Protección contra Inspección Provincial del Trabajo de Antofagasta

Antofagasta, a veintiuno de octubre de dos mil quince.

VISTOS:

La presentación de nombre reservado, chileno, casado, empresario de transporte público, cédula de identidad Nº RUT reservado, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de Inspección Provincial del Trabajo de Antofagasta, representada por la Inspectora Provincial Cecilia González Escobar, y en contra de nombre reservado, Fiscalizador, todos domiciliados en domicilio reservado, solicitando se acoja el recurso y se adopten las medidas conducentes a reestablecer el imperio del derecho, en concreto dejar sin efecto las Resoluciones de Multa que señala en relación al trabajador bajo su dependencia, nombre reservado.

A fojas 334 se acumularon al presente recurso las causas signadas bajo los Roles 4754-2015, 4755-2015, 4756-2015 y 4757-2015, deducidas respectivamente por doña nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, interpuestos todos contra la misma entidad recurrida, y solicitándose en éstos idénticas peticiones.

A fojas 405, se acumuló al presente recurso la causa Rol 4784-2015 deducida por don nombre reservado; a fojas 468 la causa Rol 4787-2015 deducida por don nombre reservado; a fojas 531 la causa Rol 4793-2015 deducida por doña nombre reservado; a fojas 587 la causa Rol 4794-2015 deducida por doña nombre reservado; a fojas 639 la causa Rol 4795-2015 deducida por don nombre reservado; a fojas 699 la causa Rol 4796-2015 deducida por don nombre reservado; a fojas 751 la causa Rol 4797-2015 deducida por don nombre reservado; y a fojas 790 la causa Rol 4819-2015 deducida por doña nombre reservado; recursos todos interpuestos en contra de la misma entidad recurrida en la causa a que se acumularon, y en que se solicitan idénticas peticiones.

A fojas 796 informó el abogado Eduardo Machuca Cereceda en representación de la recurrida al tenor de los recursos interpuestos, solicitando su rechazo con costas.

Puesta la causa en estado se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que en cada uno de los recursos acumulados sostienen los recurrentes ser propietarios de taxibuses que explotan comercialmente en el giro de transporte urbano, además de ser accionistas tipo “A” de la Empresa de Transportes Públicos de Pasajeros Línea 10 Antofagasta S.A., la que les permite como accionistas poner en circulación sus vehículos bajo el recorrido que administra dicha sociedad anónima de acuerdo a las normas y disposiciones establecidas por la autoridad de transportes. De tal manera, destacan el hecho de que la sociedad anónima en referencia es sólo la administradora de un recorrido urbano de transporte público adjudicado en su oportunidad, no siendo ésta la propietaria de los vehículos ni tampoco la empleadora de los chóferes que los conducen. Por el contrario, señalan que así como los taxibuses son de propiedad de los respectivos recurrentes, los conductores profesionales de los mismos son a su vez dependientes de las micro empresas que cada uno de los recurrentes tiene para ejercer la actividad, por lo que se encuentran bajo la supervigilancia y dependencia de éstas, siendo éstas también y no la línea de buses la responsable del pago de sus remuneraciones, así como de las demás obligaciones laborales y previsionales.

Agregan que con fecha 3 de septiembre del año un curso, a través de información entregada por la línea a sus accionistas, tomaron conocimiento de la existencia de una fiscalización realizada por la Inspección del Trabajo de Antofagasta, la que concluyó en la notificación de tres multas a la línea, bajo la premisa falsa de que los respectivos trabajadores de cada uno de los recurrentes son en realidad empleados de la Sociedad anónima.

La primera de ellas, signada como “Resolución Multa 1760/15/8”, se fundó por una parte en no consignar por escrito en el contrato de trabajo o en documento anexo la modificación de la estipulación referida a la individualización del empleador, habiéndose constatado que quien ejerce la potestad de dirección y administración respecto de las funciones de 13 trabajadores fiscalizados es la asociación de transportes, de acuerdo a la descripción de potestades de empleador ejercida por ésta que señala y, además, en no llevar correctamente el sistema especial de control de asistencia y de las horas de trabajo conforme lo establecido y regulado mediante Resolución Exenta Nº 1719 de fecha 16/10/1990, aplicando multas por tales infracciones de 30 UTM y 40 UTM, respectivamente.

La segunda multa aplicada, “Resolución Multa 1760/15/10”, en tanto, se sostuvo en el hecho de no entregar gratuitamente a los trabajadores un ejemplar impreso que contenga el texto del reglamento interno de la empresa respecto de los mismos trabajadores.

Refieren un primer acto que estiman como ilegal y arbitrario consistente en la actuación material realizada por el funcionario fiscalizador recurrido, por la que “constató hechos” en las dos actas de fiscalización, partiendo de una premisa errada cual es que los conductores fiscalizados prestan servicios para un tercero y no para los recurrentes; de otra parte, existiría una segunda actuación, esta de carácter normativo, consistente en las resoluciones de multa aplicadas a la sociedad anónima, que no sólo afectan a ésta, ya que también surten efectos jurídicos sobre las propias empresas de los recurrentes, pues con ellas se sustrae de su organización a un trabajador contratado para prestarles servicios.

La ilegalidad en las referidas actuaciones se advierte, a juicio de los recurrentes, al atribuirse los recurridos potestades de las que carecen, vulnerando con ello el mandato de sujetarse a la juridicidad contenido en el artículo 6º y 7º de la Constitución Política de la República en relación a su artículo 73, así como infracción al artículo 420 letra a) del Código Del Trabajo en relación a lo dispuesto en el artículo 1º del DFL Nº 2 de 1967 y artículos 505, 506 y 506 bis del Código del ramo. Por otra parte, la arbitrariedad deviene del hecho de que el fiscalizador no consideró ninguno de los antecedentes que daban cuenta de su condición de empleador, pese a que se le informó de la existencia de contratos de trabajo de los respectivos trabajadores, llegando a sus conclusiones de manera infundada y declarando la existencia de relaciones laborales inexistentes.

Exponen al efecto que las sanciones pueden aplicarse a los empleadores sólo cuando se sorprenden infracciones o ilegalidades claras, precisas y determinadas, y no cuando el ente fiscalizador, sin sorprender ninguna ilegalidad o infracción, sino que sólo sobre la base de un criterio interpretativo, se arroga la facultad de declarar el derecho, estableciendo derechos a favor de determinadas personas y sancionando la inobservancia de tales derechos “declarados”.

Indican que lo anterior vulnera por un lado la garantía de igualdad ante la justicia y prohibición de comisiones especiales consagrado en el artículo 19 Nº 3 de la Constitución, al constituirse la recurrida como comisión especial al momento de interpretar normas contractuales, declarar la existencia de derechos, determinar su inobservancia y aplicar sanciones, siendo todas ellas potestades de las que carece; y, por otra parte, se vería vulnerado el derecho a la libertad económica establecido en el Nº 21 de la misma norma al estimar que a raíz de los actos denunciados su actividad económica deberá cesar debido a que se le sustrae un elemento indispensable de su organización, esto es, a un conductor profesional de su absoluta confianza, tanto para el resguardo de sus bienes como de la seguridad de los pasajeros que transporta. Asimismo, se habría afectado el derecho constitucional de propiedad del Nº 24 que los recurrentes tienen sobre los derechos incorporarles de organizar, dirigir y administrar sus microempresas, en razón de privárseles de un recurso humano fundamental como el recién señalado. Finalmente señalan que también se afecta el contenido esencial de los derechos constitucionales recién señalados, de acuerdo a lo establecido en el artículo 19 número 26 de la Constitución.

Solicitan en definitiva, que acogiéndose el presente recurso se adopten las medidas y providencias pertinentes y necesarias para reestablecer el imperio del derecho y asegurar su debida protección, ordenándose en concreto a los recurridos dejar sin efecto la “Resolución Multa 1760/15/10” y la “Resolución Multa 1760/15/8”, en lo que refiere a los respectivos trabajadores de cada recurrente, sin perjuicio de las demás medidas que se estimen del caso decretar, con costas.

SEGUNDO: Que evacuando informe, la recurrida hace presente, como cuestión previa, que ninguna de las multas respecto de las que se reclama han sido aplicadas a los actores de las acciones de protección deducidas en su contra, sino que a la Empresa Transporte Público De Pasajeros Línea 110 S.A., Rut Nº RUT reservado, cuyo representante legal es don nombre reservado, recurrente en uno de los recursos acumulados. Por otra parte, indica que la empresa sancionada, ha sometido al conocimiento del Juzgado de Letras del Trabajo Antofagasta un reclamo por el cual solicita se verifique la legalidad en la aplicación de la multa Nº 1760/15/10.

Refiere además que la fiscalización de la cual emana las multas reclamadas, fue practicada en virtud a procedimiento y medios de investigación señalados en la Circular Nº 003 de 17.08.2015 que instruye la realización del programa provincial de fiscalización al sector de la locomoción colectiva urbana de la ciudad de Antofagasta a objeto de verificar el cumplimiento de la resolución 1719 de 16.10.1990 de la Dirección del Trabajo, que regula la aplicación del artículo 26 del Código del ramo, referido a la jornada de trabajo de los trabajadores que desempeñan en el sector de la locomoción colectiva urbana. No obstante dicho programa, también se fiscalizó denuncia interpuesta por el sindicato Trans Antofagasta en contra de la empresa sancionada, referidas a materias relativas a higiene y seguridad en el lugar de trabajo. En este sentido, se verificó en la fiscalización, que la empresa sancionada incumplía una serie de aspectos de la normativa laboral respecto de los trabajadores individualizados en las resoluciones de multa constatándose, además, que era ésta la empresa que ejercía las potestades de administración que el legislador reconoce al empleador y particularmente el vínculo de subordinación y dependencia respecto de éstos, pues era ésta la que, entre otras acciones, otorgaba las planillas de ruta a los conductores, registra a los conductores en el libro denominado planeación de garita, otorga la partida a cada uno de los buses, controla la frecuencia entre uno y otro bus, admite a tramitación las licencias médicas de los conductores, coopera con el diseño y la emisión de comprobantes de pago de remuneraciones, anexos de contratos y otros, otorga instrucciones a los conductores de forma verbal y escrita, aplica sanciones a los conductores, controla su aspecto físico, elabora y otorgar credenciales de capacitación a los conductores y agrega en las comunicaciones oficiales que dirige a los trabajadores el logo de Transporte Público De Pasajeros Línea 110 S.A. En ese mismo orden de ideas, al verificar la situación laboral de los trabajadores, se constató que la empresa no entregó a cada uno de estos un ejemplar impreso que contenga el texto de su reglamento interno de orden, higiene y seguridad, en circunstancias que incluso ejercía y aplicaba normas de carácter reglamentario respecto de las cuales los trabajadores no habían sido notificados de conformidad a la ley.

Por lo dicho, estima la recurrida que no existe ilegalidad en su actuar toda vez que el fiscalizador actuante se sujetó a lo dispuesto en las normas administrativas que como miembro de un órgano de la administración del Estado debe respeto, así como a las normas legales que rigen específicamente dicha actuación, citando para ello el artículo 505 del Código del Trabajo y los artículos 5, 20 y 23 del DFL Nº 2 de 1967 del Ministerio del Trabajo. A su vez, la Inspección del Trabajo se ajustó también a derecho al decretar las resoluciones de multa, ajustándose a lo constatado en terreno por el fiscalizador actuante y con plena observancia a la normativa que regula su accionar.

A dicho respecto, cita el artículo 11 del Código del Trabajo e indica que el fiscalizador actuante verificó la documentación laboral de cada uno de los trabajadores y constató que en sus respectivos contratos de trabajo, que se encontraban en las instalaciones de la fiscalizada, no se había actualizado la cláusula relativa a la individualización del empleador, ya que era la empresa de transporte público de pasajeros línea 110 S.A., la que ejercía las facultades que el legislador le reconoce al empleador, y habiéndose producido la modificación de dicha parte del contrato el legislador impone la obligación de escriturarla, haciendo presente por lo demás que en el derecho laboral rige el principio de supremacía de la realidad, por lo que siendo la persona jurídica sancionada la que de acuerdo a los antecedentes fiscalizados ejercía las facultades de empleador respecto de los trabajadores, debía dejarse constancia de ello en los respectivos contratos de trabajo, con independencia de la estructura social de la sancionada o de los motivos de su constitución.

Por ello, estima que debe descartarse de plano el hecho de haberse arrogado el servicio o sus funcionarios facultades jurisdiccionales, o haber actuado como comisión especial al interpretar ilegalmente los contratos de trabajo de los trabajadores, ya que la calificación jurídica de los hechos es una cuestión inherente a la labor de fiscalización en general, así como a la determinación si las distintas situaciones se conforman o no a la legislación laboral, lo que ha sido ampliamente reconocido por los tribunales superiores de justicia.

Por otra parte, indica que la resolución recurrida no adolece de arbitrariedad ya que se ajusta la normativa laboral, habiéndose ceñido un procedimiento administrativo reglado y habiéndose efectuado un análisis circunstanciado de los antecedentes que obraban en poder de la propia recurrente, los que a su vez, como se dijo, fueron contrastados conforme a derecho con la normativa aplicable.

Concluye del anterior que no han sido vulneradas garantías constitucionales de los recurrentes, ya que en lo referente a la constitución en comisión especial reitera el hecho de haberse aplicado la normativa que regula su actuar conforme lo establece la misma, y el hecho de haberse constatado hechos objetivos que tiene su correlato en la forma en que se ha desarrollado la relación laboral de los trabajadores señalados en la resolución de multas, en tanto que respecto a las garantías establecidas en los números 21, 24 y 26 del artículo 19 de la Constitución, señala que cualquier consecuencia respecto de aquellas son una consecuencia lógica y legítima de la aplicación de la normativa laboral enunciada en el informe, no significando en consecuencia una situación que requiera una especial protección en sede constitucional.

Finalmente, alega la inexistencia de un derecho indubitado, requisito esencial para que las acciones acumuladas puedan prosperar, ya que los derechos invocados en estas no aparece determinado como derechos preexistentes, no siendo esta acción cautelar una instancia para constituir ni declarar derechos, sino para proteger derechos no discutidos, existiendo para ello un juicio de lato conocimiento iniciado por la empresa sancionada y el cual ha sido sometido al conocimiento del Juzgado de Letras del Trabajo de esta ciudad.

Solicita por todo lo anterior que se rechacen los recursos promovidos por los recurrentes, por carecer de fundamento jurídico.

A fojas 813 vlta. se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se señalan, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deban tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

SEGUNDO: Que atendida la especial naturaleza del recurso de protección, para que pueda prosperar, es indispensable que quien lo intente acredite la existencia de un derecho actual que le favorezca, que esté claramente establecido y determinado y que corresponda a uno de aquéllos a que se refiere el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

TERCERO: Que igualmente, es sabido que para que el recurso de protección sea acogido, es necesario que los hechos en que se hace consistir la arbitrariedad o ilegalidad, estén comprobados y que con éstos se haya sufrido perturbación, privación o amenaza en el ejercicio legítimo de las garantías y derechos que la Constitución asegura y, que son los taxativamente enumerados en el artículo 20 de este cuerpo legal.

CUARTO: Que acorde a la ya señalada naturaleza cautelar del recurso de protección como remedio pronto y eficaz para quebrantamiento de las garantías constitucionales expresamente descritas por el legislador, debe anotarse desde luego que esta acción no puede prosperar pues, como se encargaron los recurrentes de señalar, se trata de un asunto ya sometido a la decisión de los tribunales con competencia en la materia, a través del procedimiento establecido en la ley para ello. En efecto, la sociedad afectada por las multas, cuyos socios no son otros que los que han promovido la presente acción, ha interpuesto las correspondientes acciones de reclamación en contra de las resolución que aplicaron las multas, mismas que se pide que se dejen sin efecto en los presentes recursos, por lo que se trata de una asunto sometido al imperio de la justicia. Entonces, nada hay que precaver y por lo mismos la acción no puede prosperar.

En todo caso, la aplicación de las multas tiene una base fáctica controvertida y, por lo mismo, no puede decirse que estamos ante la titularidad de derechos indubitados que han sido afectados por la acción arbitraria o ilegal de la recurrida.

QUINTO: Que más allá de lo anterior, debe indicarse que el fiscalizador no ha procedido a interpretar y calificar la naturaleza jurídica de los contratos de trabajo celebrados por los trabajadores mencionados en las resoluciones de multa y, por lo mismo, no ha interpretado cláusula o estipulación alguna de los mismos, es decir, no ha fijado su alcance o extensión, pues se limitó a constatar que quien ejercía las funciones de dirección propias del empleador era la sociedad sancionada y no los recurrentes ejerciendo la legítima y legal función de fiscalizar el cumplimiento de la legislación laboral e interpretarla conforme lo autoriza el artículo 505 del Código del Trabajo.

En todo caso debe indicarse que la calificación jurídica de los hechos constatados resulta consustancial a la actividad de fiscalización.

Así lo señaló la Excelentísima Corte Suprema en sentencia de dieciséis de septiembre del año en curso, causa rol N° 6.859-2011:

“… la autoridad administrativa está facultada para calificar jurídicamente los hechos, siendo esta actividad parte de la función administrativa. En efecto, es precisamente dicha calificación jurídica la que es indispensable para el ejercicio de esa labor, en particular para la sanción administrativa, por lo que, en consecuencia, no existe garantía constitucional alguna que deba protegerse por la presente vía, ya que la Inspección del Trabajo de que se trata no ha actuado como comisión especial sino en el ejercicio de sus facultades administrativas.”

Agregó el Excelentísimo Tribunal: “…la calificación jurídica de los hechos no puede por sí sola constituir una ilegalidad, ya que forma parte integrante de la actividad administrativa; pero el error en la misma puede y debe ser controlada por el juez, el que por regla general lo hará en un procedimiento de lato conocimiento en un juicio interpuesto contra la resolución de la Administración, como ocurre, en el Código del Trabajo, en el procedimiento jurisdiccional contemplado en su artículo 474, que debiera ser la vía adecuada para resolver el tipo de asuntos ventilado en este caso; no correspondiendo entonces por el solo hecho de que la autoridad administrativa la haya efectuado, que se acoja un recurso de protección en su contra.”

Dijo también: “… la calificación jurídica de los hechos ocurre cada vez que en el procedimiento destinado a la elaboración de un acto administrativo, la autoridad administrativa aplica a un hecho una norma que le sirve de fundamento y que justifica su dictación, o un concepto jurídico indeterminado, por lo que privarla de dicha facultad paralizaría a la Administración e impediría el cumplimiento de su función. Por lo demás, así lo ha entendido la ley cuando, por ejemplo, el artículo 5 número 3 de la ley 17.322 sobre Cobranza Judicial de Cotizaciones indica que la oposición del ejecutado será admisible cuando exista ¿Errada calificación de las funciones desempeñadas por el trabajador?, lo que equivale a decir que ella es admisible cuando la Administración ha efectuado una errada calificación jurídica de los hechos.”

Por último se expresó: “… lo anterior tiene particular relevancia, por cuanto la Inspección del Trabajo carece de titularidad para imponer denuncias ante los tribunales, por lo que al prohibirle efectuar la calificación jurídica de los hechos por ser una actividad reservada a los tribunales de justicia, se está despojando de contenido a las normas de protección al trabajador, ya que nigún órgano de control, sea jurisdiccional o administrativo, llevará a cabo dicha calificación, y la eventual conducta transgresora de la ley quedará sin sanción, salvo que sea el propio trabajador afectado el que reclame, lo que en muchos casos resulta ilusorio.

Además, no debe olvidarse que la referida fiscalización administrativa está sujeta al control jurisdiccional, pues la empresa tiene acción de reclamación ante la judicatura laboral, ante la cual proceden las alegaciones relativas al mérito de la fiscalización.”

SEXTO: Que también debe señalarse que, en caso alguno, pueden estimarse vulneradas las garantías constitucionales invocadas por el recurrente.

En efecto, cuando el recurrente estima vulnerada la garantía establecida en el párrafo quinto del N° 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que señala: “Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por esta con antelación al hecho.”, no ha hecho otra caso que invocar el denominado derecho al juez natural o competente, en virtud del cual no puede privarse de la función jurisdiccional a aquel llamado a ejercerla, sea por cuanto la misma se altera por acto de autoridad o de ley, ex profeso para causas determinadas o cuando la misma se entrega o es arrebatada por entes no jurisdiccionales.

Así, el núcleo de la garantía impone la prohibición de manipulación de las normas de competencia del poder jurisdiccional, de forma de alterar, encubierta o disimuladamente, con posterioridad al hecho, el tribunal llamado juzgar la cuestión o bien, que dicho juzgamiento quede entregado a una comisión especial, esto es, tribunales que administran justicia creados en la órbita del Poder Ejecutivo o como dependiente de él.

Descartada la primera hipótesis, en caso alguno puede estimarse que concurre la segunda si, precisamente, el acto de la autoridad administrativa es impugnable, por medio de una acción procesal amplia y genérica, que permite una íntegra y completa revisión, tanto fáctica como jurídica, de todos los elementos de la misma, como aparece de lo dispuesto en los artículos 503 y siguientes del Código del Trabajo.

No puede estimarse que la Inspección obre como Tribunal de Justicia si la determinación que efectúa la administración carece de las características propias de las sentencias judiciales y, todavía más, son reclamables, precisamente, ante los tribunales establecidos por la ley.

Dicho reclamo, además, claramente no está concebido como un recurso jurisdiccional, desde que no se impugna una resolución judicial, sino una acción procesal destinada a conocer, en términos amplios, la juridicidad de la acción del ente administrativo. Por lo mismo, cuando la Inspección del Trabajo determina que se ha cometido una infracción a las leyes laborales, no dicta una sentencia o resolución con pretensión de decisión jurisdiccional y, consecuentemente, no constituye una comisión especial de aquellas que prohíbe la Constitución.

Luego, como se ve, no puede alegar el recurrente que ha sido privado o amenazado del derecho al juez natural, esto es, a que su asunto sea resuelto por el tribunal llamado por la ley a conocerlo, si es que el acto administrativo no lo priva de dicho derecho y, antes bien, es justamente el que abre la vía jurisdiccional y es esta sede, en definitiva, la que determinará, por acto de juicio, en un proceso legalmente tramitado, si las multas se ajustan a legalidad.

En otros términos, la cuestión de fondo, esto es, si determinados trabajadores de la recurrente ejecutan labores bajo dependencia u subordinación de una persona distinta de quien aparece en sus contratos de trabajo, en caso alguno ha quedado fuera de la esfera de la determinación jurisdiccional y ni siquiera puede estimarse amenazada esta posibilidad y, antes bien, como ya se indicó, está sujeto al control jurisdiccional pues se han interpuestos sendos reclamos en contra de las multas aplicadas.

Menos suerte puede tener el recurso cuando pretende vulnerados los derechos previstos en los Nos. 21, 24 y 26 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, pues desde luego los recurrentes no son los afectados con la imposición de las multas y en lo que dice relación con la organización empresarial supuestamente vulnerada es una cuestión que sólo puede dilucidarse con la resolución de fondo del conflicto, previa determinación de quien es el empleador real en cada caso y si efectivamente, el señalado en los contratos es meramente nominal.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículos 19 N° 21 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, se declara que SE RECHAZAN, con costas, los recursos de protección interpuestos por el abogado Jorge Fidel Castro Allendes, en representación de los empresarios de transporte público nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado; nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Antofagasta.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol N° 4.753-2015.

Redacción del Ministro Dinko Franulic Cetinic.

Sra. nombre reservado

Sr. nombre reservado

Sra. nombre reservado por la Primera Sala integrada por los Ministros Titulares Sra. nombre reservado nombre reservado Pastene, Sr. Dinko Franulic Cetinic y Sra. nombre reservado. Autoriza el Secretario Subrogante Sr. Cristian Pérez Ibacache.

En Antofagasta, a veintiuno de octubre de dos mil quince, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.

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