nombre reservado con SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION REGIONAL

Antofagasta, a once de febrero de dos mil veintiuno.

VISTOS:

nombre reservado, operario mecánico, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, Condominio nombre reservado, comuna y ciudad de Antofagasta, interponiendo recurso de protección en contra del Servicio de Impuestos Internos, representado por nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por el acto arbitrario e ilegal consistente en la dictación de la resolución administrativa Nº 7732051791, la que consigna que no cumple con los requisitos para el otorgamiento del beneficio de aporte estatal contemplado en la Ley Nº 21.252.

Informa la recurrida solicitando el rechazo del recurso.

Puesta la causa en estado se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, en primer lugar, el recurrente explica el contexto en que se dictó la Ley Nº 21.252 que estableció el llamado bono clase media, citando disposiciones de la mencionada ley, en particular el artículo 2 que establece los requisitos para acceder al bono, afirmando que su situación se enmarca en la hipótesis contemplada en la letra b) del Nº 3 del artículo 2, por lo que en el mes de agosto de 2020 solicitó el mencionado beneficio, el que le fue concedido. Luego, se le informa que debe restituir el bono clase media por no haber cumplido con todos los requisitos establecidos, toda vez que el SII detectó diferencias entre el monto declarado como sueldo tributable en el mes de julio del 2020 y el monto real calculado a partir de sus cotizaciones previsionales obligatorias, sin cumplir con el requisito legal de registrar una disminución del 30% o más en el mes de julio de 2020 respecto del promedio de ingresos totales. Por lo expuesto, el servicio procedió a retener los dineros solicitados por concepto de beneficio préstamo a tasa 0% real, contemplado en el artículo 5 de la Ley Nº 21.252, respecto de los meses de septiembre y noviembre del 2020, indicándosele que dichos dineros serán pagados únicamente después de la devolución del bono clase media.

Conforme lo anterior, con fecha 25 de noviembre de 2020, inició una petición administrativa, la cual está signada bajo el Nº 77320251791, aportando todos los antecedentes que dan cuenta de la reducción de su remuneración en un 30%, entre los que se encuentran la liquidación del mes de julio del año 2020, liquidación del mes de julio del año 2019, modificación de contrato individual de trabajo y certificado de cotizaciones previsionales. Sin embargo, con fecha 1 de diciembre de 2020, se le indica por correo electrónico que: “de acuerdo a la Ley Nº 21.252 y de acuerdo a los antecedentes aportados, su ingreso del mes de julio de 2020, no ha disminuido sobre un 30%, por lo que puede acceder al beneficio del aporte estatal”. Afirma que ha presentado todos los antecedentes que permiten acreditar los supuestos facticos que contempla la legislación expuesta y, además, en las propias solicitudes del beneficio préstamo a tasa 0% real, contemplado en el artículo 5 de la Ley N 21.252, se indica que sus ingresos han disminuido en un 37% en el mes de octubre y en un 45% en el mes de agosto.

Finalmente, indica que los hechos descritos importan la afectación al derecho previsto en el Nº 24 del artículo 19 de la Constitución Política, ya que el pago de las respectivas prestaciones es un derecho incorporal que ya ha ingresado a su patrimonio, vulnerándose, además, el derecho previsto en el Nº2 del mencionado artículo, al negarse el pago a pesar de que se enmarca en la hipótesis del artículo 2, Nº3, letra b) de la Ley Nº 21.252 y, finalmente, se afecta el derecho previsto en el Nº 2 del artículo 19 de la Constitución Política, al negarse el acceso al beneficio.

Solicita que se ordene a la recurrida dar cumplimiento a la Ley Nº 21.252, procediendo al pago del préstamo con devolución, solicitado en los meses de septiembre y noviembre del año 2020 y todas las demás prestaciones a las que tenga derecho y ordenar a la recurrida que se desista de la petición de devolución del aporte fiscal contemplado en el artículo 4 de la Ley Nº 21.252, ya que cumpliría con todos los requisitos.

SEGUNDO: Que informa nombre reservado, en representación del Servicio de Impuestos Internos, solicitando el rechazo del recurso.

Explica que con fecha 4 de agosto de 2020, mediante petición contenida en el Folio N°960601, el recurrente solicitó el “Aporte Fiscal No Reembolsable” de $500.000, también conocido como “Bono Clase Media”, establecido en el artículo 4º de la Ley N° 21.252, informando como ingreso mensual para el mes de julio de 2020, la suma de $452.000, y una disminución de sus ingresos del 61%, por lo que se accedió a lo solicitado, procediendo la Tesorería General de la República a su entrega con fecha 13 de agosto de 2020. Posteriormente, con fecha 14 de septiembre de 2020, mediante presentación efectuada mediante Folio N° 3725393, solicitó el “Préstamo Solidario a Tasa Cero”, establecido en el artículo 5º, de la Ley N° 21.252, por un monto de $367.000, declarando como ingreso respecto del mes de agosto de 2020, la suma de $650.000, y una disminución de sus ingresos del 45%, por lo que el mismo fue otorgado y entregado por la Tesorería General de la República con fecha 24 de septiembre de 2020.

Sostiene que, en el intertanto, y en virtud de nuevos antecedentes que fueron aportados por la Superintendencia de Pensiones, la Superintendencia de Seguridad Social y la Administradora de Fondos de Cesantía, se procedió a la revisión de la solicitud de aporte fiscal, detectándose una discrepancia entre el monto auto declarado por el recurrente como sueldo tributable durante el mes de julio de 2020 para pedir el bono clase media y el monto real calculado a partir de sus cotizaciones previsionales obligatorias. En efecto, en dicho mes, el recurrente registraba un ingreso tributable ascendente a $ 1.388.044 y no de 452.000 como había declarado, cifra que no cumple con el requisito legal de tener al mes una caída del 30% de sus ingresos, cuestión que fue informada por carta aviso remitida por correo electrónico con fecha 3 y 5 de octubre. Luego, con fecha 10 de noviembre de 2020, presentó una segunda solicitud de préstamo solidario, mediante Folio N° 4887966, en la que declaró un ingreso mensual para el mes de octubre de 2020, de $750.000, y una disminución de sus ingresos del 37%, solicitud que se encuentra pendiente, hasta que el recurrente restituya completamente el monto del Bono Clase Media al que accedió sin cumplir con los requisitos para ello, o una vez que se hayan revisado los antecedentes que debe aportar para aclarar su situación lo que también le fue comunicado. Posteriormente, con fecha 25 de noviembre de 2020, ingresó la solicitud Folio Nº 77320251791, mediante la cual pidió que se le reconociera la calidad de beneficiario del Bono Clase Media, con el objeto de que se le alzara la retención de su segundo préstamo solidario, acompañando su liquidación de sueldo del mes de julio del año 2020, de la empresa Servicios de Transportes Integrados Ltda., R.U.T. N° RUT reservado, solicitud que fue rechazada con fecha 1 de diciembre de 2020, informándole que debía proceder a la restitución del bono, lo que podía realizar, sin recargos, hasta el 31 de diciembre de 2020, ya que de la revisión de los antecedentes aportados se pudo verificar que efectivamente no cumplía con el requisito legal de tener al menos una caída del 30% de sus ingresos, por el contrario, experimentó un aumento en relación a dicho periodo.

Expuesto lo anterior, alega la extemporaneidad del recurso de protección, ya que la acción se dirige en contra de la comunicación de restitución, que le fue comunicada con fecha 3 y 5 de octubre de 2020, por lo que habiéndose interpuesto el presente recurso con fecha 30 de diciembre de 2020, lo ha sido fuera de plazo.

Luego, sostiene la inexistencia de un acto arbitrario o ilegal, ya que la carta de aviso no es una actuación de cobro ni una orden judicial de restitución, pues según lo dispuesto en el artículo 12, inciso primero de la Ley Nº 21.252, el mecanismo para obtener el reintegro del aporte fiscal indebidamente percibido es el proceso de declaración anual de impuesto a la renta, por lo que la carta aviso remitida al recurrente, mediante correos electrónicos de fecha 3 y 5 de octubre, es una mera invitación a que restituya voluntariamente el beneficio indebidamente percibido en el marco de las atribuciones que el artículo 13, inciso segundo, de la Ley 21.252, en relación con el artículo 33, inciso primero, número ii, del Código Tributario.

A continuación, se refiere a la facultades legales del Servicio de Impuestos Internos en la materia, citando al efecto los artículos 6 y 7 de la Constitución Política, la Ley Nº 18.575 y, en particular, la Ley Nº 21.252, sosteniendo que para el otorgamiento de los beneficios consignados en los artículo 4 y 5 de esta última ley, se encargó al Servicio: (i) efectuar la recepción de las solicitudes formuladas por los contribuyentes; (ii) realizar la verificación del cumplimiento de los requisitos para su otorgamiento; (iii) determinar y calcular el monto del aporte y beneficio; e (iv)informar al Servicio de Tesorería para otorgar el aporte y beneficio y proceder al pago. Agrega que, en atención que a la existencia de personas que accedieron al beneficio sin tener derecho a él o bien solicitaron un monto mayor al que realmente les correspondía, se dictaron las Resoluciones Exentas Nº 132 y 136, de 2 y 23 de octubre de 2020, las que establecieron un mecanismo especial y previo para restituir las sumas debidamente entregadas, o bien para que aportaran los antecedentes que respaldaban su petición.

En el siguiente apartado, detalla la situación del recurrente, indicando que en virtud de la información proporcionada por el recurrente y aquella que se encontraba a disposición del Servicio, se pudo verificar que éste no cumplía con todos los requisitos exigidos por la ley para acceder al aporte fiscal, toda vez que no hubo disminución de sus ingresos como había declarado, incumpliéndose con ello el requisito del artículo 2 Nº2 de la Ley Nº 21.252. En efecto, explica que la renta total neta pegada al recurrente durante el año comercial 2019, ascendió a RUT reservado, el que debe ser dividido por el número de meses informados como trabajados, esto es, 12, resultando la cantidad de $1.157.225, que corresponde al ingreso mensual promedio para dicho año, la que debe reajustarse según la variación del IPC entre la fecha de percepción y el último día del mes anterior a la solicitud, resultando de esta forma la cifra de $1.172.200, que sería la cifra la utilizada para el cálculo del beneficio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3°, de la Ley Nº 21.252. Por otra parte, y de acuerdo a la liquidación de remuneraciones del recurrente, correspondiente al mes de julio de 2020, se apreciaría que en ésta se consigna un total tributable para dicho periodo de $1.388.044, por lo que, en definitiva, no existe un porcentaje de disminución, ya que el ingreso mensual promedio es menor al monto tributable para el mes de julio del año 2020.

Concluye que lo realizado por el Servicio de Impuesto Internos se enmarca en las atribuciones concedidas por la Ley Nº 21.252, no existiendo, por tanto, un acto u omisión, arbitraria o ilegal, que pueda afectar las garantías constitucionales indicadas por el recurrente, afirmando, además, que el recurrente no señala de qué manera se verían afectados sus derechos.

TERCERO: Que el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

CUARTO: Que, de acuerdo con lo expresado no surge un derecho fundamental o garantía constitucional indubitado desde que el Servicio de Impuestos Internos discute la procedencia del aporte fiscal (Bono Clase Media), lo que constituye un conflicto que no es posible resolverlo en un procedimiento sin forma de juicio como el presente.

QUINTO: Que, como se advierte, esta controversia excede el ámbito del presente arbitrio constitucional que es de naturaleza cautelar y, por esencia, breve, concentrado y sin las garantías elementales del debido proceso, con el objeto de dar respuesta oportuna a afectaciones flagrantes, notorias o evidentes que impliquen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de determinados derechos y garantías constitucionales indubitadas. En efecto, la naturaleza propia de la acción constitucional de protección y el procedimiento inquisitivo dispuesto para su tramitación, constituyen antecedentes destinados a resolver situaciones en que los hechos esgrimidos y los derechos constitucionales que se dicen afectados son indubitados e indiscutidos, cuestión que no ocurre en la especie. Lo anteriormente dicho es particularmente aplicable al caso, considerando que la ley 21.252 dispone en su artículo 12 que el reintegro del bono ya citado se deberá realizar en la declaración de impuesto a la renta conforme al artículo 65 de la Ley sobre Impuesto a la Renta siguiente a dicha determinación, oportunidad en la cual la recurrente podrá renovar sus alegaciones ante el Servicio recurrido e intentar, en su caso, las acciones judiciales que el ordenamiento le confiere.

Por estas consideraciones y atendido además lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas el recurso de protección deducido por nombre reservado, en contra del Servicio de Impuestos Internos.

Regístrese y comuníquese.

Rol Nº 4937-2020 (PROT).