nombre reservado con EMPRESA MINERA AGUAS Y SERVICIOS

Antofagasta, diecisiete de abril de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Comparece Mauricio Rivas Barraza, abogado, en representación de la nombre reservado, persona jurídica con domicilio en el poblado de Machuca, comuna de San Pedro de Atacama, quien deduce recurso de protección en contra de la Empresa Minera de Aguas y Servicios Bravo Orrego Limitada (EMASBRO Ltda.), representada por nombre reservado, ambos domiciliados en la comuna de Calama, fundado en que la recurrida habría ejecutado actos de acceso y extracción de material mineral —específicamente azufre— en el sector denominado “Vados de Putana”, ubicado en territorio que la comunidad recurrente afirma como ancestral y de su dominio, sin autorización ni consulta indígena previa.

Informó el recurrido, al tenor de la acción cautelar promovida.

Puesta la causa en estado, se trajeron los antecedentes para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, por medio de la presente acción cautelar de protección, la nombre reservado recurre en contra de la Empresa Minera de Aguas y Servicios Bravo Orrego Limitada (EMASBRO Ltda.), estimando arbitrario e ilegal el actuar de esta última, consistente en el ingreso no autorizado a su territorio y la ejecución de labores de extracción de material mineral en el sector denominado “Vados de Putana”, solicitando como medida de resguardo la paralización de dichas actividades, la abstención de nuevas intervenciones y la realización de un proceso de consulta indígena previa.

Expone la recurrente que durante los últimos días del mes de enero de 2026 y hasta el día 1 de febrero del mismo año, personal vinculado a la comunidad tomó conocimiento que individuos no identificados habrían accedido al referido sector, el cual afirma corresponde a territorio ancestral y además se encuentra inscrito en dominio a su favor, constatando que dichas personas se encontraban extrayendo material de azufre, logrando verificar la remoción de al menos tres sacos de dicho mineral.

Agrega que, con posterioridad, la directiva de la comunidad logró tomar contacto con personas vinculadas a la empresa recurrida, siendo que el día 2 de febrero de 2026 el representante de ésta habría reconocido los hechos, comprometiéndose a entregar información y a gestionar las autorizaciones correspondientes, lo que —según afirma— no se habría concretado hasta la interposición del recurso.

Sostiene que tales actuaciones se realizaron sin conocimiento ni autorización de la comunidad, configurando una intervención en territorio indígena que vulnera sus derechos territoriales, tanto por tratarse de tierras inscritas a su nombre como por corresponder a espacios de ocupación ancestral, agregando que el sector intervenido —Vados de Putana— forma parte de su demanda territorial y posee relevancia ecológica, cultural y productiva para la comunidad.

En este contexto, afirma que la conducta de la recurrida constituye un acto ilegal por cuanto se habría ejecutado sin someterse al procedimiento de consulta indígena previa, libre e informada, conforme a los estándares del Convenio 169 de la OIT, así como en infracción a la normativa de protección de tierras indígenas, agregando que dicha omisión implica desconocer los derechos colectivos de la comunidad sobre el territorio y los recursos naturales existentes en él.

Asimismo, señala que la actividad minera desarrollada —aunque sea en fase de exploración— genera una afectación al entorno ambiental, atendida la fragilidad del ecosistema altoandino en que se emplaza el territorio de Machuca, lo que compromete recursos hídricos, flora y fauna nativa, así como el equilibrio ecológico del cual depende la subsistencia de la comunidad, configurando con ello una amenaza al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.

Finalmente, expone que los hechos descritos implican también una vulneración al derecho de propiedad en sus diversas especies, en tanto la comunidad detenta dominio inscrito sobre los terrenos intervenidos y, además, mantiene una relación histórica, cultural y espiritual con el territorio, que excede la concepción clásica del derecho de propiedad, configurándose éste como un elemento esencial para su identidad y subsistencia como pueblo indígena, lo que —a su juicio— ha sido desconocido por la recurrida al ejecutar actos de disposición material sobre el mismo sin autorización alguna.

SEGUNDO: Que, al evacuar informe, la recurrida Empresa Minera de Aguas y Servicios Bravo Orrego Limitada solicita, en primer término, se declare la extemporaneidad del recurso de protección, fundado en que la propia recurrente reconoce haber tomado conocimiento de los hechos durante los últimos días del mes de enero de 2026 y hasta el día 1 de febrero del mismo año, circunstancia que, a su juicio, determina el inicio del cómputo del plazo de 30 días corridos para interponer la acción, el que habría vencido el día 3 de marzo de 2026, habiéndose deducido el recurso con fecha 4 de marzo del mismo año, esto es, fuera del plazo legal.

En subsidio de dicha alegación, solicita el rechazo del recurso en todas sus partes, negando la existencia de actos ilegales o arbitrarios, sosteniendo que su actuar se encuentra plenamente ajustado a derecho, en atención a que desarrolla actividades amparadas en títulos mineros vigentes, debidamente constituidos, los cuales le otorgan facultades para ejecutar labores de exploración, incluyendo la toma de muestras de material mineral.

Expone que los hechos descritos por la recurrente dicen relación con una supuesta intrusión en el sector “Vados de Putana” y la extracción de material, específicamente azufre, respecto de lo cual sostiene que dichas actividades se enmarcan dentro de las facultades propias de la etapa de reconocimiento minero, agregando que las pertenencias mineras de su titularidad se encuentran debidamente inscritas y vigentes, no existiendo anotaciones de caducidad, lo que legitima el ejercicio de tales actividades .

Asimismo, afirma que el régimen jurídico minero establece la independencia entre el dominio del predio superficial y la concesión minera, de manera que la eventual titularidad de la comunidad sobre el terreno no obsta al ejercicio de los derechos mineros, los cuales constituyen un derecho real distinto e independiente, agregando que la legislación permite la ejecución de labores de exploración en terrenos de cualquier dominio, particularmente en zonas abiertas e incultas.

En relación con la extracción de material, sostiene que la normativa minera autoriza la toma de muestras como parte de los trabajos de reconocimiento, adquiriendo el titular el dominio de las sustancias extraídas con ocasión de dichas labores, descartando que ello configure un actuar ilícito o arbitrario.

Por otra parte, en lo que respecta a la alegación relativa a la falta de consulta indígena, señala que tal exigencia no resulta procedente en la etapa de exploración o reconocimiento, por cuanto se trataría de una carga que corresponde al Estado en el contexto de proyectos de inversión sometidos a evaluación ambiental, y no a actividades preliminares como las descritas, agregando que el recurso de protección no constituye la vía idónea para exigir su realización.

Finalmente, descarta la existencia de afectación al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, indicando que la extracción de una cantidad reducida de material —consistente en tres sacos de azufre— no reviste entidad suficiente para configurar una vulneración de dicha garantía, y sostiene, en definitiva, que no ha incurrido en actos que priven, perturben o amenacen el ejercicio de los derechos invocados, solicitando el rechazo del recurso, con expresa condena en costas.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que solo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que, en la especie, el conflicto jurídico sometido al conocimiento de esta Corte radica en determinar, en primer término, si la acción constitucional deducida ha sido interpuesta dentro del plazo establecido al efecto, atendida la alegación de extemporaneidad formulada por la recurrida y, en caso de estimarse admisible, si las actuaciones atribuidas a la Empresa Minera de Aguas y Servicios Bravo Orrego Limitada, consistentes en el acceso al sector denominado “Vados de Putana” y la extracción de material mineral en dicho lugar, configuran un acto ilegal o arbitrario que haya privado, perturbado o amenazado el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales invocadas por la recurrente.

SEXTO: Que, en lo que respecta a la alegación de extemporaneidad opuesta por la recurrida, cabe tener presente que, si bien del propio relato del recurso aparece que la recurrente habría tomado conocimiento de los hechos denunciados durante los últimos días del mes de enero de 2026 y hasta el día 1 de febrero del mismo año, no es menos cierto que la acción ejercida no se dirige únicamente en contra de un hecho puntual y agotado en el tiempo, sino que dice relación con una conducta que se presenta como susceptible de reiteración y permanencia en el tiempo, en cuanto se vincula con el acceso al territorio y la ejecución de labores de exploración minera en el sector de que se trata.

En este sentido, la naturaleza de los hechos denunciados —consistentes en el ingreso al territorio que la recurrente afirma como propio y la realización de actividades extractivas sin autorización ni consulta previa— permite estimar que no se trata de un acto instantáneo cuyos efectos se hayan agotado, sino de una situación que, de acuerdo con lo expuesto en el libelo, se proyecta en el tiempo y cuya eventual reiteración constituye precisamente el fundamento de la tutela cautelar solicitada.

En consecuencia, atendido el carácter cautelar del recurso de protección y la finalidad preventiva que le es inherente, no resulta posible acoger la alegación de extemporaneidad en los términos planteados por la recurrida, desde que lo denunciado importa una situación que se mantiene vigente al momento de interponerse la acción, o al menos subsiste como una amenaza cierta de reiteración, lo que habilita el ejercicio oportuno de esta acción constitucional.

Por estas consideraciones, la alegación de extemporaneidad será desestimada.

SÉPTIMO: Que, despejada la alegación de extemporaneidad, corresponde determinar si los hechos denunciados configuran un acto ilegal, esto es, contrario al ordenamiento jurídico vigente.

Al efecto, la recurrida ha sostenido que su actuar se encuentra amparado en las facultades que le otorga las concesiones mineras de que es titular, conforme a las disposiciones del Código de Minería que autorizan la ejecución de labores de exploración y reconocimiento, incluyendo la toma de muestras. Sin embargo, el ejercicio de tales facultades no puede entenderse de manera absoluta ni al margen del resto del ordenamiento jurídico.

Así, si bien la Constitución Política de la República no contempla una regulación expresa de los derechos de los pueblos indígenas, su artículo 5 inciso segundo reconoce como límite al ejercicio de la soberanía los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, garantizados por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, dentro de los cuales se encuentra el Convenio N°169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Dicho instrumento internacional estatuye, en su artículo 6, el deber de consultar a los pueblos indígenas cada vez que se prevean medidas susceptibles de afectarles directamente. Asimismo, en su artículo 15 reconoce su derecho a participar en la utilización, administración y conservación de los recursos naturales existentes en sus tierras.

Si bien podría concluirse que el mandato de consulta que impone la letra a) del artículo 6 lo es respecto de medidas legislativas o administrativas capaces de afectar directamente a los pueblos interesados y no de decisiones jurisdiccionales, como las que se pronuncian respecto de una concesión minera, lo cierto es que la hipótesis prevista en el N° 2 del artículo 15 del referido estatuto es específica, en orden a efectuar la referida consulta para “…determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras”, cuyo es el caso que se examina, al tenor de los hechos denunciados en la acción incoada en estos antecedentes.

En el mismo sentido, la Ley N°19.253 consagra un estatuto especial de protección respecto de las tierras indígenas, lo que impone restricciones a su afectación y releva la necesidad de considerar la posición jurídica de las comunidades respecto de los territorios que ocupan o detentan.

En la especie, de los antecedentes aparece que las actuaciones atribuidas a la recurrida —consistentes en el acceso al sector denominado “Vados de Putana” y la extracción de material mineral— se habrían ejecutado sin que conste la adopción de mecanismos de consulta o participación respecto de la comunidad recurrente, no obstante tratarse de un territorio respecto del cual ésta invoca dominio inscrito y ocupación ancestral, circunstancia que no ha sido desvirtuada en esta sede cautelar.

De este modo, aun cuando la recurrida invoque la existencia de títulos mineros vigentes, el ejercicio de las facultades derivadas de éstos, en la forma en que se han desplegado en el caso sub lite, desconoce el estándar de participación que el ordenamiento jurídico impone tratándose de pueblos indígenas, en particular aquel derivado del Convenio N°169 de la OIT, aplicable en virtud de lo dispuesto en el artículo 5 inciso segundo de la Constitución Política de la República.

En consecuencia, el actuar de la recurrida resulta contrario a derecho, configurándose un acto ilegal en los términos exigidos para la procedencia de la presente acción.

OCTAVO: Que, establecido el carácter ilegal del actuar atribuido a la recurrida, corresponde analizar si éste reviste, además, el carácter de arbitrario, esto es, si ha sido ejecutado de manera carente de razonabilidad o desprovisto de justificación suficiente.

Al efecto, la recurrida ha fundado su conducta en el ejercicio de derechos derivados de concesiones mineras vigentes, alegando que las labores desarrolladas se insertan dentro de las facultades que la legislación minera le reconoce; sin embargo, tal justificación resulta insuficiente para explicar adecuadamente la forma en que dichas facultades fueron ejercidas en el caso concreto.

Pues bien, aun cuando se admitiera la existencia de un marco jurídico que habilita la realización de actividades de exploración, lo cierto es que la recurrida no ha aportado antecedentes que permitan concluir que su actuación se haya desarrollado bajo parámetros mínimos de razonabilidad, en cuanto no consta que haya adoptado medidas de coordinación, información o resguardo respecto de la comunidad directamente involucrada, ni que haya ponderado las particularidades del territorio en que tales actividades se llevaron a cabo.

En este sentido, la ejecución de labores de extracción de material en un territorio cuya titularidad y uso son objeto de controversia, sin mediar instancia alguna de comunicación o consideración hacia la comunidad que se presenta como afectada, revela una actuación que, aun pudiendo encontrar sustento en una habilitación formal, carece de la debida prudencia y justificación en su concreción, configurándose como una conducta irrazonable.

En consecuencia, el actuar de la recurrida no sólo resulta ilegal en los términos previamente establecidos, sino que además reviste caracteres de arbitrariedad, al evidenciar una falta de fundamento suficiente en su ejecución concreta, lo que permite avanzar en el análisis de la eventual afectación de las garantías constitucionales invocadas por la recurrente.

NOVENO: Que, en cuanto a las garantías constitucionales invocadas, cabe señalar que el actuar ilegal y arbitrario de la recurrida ha importado, al menos, una perturbación en el legítimo ejercicio del derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, desde que se han ejecutado actos materiales de intervención sobre un territorio respecto del cual la recurrente invoca dominio, sin su autorización.

Por consiguiente, concurriendo respecto de las garantías antes indicadas los presupuestos de ilegalidad y arbitrariedad previamente establecidos, la presente acción cautelar será acogida en los términos que se dirán.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales:

SE RECHAZA, la alegación de extemporaneidad planteada por la recurrida.

SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de la nombre reservado, en contra de la Empresa Minera de Aguas y Servicios Bravo Orrego Limitada (EMASBRO Ltda.), en consecuencia, se ordena a la recurrida abstenerse de ejecutar labores de exploración, extracción de material o cualquier otra intervención en el sector denominado “Vados de Putana”, respecto del territorio cuya afectación ha sido denunciada en autos, mientras no adopte las medidas necesarias para resguardar los derechos de la comunidad recurrente, en conformidad al ordenamiento jurídico vigente. Asimismo, se dispone que toda actividad que la recurrida pretenda desarrollar en dicho sector deberá ajustarse a los estándares de participación y resguardo de los derechos de la nombre reservado involucrada, en los términos establecidos en el Convenio 169 de la OIT, debiendo, en su caso, canalizarse por las vías institucionales pertinentes.

Regístrese y comuníquese.

Rol 490-2026 (Protección)

2