Protección contra Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes

Antofagasta, a tres de febrero de dos mil veintiuno.

VISTOS:

La comparecencia de Martina Jacinta Infante Larrondo, quien en favor de nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, dedujo recurso de protección en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, representada legalmente por don nombre reservado, que a través de la instrucción por “convenio” para descuento intercaja, efectuó descuento a través de la Caja de Compensación 18 nombre reservado, solicitando se declare que los descuentos informados y percibidos por la recurrida son ilegales y se ordene su reintegro y abstención de informar descuentos de sus remuneraciones en lo sucesivo, con costas.

Informaron las recurridas, solicitando el rechazo del recurso.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso se funda en la existencia de un actuar ilegal y arbitrario de la recurrida, consistente en informar un crédito para descuento por parcialidades de sus remuneraciones, no obstante haber optado por cobrar la deuda por la vía civil, haciendo uso de cláusula de aceleración. Lo anterior, vulnerando las garantías constitucionales consagradas en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política.

Señaló que la Caja de Compensación Los Andes, le otorgó un crédito que consta en pagaré suscrito el 24 de julio del año 2014, por el monto de $1.412.065, a pagar en 24 cuotas de $1.430.081 (sic).

Posteriormente, producto del incumplimiento en el pago, se inició un juicio ejecutivo que se encuentra en tramitación ante el 1° Juzgado de Letras en lo Civil de Antofagasta, por $1.430.081, haciendo uso de la cláusula de aceleración, fundado en que el actor está en mora desde el 30 nombre reservado de 2014. En este contexto, en enero de 2016, se notificó la demanda y actualmente se está discutiendo la excepción a la ejecución.

No obstante, en el mes de diciembre, al recibir su liquidación de los meses de octubre y noviembre, tomó conocimiento de que se hicieron dos descuentos por “Crédito caja”, por la suma de $100.466 cada uno, dando un total de $200.932. Además, que tal monto no se condice con lo autorizado para descuento, esto es $76.874. Así, consultado su empleador, se le indicó que corresponde a un descuento “inter-caja”, ya que existe un convenio con la Caja 18, para cobrar la deuda de Caja Los Andes.

Refirió que el acreedor fue negligente en su cobro y únicamente cuando el recurrente fue notificado en el juicio y se defendió en él, comenzó a cobrarse la deuda arbitraria y/o ilegalmente a través sus remuneraciones, afectando su derecho de propiedad y sin respetar su legítima expectativa de percibir sus remuneraciones de forma íntegra.

Tal uso, amparado en el especial trato que la ley otorga a las nombre reservado, constituye un abuso del derecho, ya que no puede la recurrida pretender tener un derecho de prenda general más amplio que el resto de las personas. Ello, porque la recurrida ha decidido usar la vía jurisdiccional para cobrar la deuda, y no obstante estar la demanda notificada y tramitándose la excepción, pretende burlar el derecho, usando ilegal y/o arbitrariamente la facultad que le otorga la Ley N°18.833, la que sólo se contempla para un uso oportuno y no procede en la especie, por el tiempo de inactividad.

Considera infringida la garantía de igualdad ante la ley, del artículo 19 N°2 de la Constitución, ya que la recurrida - haciendo uso de un privilegio no especialmente otorgado - actuó irrogándose una especie de derecho de prenda amplísimo y pretende descontar el crédito sin su autorización, mientras hay un juicio vigente, abusando de un estatuto legal especial.

De igual forma, se ha infringido lo indicado en la Circular n°2052 de la Superintendencia de Seguridad Social, donde se establece que, tanto la reprogramación como la repactación de los créditos sociales, debe ser de mutuo acuerdo entre las partes contratantes y, que tal consentimiento debe ser expreso.

Asimismo, se vulneró el N°24 del mismo artículo, ya que el actor tiene la legítima expectativa de percibir sus remuneraciones de forma íntegra y la recurrida ha conculcado su uso, goce y disposición, apropiándose ilegal y/o arbitrariamente de parte de ella.

Concluyó solicitando que declare que los descuentos informados y percibidos por la recurrida son ilegales; se ordene el reintegro de los descuentos aplicados y; se ordene a la recurrida de abstenerse en lo sucesivo de efectuar o informar descuentos en las remuneraciones del recurrente; o en subsidio de lo anterior, las medidas que se estimen pertinentes para reestablecer el imperio del derecho, con costas.

SEGUNDO: Que informó el abogado Matías Zoroquiain Vélez, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 nombre reservado, solicitando el rechazo del recurso.

Fundó su defensa en que su representa no es acreedora del actor, limitándose su participación a la intermediación en el cobro de la deuda de crédito que este mantiene con la Caja Los Andes. Lo anterior, en virtud de la aplicación de la plataforma intercajas, que consiste en un sistema integrado de recaudación de deudas de afiliados, que permite que estas sean recaudadas por la Caja en que el trabajador se encuentre actualmente afiliado.

Así, este sistema se limita a dar aplicación a la normativa de cobro y pago de cuotas de crédito social, contenida en la Ley N°18.833, particularmente en su artículo 22 inciso 1°; el D.S 71 de 1978 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social; la Ley N°17.322, en su artículo 22; la circular 2052 de la Superintendencia y; el artículo 58 del Código del Trabajo.

En este contexto, la Caja Los Andes informó la necesidad de disponer descuentos de las remuneraciones del recurrente, por su situación de morosidad y por ello, se incluyó la deuda en las planillas que se remiten a su empleador y se descontaron las sumas señaladas en el recurso. Así, la suma descontada mensualmente, dice relación con morosidades derivadas de cuatro pagarés, que se están cobrando conjuntamente.

Sin perjuicio de lo anterior, indicó desconocer la existencia de la causa judicial y el estado procesal de la causa que se indica por la recurrente.

Finalizó señalando que, no obstante, se ha resuelto por la jurisprudencia que en los hechos, no se configura acción ilegal o arbitraria alguna.

TERCERO: Que informó el abogado Sergio Abarca Vargas, en representación de la recurrida, Caja de Compensación Los Andes.

Fundó su defensa en que el recurrente incumplió con el pago del crédito contratado, por la suma de $1.412.065, a pagar en veinticuatro cuotas de $80.402, de las que se pagaron únicamente cuatro. Por ello, se informaron los descuentos al empleador, conforme al mecanismo dispuesto en el articulo 22 de la Ley N°18.833.

En consecuencia, actualmente se está efectuando el cobro de una deuda vigente, cuya acción de cobro no ha sido declarada prescrita. Por lo tanto, no tiene el recurrente un derecho indubitado, ya que se trata de un asunto que debe ser discutido y declarado en sede judicial.

En cuanto al cobro efectuado por la Caja 18 nombre reservado, señaló que este se hizo efectivo a través de un contrato de mandato y prestación de servicios, celebrado en abril del año 2013. Este contrato, tiene por objeto que la caja acreedora pueda acceder a información y ubicar a deudores que ya no se encuentren afiliados, para acordar con la Caja a la que este se haya incorporado, la recaudación de las cuotas adeudadas.

Esta figura contractual se encuentra autorizada, de conformidad al artículo 19 N°7 de la Ley 18.833, y actualmente se encuentra operada a través de la mandataria delega, SINACOFI. Así, la información de relevancia para la operación del proyecto intercajas, es derivada una vez al mes a la Superintendencia.

Así, en este contexto se solicitó a la Caja 18 nombre reservado que recibiera el pago del crédito del recurrente, en calidad de diputada para el pago, informando al empleador y requiriera el descuento de la remuneración, a través de la vía de la simple representación.

Por último, indicó que – sin reconocer la extinción de la deuda ni los hechos imputados – la Caja dispuso el cese definitivo de los descuentos a través de su empleador, y asimismo, se dispondrá la restitución de las sumas descontadas, lo que se informará oportunamente. Por ello, solicitó que se rechace el recurso, por falta de oportunidad o que en subsidio, se le exima del pago de las costas.

CUARTO: Que de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

QUINTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

SEXTO: Que en la especie, el recurrente dirige su acción en contra del supuesto actuar ilegal y arbitrario de la recurrida, consistente en informar un crédito para descuento de las remuneraciones del actor, en el mes de diciembre del año dos mil veinte, pese a haber optado por la vía civil de cobro, haciendo uso de cláusula de aceleración.

SÉPTIMO: Que es un hecho no controvertido que la recurrida efectuó un descuento de la remuneración del actor, correspondiente a los meses de octubre y noviembre del año dos mil veinte, con posterioridad a haber ejercido la acción ejecutiva. Ello, a raíz de una obligación existente entre las partes, en virtud de un crédito otorgado por la Caja de compensación al actor, con fecha 24 de julio del año 2014.

Así, en virtud de la existencia de la deuda - a juicio de las recurridas - tal conducta fue ejecutada a instancia y bajo supervisión de la Superintendencia de Seguridad Social, extinguiendo con ello parcialmente una obligación pendiente, cuya prescripción no ha sido declarada judicialmente, utilizando un mecanismo autorizado por el artículo 22 de la Ley Nº18.833.

OCTAVO: Que se desprende de los antecedentes que en la especie se cobra una obligación de dinero por el préstamo de la suma de $1.412.065, a pagar en 24 cuotas. No obstante, se dejó de pagar a partir de la cuota N°5, con vencimiento en septiembre de 2014, sin que se incorporara por la recurrida ningún antecedente sobre el cobro compulsivo del crédito o de pagos parciales anteriores a la fecha de presentación de la demanda en el año 2015, en la que se hizo exigible la totalidad del crédito.

En consecuencia, no resulta procedente hacer el cobro de las cuotas del crédito mediante descuentos a través de la remuneración del trabajador, ya que este se exigió de forma completa en la fecha señalada mediante una acción ejecutiva, sin que existan entonces parcialidades por cobrar.

NOVENO: Que de esta forma, es menester señalar que conforme la legación actual, a las Cajas de Compensación se les faculta, como forma de obtener el pago de los créditos sociales que otorgan, para que se proceda a la retención de parte de la remuneración del trabajador, por lo que no se observa la ilegalidad alegada por el actor.

Sin perjuicio de lo anterior, se debe tener presente que la recurrida ya había optado por ejercer la acción ejecutiva, a cuyo cobro se opuso fundamente el recurrente, por lo que al forzar de forma unilateral un beneficio que la ley contempla para un cobro oportuno, deviene el acto cuestionado en arbitrario, antojadizo, caprichoso y carente de razón.

Asimismo, el acto calificado como arbitrario, priva al actor de su derecho de propiedad sobre parte de su remuneración.

DÉCIMO: Que si bien la recurrida Caja Los Andes señaló al informar que cesaría los descuentos mensuales y restituiría las sumas indicadas, ningún documento fue acompañado al efecto ni se señaló un plazo para efectuarlo, razón por la que se acogerá el recurso.

UNDÉCIMO: Que respecto de la Caja 18 nombre reservado, limitándose su actuación a ser una vía de recaudación de la deuda, como representante de Caja Los Andes, sin que conste ni pueda presumirse su conocimiento previo de la existencia del juicio ejecutivo pendiente entre las partes, se rechazará la acción a su respecto.

Por estas consideraciones y atendido además lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE ACOGE con costas el recurso de protección deducido por la abogada Martina Jacinta Infante Larrondo, en representación de nombre reservado El Hage, en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, y en consecuencia se ordena a la recurrida abstenerse en lo sucesivo de efectuar o informar descuentos en las remuneraciones del recurrente, y la restitución del dinero descontado, debidamente reajustados, dentro de décimo día de ejecutoriada esta sentencia.

Respecto de la recurrida Caja de Compensación 18 nombre reservado, SE RECHAZA sin costas la acción incoada.

Regístrese y comuníquese.

ROL 4933–2020 (PROTECCIÓN)