo 19 N° 2, 3 inciso 4 y 24 de la Constitución.

Solicita se deje sin efecto, el acto arbitrario e ilegal realizado en su contra consistente en la no entrega de su licencia de conducir profesional.

SEGUNDO: Que Raúl Arán Cortés, abogado, en representación de la Ilustre Municipalidad de Antofagasta, representada legalmente por su Alcaldesa doña Karen Rojo Venegas, ambos con domicilio en domicilio reservado, informa solicitando el rechazo del recurso de protección, con expresa y ejemplar condena en costas.

Expone que de conformidad a la ley orgánica de municipalidades y ley de tránsito respectivamente, siendo la dirección de tránsito dependiente de forma exclusiva de esta entidad edilicia, son los sujetos activos para representar a dicha dirección como Ilustre municipalidad de Antofagasta.

Indica que del extracto de filiación del recurrente se observa que este posee 16 condenas por diversos hechos que a continuación se señalan: en el 10 de septiembre de 1998, por el delito reiterado de giro doloso de cheques, en la causa rol 26. 685-1995 del Primer Juzgado del Crimen de esta ciudad; Por dos delitos de estafas, en la causa rol 32.258-2000 del Cuarto Juzgado de Letras de esta ciudad; Por receptación, conducción con licencia falsa y por la falta de ocultación de identidad según fallo de 13 de diciembre de 2012, en la causa rol 3.304-2012 del Juzgado de Garantía de esta ciudad; Por receptación y uso malicioso de instrumento privado falso, según sentencia de fecha 13 de diciembre de 2012, en los autos rol 6.852-2011; por Uso malicioso de instrumento público falso, según sentencia del 3 de febrero de 2014, en la causa rol 424-2013 del Tribunal Oral en lo Penal de esta ciudad. Consta que la última sanción la cumple bajo de libertad condicional, según resolución de 24 de octubre de 2018 de la lltma. Corte de Apelaciones de esta ciudad.

Refiere que de la lectura del recurso en cuestión no se logra desentrañar cual es el actuar ilegal y/o arbitrario cometido por el Director De Tránsito de la IMA. No se describe ni se fundamenta de manera seria cual sería el actuar ilegal o arbitrario de este Municipio que daría origen a la vulneración de alguno de aquellos derechos consagrados en la Constitución y que permiten interponer un Recurso de Protección. Es más, el recurso interpuesto ni siquiera hace alusión a la Ilustre Municipalidad de Antofagasta. Con mayor razón aún, se desconoce totalmente cuál puede ser el actuar ilegal o arbitrario cometido por el Director de Tránsito de esta entidad edilicia.

De todo lo expuesto por el recurrente, sólo se puede leer un breve y desordenado relato, donde el recurrente señala de forma general que se vulneraron sus derechos, sin fundamento alguno.

Aduce que en razón de la imprecisión de las peticiones de la recurrente, de la nula individualización del supuesto acto ilegal o arbitrario que su representada pudo haber ejercido, y de la indeterminación de los hechos relatados en el recurso, en caso alguno, le compete responsabilidad a la IMA.

Añade que en relación con la denegación de la licencia debe tenerse presente que el artículo 13 de la Ley de Tránsito N° 18.290, señala que los postulantes a licencia de conducir deben reunir los siguientes requisitos generales:

1. Acreditar idoneidad moral, física y psíquica;

2. Acreditar conocimientos teóricos y prácticos de conducción, así como de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen al tránsito público;

3. Poseer cédula nacional de identidad o de extranjería vigentes, con letras o dígitos verificadores y, 4.

Acreditar, mediante declaración jurada, que no es consumidor de sustancias sicotrópicas prohibidas que alteran o modifiquen la plenitud de las capacidades físicas o síquicas, conforme a las disposiciones contenidas en la Ley N° 19.366 y su reglamento.

Expresa que en relación con la factibilidad de otorgar la licencia de conducir, en circunstancias de que el recurrente tiene una serie de antecedentes penales y que hoy cuenta con libertad condicional, debe tenerse en consideración lo prescrito el artículo 15 de la misma ley, para calificar la idoneidad moral de los interesados a que se refiere el artículo 13, se considerarán las condenas que hayan sufrido en los 5 años anteriores y, por las siguientes causas:

1. Por delitos, cuasidelitos, faltas, infracciones o contravenciones a la presente ley, a la Ley sobre expendio y consumo de bebidas alcohólicas y a la Ley N° 19.366, sobre Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas;

2. Por delitos o cuasidelitos para cuya perpetración se hubiere utilizado un vehículo;

3. Por delitos contra el orden de la familia y la moralidad pública;

4. Por el delito de conducir con licencia de conductor, boleta de citación o permiso provisorio judicial para conducir, falsos u obtenidos en contravención a esta ley o pertenecientes a otra persona.

De esta manera, de la revisión de los antecedentes, aparece que el recurrente, registra una condena de fecha 3 febrero de 2014 como autor en el grado de consumado de 3 delitos, de uso malicioso de instrumento público falso, autor reiterado de apropiación indebida y autor de uso malicioso de instrumento privado falso.

Precisa que el solicitante actualmente se encuentra en libertad condicional, con una sentencia vigente por los delitos antes señalados, de los artículos 13, 194, 196, 197 y 198 del código Penal, siendo necesario en conformidad al numeral 2 y 4 del artículo 13 de la ley 18.290, la evaluación de la idoneidad moral, teniendo en cuanta los delitos contra de la propiedad y fe pública de los 5 años anteriores a la solicitud. Por lo anterior, según el propio informe de denegación emitido por el director de tránsito de la ilustre municipalidad, al momento de calificar la idoneidad moral del conductor, el mismo tiene una condena vigente. Siendo dicha calificación privativamente al Director de Tránsito.

Alega que atendido el mérito de los antecedentes, y siendo facultad de calificar la idoneidad del conductor del director del Departamento de Tránsito y Transporte Público, señala que no existe ninguna vulneración en la decisión del Director de Transito de la no renovación en la licencia de conducir al recurrente.

Asimismo, dentro de la información proporcionada por la dirección de tránsito y transporte público, se le informo al recurrente que tenía la posibilidad de interponer apelación en contra de la resolución que niega la solicitud de licencia, lo que ocurrió en este caso, donde el recurrente apelo la resolución 802/2018 que deniega la licencia de conducir, sin embargo, la apelación fue desestimada por el segundo Juzgado de Policía Local en causa rol 22.710/2018.

Estima que no existe una conducta ilegal o arbitraria de la IMA a través de su director de Transito que conculque, amenace o prive los derechos constitucionales de la recurrente, es más existiendo además una explicación difusa de los derechos vulnerados del relato del recurrente, y desestimada la apelación interpuesta en contra de la resolución 802/2018 por el Segundo Juzgado de Policía Local de Antofagasta, no cabe más que se rechace íntegramente el presente recurso de protección, condenando en costas a la recurrente, por cuanto no tiene fundamento alguno que lo avale.

TERCERO: Que nombre reservado, Juez del Segundo Juzgado de Policía Local de Antofagasta, expone en su informe que en el Segundo Juzgado de Policía Local se tramitó la causa Rol 22.710-2018, incoada a raíz del reclamo formulado por don nombre reservado, CI. N° RUT reservado, en contra de la Resolución N° 802-2018 de la Dirección de Tránsito y Transporte Público de la Municipalidad de Antofagasta, todo ello conforme a lo previsto en el artículo 15, inciso tercero de la ley 18.290.

Refiere que la Resolución materia del reclamo, que negó a la parte interesada la emisión de una licencia de conducir, se fundó en el hecho de que el Director de Tránsito respectivo estimó que el solicitante carecía de idoneidad moral al efecto.

Agrega que el Tribunal, en un procedimiento sumario, previo analizar en conciencia los antecedentes del reclamante y teniendo muy especialmente presente su reiterada inconducta penal pretérita, procedió a rechazar el reclamo en comento, según consta de la sentencia dictada el 12 de diciembre pasado y notificada al día siguiente al reclamante.

Estima que en la dictación de la sentencia aludida no ha cometido infracción legal alguna, ya que el pronunciamiento se apegó a la normativa del artículo 15 inciso tercero de la ley de Tránsito, que da precisamente al Juez de Policía Local la posibilidad de analizar los antecedentes respectivos en única instancia y en conciencia. Así, una vez analizados los antecedentes penales del reclamante y teniendo, además, en consideración que aun cumple una sentencia bajo régimen de libertad condicional en una de las causa por las que ha sido condenado, se estimó prudente ratificar la decisión del Director de Tránsito materia del reclamo.

CUARTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

QUINTO: Que el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que solo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

SEXTO: Que a efectos de dilucidar la cuestión controvertida se debe tener en consideración que el marco regulatorio se encuentra establecido en la Ley 18.290, particularmente en su artículo 15, que dispone: “Para calificar la idoneidad moral de los interesados a que se refiere el artículo 13, se considerarán las condenas que hayan sufrido en los cinco años anteriores, por las siguientes causas:

1.- Por delitos, cuasidelitos, faltas, infracciones o contravenciones a la presente ley, a la Ley sobre Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas y a la ley Nº 19.366, sobre Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas;

2.- Por delitos o cuasidelitos para cuya perpetración se hubiere utilizado un vehículo;

3.- Por delitos contra el orden de la familia y la moralidad pública;

4.- Por el delito de conducir con licencia de conductor, boleta de citación o permiso provisorio judicial para conducir, falsos u obtenidos en contravención a esta ley o pertenecientes a otra persona;”

SÉPTIMO: Que la acción cautelar constitucional, no tiene forma de juicio y requiere derechos indubitados, por lo que no corresponde avocarse en esta sede a revisar resoluciones dictadas en procedimientos judiciales de Policía Local, desde que el sistema recursivo permite la revisión de todos los antecedentes e incluso el ordenamiento jurídico establece el recurso extraordinario para estos casos, razón por la cual procede el rechazo del recurso.

OCTAVO: Que sin perjuicio de lo anterior, y solo a mayor abundamiento, establecido el marco legal debe verificarse si el recurrente tiene condenas en los cinco años anteriores a su solicitud y si esas condenas se encuentran en alguna de las hipótesis indicadas por el legislador para realizar la calificación de la idoneidad moral. Siendo estas las únicas causales para rechazar la obtención de licencia de conducir profesional en relación a la calificación de la idoneidad moral, por lo que cumpliéndose los presupuestos legales, la decisión judicial aparece coherente con los presupuestos de hecho presentados, de manera que resultaría inapropiado acoger un recurso frente a la inexistencia del acto arbitrario o ilegal.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra de la Dirección de Tránsito y Transporte Público de la Ilustre Municipalidad de Antofagasta y en contra del Segundo Juzgado de Policía Local.

Regístrese y comuníquese.

Rol 5-2019 (PROT)

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