Protección contra Instituto de Seguridad del Trabajo

Antofagasta, a trece de abril de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Comparece nombre reservado interponiendo recurso de protección en contra del Instituto de Seguridad del Trabajo (IST) y de la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), por haber calificado las lesiones por ella sufridas como un accidente común y no como un accidente del trabajo, actuación que estima ilegal y arbitraria.

Informan Instituto de Seguridad del Trabajo y la Superintendencia de Seguridad Social, al tenor del recurso interpuesto.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurrente expone que el 3 de mayo de 2025, siendo las 15:00 horas y cuando volvía del comedor, sufrió un accidente laboral al bajar del furgón, resbalando y cayendo con todo el peso de su cuerpo sobre la pierna izquierda. Refiere que el lunes siguiente fue llevada al IST, oportunidad en la que se le señaló que se trataba de un golpe, se le suministró un calmante y no se le practicó examen alguno, indicándosele, además que, como seguía de turno sola, no subiera a trabajar hasta el turno siguiente (sic).

Agrega que, como continuaba con mucho dolor, debió atenderse de manera particular, oportunidad en la cual el médico le extendió una orden para efectuarse una resonancia, examen del que resulta que tiene el menisco roto y el ligamento cruzado también roto. Añade que, cuando sus jefes concurrieron al IST, señalaron que nombre reservado pidiera su carnet, pues la llevarían a una clínica particular a efectuarse exámenes y que ellos cooperarían en los gastos; manifiesta que escribió a su jefe sin obtener respuesta, de modo que tuvo que apelar a la Suseso.

Expresa, asimismo, que se envió al señor nombre reservado, junto a otra persona, hasta su domicilio, a fin de pedirle que mintiera y declarara que se había tropezado al salir de su casa, señalando que igualmente constituiría un accidente 1 laboral, y que no dijera que el hecho había ocurrido dentro de Chuquicamata.

Refiere que el 5 de mayo de 2025 el IST le comunicó que se trataba de un accidente común; que el 4 de diciembre de 2025 respondió la Suseso; que el 11 de diciembre de 2025 apeló nuevamente ante dicha Superintendencia; y que el 27 de febrero de 2026 se respondió la referida apelación.

Finalmente, solicita que se tenga por interpuesto el presente recurso de protección en contra del IST y de la Suseso.

SEGUNDO: Que evacúa informe IST Organismo de Seguridad y Salud del Trabajo, solicitando el total y absoluto rechazo de la acción constitucional deducida, por estimar que no concurren los presupuestos que hacen procedente el arbitrio intentado, toda vez que su representada no ha incurrido en acción u omisión ilegal o arbitraria alguna que haya afectado derechos fundamentales de la recurrente.

Expone que el 5 de mayo de 2025 la actora ingresó a IST refiriendo haberse resbalado de un escalón golpeándose la rodilla izquierda, siendo dada de alta laboral en esa misma instancia. Agrega que, tras la investigación del accidente, y a partir de las evaluaciones médicas, revisión de ficha clínica, exámenes de imagenología e informe de investigación, el área médica determinó que las patologías padecidas tienen origen común, sin relación con el accidente, pues la resonancia magnética de 24 de mayo de 2025 evidencia múltiples patologías de carácter crónico degenerativo. Dicha calificación se comunicó mediante Resolución NUM000, de 28 de mayo de 2025, la cual fue reclamada ante la Superintendencia de Seguridad Social, organismo que, mediante Resolución Exenta NUM001 y, posteriormente, Resolución Exenta NUM002, confirmó en doble instancia la calificación de origen común.

Alega la extemporaneidad del recurso, pues el acto supuestamente ilegal o arbitrario corresponde a la resolución de calificación de 28 de mayo de 2025, de modo que, habiéndose interpuesto la acción recién el 4 de marzo de 2026, se ha excedido latamente el plazo fatal de treinta días 2 contemplado en el Auto Acordado respectivo, debiendo tenerse presente que el recurso de protección procede sin perjuicio de los demás derechos que puedan hacerse valer.

Sostiene la improcedencia de la acción por ausencia de un derecho preexistente e indubitado, puesto que la calificación del origen de una patología constituye una cuestión técnica y controvertida que exige ponderación de antecedentes médicos y clínicos.

Afirma que la materia pertenece al ámbito del derecho a la seguridad social, consagrado en el artículo 19, N°18 de la Carta Fundamental, garantía no comprendida en el catálogo del artículo 20, encontrándose por ello excluida de la tutela cautelar. Finalmente, alega que el ordenamiento jurídico contempla una sede técnica especializada, radicada en la Superintendencia de Seguridad Social conforme a los artículos 77 y 77 bis de la Ley N°16.744, citando al efecto diversa jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia.

Desestima la alegación de falta de fundamentación de la resolución de calificación, señalando que ésta se sustenta en el análisis de antecedentes objetivos realizado por profesionales médicos expertos en salud ocupacional, con estricto apego al protocolo de calificación de accidentes del trabajo contenido en el Compendio de Normas del Seguro Social respectivo.

Afirma que no concurren los presupuestos del artículo 20 de la Carta Fundamental, pues su representada ha actuado dentro del marco de sus atribuciones legales y reglamentarias, conforme a la Ley N°16.744 y los Decretos Supremos N°101 y N°109, ambos de 1968. Sostiene que su actuación no es ilegal ni arbitraria, por fundarse en un análisis racional de antecedentes objetivos, y que tampoco se configura afectación de derecho indubitado alguno, pues la recurrente reclama prestaciones que constituyen una mera expectativa.

Finalmente, solicita que se tenga por evacuado el informe y, en definitiva, se rechace en todas sus partes el 3 recurso de protección deducido, con lo que estime procedente conforme a derecho.

TERCERO: Que evacúa informe la Superintendencia de Seguridad Social, solicitando, en lo principal, que se declare la improcedencia de la acción constitucional, por cuanto la materia reclamada desborda los límites del recurso de protección y debe ser dilucidada en un juicio de lato conocimiento.

Sostiene que esta vía cautelar no constituye una instancia de declaración de derechos, sino de amparo de aquellos preexistentes e indubitados, invocando al efecto jurisprudencia de la Corte Suprema, conforme con las cuales la calificación del origen común o laboral de una patología constituye una cuestión de hecho, de naturaleza técnica y médica, que compete a un organismo experto y especializado, cuya discusión excede el ámbito de la acción de protección.

En subsidio, informa en cuanto al fondo, señalando que no existe acto ilegal ni arbitrario de su representada, toda vez que su actuación se ajusta estrictamente al marco normativo que regula la materia, contenido en las Leyes N° 16.395 y N° 16.744 y sus reglamentos. Explica que, conforme al artículo 3° de la Ley N° 16.395, la Superintendencia es la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, correspondiéndole resolver las apelaciones en materias no litigiosas dentro de su competencia. Precisa que, según los artículos 5° y 7° de la Ley N° 16.744 y el artículo 16 del D.S. N° 109 de 1968, para que una enfermedad se considere profesional resulta indispensable que tenga su origen en los trabajos que entrañan el riesgo respectivo, exigiéndose una relación de causalidad directa entre la patología y las labores desempeñadas.

Enseguida, relata que el 25 de agosto de 2025, la recurrente reclamó ante la Superintendencia en contra del IST, organismo que calificó como de origen común los diagnósticos de osteocondropatía no especificada, secuelas de rotura parcial del ligamento cruzado anterior, desgarro complejo multidireccional del cuerno posterior del menisco medial y condropatía grado II-III en rodilla izquierda. 4 Señala que, tras el análisis integral de los antecedentes clínicos e imagenológicos, se emitió la Resolución Exenta NUM001, de 4 de diciembre de 2025, que rechazó el reclamo, y posteriormente, conociendo de la apelación, se dictó la Resolución Exenta NUM002, de 27 de febrero de 2026, que confirmó dicha calificación, por cuanto los hallazgos imagenológicos dan cuenta de patologías crónicas y degenerativas preexistentes, incompatibles con una lesión aguda derivada del mecanismo descrito, no siendo posible establecer una relación de causalidad directa con el evento de 3 de mayo de 2025.

Asimismo, descarta la vulneración de las garantías contempladas en los numerales 1° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, pues su actuación se limita al ejercicio reglado de sus atribuciones legales, sin que la recurrente ostente un derecho adquirido sobre la cobertura del seguro de la Ley N° 16.744, manteniendo en todo caso su acceso a las prestaciones del régimen común de salud.

Invoca, además, jurisprudencia de la Corte Suprema que han rechazado acciones análogas.

Finalmente, solicita que se declare la improcedencia del recurso o, en subsidio, se rechace en todas sus partes, con costas.

CUARTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

QUINTO: Que el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que solo ampara derechos no controvertidos o indubitados. 5 En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

SEXTO: Que, en primer término, corresponde pronunciarse sobre la alegación de extemporaneidad formulada por el Instituto de Seguridad del Trabajo, fundada en que el acto que se identifica como ilegal o arbitrario estaría constituido por la resolución de calificación del origen de los accidentes y enfermedades NUM000, de 28 de mayo de 2025, desde cuya fecha debería computarse el plazo fatal de treinta días corridos previsto en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección.

Al efecto, cabe tener presente que el inciso primero del artículo 1° del referido Auto Acordado dispone que el plazo de treinta días corridos para deducir el recurso de protección se computa desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de estos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos. En el caso de autos, habiéndose agotado la vía administrativa con la dictación de la Resolución Exenta NUM002, de 27 de febrero de 2026, de la Superintendencia de Seguridad Social, que en doble instancia confirmó la calificación efectuada por el IST, y habiéndose interpuesto el presente arbitrio constitucional el 4 de marzo de 2026, el ejercicio de la acción se ha llevado a cabo dentro del plazo de treinta días corridos previsto en la normativa citada, debiendo por consiguiente desestimarse la alegación de extemporaneidad formulada por la recurrida.

SÉPTIMO: Que, despejado lo anterior, y del mérito de lo expuesto por las partes, se logra advertir que lo pretendido por la recurrente consiste en dejar sin efecto la resolución de calificación del origen de los accidentes y enfermedades NUM000, de 28 de mayo de 2025, dictada por el Instituto de Seguridad del Trabajo, que calificó como de 6 origen común el accidente sufrido con fecha 3 de mayo de 2025, decisión que fue confirmada por la Superintendencia de Seguridad Social mediante Resolución Exenta NUM001 de 4 de diciembre de 2025, y, en sede de apelación, mediante Resolución Exenta NUM002, de 27 de febrero de 2026, a fin de que se declare que las patologías diagnosticadas — osteocondropatía no especificada de rodilla izquierda, secuelas de rotura parcial del ligamento cruzado anterior izquierdo, desgarro complejo multidireccional del cuerno posterior del menisco medial izquierdo y condropatía grado II-III— tienen origen laboral y, en consecuencia, le sean otorgadas las prestaciones contempladas en el Seguro Social de la Ley N°16.744.

OCTAVO: Que, para resolver la presente controversia, debe tenerse presente que el artículo 5° de la Ley N°16.744 define al accidente del trabajo como toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del trabajo y que le produzca incapacidad o muerte, exigiendo, por tanto, una relación de causalidad directa entre el evento lesivo y la actividad laboral. A su turno, el artículo 7° del mismo cuerpo legal define la enfermedad profesional como aquella causada de manera directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo que realice una persona, norma complementada por el artículo 16 del Decreto Supremo N°109 de 1968, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que dispone que para que una enfermedad se considere profesional es indispensable que haya tenido su origen en los trabajos que entrañan el riesgo respectivo. Por su parte, el inciso tercero del artículo 77 del mismo cuerpo legal entrega a la Superintendencia de Seguridad Social, con competencia exclusiva y sin ulterior recurso, la decisión de las cuestiones de hecho que se refieran a materias de orden médico relativas a la calificación del origen de los accidentes y enfermedades.

NOVENO: Que, establecido el marco normativo, conviene destacar que la Resolución Exenta NUM002, de 27 de febrero de 2026, de la Superintendencia de Seguridad Social, dispuso, en lo pertinente, que, tenidos a la vista los 7 antecedentes aportados por el IST Organismo de Seguridad y Salud del Trabajo —entre ellos la denuncia individual de accidente del trabajo de 3 de mayo de 2025, la ficha clínica, los informes imagenológicos y la presentación escrita de la interesada—, los profesionales médicos de dicho Servicio procedieron al análisis integral de los antecedentes clínicos e imagenológicos disponibles, concluyendo que los diagnósticos de osteocondropatía no especificada en rodilla izquierda, secuelas de rotura parcial del ligamento cruzado anterior izquierdo, desgarro complejo multidireccional del cuerno posterior del menisco medial izquierdo y condropatía grado II-III corresponden a patologías de carácter crónico y degenerativo, agregando que los estudios de resonancia magnética describen lesiones meniscales complejas, condropatías grado II-III y secuelas ligamentarias de aspecto subagudo-crónico, hallazgos que no se condicen con una lesión aguda aislada derivada del mecanismo descrito, de modo que no resulta posible establecer una relación de causalidad directa, en los términos exigidos por el artículo 5° de la Ley N°16.744, entre el evento ocurrido el 3 de mayo de 2025 y las patologías reclamadas, confirmándose en consecuencia la calificación efectuada por el IST y la derivación de la interesada a su régimen común de salud.

DÉCIMO: Que, en dicho orden de cosas, no cabe sino concluir que la decisión adoptada por las recurridas se encuentra debida y suficientemente fundada, pues tanto la calificación emitida por el Instituto de Seguridad del Trabajo como su posterior confirmación por la Superintendencia de Seguridad Social en doble instancia obedecieron al estudio integral de los antecedentes clínicos e imagenológicos aportados al expediente administrativo —en particular las resonancias magnéticas de rodilla izquierda de mayo y octubre de 2025—, los cuales permitieron a los profesionales médicos concluir que los hallazgos objetivados (secuelas de rotura parcial de alto grado del ligamento cruzado anterior, desgarro complejo multidireccional del cuerno posterior del menisco medial, artrosis del compartimento femorotibial medial, condropatía grado II-III y 8 quiste poplíteo con cuerpo intraarticular de probable naturaleza degenerativa) son concordantes con un proceso osteoarticular crónico-degenerativo preexistente, no compatible con una lesión traumática aguda única derivada del mecanismo lesional descrito por la recurrente. Razones que, a su vez, permiten descartar cualquier conducta arbitraria o ilegal por parte de las recurridas, quienes han dado estricto cumplimiento a la normativa que rige la materia para efectos de calificar el origen del siniestro, lo que conlleva necesariamente a disponer el rechazo de la presente acción constitucional.

UNDÉCIMO: Que, sin perjuicio de lo señalado, se logra vislumbrar que lo pretendido por la recurrente es que esta Corte se pronuncie, en el sentido de ordenar que se recalifique el accidente sufrido como de origen laboral y no común, como actualmente se encuentra declarado, en circunstancias que dicha materia es eminentemente de orden médico y de carácter técnico, que excede los límites de competencia que amerite una intervención por parte de esta Corte y desborda la naturaleza del recurso de protección, el que, como se dijo, tiene un carácter cautelar y de urgencia.

A mayor abundamiento, tratándose de una materia perteneciente al ámbito del derecho a la seguridad social, consagrado en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República —garantía no contemplada en el catálogo del artículo 20 de la Carta Fundamental—, el ordenamiento jurídico ha previsto una sede técnica especializada para conocer de los reclamos relativos a la calificación del origen de las patologías, radicada en la Superintendencia de Seguridad Social conforme al inciso tercero del artículo 77 de la Ley N°16.744, vía que en el caso de autos ya fue agotada por la recurrente.

DUODÉCIMO: Que, abunda lo anterior, el hecho de que el presente recurso de protección no busca amparar el ejercicio legítimo de un derecho indubitado, sino más bien, que se reconozca judicialmente la existencia de tal derecho, lo que resulta total y absolutamente ajeno a la finalidad propia de la acción cautelar, conforme se dijera 9 precedentemente, cuyo fin se encuentra destinado a reparar o cautelar situaciones de hecho ilegales o arbitrarias que afecten un derecho constitucional no discutido, de lo que se carece en la especie, pues el mismo aparece suficientemente controvertido, lo que conlleva necesariamente a disponer el rechazo del presente arbitrio, tal como se indicará en lo resolutivo de esta sentencia.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma.

Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra del Instituto de Seguridad del Trabajo y de la Superintendencia de Seguridad Social.

Regístrese y comuníquese.

Rol 485-2026 (Protección) 10