nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LA ARAUCANA

Antofagasta, a veintisiete de enero de dos mil veintiuno.

VISTOS:

La comparecencia de Martina Jacinta Infante Larrondo, quien en favor de nombre reservado El Hage, ambos con domicilio en domicilio reservado, dedujo recurso de protección en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, representada legalmente por don nombre reservado, solicitando se declare que los descuentos informados y percibidos por la recurrida son ilegales y se ordene su reintegro y abstención de informar descuentos de sus remuneraciones en lo sucesivo, con costas.

Informó la recurrida, solicitando el rechazo del recurso.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso se funda en la existencia de un actuar ilegal y arbitrario de la recurrida, consistente en informar un crédito para descuento por parcialidades de sus remuneraciones, no obstante haber optado por cobrar la deuda por la vía civil, haciendo uso de cláusula de aceleración. Lo anterior, vulnerando las garantías constitucionales consagradas en los numerales 2, 3 inciso 2° y 24 del artículo 19 de la Constitución Política.

Señaló que la recurrida le otorgó un crédito que consta en pagaré suscrito el 30 de noviembre del año 2015, por el monto de $2.009.036. Luego, el 31 de diciembre de 2017, se realizó modificación a través de una hoja de prolongación, por la suma de $1.768.324, a pagar en 24 cuotas de $96.298, la primera en abril de 2017 y la última en noviembre de 2019.

Posteriormente, producto del incumplimiento en el pago se inició un juicio ejecutivo que se encuentra en tramitación ante el 3° Juzgado de Letras en lo Civil de Calama, por $1.469.025, haciendo uso de la cláusula de aceleración, fundado en que el actor está en mora desde el 30 de abril de 2018. En este contexto, en octubre de 2020, se dedujo excepción de prescripción de la deuda.

No obstante, en el mes de diciembre, al recibir su liquidación del mes de noviembre, tomó conocimiento de que se hizo un descuento por “Créditos personales CC (1/19)”, por la suma de $96.298.

Refirió que la deuda emana de un pagaré cuya acción de cobro se encuentra prescrita, ya que el acreedor fue negligente en su cobro y únicamente cuando el recurrente fue notificado en el juicio y alegó la prescripción de la deuda, comenzó a cobrarse la deuda arbitraria y/o ilegalmente a través sus remuneraciones, afectando su derecho de propiedad y sin respetar su legítima expectativa de percibir sus remuneraciones de forma íntegra.

Tal uso, amparado en el especial trato que la ley otorga a las CCAF, constituye un abuso del derecho, ya que no puede el recurrido pretender tener un derecho de prenda general más amplio que el resto de las personas. Ello, porque la recurrida ha decidido usar la vía jurisdiccional para cobrar la deuda, y no obstante estar la demanda notificada y tramitándose la excepción, pretende burlar el derecho, usando ilegal y/o arbitrariamente la facultad que le otorga la Ley N°18.833, la que sólo se contempla para un uso oportuno y no procede en la especie, por el tiempo de inactividad.

Considera infringida la garantía de igualdad ante la ley, del artículo 19 N°2 de la Constitución, ya que la recurrida - haciendo uso de un privilegio especialmente otorgado - actuó irrogándose una especie de derecho de prenda amplísimo y pretende descontar el crédito sin su autorización, mientras hay un juicio vigente, abusando de un estatuto legal especial.

Asimismo, se vulneró el N°24 del mismo artículo, ya que el actor tiene la legítima expectativa de percibir sus remuneraciones de forma íntegra y la recurrida ha conculcado su uso, goce y disposición, apropiándose ilegal y/o arbitrariamente de parte de ella.

Por último, consideró vulnerado el derecho a defensa jurídica, consagrado en N°3 de la norma en comento, ya que se ha impedido que el recurrente se defienda en la forma que la ley señala; oponiendo excepciones en el respectivo juicio ejecutivo.

Concluyó solicitando que declare que los descuentos informados y percibidos por la recurrida son ilegales; se ordene el reintegro de los descuentos aplicados y; se ordene a la recurrida de abstenerse en lo sucesivo de efectuar o informar descuentos en las remuneraciones del recurrente; o en subsidio de lo anterior, las medidas que se estimen pertinentes para reestablecer el imperio del derecho, con costas.

SEGUNDO: Que informó la abogada Yasna Vukic Z., en representación de la recurrida, solicitando el rechazo del recurso.

Fundó su defensa en que, encontrándose en mora el recurrente respecto de un crédito otorgado y atendidas las facultades otorgadas mediante la Circular N°2052 de 2003, emanada de la Superintendencia, se dedujo la respectiva acción ejecutiva. Además, sin haberse tratado la litis, por no estar notificado el ejecutado, se envió la información para la búsqueda del deudor por el sistema intercaja, que también resultó negativa.

En cuanto a la demanda, indicó esta fue archivada por el Tribunal, hasta que el ejecutado solicitó su desarchivo, se notificó y dedujo excepciones. Estas fueron tramitadas y se dictó sentencia el 1 de diciembre de 2020, que no se encuentra notificada.

Ahora bien, respecto al descuento realizado, al aparecer el recurrente afiliado a la caja a través de su empleador, se remitió la nomina de descuento a partir de noviembre de 2020, la que se imputó a la cuota N°6 del crédito, por lo que existen 18 cuotas impagas.

Hizo presente que los descuentos se encuentran regulados en el artículo 22 inciso 1° de la Ley N°18.833, en relación con el artículo 11 inciso 1° del Decreto Supremo N°91 de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, el artículo 22 inciso 1° de la Ley N°17.322 y el artículo 58 del Código del Trabajo. Además, según lo que ha señalado la superintendencia, los descuentos son legítimos mientras no se declare judicialmente la prescripción de las acciones emanadas del crédito y del pagaré. En consecuencia, el descuento no constituye una actuación unilateral ilegal y arbitraria, ya que la deuda no ha sido declarada prescrita y su discusión se encuentra radicada en un Tribunal.

Alegó además que el recurso de protección no es la vía idónea para alegar los descuentos realizados, atendido su carácter sumario y breve y, porque la discusión se encuentra radicada en un Tribunal y se trata de una obligación vigente y exigible. Por lo tanto, no existe un derecho indubitado que requiera ser protegido por esta vía.

TERCERO: Que de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que en la especie, el recurrente dirige su acción en contra del supuesto actuar ilegal y arbitrario de la recurrida, consistente en informar un crédito para descuento de las remuneraciones del actor, en el mes de diciembre del año dos mil veinte, pese a haber optado por la vía civil de cobro, haciendo uso de cláusula de aceleración.

SEXTO: Que es un hecho no controvertido que la recurrida efectuó un descuento de la remuneración del actor en diciembre del año dos mil veinte, con posterioridad a haber ejercido la acción ejecutiva. Ello, a raíz de una obligación existente entre las partes, en virtud de un crédito otorgado por la Caja de compensación al actor, con fecha 30 de noviembre del año 2015 y modificado el 31 de diciembre de 2017.

Así, en virtud de la existencia de la deuda - a juicio de la recurrida - tal conducta fue ejecutada a instancia y bajo supervisión de la Superintendencia de Seguridad Social, extinguiendo con ello parcialmente una obligación pendiente, cuya prescripción no ha sido declarada judicialmente, utilizando un mecanismo autorizado por el artículo 22 de la Ley Nº18.833.

SÉPTIMO: Que se desprende de los antecedentes que en la especie se cobra una obligación de dinero por el préstamo de la suma de $1.768.324, a pagar en 24 cuotas de $96.298, cuyo primer pago se devengó el abril de 2017 y la última en noviembre de 2019. No obstante, se dejó de pagar a partir de la cuota N°5, con vencimiento en junio de 2019, sin que se incorporara por la recurrida ningún antecedente sobre el cobro compulsivo del crédito o de pagos parciales anteriores a la fecha de presentación de la demanda en agosto de 2019, en la que se hizo exigible la totalidad del crédito.

En consecuencia, no resulta procedente hacer el cobro de las cuotas del crédito mediante descuentos a través de la remuneración del trabajador, ya que este se exigió de forma completa en la fecha señalada mediante una acción ejecutiva, sin que existan entonces parcialidades por cobrar.

Asimismo, consta que en octubre del año dos mil veinte, tras notificarse el recurrente de la demanda, opuso excepciones a la ejecución. De ello se puede concluir que, aun cuando la demanda se encontraba notificada y encontrándose pendiente la dictación de la sentencia, se realizaron de igual manera descuentos por el acreedor, aun cuando – como ya se señaló – se había acelerado la deuda y alegado la prescripción de la acción.

OCTAVO: Que de esta forma, es menester señalar que conforme la legación actual, a las Cajas de Compensación se les faculta, como forma de obtener el pago de los créditos sociales que otorgan, para que se proceda a la retención de parte de la remuneración del trabajador, por lo que no se observa la ilegalidad alegada por el actor.

Sin perjuicio de lo anterior, se debe tener presente que la recurrida ya había optado por ejercer la acción ejecutiva, a cuyo cobro se opuso fundamente el recurrente, por lo que al forzar de forma unilateral un beneficio que la ley contempla para un cobro oportuno, deviene el acto cuestionado en arbitrario, antojadizo, caprichoso y carente de razón.

Asimismo, el acto calificado como arbitrario, priva al actor de su derecho de propiedad sobre parte de su remuneración, razón por la que se acogerá el recurso.

NOVENO: Que la interposición de acciones como la que el recurrente se vio en la obligación de deducir, significa sin duda un desembolso económico que no tiene por qué asumir quien debió recurrir a los tribunales para que se le reconozca un derecho, lo que unido al mérito que arrojan los autos y a lo dispuesto sobre la materia en los Autos Acordados del Recurso de Protección, constituyen argumentos suficientes para imponer a la recurrida el pago de las costas.

Por estas consideraciones y atendido además lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE ACOGE con costas el recurso de protección deducido por la abogada Martina Jacinta Infante Larrondo, en representación de nombre reservado El Hage, en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, y en consecuencia se ordena a la recurrida abstenerse en lo sucesivo de efectuar o informar descuentos en las remuneraciones del recurrente, y la restitución del dinero descontado, debidamente reajustados, dentro de décimo día de ejecutoriada esta sentencia.

Regístrese y comuníquese.

ROL 4902–2020 (PROTECCIÓN)