nombre reservado con SINDICATO DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES DE BUZOS MARISCADORES Y RAMOS AFINES, CALETA INDÍGEN

Antofagasta, diecinueve de agosto de dos mil veintiséis.

VISTOS:

nombre reservado, buzo pescador, cédula de identidad N°RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra del Sindicato de Trabajadores Independientes de Buzos Mariscadores y Ramos Afines, Caleta Indígena, Tocopilla, representado legalmente por don nombre reservado, por el acto arbitrario e ilegal consistente en la aplicación de la medida disciplinaria de expulsión del sindicato, sin haber ejercido su derecho a defensa conforme a los estatutos, vulnerando derechos garantizados por la Constitución.

Informó la recurrida, instando por el rechazo del arbitrio constitucional.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, se indica en el arbitrio que el recurrente desde el año 2008 es socio activo del sindicato recurrido, ubicado en la Caleta “Camping Indígena” que se encuentra en el kilómetro 153 de la Ruta 1 hacia el lado sur de la comuna de Tocopilla, sindicato que extrae productos marinos explotando las áreas de manejo entregadas por el Estado de Chile, por lo cual depende de esta explotación para sobrevivir junto a sus familias.

Señala que con fecha 11 de febrero fue notificado mediante carta de la medida disciplinaria de expulsión del Sindicato, no obstante, los estatutos señalan que para la expulsión de un socio se debe llamar a una asamblea y lo deben citar para ser oído y ejercer su defensa, cuestión que nunca ocurrió. Por otro lado, agrega que las razones que se expresan en la carta son falsas e inexistentes, siendo la arbitrariedad evidente.

Indica que, de acuerdo con el régimen disciplinario interno, el artículo 38 de los estatutos señala que, si el directorio o la asamblea estimaren pertinentes la aplicación de una medida disciplinaria, se resguardará el derecho del afiliado para ser oído, pero nunca fue llamado, por lo que la expulsión se torna ilegal y arbitraria ya que no se citó a asamblea para exponer los hechos que se le imputan. Añade que el artículo 42 de los estatutos indica que cuando la gravedad de la falta o las reincidencias en ella lo estimare necesario, la asamblea como medida extrema, podrá expulsar al socio, a quien siempre se le dará la oportunidad de defenderse, además la medida de expulsión solo surtirá efecto si es aprobada por la mayoría absoluta de los socios, cuestión que nunca sucedió.

Respecto de los derechos constitucionales vulnerados, indica el derecho a la igualdad ante la ley (Número 2º) ya que se ha emitido una decisión en contravención a lo establecidos en los artículos 38 y 42 de los estatutos del Sindicato; la garantía de no ser juzgado por comisiones especiales (Número 3º), por cuanto la decisión la tomó el Presidente en forma unilateral, voluntaria arbitraria e ilegal; el derecho a asociarse y permanecer en una asociación (Número 15º), y el derecho constitucional a afiliarse y permanecer en un sindicato (número 19), derecho que se le priva con la medida de expulsión decretada y no se ajusta a las reglas establecidas en los estatutos.

Luego, refiere que el marco de legalidad que rigen los estatutos de una asociación se encuentra en el Título XXXIII del Libro Primero del Código Civil que trata las personas jurídicas, siendo procedente la interposición del presente recurso.

Acusa discriminación por parte del sindicato ya que, como socios, se les relega por criticar en las asambleas la gestión de la Directiva toda vez que en los Estatutos (vigentes) no se estarían cumpliendo con las actividades de la organización, agregando que el sindicato les hizo llegar aviso escrito señalando que los motivos son: “Mal comportamiento en las reuniones, las reiteradas agresiones verbales a los dirigentes y en presencia de Profesionales de Codelco y el no pago de cuotas del sindicato, 13 meses de deudas atrasadas”, decisión que no tuvo motivo alguno, sino expulsarlo arbitraria e ilegalmente, sin cumplir con ninguno de los procesos establecidos en los estatutos y que además proviene del capricho del que preside el directorio y representante de la recurrida.

Finalmente, y posterior a citar el artículo 20 de la Carta Fundamental, solicita se deje sin efecto la medida disciplinaria de expulsión decretada en su contra y restablecer su calidad de Socio del Sindicato recurrido, así como otras medidas que parezcan adecuadas, con costas.

SEGUNDO: Que informó nombre reservado, pescador y buzo, en su calidad de presidente y representante legal del Sindicato de Trabajadores Independientes de Buzos Mariscadores y Ramos Afines, Caleta Indígena, Tocopilla, solicitando el rechazo del recurso de protección.

Sostiene que el recurrente pretende construir un relato de vulneración sorpresiva, calificando su desvinculación como un acto “unilateral, ilegal y arbitrario”, sin embargo, un examen riguroso de la realidad operativa de la organización demuestra que la medida adoptada fue la última instancia legítima de una comunidad organizada frente a un socio que no solo desertó de sus deberes básicos, sino que incurrió en conductas de indisciplina grave y boicot institucional.

Expone que la situación del Sr. nombre reservado no se originó de forma intempestiva el 11 de febrero de 2026, ya que, con más de un año de antelación, esto es, con fecha 14 de enero de 2025, la Directiva del Sindicato remitió una carta informativa formal al recurrente comunicándole su paso a la condición de “Socio Inactivo” para todas las operaciones del Área de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos. Dicha medida precautoria inicial se fundó en un hecho fáctico de alta gravedad: el nulo apoyo y la falta absoluta de compañerismo hacia sus pares frente a la crítica situación comunitaria vivida con terceras personas que pretendían instalar una planta de huiro en el sector de Área de Manejo. El recurrente, lejos de defender el patrimonio hidrobiológico que sustenta a las familias de la Caleta, adoptó una postura de pasividad y desinterés que mermó la defensa colectiva de la organización, quedando plenamente apercibido de la gravedad de su conducta desde principios del año 2025.

Menciona que tras meses de mantener una actitud contumaz y no subsanar los reproches estatutarios, la situación del recurrente se volvió insostenible para el tejido social de la organización, configurándose de manera copulativa las siguientes causales estatutarias explícitas para su expulsión:

A.- Infracción al artículo 26 Letra B del Estatuto: Consistente en el reiterado incumplimiento de las obligaciones de asistencia y cooperación activa en las actividades y faenas organizadas por el sindicato. En la pesca artesanal, la omisión del trabajo físico de vigilancia y mantención del Área de Manejo recarga injustamente al resto de los socios mariscadores.

B.- Infracción al Título IX, artículo 40, Letras B y C del Estatuto: Esta causal reviste la máxima gravedad y destruye cualquier pretensión de “arbitrariedad” por parte del recurrente. Se constató materialmente que el Sr. nombre reservado no mantuvo una conducta adecuada durante las reuniones, asambleas y sesiones de directorio, incurriendo en reiteradas agresiones verbales hacia los dirigentes de la organización. Lo más pernicioso es que dichas agresiones se ejecutaron en presencia de profesionales de la empresa CODELCO, entidad con la que el sindicato mantiene relaciones técnicas e institucionales estratégicas. La conducta del recurrente no solo rompió los estándares mínimos de convivencia gremial, sino que provocó un daño reputacional severo a la seriedad de nuestra institución frente a terceros estratégicos.

Afirma que, al constatarse la inviabilidad de mantener al recurrente en el padrón debido a este concurso de infracciones, la Directiva procedió a citar a una Reunión General Extraordinaria de Socios para el día 11 de febrero de 2026. La citación cumplió rigurosamente con las formalidades y publicidad exigidas, fijándose como orden del día: “Situación de los socios”, singularizándose expresamente el examen de la conducta de don nombre reservado y nombre reservado. La sesión se constituyó con el quórum estatutario requerido y la Asamblea General de Socios, en su calidad de órgano supremo y soberano, ponderó la carta de advertencia previa de 2025, el nulo apoyo en el conflicto de la planta de huiro y las inaceptables agresiones verbales ante el personal de CODELCO, por lo que el acuerdo de desvinculación se adoptó de manera unánime por las bases.

Señala que, como testimonio de la regularidad del acto, se levantó el Acta de Reunión Extraordinaria, documento manuscrito firmado de puño y letra por los socios presentes, entre ellos, don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, entre otros, contando con la correspondiente certificación y firma del Secretario de la organización, don Jonathan Mora Castillo.

Asevera que no existe arbitrariedad cuando el acto descansa en motivos racionales y probados, ya que la expulsión del recurrente no obedece al capricho de la Directiva, sino a la legítima defensa de la subsistencia del sindicato. Las agresiones verbales a los dirigentes en reuniones técnicas y frente a profesionales de CODELCO ponen en riesgo inminente los convenios, mesas de trabajo y la viabilidad institucional de la organización, y la sanción guarda estricta proporcionalidad con el daño corporativo causado por el recurrente.

Con relación a la infracción al debido proceso, indica que el proceso disciplinario tomó más de un año, iniciándose con la declaración de inactividad en enero de 2025. El Sr. nombre reservado conoció perfectamente los reproches en su contra relativos al sector de la planta de huiro y su falta de cooperación, agregando que la oportunidad para formular descargos estuvo plenamente garantizada en la asamblea del 11 de febrero de 2026, a la cual fue debidamente convocado. Si el recurrente, en un acto de absoluta contumacia y desinterés por su propia situación asociativa, decidió voluntariamente no asistir, dicha inasistencia no es imputable al Sindicato.

Añade que tampoco hay infracción a la igualdad ante la ley y a la libertad sindical, ya que las normas de los artículos 26 y 40 de los Estatutos se aplican con generalidad absoluta a todos los miembros de la Caleta. De hecho, en la misma sesión se aplicó idéntica medida a otro socio bajo estándares estrictamente objetivos. Por otra parte, la libertad sindical y el derecho de asociación protegen tanto al individuo para ingresar a una organización, como a la organización frente a aquellos miembros que, mediante faltas de respeto reiteradas y abandono de sus cargas operativas, destruyen la disciplina interna y amenazan los fines comunes del cuerpo intermedio.

Concluye que la desvinculación de don nombre reservado es el resultado regular, legítimo, fundado y democrático del ejercicio de la potestad disciplinaria que la ley laboral y los propios estatutos le confieren a la Asamblea General de Socios para proteger el patrimonio común de Caleta Indígena.

Por último, menciona que las alegaciones del Sr. nombre reservado no son nuevas ya que en autos Rol 492-2026 se rechazó el recurso de protección de otro ex socio que, por los mismos hechos y oportunidad, fue expulsado como el Sr. nombre reservado, se trata del Sr. nombre reservado.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

CUARTO: Que, el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que, en el caso concreto, la actuación que el recurrente califica de ilegal y arbitraria corresponde a la sanción de expulsión y pérdida de su condición de afiliado al Sindicato recurrido, al haberse aplicado dicha medida sin tramitar el procedimiento previsto en los estatutos, constituyendo el reclamo principal la vulneración del derecho a defensa y la falta de fundamentación de la medida.

SEXTO: Que, en primer término, es necesario precisar que los hechos denunciados relativos a la aplicación de normas estatutarias, escapan de la naturaleza propia de la presente acción constitucional, por cuanto el recurso de protección sólo procede frente a actos arbitrarios o ilegales que vulneren garantías constitucionales y respecto de controversias de índoles contractual, como las de una organización sindical, lo que, desde ya, resulta razón suficiente para desestimar el arbitrio interpuesto.

SÉPTIMO: Que, sin perjuicio de lo anterior, y en lo relativo al actuar del sindicato recurrido, es dable tener presente que aquel se encuentra regulado por sus estatutos, cuya fuerza obligatoria se encuentra consagrada en el artículo 553 del Código Civil, el cual establece en el Título IX “Del Régimen Disciplinario Interno”, específicamente en su artículo 38°, que “El socio que infringiere las obligaciones o deberes establecidos en el presente estatuto, podrá ser objeto de medidas disciplinarias. Cuando el directorio o la asamblea estimaren pertinente la aplicación de una medida disciplinaria, se resguardará el derecho del afiliado a ser oído”. Asimismo, el artículo siguiente, dispone que “Los socios podrán ser objeto de las siguientes medidas disciplinarias: c. Expulsión de la organización sindical”.

Seguidamente, el artículo 40° de los estatutos, establece que: “El directorio podrá multar a los socios que incurrieren en las siguientes faltas u omisiones: (…)

b. No mantener una conducta adecuada durante las reuniones del sindicato, sea en asambleas, en sesiones del directorio o en el trabajo de las comisiones.

c. Por haber incidido en conductas que alteren el normal desarrollo de actividades sociales de la organización sindical”.

El artículo 42°, por su parte, dispone que: “Cuando la gravedad de la falta o las reincidencias en ella lo hiciere necesario, la asamblea, como medida extrema podrá expulsar al socio, a quien siempre se le dará la oportunidad de defenderse.

La medida de expulsión sólo surtirá efecto si es aprobada por la mayoría absoluta de los socios del sindicato”.

OCTAVO: Que, de los antecedentes que obran en la causa, consta que con fecha 14 de enero de 2025 se le comunicó al actor que a partir de dicha fecha quedará como socio inactivo para todas las operaciones que se realicen en el área de manejo, por el nulo apoyo hacia los compañeros frente a las situaciones vividas con las personas que querían instalarse con una planta de huiro en su sector de área de manejo y el poco compañerismo hacia sus pares. Asimismo, según acta de Reunión Extraordinaria de fecha 11 de febrero de 2026, se dispuso la desvinculación del actor por mal comportamiento en reuniones, reiteradas agresiones verbales en presencia de profesionales de Codelco y no pago de cuotas adeudando 13 meses de deuda atrasada.

NOVENO: Que, del análisis de las disposiciones estatutarias y los antecedentes expuestos que sirvieron a la recurrida para adoptar la decisión que se reprocha, y sin verificar la veracidad o no de los mismos dada la naturaleza de la presente acción, se desprende que la medida de desvinculación aplicada al recurrente fue ejecutada de conformidad al marco normativo interno que regula la organización sindical, teniendo como fundamento las conductas imputadas al actor que configuran infracción a lo establecido en los estatutos, de manera que no se vislumbra un acto arbitrario o ilegal, sino más bien el legítimo ejercicio de la potestad sancionatoria interna de la asociación.

DÉCIMO: Que, de conformidad a lo razonado, no se aprecia en la especie vulneración ni conculcación alguna a las garantías constitucionales invocada por la parte recurrente.

En efecto, no se advierte infracción a la garantía de igualdad ante la ley, toda vez que los estatutos y las sanciones previstas en ellos se aplican de manera general, constando que el sindicato procedió de igual modo respecto de otro integrante en una situación análoga, lo que se evidencia en que, conforme a la causa tenida a la vista, Rol 492-2026, también fue expulsado otro socio en condiciones similares. Del mismo modo, se desestima la afectación a no ser juzgado por comisiones especiales, ya que la decisión de expulsión del sindicato fue adoptada por la asamblea de socios, que constituye el órgano de la entidad dotado de potestad para aplicar la sanción respectiva.

Asimismo, tampoco se constata contravención al debido proceso, por cuanto, de acuerdo a lo informado por la recurrida, el actor tuvo oportunidad para formular sus descargos en la convocatoria a la reunión de fecha 11 de febrero de 2026, a la cual no concurrió. Por último, se descarta vulneración al derecho a la libertad de asociación y permanencia sindical, pues dicha garantía también faculta a excluir a aquellos miembros que mediante faltas graves pongan en riesgo los fines de la organización sindical.

UNDÉCIMO: Que, así las cosas, habida cuenta de lo razonado, únicamente cabe concluir que la pérdida de la condición de socio del recurrente, dictada por la recurrida, fue aplicada con arreglo a la normativa interna de la asociación, y no configurando esta vía cautelar un juicio de ponderación de antecedentes dada la naturaleza del presente arbitrio, el recurso deberá ser rechazado, tal como se dirá.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso deducido por nombre reservado en contra del Sindicato de Trabajadores Independientes de Buzos Mariscadores y Ramos Afines, Caleta Indígena, Tocopilla.

Regístrese y comuníquese.

Rol 491-2026 (Protección)

14