nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES DE CHILE

Antofagasta, a ocho de abril de dos mil veintiséis.

VISTOS:

La comparecencia de Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en favor de doña nombre reservado, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado de nacionalidad venezolana, con domicilio en domicilio reservado, quien interpuso recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, pidiendo pronunciamiento sobre la solicitud de carta de nacionalización de la recurrente dentro de un plazo de sesenta días, conforme con los principios que le impone su reglamentación o el que se estime conforme al mérito de autos y en general se adopten las providencias necesarias para establecer el imperio del derecho, con costas.

El recurrido Servicio Nacional de Migraciones, solicitó el rechazo del recurso.

Atendido los hechos en que se basa el recurso, se solicitó informe al Ministerio del Interior, el que fue evacuado pidiendo el rechazo del recurso, con costas.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que se indica en el recurso, que la recurrente, de nacionalidad venezolana, ingresó al país como turista y después cambió su condición migratoria a residente temporario por visa otorgada, para establecerse y desarrollar su proyecto de vida en Chile y luego obtuvo la residencia definitiva. Añade que la recurrente solicitó el beneficio migratorio de nacionalización el 29 de enero de 2025, pero no se ha liberado la orden de giro de su solicitud ni se ha emitido el proyecto de decreto de carta de nacionalización, lo que la mantiene en una situación de preocupación e incertidumbre ante un trámite por demás demorado.

Seguidamente se alude a la admisibilidad del recurso de protección y tras ello a la omisión recurrida y el derecho constitucional vulnerado, indicando que las garantías y derechos constitucionales afectados lo son por la omisión arbitraria e ilegal por parte del recurrido en el excesivo tiempo de tramitación en dar respuesta a la solicitud de nacionalización, pues desde la petición realizada el 29 de enero de 2025, hasta la fecha han transcurrido un año y mes y cuatro días, sin que la autoridad administrativa se haya pronunciado sobre la solicitud formulada, citando jurisprudencia al efecto.

Destaca lo dispuesto en los artículos 4, 7, 9 y 27 de Ley N°19.880 que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, al consagrar, entre otros, los principios de celeridad y economía procedimental.

Por otra parte, sostuvo la improcedencia del silencio administrativo y del caso fortuito o fuerza mayor, pues, el recurso de protección precisamente se establece en la Carta Fundamental como una garantía constitucional ante la violación, amenaza o perturbación por acciones u omisiones ilegales y arbitrarias a los derechos protegidos por el artículo 20 en relación con el artículo 19 de la constitución, por lo que no puede el recurrido predisponer el agotamiento de la vía administrativa frente la vía judicial, añadiendo que tampoco es procedente la causal de excepción prevista en el artículo 27 de la Ley 19.880, situación que en la especie no se configura, citando jurisprudencia al efecto.

Seguidamente enfatizó que en los Estados democráticos en donde impera el Derecho no puede haber espacio para la arbitrariedad en el ejercicio del Poder Público, añadiendo que la doctrina sostiene que la exigencia de un procedimiento administrativo reglado para la producción de un acto administrativo terminal tiene una consagración constitucional, añadiendo que el procedimiento reglado tiende a asegurar que antes de la dictación de un acto administrativo final, la Administración cumpla con una serie de trámites y plazos impuestos por la propia Constitución y las leyes, destacando los principios de la ley 19.880, e indicando que los mismos se están desconociendo durante la tramitación de la petición administrativa del recurrente.

Por otro lado, se aludió a la aplicación del artículo 27 de la Ley 19.880 y tras ello se solicitó se ordene al recurrido que se pronuncie sobre la petición de la recurrente, dentro de un plazo de 60 días, conforme con los principios que le impone su reglamentación y en general se adopten las providencias necesarias para establecer el imperio del derecho, con costas.

SEGUNDO: Que informó la abogada Paulina Rivas Núñez, en representación del Ministerio del Interior, pidiendo el rechazo de la acción, con costas.

Señala que el otorgamiento de cartas de nacionalización a personas extranjeras se efectúa por decreto expedido con la sola firma de la autoridad superior de ese Ministerio, a través del ejercicio de una facultad expresamente contemplada en la ley, conforme lo dispuesto en los artículos 84 de la ley N°21.325; 1° y 2° del decreto supremo N°5.142, de 1960, del entonces Ministerio del Interior; y 1, apartado IV, N°4, de la ley N°16.436, en virtud de los cuales se otorga al Ministerio del Interior y Seguridad Pública la facultad de conceder cartas de nacionalización, deponiéndola en términos potenciales, al indicarse “podrá” otorgarse esta concesión a quienes cumplan los requisitos allí señalados. Añade que el artículo 157 N°8, de la ley N°21.325, dispone que corresponde al Servicio Nacional de Migraciones tramitar las solicitudes de carta de nacionalización para su posterior resolución por parte de ese Ministerio, lo que implica que es dicho Servicio quien recibe tales solicitudes, para revisar su admisibilidad, tramitarlas y ordenar su pago -aspecto último que se desprende de lo dispuesto en el artículo 12 del decreto supremo N°5.142, de 1960, del entonces Ministerio del Interior, en concordancia con lo establecido en el artículo 178 de la ley N°21.325-, para luego proponer su resolución a la autoridad superior de ese Ministerio, la cual concederá o rechazará la petición a través de la dictación del respectivo decreto exento.

Expresa que la solicitud de otorgamiento de carta de nacionalización de la parte recurrente está en tramitación ante el Servicio Nacional de Migraciones, etapa previa a la entrega de antecedentes a esa Cartera de Estado.

Afirma que la acción de protección de autos no solo debe ser rechazada totalmente, sino que, además, procede la expresa condena en costas para la parte recurrente, por cuanto, en el fondo, no existen motivos plausibles para litigar, ya que las solicitudes de otorgamiento de carta de nacionalización son sometidas a un exhaustivo análisis, lo cual, en ocasiones, significa una tramitación más extensa que la esperada por las personas que las realizan, análisis plenamente justificado, dada la importancia, tanto jurídica como práctica, que implica otorgar una carta de nacionalización a una persona extranjera; y asimismo, las solicitudes de otorgamiento de carta de nacionalización constituyen un ejercicio del derecho a petición consagrado en el artículo 19 N°14, de la Constitución Política de la República, lo que implica que son requerimientos de interés privado que se efectúan a la autoridad competente, quien no se encuentra obligada a aceptarlos, sino que únicamente accederá a ellos siempre que se cumplan los requisitos y estándares que, al respecto, se han establecido para tales fines, de acuerdo con sus procesos de revisión y ponderación internos, añadiendo que solo entre enero y marzo de 2024 se han presentado -en promedio- 3.400 solicitudes mensuales de otorgamiento de cartas de nacionalización.

Indica que cabe desechar de plano cualquier alegación que pretenda calificar como arbitraria la no dictación de un acto administrativo terminal respecto de la solicitud de la parte recurrente, toda vez aquello no es producto de un mero capricho, sino de la verificación de un procedimiento reglado, cuya aplicación se ha visto exponencialmente incrementada en los últimos años; además, de acuerdo con la reiterada jurisprudencia tanto de la Excma. Corte Suprema como de la Contraloría General de la República, el plazo máximo de 6 meses que el artículo 27 de la ley N°19.880 establece para todo procedimiento administrativo no constituye un plazo fatal, por lo que su vencimiento no implica la caducidad ni invalidación del acto respectivo, conforme la jurisprudencia que cita.

Señala que incluso cuando se pudiese considerar que se está ante una omisión arbitraria o ilegal en el caso concreto, corresponde recordar que las hipótesis normativas de procedencia de la acción de protección se encuentran taxativamente señaladas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y es la recurrente quien no solo debe probar la existencia de una acción u omisión arbitraria o ilegal, sino, además, que aquello le significa una privación, perturbación o amenaza de alguno de los derechos o garantías a que se refiere el referido artículo, para efectos de que su acción de protección sea admisible y, eventualmente, acogida, por lo que es manifiestamente improcedente que la parte recurrente considere que el solo hecho de que su solicitud de otorgamiento de carta de nacionalización no se encuentre resuelta es, por sí mismo, una circunstancia que implica una vulneración de derechos fundamentales y por lo demás, el solo hecho de solicitar el otorgamiento de carta de nacionalización significa que la persona extranjera se encuentra en situación migratoria regular, sin órdenes de abandono o expulsiones pendientes, y con permanencia definitiva vigente en nuestro país, lo que se traduce en que puede ejercer sus derechos sin limitación alguna, siendo improcedente afirmar que una eventual demora en la tramitación de su solicitud sea lesiva de derechos, razonamiento que ha sido confirmado por la Excma. Corte Suprema en numerosas sentencias.

Hace presente que el acoger acciones de protección como la de la especie, implica una afectación a la garantía de igualdad ante la ley, al poner en una situación favorable a la parte recurrente sin que exista una razón aparente que la justifique, en desmedro de las personas extranjeras que efectúan sus solicitudes de otorgamiento de carta de nacionalización por la vía regular, sin activar mecanismos judiciales, e incluso con una fecha anterior a la parte recurrente, y que aún no cuentan con una respuesta de tal solicitud, no procediendo instrumentalizar un requerimiento de otorgamiento de carta de nacionalización mediante una acción de protección, al corresponder su otorgamiento única y exclusivamente al Presidente de la República, por medio del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, razonamiento que, asimismo, ha sido confirmado por la Excma. Corte Suprema, en las sentencias que indica.

Termina solicitando el rechazo de la acción de protección de autos, con costas, por no existir motivos plausibles para litigar.

TERCERO: Que Danna Garvarino Correa, abogada, en representación del Servicio Nacional de Migraciones, evacuó el informe requerido solicitando el rechazo en todas sus partes del recurso de protección.

Indica que por Resolución Exenta N°22277838 de 4 de julio del 2022, del Servicio Nacional de Migraciones, se otorgó al recurrente el beneficio de residencia definitiva y actualmente, la extranjera se encuentra en situación migratoria totalmente regular, en atención a que es titular de Residencia Definitiva.

Refiere que con fecha 29 de enero de 2025, la recurrente solicitó ante esa autoridad, mediante la plataforma web de trámites (SIMPLE) de ese Servicio, la carta de nacionalización, mediante la solicitud ID N°72327554, añadiendo que según el artículo 158 N°8 de la ley 21. corresponde al Servicio Nacional de Migraciones tramitar las solicitudes de carta de Nacionalización para su posterior resolución por el Ministerio del Interior, por lo tanto esa autoridad migratoria recibe las solicitudes de nacionalización para revisar su admisibilidad, tramitarlas y ordenar su pago, para luego proponer su resolución al Ministerio del Interior, el cual concederá o rechazará la petición a través de la dictación del respectivo decreto exento; y a la fecha, la solicitud de carta de nacionalización de la recurrente se encuentra actualmente en trámite, en etapa de “Primer Análisis”, tal como se muestra en la fotocaptura del Registro Nacional de Extranjeros.

Hace presente que en la misma página del Servicio se señala que la nacionalización demora en promedio 3 años en su tramitación, interviniendo diversos órganos, al tratarse de una especial concesión por gracia, por lo que el análisis de los diversos antecedentes necesarios para su pronunciamiento requiere de un tiempo que es evidentemente superior al de los demás trámites administrativos de solicitud ordinaria.

Afirma que encontrándose en tramitación la solicitud de los recurrentes, quienes cuentan con situación migratoria regular en el país, considerando, además, que la solicitud de nacionalización debe ser resuelta por el Presidente de la República en carácter discrecional, no se vislumbra en los hechos la conculcación de alguna de las garantías constitucionales denunciadas que requieran la adopción de una medida cautelar de urgencia como la que se pretende mediante el recurso de protección.

Seguidamente indica que por su naturaleza jurídica la carta de nacionalización es una concesión constitucional que otorga el Estado de Chile por una gracia, en razón del mérito de quien la solicita, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa vigente en la materia, los que menciona, expresando que la norma legal vigente que trata el otorgamiento de la nacionalidad chilena es el artículo 84 de la Ley N°21.325 de Migración y Extranjería, el cual hace una remisión expresa al Decreto Supremo N°5.142 de 1960, del Ministerio de Interior, que fija el texto refundido de las disposiciones sobre nacionalización de extranjeros.

Luego, en cuanto a la autoridad y sus atribuciones legales para conceder la carta de nacionalización, indicó que de conformidad a lo dispuesto por el artículo 1° del D.S. N°5.142 de 1960, del Ministerio del Interior, “La nacionalización se otorgará por el Presidente de la República, en decreto refrendado por el Ministerio del Interior.”, añadiendo que el decreto de concesión de carta de nacionalización es firmado, por delegación, por el Ministro del Interior y Seguridad Pública, facultad que se encuentra consagrada en el artículo 1°, Título IV, N°4, de la Ley 16.436 de 1966, que declara las materias que podrán ser objeto de decretos o resoluciones por las autoridades que en ella se señalan, con la sola firma del respectivo funcionario. Agrega que en cuanto a las causales y requisitos legales para otorgar la carta de nacionalización, el artículo 2 del Decreto Supremo N°5.142 de 1960, del Ministerio del Interior, señala los requisitos mínimos que los postulantes a la carta de nacionalización deben cumplir para presentar su solicitud ante la autoridad competente, añadiendo que la forma y los requisitos que la petición de nacionalización debe cumplir al ser presentada se encuentran contempladas en los artículos 4° y 5° de la norma ya individualizada, siendo uno de los trámites esenciales del procedimiento asociado a la concesión de la carta de nacionalización es la elaboración de un informe por parte de Policía de Investigaciones, el cual debe contener la información indicada en el artículo 5 del Decreto N°5142 y para elaborar su informe, la Policía de Investigaciones debe citar al solicitante de carta de nacionalización a una entrevista presencial en sus dependencias y, recabada la información el organismo policial deberá remitir el informe a esta autoridad en un plazo de 15 días, en virtud del artículo 6 de dicho Decreto, normas que reproduce.

Hace presente que la competencia del Servicio Nacional de Migraciones respecto de las solicitudes de carta de nacionalización solamente se limita a la tramitación de dicha solicitud y no se extiende a la resolución de la misma, en virtud del artículo 157 N°8 de la Ley N°21.325 de Migración y Extranjería, por lo que la participación del Servicio Nacional de Migraciones en este tipo de procedimientos termina con la remisión, mediante oficio ordinario, de la calificación favorable o desfavorable de la solicitud de carta de nacionalización analizada, junto con todos los demás antecedentes aportados, al Gabinete de la Subsecretaría del Interior, para que la autoridad competente, el Presidente de la República, resuelva su concesión o rechazo y se emita el acto administrativo final, firmado por el Ministro del Interior.

Seguidamente se refirió a lo señalado por el artículo 27 de la Ley N°19.880, destacando que el plazo del procedimiento administrativo podrá ser mayor a 6 meses cuando exista caso fortuito o fuerza mayor, entendiéndose como tal, el aumento exponencial de los flujos migratorios hacia el país, proveniente de diversos países, lo cual tuvo por consecuencia un aumento importante en la cantidad de solicitudes recibidas por esta autoridad, lo que significó un retraso considerable e irresistible para la autoridad migratoria que, ha sido reconocido por sentencias ejecutoriadas como un caso fortuito que excusa la dilación de las solicitudes de naturaleza migratoria, sin que ello, por sí solo, implique vulneración de derechos fundamentales de los extranjeros, al mantener residencia regular en el país y contar con documentación a su disposición para acreditar dicha condición en el país.

Finalmente, y tras citar jurisprudencia, termina solicitando el rechazo de la presente acción constitucional de protección en todas sus partes por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria por parte de esa autoridad que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de alguno de los derechos enumerados por el artículo 20 de la Constitución Política de la República, así como el rechazo a la condena en costas a ese Servicio.

CUARTO: Que de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

QUINTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados. En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho. El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

SEXTO: Que, en la especie, se dirige la acción en contra del supuesto actuar ilegal y arbitrario de la recurrida, consistente en no emitir pronunciamiento sobre la solicitud de Carta de Nacionalización de la recurrente, presentada con fecha 29 de enero de 2025.

SÉPTIMO: Que el artículo 1° del D.S. N°5.142 de 1960 dispone: “La nacionalización se otorgará por el Presidente de la República, en decreto refrendado por el Ministro del Interior”. A turno, el artículo 2° del D.S. precitado establece los requisitos para que a los extranjeros se les pueda otorgar carta de nacionalización, mientras que su artículo 4° precisa la forma en que dicha solicitud debe ser presentada.

Por su parte los artículos 5° y 6° del D.S. N°5.142 establecen la obligación de la elaboración de un informe por parte de la Policía de Investigaciones y el plazo en que dicho informe debe ser evacuado y remitido a la Dirección General de Investigaciones, para que ésta remita los antecedentes al Ministerio del Interior.

OCTAVO: Que, no debe perderse de vista que, en la especie, ha transcurrido un plazo excesivo desde la presentación de la solicitud de carta de nacionalización, sin que la misma haya sido resuelta.

NOVENO: Que a la luz de lo dispuesto en la Ley N°19.880 resulta útil destacar el principio de celeridad, previsto en su artículo 7, según el cual la autoridad debe impulsar de oficio, en todos sus trámites, el procedimiento administrativo, debiendo actuar por propia iniciativa, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión; principio que por lo demás debe relacionarse con el principio conclusivo, consagrado en el artículo 8 del mismo cuerpo legal, que determina la necesidad de término del procedimiento con un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo, así como con el principio de economía procedimental, del artículo 9, que manda a la Administración responder con eficacia, evitando trámites dilatorios.

DÉCIMO: Que la circunstancia ya referida evidencia el incumplimiento de los principios citados en el motivo que antecedente, conculcando la garantía constitucional esgrimida en el recurso, razón por la que éste será acogido en los términos que se indicarán en la parte resolutiva.

Por estas consideraciones, y atendido además lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE ACOGE sin costas, el recurso de protección deducido por el abogado Pablo Peñaloza Parra, en favor de doña nombre reservado, sólo en cuanto se ordena que dentro del plazo de sesenta días corridos desde la dictación de la sentencia, el Servicio Nacional de Migraciones deberá remitir los antecedentes al Ministerio del Interior para que se pronuncie sobre la petición de carta de nacionalización de la recurrente.

Acordada con el voto en contra del Ministro señor Eric Sepúlveda Casanova, quien estuvo por rechazar el presente arbitrio, por estimar que no se advierte un acto u omisión ilegal o arbitrario, que vulnere la garantía constitucional esgrimida en el recurso, porque la recurrente cuenta con un permiso de permanencia definitiva actualmente vigente, manteniendo, en razón de ello, una condición migratoria regular en el país.

Además tiene presente el disidente que, a la data de interposición del presente recurso, no ha transcurrido un lapso excesivo desde la solicitud de carta de nacionalización, no siendo posible atribuirle a la institución recurrida una dilación indebida, o alguna omisión ilegal o arbitrariedad, teniendo especialmente en consideración que el otorgamiento de la nacionalidad chilena supone, necesariamente un examen exhaustivo de los antecedentes de quienes la solicitan que no puede estar limitado por términos rígidos para dicho análisis. Abona a lo anterior lo resuelto reiteradamente por la jurisprudencia, en cuanto a que el plazo de seis meses establecido en el artículo 27 de la Ley N°19.880 no reviste el carácter de fatal o perentorio para la Administración, razones que bastan para desestimar el arbitrio.

Regístrese y comuníquese.

Rol 486-2026 (Protección)