EULEN SEGURIDAD S.A con INSPECCIÓN COMUNAL TRABAJO DE POZO ALMONTE

Antofagasta, a veintitrés de marzo de dos mil dieciocho.

VISTOS:

Aníbal Carlos Rogel Sepúlveda, abogado, en representación de la empresa Eulen Seguridad S.A., RUT N°RUT reservado, representada legalmente por don nombre reservado, cédula de identidad Nº RUT reservado, todos domiciliados en domicilio reservado, deduciendo acción de protección de garantías constitucionales, en contra del Inspector Comunal del Trabajo de Pozo Almonte, Wilfredo Segura Pastén, domiciliado en domicilio reservado.

Evacua informe la recurrida, instando por el rechazo del recurso.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la acción constitucional interpuesta, se funda en que con fecha 13 de febrero del presente, el Inspector Comunal del Trabajo de Pozo Almonte, Wilfredo Segura Pastén, en el marco de la fiscalización realizada a la recurrente relativa a la multa N°8505.17.33-1,2,3, de fecha 18 de diciembre de 2017, notifica la decisión de dicha autoridad administrativa, de no dar curso a la solicitud de reconsideración de multa por no haberla presentado dentro del plazo legal de 30 días corridos, contados desde su notificación, originando a raíz de ello una fiscalización efectuada el día 18 de diciembre del año 2017, en la que se constató la existencia de hechos que a su juicio constituirían infracción a la legislación laboral que detalla en su presentación.

Refiere que en virtud de lo anterior, la Inspección Comunal del Trabajo, procedió a cursar una multa mediante resolución N°8505.17.33-1, 2, 3, en razón a lo dispuesto en los artículos 32 inciso 3°, 33 y 506 del Código del Trabajo en relación al artículo 20 del reglamento de 1933, artículo 38 inciso 3°.

Señala que la resolución de multa fue notificada con fecha 29 de diciembre de 2017, según acta de notificación personal de igual fecha, discrepando con lo señalado en el Ord. N°13, en contra del que se recurre, al indicar erróneamente como fecha de notificación el 19 de diciembre. Expone que al no estar conforme con la multa cursada, el 30 de enero de 2018, procedió a presentar vía carta certificada, recurso de reconsideración. Luego, con fecha 13 de febrero del año en curso, se notificó el Ord. Nº13 de la Inspección Comunal del Trabajo de Pozo Almonte, de fecha 02 de febrero del presente, que resolvió la inadmisibilidad de la solicitud de reconsideración, por encontrarse a juicio de la recurrida presentado fuera de plazo.

Explica que el Ord. N° 13 es ilegal y arbitrario, al vulnerar la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, al violentar el derecho de acceder a una instancia de reclamación administrativa en razón de una decisión arbitraria e ilegal de la autoridad administrativa, fundado en los artículos 512 en relación al artículo 435 del Código del Trabajo, ambos en relación al artículo 25 de la Ley 19.880 que establece Bases de los Procedimientos Administrativos, que dispone que el cómputo de los plazos para interponer las reconsideraciones administrativas es de días hábiles, entendiendo que no lo son los días sábados, domingos y festivos y la del numeral 3° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que tiene por objeto proteger el ejercicio de los derechos de las personas ante cualquier órgano del Estado, teniendo un alcance general, y que en caso de autos, se vulnera, pues al estimar la Inspección del Trabajo, que la solicitud de reconsideración administrativa, es inadmisible por haber sido presentada fuera de plazo, impidiéndole no sólo acceder a la legítima defensa de sus derechos ante la autoridad administrativa, por las multas cursadas, sino que también a los Tribunales de Justicia, ya que en virtud de lo que prescribe el artículo 512 inciso 2º del Código del Trabajo, la resolución que dicta el Inspector del Trabajo respecto a la reconsideración es reclamable ante el Juez de Letras del Trabajo, al cual, en el caso particular mi representada se encuentra impedida de ocurrir, por la decisión arbitraria e ilegal de la Inspección del Trabajo.

En base a ello solicita en definitiva que se deje sin efecto la referida resolución, debiendo acoger la solicitud de reconsideración administrativa presentada con fecha 30 de diciembre de 2017, todo ello, con condena en costas de la recurrida.

SEGUNDO: Que informando Rodrigo Ceballos Vicentelo, abogado, actuando en representación de la Inspección Comunal del Trabajo, solicita el rechazo, con costas. Señala que la acción radica en el Ordinario N° 13 de fecha 17 de febrero del 2018, emanado del Inspector Comunal del Trabajo de Pozo Almonte, Wilfredo Segura Pasten, puesto que los hechos, la faena, el procedimiento de fiscalización y sus efectos por los cuales se cursó la infracción se desarrolla en la comuna de Pozo Almonte, resultando por tanto esta Ilma. Corte de Apelaciones incompetente para conocer y resolver la presente acción, en virtud de lo dispuesto en los artículos 18 y 19 del D.F.L. N° 2 de 1967 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

Expone que el acto administrativo objeto del presente recurso se desarrolla en la comuna de Pozo Almonte, provincia del Tamarugal, lugar donde la infracción se cursó por encontrarse en esa zona geográfica la faena fiscalizada, razón por la cual el Inspector Comunal de Pozo Almonte dentro de su competencia y jurisdicción cursa el ordinario N° 13 de fecha 03 de febrero del 2018, la que fue ejercida por éste y no por otro Inspector del Trabajo de otra provincia o comuna, que carece de dicha atribución, correspondiendo por ello aplicar lo dispuesto por el artículo 1° del Auto Acordado sobre interposición, tramitación y fallo del recurso de protección de las garantías constitucionales de la Excma. Corte Suprema.

Refiere además, que el recurso de protección no es la vía adecuada para zanjar un cuestión de interpretación, pues este no es el medio idóneo para realizar un control de legalidad sobre los actos administrativo, sino exclusivamente para tutelar los derechos garantizados por la Constitución Política de la República. Cabe indicar que sí la recurrente pretende revisar una resolución dictada por la Inspección del Trabajo, debe ejercer la acción ante el Juzgado de Letras del Trabajo competente, ello en virtud de lo dispuesto en el artículo 420 y 504 del Código del Trabajo, citando jurisprudencia al efecto.

TERCERO: Que en cuanto a la alegación de la recurrida en cuanto a que esta Corte es incompetente para conocer del presente arbitrio constitucional, fundado en el lugar donde se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal, se debe establecer que la presente acción se interpone en contra del Ord. N° 13, de fecha 12 de febrero de los corrientes, dictado por la Inspección Comunal del Trabajo de Pozo Almonte, mediante el cual se declaró inadmisible la reconsideración administrativa presentada por la recurrente en contra de la Resolución de Multa N° 8505/17/33, de fecha 19 de diciembre pasado, en la que se indica textualmente que “con fecha 18 de diciembre de 2017, en curso de fiscalización, efectuada por el fiscalizador Sr. nombre reservado que suscribe, al empleador Eulen Seguridad, RUT RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado (…)”.

CUARTO: Que en este sentido, según lo dispone el numeral 1° del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, dispone que “El recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas”.

Atendido lo señalado precedentemente, procede declarar la incompetencia para conocer del recurso interpuesto debiendo, dada la naturaleza de este procedimiento, remitirse a la Iltma. Corte de Apelaciones de Iquique, por corresponderle su conocimiento y resolución.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara la INCOMPETENCIA para resolver el recurso de protección interpuesto por Aníbal Carlos Rogel Sepúlveda, abogado, en representación de la empresa Eulen Seguridad S.A., en contra del Inspector Comunal del Trabajo de Pozo Almonte y se ordena su remisión a la I. Corte de Apelaciones de Iquique, para que continúe el conocimiento o sustanciación del mismo.

Regístrese y comuníquese.

Rol 495-2018 (PROT)

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