nombre reservado con SINDICATO DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES DE BUZOS MARISCADORES Y RAMOS AFINES, CALETA INDÍGENA,

Antofagasta, veintiséis de junio de dos mil veintiséis.

VISTOS:

nombre reservado, buzo pescador, cédula de identidad N°RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra del Sindicato de Trabajadores Independientes de Buzos Mariscadores y Ramos Afines, Caleta Indígena, Tocopilla, representada legalmente por don nombre reservado, por el acto arbitrario e ilegal consistente en la aplicación de la medida disciplinaria de expulsión del sindicato, sin haber ejercido su derecho a defensa conforme a los estatutos, vulnerando derechos garantizados por la Constitución.

Informó la recurrida, instando por el rechazo del arbitrio constitucional.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurrente señala que desde el año 2018 es socio activo del sindicato recurrido, ubicado en la Caleta “Camping Indígena” que se encuentra en el kilómetro 153 de la Ruta 1 hacia el lado sur de la comuna de Tocopilla, y el sindicato extrae productos marinos explotando las áreas de manejo entregadas por el Estado de Chile.

Dice que con fecha 11 de febrero fue notificado mediante carta de la medida disciplinaria de expulsión del Sindicato, no obstante los estatutos señalan que para ello se debe llamar a una asamblea y lo deben citar para ser oído y ejercer su defensa, cuestión que nunca ocurrió. Por otro lado, agrega que las razones que se expresan en la carta son falsas e inexistentes, siendo la arbitrariedad evidente.

Menciona que, de acuerdo al régimen disciplinario interno, el artículo 38 de los estatutos señala que, si el directorio o la asamblea estimaren pertinentes la aplicación de una medida disciplinaria, se resguardará el derecho del afiliado para ser oído, pero nunca fue llamado, por lo que la expulsión se torna ilegal y arbitraria ya que no se citó asamblea para exponer los hechos que me imputan. Añade que el artículo 42 de los estatutos indica que cuando la gravedad de la falta o las reincidencias en ella lo estimare necesario, la asamblea como medida extrema, podrá expulsar al socio, a quien siempre se le dará la oportunidad de defenderse, además la medida de expulsión solo surtirá efecto si es aprobada por la mayoría absoluta de los socios, cuestión que nunca sucedió.

En cuanto a los derechos vulnerados, indica el derecho a la igualdad ante la ley (Número 2º), la garantía de no ser juzgado por comisiones especiales (Número 3º), derecho a asociarse y permanecer en una asociación (Número 15º), y el derecho constitucional a afiliarse y permanecer en un sindicato (artículo19ª).

Seguidamente sostiene que el marco de legalidad que rigen los estatutos de una asociación se encuentra en el Título XXXIII del Libro Primero del Código Civil que trata las personas jurídicas, siendo procedente la interposición del presente recurso.

Solicita se deje sin efecto la medida disciplinaria de expulsión decretada en su contra y restablecer su calidad de Socio del Sindicato recurrido, así como otras medidas que parezcan adecuadas, con costas.

SEGUNDO: Que informó nombre reservado, en su calidad de presidente y representante legal del Sindicato de Trabajadores Independientes de Buzos Mariscadores y Ramos Afines, Caleta Indígena, Tocopilla, solicitando el rechazo del recurso de protección.

Indica que el recurrente pretende construir un relato de vulneración sorpresiva, calificando su desvinculación como un acto “unilateral, ilegal y arbitrario”, sin embargo, un examen riguroso de la realidad operativa de la organización demuestra que la medida adoptada fue la última instancia legítima de una comunidad organizada frente a un socio que no solo desertó de sus deberes básicos, sino que incurrió en conductas de indisciplina grave y boicot institucional.

Explica que la situación del Sr. nombre reservado no se originó de forma intempestiva el 11 de febrero de 2026, ya que, con más de un año de antelación, esto es, con fecha 14 de enero de 2025, la Directiva del Sindicato remitió una carta informativa formal al recurrente comunicándole su paso a la condición de “Socio Inactivo” para todas las operaciones del Área de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos. Dicha medida precautoria inicial se fundó en un hecho fáctico de alta gravedad: el nulo apoyo y la falta absoluta de compañerismo hacia sus pares frente a la crítica situación comunitaria vivida con terceras personas que pretendían instalar una planta de huiro en el sector de Área de Manejo. El recurrente, lejos de defender el patrimonio hidrobiológico que sustenta a las familias de la Caleta, adoptó una postura de pasividad y desinterés que mermó la defensa colectiva de la organización, quedando plenamente apercibido de la gravedad de su conducta desde principios del año 2025.

Señala que tras meses de mantener una actitud contumaz y no subsanar los reproches estatutarios, la situación del recurrente se volvió insostenible para el tejido social de la organización, configurándose de manera copulativa las siguientes causales estatutarias explícitas para su expulsión:

A.- Infracción al Artículo 26 Letra B del Estatuto: Consistente en el reiterado incumplimiento de las obligaciones de asistencia y cooperación activa en las actividades y faenas organizadas por el sindicato. En la pesca artesanal, la omisión del trabajo físico de vigilancia y mantención del Área de Manejo recarga injustamente al resto de los socios mariscadores.

B.- Infracción al Título IX, Artículo 40, Letras B y C del Estatuto: Esta causal reviste la máxima gravedad y destruye cualquier pretensión de “arbitrariedad” por parte del recurrente. Se constató materialmente que el Sr. nombre reservado no mantuvo una conducta adecuada durante las reuniones, asambleas y sesiones de directorio, incurriendo en reiteradas agresiones verbales hacia los dirigentes de la organización. Lo más pernicioso es que dichas agresiones se ejecutaron en presencia de profesionales de la empresa CODELCO, entidad con la que el sindicato mantiene relaciones técnicas e institucionales estratégicas. La conducta del recurrente no solo rompió los estándares mínimos de convivencia gremial, sino que provocó un daño reputacional severo a la seriedad de nuestra institución frente a terceros estratégicos.

Refiere que, al constatarse la inviabilidad de mantener al recurrente en el padrón debido a este concurso de infracciones, la Directiva procedió a citar a una Reunión General Extraordinaria de Socios para el día 11 de febrero de 2026. La citación cumplió rigurosamente con las formalidades y publicidad exigidas, fijándose como orden del día: “Situación de los socios”, singularizándose expresamente el examen de la conducta de don nombre reservado. La sesión se constituyó con el quórum estatutario requerido, y la Asamblea General de Socios, en su calidad de órgano supremo y soberano, ponderó la carta de advertencia previa de 2025, el nulo apoyo en el conflicto de la planta de huiro y las inaceptables agresiones verbales ante el personal de CODELCO, por lo que el acuerdo de desvinculación se adoptó de manera unánime por las bases.

Menciona que, como testimonio de la regularidad del acto, se levantó el Acta de Reunión Extraordinaria, documento manuscrito firmado de puño y letra por los socios presentes, entre ellos, don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, entre otros, contando con la correspondiente certificación y firma del Secretario de la organización, don Jonathan Mora Castillo.

Sostiene que no existe arbitrariedad cuando el acto descansa en motivos racionales y probados, ya que la expulsión del recurrente no obedece al capricho de esta Directiva, sino a la legítima defensa de la subsistencia del sindicato. Las agresiones verbales a los dirigentes en reuniones técnicas y frente a profesionales de CODELCO ponen en riesgo inminente los convenios, mesas de trabajo y la viabilidad institucional de la organización, y la sanción guarda estricta proporcionalidad con el daño corporativo causado por el recurrente.

En cuanto a la infracción al debido proceso, afirma que el proceso disciplinario tomó más de un año, iniciándose con la declaración de inactividad en enero de 2025. El Sr. nombre reservado conoció perfectamente los reproches en su contra relativos al sector de la planta de huiro y su falta de cooperación. Agrega que la oportunidad para formular descargos estuvo plenamente garantizada en la asamblea del 11 de febrero de 2026, a la cual fue debidamente convocado. Si el recurrente, en un acto de absoluta contumacia y desinterés por su propia situación asociativa, decidió voluntariamente no asistir, dicha inasistencia no es imputable al Sindicato.

Agrega que tampoco hay infracción a la igualdad ante la ley y a la libertad sindical, ya que las normas de los artículos 26 y 40 de los Estatutos se aplican con generalidad absoluta a todos los miembros de la Caleta. De hecho, en la misma sesión se aplicó idéntica medida a otro socio (don nombre reservado) bajo estándares estrictamente objetivos. Por otra parte, la libertad sindical y el derecho de asociación protegen tanto al individuo para ingresar a una organización, como a la organización frente a aquellos miembros que, mediante faltas de respeto reiteradas y abandono de sus cargas operativas, destruyen la disciplina interna y amenazan los fines comunes del cuerpo intermedio.

Concluye que la desvinculación de don nombre reservado es el resultado regular, legítimo, fundado y democrático del ejercicio de la potestad disciplinaria que la ley laboral y los propios estatutos le confieren a la Asamblea General de Socios para proteger el patrimonio común de Caleta Indígena.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

CUARTO: Que, el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que, en la especie, el acto que el recurrente considera ilegal y arbitrario corresponde a la medida de expulsión y pérdida de su calidad de socio del Sindicato, al haber sido impuesta la sanción sin sustanciarse el procedimiento regulado en los estatutos, constituyendo el reproche esencial el derecho a defensa y la falta de motivación de la sanción.

SEXTO: Que, lo primero que se ha de tener presente, es que los hechos denunciados, que dicen relación con la aplicación de estatutos societarios, escapan de la naturaleza propia de la presente acción constitucional, dado que el recurso de protección sólo procede contra actos arbitrarios o ilegales que afecten garantías constitucionales directamente, no conflictos de naturaleza contractual, como la de un sindicato, lo que, desde ya, constituye motivo suficiente para rechazar el arbitrio interpuesto.

SÉPTIMO: Que, no obstante lo anterior, y en relación con el actuar del sindicato recurrido, se debe tener presente que aquel se encuentra regulado por sus estatutos, cuya fuerza obligatoria se encuentra consagrada en el artículo 553 del Código Civil, el cual establece en el Título IX “Del Régimen Disciplinario Interno”, específicamente en su artículo 38°, que “El socio que infringiere las obligaciones o deberes establecidos en el presente estatuto, podrá ser objeto de medidas disciplinarias. Cuando el directorio o la asamblea estimaren pertinente la aplicación de una medida disciplinaria, se resguardará el derecho del afiliado a ser oído”. Asimismo, el artículo siguiente, dispone que “Los socios podrán ser objeto de las siguientes medidas disciplinarias: c. Expulsión de la organización sindical”.

Seguidamente, el artículo 40° de los estatutos, establece que: “El directorio podrá multar a los socios que incurrieren en las siguientes faltas u omisiones: (…)

b. No mantener una conducta adecuada durante las reuniones del sindicato, sea en asambleas, en sesiones del directorio o en el trabajo de las comisiones.

c. Por haber incidido en conductas que alteren el normal desarrollo de actividades sociales de la organización sindical”.

El artículo 42°, por su parte, dispone que: “Cuando la gravedad de la falta o las reincidencias en ella lo hiciere necesario, la asamblea, como medida extrema podrá expulsar al socio, a quien siempre se le dará la oportunidad de defenderse.

La medida de expulsión sólo surtirá efecto si es aprobada por la mayoría absoluta de los socios del sindicato”.

OCTAVO: Que, ahora bien, de los antecedentes que obran en la causa, consta que con fecha 14 de enero de 2025 se le comunicó al recurrente que a partir de dicha fecha quedará como socio inactivo para todas las operaciones que se realicen en el área de manejo, por el nulo apoyo hacia los compañeros frente a las situaciones vividas con las personas que querían instalarse con una planta de huiro en su sector de área de manejo y el poco compañerismo hacia sus pares. Asimismo, según acta de Reunión Extraordinaria de fecha 11 de febrero de 2026, se dispuso la desvinculación del actor en virtud del artículo 26 letra b) de los Estatutos, por no cumplir con las obligaciones de asistencia y cooperación en las actividades realizadas por el sindicato, y en virtud del artículo 40 letra b) y c) por no mantener una conducta adecuada durante las reuniones, asambleas, sesiones de directorio, así como reiteradas agresiones verbales hacia dirigentes y en presencia de profesionales de Codelco.

NOVENO: Que, del análisis de las disposiciones estatutarias y los antecedentes expuestos que sirvieron a la recurrida para adoptar la decisión que se reprocha, y lejos de verificar la veracidad o no de los mismos dada la naturaleza de la presente acción, se desprende que la medida de desvinculación aplicada al recurrente fue ejecutada de conformidad al marco normativo interno que regula la organización sindical, teniendo como fundamento las conductas imputadas al actor que configuran infracción a lo establecido en los estatutos, de manera que no se divisa un acto arbitrario o ilegal, sino más bien el legítimo ejercicio de la potestad sancionatoria interna de la asociación.

DÉCIMO: Que, consecuentemente con lo razonado, no se advierte en la especie afectación ni conculcación alguna a las garantías constitucionales invocada por el recurrente.

En efecto, no se vislumbra infracción a la garantía de igualdad ante la ley, por cuanto los estatutos y las sanciones previstas en ellos se aplican con carácter general, constando que el sindicato actuó del mismo modo respecto de otro socio en una situación análoga. Asimismo, se descarta vulneración a no ser juzgado por comisiones especiales, ya que la decisión de expulsión del sindicato fue adoptada por la asamblea de socios, que constituye el órgano de la asociación dotado de potestad para aplicar la sanción respectiva.

Tampoco se observa infracción al debido proceso, por cuanto, de acuerdo a lo informado por la recurrida, el recurrente tuvo oportunidad para formular sus descargos en la convocatoria a la reunión de fecha 11 de febrero de 2026 a la cual no asistió. Finalmente, se descarta vulneración al derecho a la libertad de asociación y permanencia sindical, toda vez que dicha garantía también faculta a excluir a aquellos miembros que mediante faltas graves pongan en riesgo los fines del sindicato.

UNDÉCIMO: Que, en consecuencia, atendido lo razonado, solo es posible concluir que la pérdida de la calidad de socio del actor, que fuera dispuesta por la recurrida, fue debidamente impuesta conforme a la normativa interna de la asociación, y no constituyendo esta instancia un juicio de ponderación de antecedentes atendida la naturaleza cautelar del presente recurso, el presente arbitrio debe ser rechazado, según como se dirá.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, con costas, el recurso deducido por nombre reservado en contra del Sindicato de Trabajadores Independientes de Buzos Mariscadores y Ramos Afines, Caleta Indígena, Tocopilla.

Regístrese y comuníquese.

Rol 492-2026 (Protección)

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