nombre reservado con JUZGADO DE LETRAS Y GARANTIA DE TALTAL

Antofagasta, seis de mayo de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Comparece Catherine Olivia Bustamante Badilla, abogada, en representación de nombre reservado, psicólogo, este último domiciliado en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra del Juzgado de Letras y Garantía de Taltal, fundado en la dictación de diversas resoluciones en el marco de la causa RIT X-61-2025, que califica de ilegales y arbitrarias, por cuanto habrían sido adoptadas sin notificación a su representado, afectando su derecho a defensa y demás garantías constitucionales.

Informó el tribunal recurrido al tenor de la acción cautelar promovida.

Puesta la causa en estado, se trajeron los antecedentes para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, por medio de la presente acción cautelar de protección, el recurrente estima ilegal y arbitrario el actuar del Juzgado de Letras y Garantía de Taltal, consistente en la dictación de diversas resoluciones en el marco de la causa de cumplimiento de medida de protección RIT X-61-2025, mediante las cuales se habrían decretado medidas cautelares en su contra, así como la remisión de antecedentes al Ministerio Público por un eventual delito de desacato, todo ello sin haber sido notificado ni válidamente emplazado en dicho procedimiento, lo que, a su juicio, le ha impedido ejercer su derecho a defensa.

Refiere que el día 23 de mayo fue víctima de un homicidio frustrado en medio de sus funciones en la Escuela E-105 de la comuna de Taltal, ya que mientras recibía a un estudiante perteneciente al programa a su sesión semanal de atención, éste saca de sus ropas un cuchillo carnicero, dentado, de aproximadamente veinte centímetros, propinándola una puñalada por la espalda en su hombro derecho, y por fortuna estaba girando, lo que hizo que la fuerza de la estocada se desvió y sólo se produjo un corte en su chaqueta, camisa y terminó con un rasguño en la piel del hombro.

Indica que tras el hecho fue derivado al Hospital, donde recibió atención física y calmantes para el estrés, se constataron lesiones, se cursó un parte de Carabineros que terminó siendo remitido al tribunal de Taltal por ser el agresor menor de catorce años y se le derivó a la AChS en Antofagasta para atención de urgencia, al ser el organismo de salid laboral de su empleador el DAEM.

Menciona que tras el incidente recibió contacto con el Director del establecimiento, sindicato de asistentes a la educación, representantes del centro general de padres, abogado del DAEM, coordinaría del PIE comunal, y a todos ellos se le planteó que su postura era atender la condición clínica del niño, ya que en su caso ya había sido atendido médicamente y se encontraba con licencia médica, lo que se justifica por ser un profesional de salud mental que atiende a cierta población de riesgo, siendo esperable recibir ciertas agresiones frecuentes en la praxis.

Agrega que como profesional el manejo de la situación del adolescente es más complejo, sugirió en su oportunidad que el niño padece de TEA, pero no se atendió un trastorno de la conducta disocial de inicio en la infancia, lo cual explicaría la historia de conductas disruptivas y agresiones documentadas en los expedientes del colegio y del tribunal de familia al haber procesos de medidas de protección y VIF grave previos.

Expone que luego de la agresión tuvo licencia médica y de manera extraoficial y fuera de toda normal, producto de una conversación informal, tomó conocimiento de las cautelares que le fueron decretadas en su contra, sin que a la fecha del recurso le hayan sido notificadas, las que nunca tuvieron que ver con el derecho vulnerado ni menos cuando es la víctima de la agresión. Agrega que, a consecuencia de la agresión y tratándose de un adolescente, se aperturó medida de protección, la que realiza audiencia preparatoria y de inmediato se apertura causa de cumplimiento de medida de protección, causa RIT X-61-2025, y en dicha causa se dictaron medidas cautelares que no fueron notificadas como en derecho corresponde, entre ellas la prohibición de acercamiento del recurrente en términos violentos y amenazantes al estudiante dentro del establecimiento de educación y prohibición de acercamiento en términos absolutos fuera del establecimiento, cuando fue la víctima del hecho delictual, y posteriormente se dictó una resolución que ordena la remisión de los antecedentes al ministerio público por el eventual delito de desacato, cuando nunca fue emplazado de la cautelar.

Ante ello fue de manera insistente al Juzgado de Letras y Garantía a fin de procurarse de información del proceso y ejercer las acciones recursivas pertinentes, solicitudes que habrían sido rechazadas por el tribunal recurrido porque no era parte del proceso y no podía acceder al mismo, sin que tampoco dichas decisiones le fueran notificadas, manteniéndose —según afirma— en una situación de absoluta indefensión.

Sostiene que tales actuaciones carecen de fundamento legal y resultan arbitrarias, desde que se habrían adoptado sin respeto a las normas mínimas del debido proceso, particularmente en lo relativo a la notificación de las resoluciones judiciales, lo que le ha impedido ejercer su derecho a defensa, generando además afectación a su integridad psíquica, a la igualdad ante la ley y a su honra, al quedar expuesto frente a terceros por decisiones judiciales de las que no ha tenido conocimiento formal.

En mérito de lo anterior, solicita se acoja el recurso de protección y se dejen sin efecto las medidas cautelares decretadas en su contra, así como la remisión de los antecedentes al ministerio público por el delito de desacato, disponiéndose las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de sus garantías constitucionales, con costas.

SEGUNDO: Que, informando la recurrida, doña nombre reservado, en su calidad de juez titular del Juzgado de Letras, Garantía, Familia y Laboral de Taltal, solicita el rechazo del recurso, sosteniendo, en síntesis, que su actuación se ha desarrollado dentro del ámbito de sus competencias legales, en el marco de una causa de naturaleza proteccional en favor de un niño, niña o adolescente, regida por principios de confidencialidad y resguardo reforzado de sus derechos.

Expone que el procedimiento de que se trata se inició a partir de un requerimiento efectuado por el establecimiento educacional, que dio cuenta de una situación que ameritaba la adopción de medidas de protección en favor de un niño, lo que motivó la apertura de la respectiva causa y la realización de diversas diligencias tendientes a esclarecer su situación, incluyendo la citación a audiencia preparatoria, derivaciones a instituciones pertinentes y la solicitud de informes técnicos.

Indica que, en dicho contexto, y conforme a los antecedentes recabados, incluyendo la opinión de la curadora ad litem y del consejero técnico del tribunal, se decretaron medidas cautelares destinadas a resguardar la integridad del niño y de la comunidad escolar, entre ellas, la prohibición de acercamiento del recurrente en determinadas condiciones dentro del establecimiento educacional y de manera absoluta fuera de éste.

Agrega que, con posterioridad, la Oficina de Protección de Derechos de Taltal informó sobre una situación de sobreexposición del niño y su familia, a quien se le estaría exponiendo de manera pública, generando estigmatización, revictimización, entre otras manifestaciones de sufrimiento y desgaste emocional, en virtud de una publicación de una entrevista en donde aparece el testimonio del psicólogo don nombre reservado, refiriéndose a la situación ocurrida, revelando asuntos confidenciales del niño como estudiante y usuario del Programa de Integración Escolar, lo que motivó que, con fecha 13 de agosto de 2025, se dispusiera la remisión de antecedentes al Ministerio Público para la eventual investigación de un delito de desacato atribuido al recurrente.

Sostiene que las medidas adoptadas se enmarcan en la normativa vigente en materia de protección de la infancia, destacando el carácter reservado de estos procedimientos y el deber de confidencialidad que recae sobre quienes tienen acceso a información relativa a niños, niñas y adolescentes, razón por la cual no es posible entregar antecedentes a terceros que no revisten la calidad de parte en el proceso, como ocurre con el recurrente.

Afirma que no se ha vulnerado garantía constitucional alguna del actor, por cuanto las resoluciones dictadas han sido adoptadas conforme a derecho, dentro de la esfera de sus atribuciones, y en resguardo del interés superior del niño, descartando la existencia de ilegalidad o arbitrariedad en su actuar.

TERCERO: Que, con posterioridad, y dando cumplimiento a lo ordenado por esta Corte, se evacuó informe complementario por doña nombre reservado, juez suplente y presidenta del referido tribunal, quien profundizó los antecedentes fácticos y jurídicos previamente expuestos, precisando, en particular, las circunstancias en que se adoptó la medida cautelar cuestionada —incluyendo las opiniones vertidas en audiencia por la curadora ad litem y el consejero técnico—, así como los fundamentos que llevaron a disponer la remisión de antecedentes al Ministerio Público, todo ello en el marco del deber de resguardo de la confidencialidad y del interés superior del niño.

Asimismo, en dicho informe complementario se reconoce que en un primer momento no se verificó la notificación de determinadas resoluciones al recurrente, circunstancia que posteriormente fue subsanada con ocasión de un incidente de nulidad que interpuso la abogada del recurrente, el cual si bien fue rechazado por extemporáneo, en la resolución se ordenó la notificación personal de la cautelar al profesional psicólogo, insistiendo que las medidas de protección respecto de niños, niñas y adolescentes revisten carácter reservado, y que la información vinculada a las mismas es de naturaleza confidencial, conforme a la normativa vigente.

Concluye que el tribunal ha actuado dentro de la esfera de sus atribuciones, sin vulnerar garantía alguna del debido proceso, ni los derechos a la integridad física y psíquica, a la igualdad ante la ley, ni a la honra del recurrente, reiterándose que se trata de un procedimiento de familia, de carácter reservado, en el cual éste no reviste la calidad de interviniente.

CUARTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

QUINTO: Que el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que solo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

SEXTO: Que, en relación con el fondo del asunto, el núcleo de lo debatido radica en determinar si las actuaciones del Juzgado de Letras y Garantía de Taltal, consistentes en la dictación de medidas cautelares en el marco de una causa de cumplimiento de medida de protección, así como la posterior remisión de antecedentes al Ministerio Público respecto del recurrente, sin que éste haya sido notificado ni incorporado como parte en dicho procedimiento, configuran un actuar ilegal y/o arbitrario que haya vulnerado o amenazado las garantías constitucionales que invoca.

En particular, la controversia se centra en dilucidar, por una parte, si el tribunal recurrido se encontraba facultado para adoptar dichas medidas en el contexto de un procedimiento de naturaleza proteccional respecto de un niño, niña o adolescente, bajo parámetros de confidencialidad y resguardo reforzado de sus derechos; y, por otra, si la exclusión del recurrente de dicho procedimiento —no obstante verse afectado por las decisiones adoptadas— y la ausencia de notificación de las resoluciones que le conciernen, resultan compatibles con las exigencias mínimas del debido proceso y con el ejercicio de los derechos fundamentales cuya protección se reclama.

De este modo, corresponderá analizar si, en las circunstancias descritas, el actuar del tribunal excedió el marco de sus atribuciones legales o careció de la debida fundamentación y razonabilidad, generando una afectación ilegítima a las garantías constitucionales del recurrente, o si, por el contrario, se trató de decisiones adoptadas conforme a derecho, en el legítimo ejercicio de sus competencias y en resguardo del interés superior del niño involucrado.

SÉPTIMO: Que, en lo que concierne a la alegación de ilegalidad, ésta aparece configurada a partir de la forma en que se adoptaron y ejecutaron las medidas cautelares en el procedimiento de cumplimiento de medida de protección seguido ante el tribunal recurrido, particularmente en cuanto dichas decisiones produjeron efectos respecto del actor sin que conste su notificación conforme a derecho.

La eficacia de las resoluciones judiciales se encuentra supeditada, como regla general, a su notificación legal, conforme lo dispone el artículo 38 del Código de Procedimiento Civil, norma supletoriamente aplicable en la especie, así como a las disposiciones específicas contenidas en la Ley N°19.968. Tal exigencia constituye un presupuesto esencial del debido proceso, en cuanto permite a los destinatarios de la decisión conocer su contenido, impugnarla y ajustar su conducta a lo resuelto por el tribunal.

OCTAVO: Que, de los antecedentes allegados —y, en particular, del informe complementario evacuado por el tribunal recurrido— se desprende que la medida cautelar decretada con fecha 23 de junio de 2025 no fue oportunamente notificada al recurrente, omisión que sólo fue advertida y abordada con posterioridad mediante la orden de notificación personal dispuesta con fecha 10 de noviembre del mismo año. Durante dicho lapso, el actor permaneció sujeto a una restricción de derechos sin haber sido legalmente emplazado ni puesto en conocimiento formal de su contenido.

La circunstancia de haberse dispuesto con posterioridad la notificación de la medida no resulta suficiente para sanear la ilegalidad verificada, desde que dicha actuación no tiene la virtud de convalidar retroactivamente los efectos producidos por una resolución que, al momento de su ejecución y exigibilidad, carecía de oponibilidad respecto del afectado, por lo que la regularización ex post del defecto no altera el hecho de que, durante un período relevante, se impusieron restricciones sin cumplimiento de las exigencias legales mínimas.

La irregularidad descrita se torna particularmente relevante si se considera que la referida medida cautelar sirvió de fundamento para la remisión de antecedentes al Ministerio Público por un eventual delito de desacato, atribuyéndose al actor el incumplimiento de una resolución cuyo contenido no le había sido notificado en forma legal. En tal contexto, la falta de notificación no sólo incide en la eficacia de la medida, sino que compromete la legitimidad de las consecuencias jurídicas que de ella se derivaron, al proyectarse incluso en el ámbito penal.

En tales condiciones, la actuación del tribunal recurrido no se agota en un defecto intraprocesal susceptible de corrección por las vías ordinarias, máxime cuando en el procedimiento se ha negado la posibilidad de cuestionar lo decretado a quien debe cumplir aquello, afectando lo decidido su posibilidad de trabajo, sino que importa una contravención a las normas que regulan la eficacia de las resoluciones judiciales y su oponibilidad frente a terceros determinados, afectando directamente el derecho del actor a conocer oportunamente las decisiones que inciden en su esfera jurídica y a ejercer adecuadamente su defensa, configurándose así un actuar ilegal en los términos exigidos por la acción de protección.

NOVENO: Que, en cuanto a la arbitrariedad denunciada, ésta se configura desde que las medidas adoptadas, aun cuando insertas formalmente en un procedimiento de naturaleza proteccional, carecen de razonabilidad en su aplicación concreta respecto del recurrente, tanto porque fue víctima de la agresión, que fue la que originó la denuncia, llamando la atención que el tribunal no haya iniciado una causa contravencional en virtud del artículo 102 A y siguientes de la Ley 19.968, como porque la medida cautelar decretada tiene efectos jurídicos relevantes sin que éste hubiese sido previamente notificado ni puesto en condiciones de ejercer defensa.

La potestad del tribunal de familia para decretar medidas cautelares con el objeto de resguardar el interés superior del niño no se encuentra en discusión, pudiendo incluso adoptarse sin audiencia previa en situaciones que así lo justifiquen; sin embargo, dicha facultad no es irrestricta, sino que debe ejercerse dentro de parámetros mínimos de racionalidad, proporcionalidad y debido resguardo de los derechos de terceros que puedan verse afectados por tales decisiones.

En la especie, la mantención de los efectos de una medida cautelar respecto de una persona que no había sido válidamente notificada, unida a la negativa de incorporarla al procedimiento y a la utilización de dicha medida como fundamento para la remisión de antecedentes al Ministerio Público por un eventual delito de desacato, configura un resultado que excede los fines propios del procedimiento proteccional, en cuanto genera consecuencias particularmente gravosas sin que el afectado haya tenido una posibilidad real de conocer, controvertir o adecuar su conducta a lo ordenado.

La circunstancia de haberse dispuesto con posterioridad la notificación de la medida no altera dicha conclusión, desde que la arbitrariedad no se agota en la existencia de una decisión formalmente válida, sino en la forma en que ésta se ejecuta y en los efectos que produce, los que, en este caso, se proyectaron de manera anticipada y sin resguardo suficiente de los derechos del actor, incluso en el ámbito penal.

De este modo, se configura un ejercicio desproporcionado de la potestad jurisdiccional, en el que la legítima finalidad de protección del niño se ve desbordada por la afectación indebida de la esfera jurídica de un tercero, generando una situación de indefensión que no resulta compatible con un actuar jurisdiccional fundado y razonable.

DÉCIMO: Que, en cuanto a las garantías constitucionales invocadas, la situación debe ser examinada a la luz del artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, que asegura la igualdad ante la ley.

En la especie, la imposición de efectos jurídicos al recurrente derivados de una medida cautelar que no le fue notificada conforme a derecho, y su utilización como fundamento para la remisión de antecedentes al Ministerio Público por un eventual desacato, importa un trato desigual en la aplicación de la ley procesal, en cuanto se le hace exigible una resolución sin haber sido puesto en condiciones de conocerla ni de ejercer las acciones que el ordenamiento le franquea.

Dicha situación lo coloca en una posición diversa respecto de cualquier persona sujeta a una decisión judicial, a quien, como presupuesto mínimo, debe notificársele legalmente la resolución para que ésta produzca efectos en su contra, generándose así una diferencia de trato carente de justificación razonable, lo que configura una vulneración de la garantía de igualdad ante la ley.

UNDÉCIMO: Que, así las cosas, y sin perjuicio de las acciones legales que tenga el recurrente por los hechos denunciados ocurridos al interior del establecimiento educacional, en lo que importa a la presente acción constitucional, la imposición de una medida cautelar que fuera dispuesta por la recurrida sin que el actor haya sido debidamente notificado, vulnera la garantía constitucional aludida precedentemente, por no haberse cumplido el emplazamiento y el procedimiento establecido en la ley, razón por la cual el presente arbitrio será acogido, en la forma en cómo se dirá en lo resolutivo del fallo.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, en contra del Juzgado de Letras y Garantía de Taltal y, en consecuencia, se deja sin efecto toda medida cautelar decretada en la causa RIT X-61-2025 respecto del recurrente, así como la remisión de los antecedentes al Ministerio Público por el eventual delito de desacato, debiendo el tribunal recurrido adoptar las medidas necesarias para asegurar la intervención del actor en el procedimiento proteccional en caso de continuarse este en contra de aquel, quien deberá ser oído en caso de decretarse a su respecto alguna medida en el futuro, permitiendo eventualmente recurrir en caso de ser procedente el recurso, debiendo por último iniciarse la tramitación del procedimiento del artículo 102 A y siguientes en relación a la denuncia formulada y en que el recurrente es víctima, de no haberse efectuado aquello con anterioridad.

Regístrese y comuníquese.

Rol 49-2026 (Protección)

2