Protección contra Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de Antofagasta
- Fecha
- 13 de enero de 2021
- Sala
- Segunda
- Resultado
- Rechazada
- Cita
- Corte de Apelaciones de Antofagasta, Rol N° 4872-2020, sentencia de 13 de enero de 2021
Resumen
Se rechaza la protección contra la COMPIN de Antofagasta: el rechazo de la licencia prenatal fue legal, pues la relación laboral había terminado el mismo día en que esta se inició, faltando el requisito de contrato vigente para el pago del subsidio.
Texto íntegro
Antofagasta, a trece de enero de dos mil veintiuno VISTOS:
La comparecencia de nombre reservado, quien interpuso recurso de protección en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de Antofagasta, por el actuar ilegal y arbitrario de la recurrida.
Informaron las recurridas, solicitando el rechazo del recurso.
Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.
CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que funda su acción en el actuar ilegal y arbitrario de la recurrida, consistente en el rechazo de un licencia médica, vulnerando las garantías contenidas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.
Señaló que el 9 de marzo del año 2020, presentó su licencia prenatal folio 0377001486 ante el COMPIN y el 27 de mayo, acompañó un acuerdo arribado con su ex empleador, en contexto de juicio de desafuero laboral. Luego de siete meses, la recurrida rechazó el pago de la licencia y, aunque se le informó que puede apelar ante la Superintendencia, está no la habría atendido.
Finalmente, refirió que el rechazo la ha perjudicado económicamente, ya que se encuentra sin trabajo y debe mantener a su familia.
SEGUNDO: Que por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, informó su Presidenta Subrogante, solicitando el rechazo del recurso.
Señaló que la licencia presentada por la recurrente, contempla un reposo total de 42 días, desde el 9 de marzo al 19 de abril del año 2020, la cual – de acuerdo al protocolo – quedó a la espera de la sentencia de demanda de desafuero interpuesta.
Así, consta del acta de audiencia preparatoria celebrada el 9 de marzo de 2020, en causa RIT O-1458-2019, que se celebró una conciliación, en cuyo considerando 5° se acordó el finiquito de la relación laboral. Con dicho antecedente, se rechazó la licencia, bajo la causal “sin vínculo laboral”, ya que el vínculo laboral no se extiende para que el empleador pague las cotizaciones durante la licencia maternal.
De igual modo, mediante Res. N°78, el 9 de noviembre de 2020 se resolvió la apelación deducida por la recurrente, no reconsiderando el rechazo y manteniendo la misma causal. Además, se informó del derecho a apelar ante la Superintendencia de Seguridad Social.
En consecuencia, se dio cumplimiento a los plazos para la tramitación de licencias y en la entrega de información, actuando conforme a la normativa vigente, por lo que no se incurrió en hechos que puedan configurar alguna vulneración a las garantías constitucionales.
TERCERO: Que de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.
CUARTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.
En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.
El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.
QUINTO: Que de la narración fáctica de la acción y de los documentos acompañados por las partes, se desprende que por su intermedio se persigue que se deje sin efecto la resolución de la COMPIN, ordenado el pago de la licencia médica a la recurrente, correspondiente a su descanso prenatal.
SEXTO: Que para resolver, se tendrá presente que en el Libro II, Título II del Código del Trabajo, se regula la “protección a la maternidad, paternidad y vida familiar”. En este apartado, el legislador reguló, entre las formas de protección, el derecho de las trabajadoras a un descanso de maternidad de seis semanas antes del parto, conocido como descanso prenatal.
Así, en cuanto al ámbito de aplicación y de quienes son beneficiados con las materias reguladas, el artículo 194 en su inciso 3° señala que “Estas disposiciones beneficiarán a todos los trabajadores que dependan de cualquier empleador, comprendidos aquellos que trabajan en su domicilio y, en general, a todos los que estén acogidos a algún sistema previsional.” Asimismo, el artículo 195 inciso primero dispone que “Las trabajadoras tendrán derecho a un descanso de maternidad de seis semanas antes del parto y doce semanas después de él.”
En consecuencia, de las normas transcritas se desprende un requisito básico para el pago del subsidio como trabajadora dependiente, y es que se tenga la calidad “trabajadora”, esto es, que cuente con un contrato de trabajo vigente.
SÉPTIMO: Que según señala la recurrida y es reconocido por la actora en su recurso, el motivo del rechazo del pago de la licencia médica, se debió a que la relación laboral que la Sra. nombre reservado mantenía, concluyó el 9 de marzo de 2020, mismo día en que daba inicio su licencia por descanso prenatal.
Lo anterior, se desprende del acta de la audiencia preparatoria celebrada en causa rol O-1458-2019, en la cual la recurrente y su ex empleador arribaron a una conciliación, en cuya cláusula 5° se estableció lo siguiente: “Las partes, atendido lo señalado precedentemente, en indican que nada se debe por la relación laboral que la unió y que en consecuencia, se dan el más completo y total finiquito por la relación laboral antes referida”.
Por lo tanto, se puede dar por establecido que efectivamente no existe una relación laboral vigente, presupuesto esencial para el pago del beneficio y licencia médica cuyo cobro se reclama.
OCTAVO: Que adicionalmente, debe considerarse que el legislador contempla un subsidio para las mujeres embarazadas que no tienen un contrato de trabajo vigente, regulado en el artículo 3 de la Ley N°20545, siempre que se cumplan los requisitos copulativos que la norma establece. Este beneficio es otorgado por el organismo competente para el pago de subsidio de incapacidad laboral de los trabajadores independientes, cotizantes de FONASA, previa verificación de los presupuestos legales.
NOVENO: Que como se ha razonado precedentemente y conforme a la normativa aplicable al presente recurso, la recurrida actuó dentro de sus facultades legales, por lo que su ejercicio no puede calificarse como ilegal o arbitrario.
Asimismo, debe descartarse todo vicio de arbitrariedad, pues basta con realizar una lectura de la resolución recurrida cuestionada para advertir que no está basado en el mero capricho del emisor, sino en el incumplimiento de los presupuestos para hacer pago de la respectiva licencia médica.
Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA sin costas, el recurso deducido por nombre reservado contra la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez.
Regístrese y comuníquese.
Rol 4872 - 2020 (PROTECCIÓN)