MANTOS COPPER S.A con TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Antofagasta, a dieciocho de abril de dos mil veintidós.

VISTOS:

Comparece Cristián Bonacic Almarza, abogado, en favor de Mantos Copper S.A, empresa del giro minero, Rol único Tributario N°77.418.580-1, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, quien interpuso recurso de protección en contra de la Tesorería General de la República, persona jurídica de derecho público representada por el Señor Tesorero Regional de Antofagasta don nombre reservado, por el actuar arbitrario e ilegal consistente en la compensación del crédito proveniente de la devolución de impuestos de la recurrente con los giros supuestamente adeudados por concepto de impuestos territoriales, estando pendiente de resolución la excepción opuesta en el procedimiento de cobro de los impuestos indicados, lo que vulneraría las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 N°3 y 24° de la Carta Fundamental, solicitando que se le ordene a dicha institución la devolución de la suma de $118.553.994, mas reajustes e intereses, por concepto de devolución de IVA exportador, y que fue compensado de manera ilegal y arbitraria, con costas.

Informó el recurrido, solicitando el rechazo del recurso.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la acción se funda en el actuar ilegal y arbitrario del recurrido, consistente en la compensación de dichos montos con los giros supuestamente adeudados por concepto de impuestos territoriales con los montos provenientes de la devolución por concepto de IVA exportador, estando pendiente de resolución la excepción opuesta en el procedimiento de cobro de los impuestos indicados, vulnerando las garantías contenidas en el artículo 19 N°3 y 24 de la Constitución Política de la República.

Con fecha 6 de enero de 2022 la Tesorería Regional de Antofagasta le notificó a la Sociedad un requerimiento de pago respecto de los Giros Folios N° 6627399 y N° 6646217, relativos a montos adeudados por concepto de sobretasa de Impuesto Territorial del artículo 7 bis de la Ley sobre Impuesto Territorial, correspondiente a los años 2019 y 2020.

En atención a que los giros que sustentaban los cobros, ni a la fecha de la determinación del tributo, ni a la fecha del giro, ni en la actualidad, son de propiedad de la Sociedad recurrente, con fecha 20 de enero 2022, en virtud de lo dispuesto en el artículo 177 del Código Tributario, dentro del juicio de cobranza ejecutiva expediente administrativo Rol N° 10029-2022 Antofagasta, seguido por la Tesorería, opuso la excepción de no empecer el título al ejecutado de la obligación tributaria que originó el referido procedimiento. Lo anterior, fundado en que, conforme al artículo 7 bis de la Ley N° 17.235, y a las variadas interpretaciones emitidas por el SII, se ha señalado que para calcular la base imponible de la sobretasa sólo se deben considerar aquellos bienes raíces que sean propiedad del contribuyente, conforme al Registro de Propiedad de Bienes Raíces del respectivo Conservador de Bienes Raíces. En este caso en particular, dentro de la base imponible se estaban considerando los avalúos fiscales de inmuebles que no eran de propiedad del contribuyente, lo que en consecuencia generaba que se cobrara un impuesto improcedente.

Con fecha 11 de febrero de 2022, vía correo electrónico enviado a la Sociedad, se le notificó la resolución recaída sobre la excepción opuesta. En dicha resolución se proveyó: "A LO PRINCIPAL: Encontrándose el expediente individualizado precedentemente en cierre, no ha lugar.”, lo que consultado en la misma Tesorería significaba que se efectuó el pago de la deuda o bien se descargó (eliminó) o se compensó la deuda, por lo cual se rechazó lo solicitado.

En ese contexto, el trasfondo de la resolución indicada, se sustentó en el hecho que con fecha posterior, a la presentación de las excepciones opuestas, el 25 de enero de 2022, la Tesorería procedió a compensar los montos netos de los giros contra los créditos que mantenía la Sociedad en contra del Fisco por concepto de solicitud de devolución de IVA exportador correspondiente al mes de diciembre de 2021, por un monto ascendente a $ 728.706.659.

En consecuencia, la recurrida, pese a que dentro del procedimiento de cobranza ejecutiva había opuesto la excepción de no empecer el título, la cual tiene por objeto discutir la exigibilidad de la obligación, procedió a compensar unilateral y arbitrariamente el monto de la supuesta obligación de que daban cuenta los Giros Folios N° [cuenta reservada] y N° 6646217. Dichos folios no podían ser objeto de ninguna convención extintiva puesto que se disputaba la exigibilidad de la supuesta obligación, quedando impedidas las partes de ejercer acciones de autotutela, lo que rige especialmente para los órganos del Estado.

De esta manera, el acto arbitrario e ilegal de la Tesorería vulnera los derechos del recurrente al compensar una deuda sin antes dirimir la controversia relativa a la oposición de excepciones. En específico, se vulneró tanto el derecho de propiedad asegurado por el artículo 19 Nº24 de la Carta Fundamental, como el derecho de la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, reconocido en el artículo 19 Nº3 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita que se le ordene a dicha institución la devolución de la suma de $118.553.994, mas reajustes e intereses, por concepto de devolución de IVA exportador, y que fue compensado de manera ilegal y arbitraria, con costas.

SEGUNDO: Que informó el Director Regional de Antofagasta del Servicio de Impuestos Internos, dando cuenta que los giros indicados por el recurrente, corresponden a montos adeudados por concepto de sobretasa establecido en el artículo 7º bis de la ley 17.235, y que a pesar de que la recurrente expone que los giros incluyen inmuebles que no son de propiedad de la Sociedad recurrente, ésta no ha formulado petición administrativa alguna solicitando la rectificación de los nombres de los propietarios de los bienes raíces indicados.

Asimismo, ratifica que efectivamente se realiza devolución de impuestos por concepto de IVA exportador, correspondiente al periodo diciembre 2021 por un monto de $728.706.659, y que con fecha 25 de enero del 2021, la Tesorería General de la República, procede a compensar por un monto de $118.553.994.

TERCERO: Que informa del recurso la Tesorería General de la República indicando que la recurrente busca en virtud de este recurso, que se tomen las medidas necesarias a fin de que no proceda la compensación que se le efectuó por los formularios 21 folios N°6627399 y N°6646217 girados por el Servicio de Impuestos Internos, sin embargo, del artículo 177 del Código Tributario, si bien establece las excepciones que serán admisibles también en su inciso final señala que “Se entenderá en todo caso causal justificada para solicitar ante quien corresponda la suspensión de los apremios hasta por sesenta días, la circunstancia de ser el ejecutado acreedor del Fisco y no poseer los demás requisitos que hacen procedente la compensación, por lo tanto, se desprende, que es el contribuyente quién debe solicitar la suspensión ante quien corresponda, toda vez, que sólo él tiene conocimiento si se encuentra en la calidad de ser acreedor del Fisco, pues el Servicio de Tesorerías mantiene, en forma plena, su atribución exclusiva de que, antes de proceder a una devolución solicitada por cualquier contribuyente como, por ejemplo, un crédito fiscal, debe previamente revisar la Cuenta Tributaria de éste a objeto de verificar si posee obligación(es) para con el Fisco que se encuentre insoluta(s) y por la(s) cual(es) no se hayan constatados pagos para su extinción. De ser efectivo aquello, inmediatamente y sin más trámites, debe el Servicio compensar el monto que determine de la devolución e imputarlo a la deuda en su totalidad o parte de ella, según corresponda, sin perjuicio de iniciar, paralelamente su cobro. Es por ello, que se le entrega la facultad al contribuyente de solicitar la suspensión justamente tratándose de casos de compensación, solicitud que no fue realizada por el recurrente al momento de presentar la excepción de no empecer el título.

Por otro lado, el recurrente señala en su recurso que la excepción de no empecer el título es el único mecanismo autorizado por ley que le permite al contribuyente hacer valer sus derechos respecto del cobro, lo cual no es efectivo, puesto que el artículo 7 bis de la Ley sobre Impuesto Territorial, en el numeral cuarto, establece que: “El contribuyente podrá reclamar de la sobretasa, sus fundamentos y su giro en conformidad al procedimiento a que se refiere el artículo 123 y siguientes del Código Tributario, salvo que lo reclamado se refiera al avalúo fiscal de un bien raíz que forma parte del avalúo fiscal total, en cuyo caso dicho reclamo deberá efectuarse de conformidad a lo dispuesto en los artículo 149 y siguientes del Código Tributario. En estos casos, lo resuelto será aplicable respecto del impuesto territorial y de la sobretasa.”

No obstante lo anterior, el recurrente no ha realizado la reclamación ante el ente correspondiente, pues, el artículo 7 Bis de la Ley sobre Impuesto Territorial señala expresamente que las reclamaciones de la sobretasa, sus fundamentos y giros se deben realizar de conformidad con el artículo 123 y siguientes del Código Tributario. Por otro lado, el recurrente opuso la excepción de no empecer el título, excepción que tiene como base la no discusión de la existencia de la obligación tributaria, salvo que se encuentre fundada en un documento escrito y que aparezca revestida de fundamento plausible, situación que no aconteció en la especie.

En consecuencia, dado que se ha determinado la existencia de una deuda del recurrente con anterioridad a la solicitud de devolución de un crédito fiscal, que esa obligación todavía está pendiente y de la cual se había iniciado su cobro administrativo, el Servicio de Tesorería actuó diligentemente, de acuerdo a sus facultades que la ley e instrucciones le otorgan, para proceder a llevar a cabo la compensación o abono parcial que realizó de una parte del monto del crédito fiscal para aplicarlo directamente a esa deuda, lo cual incluso consta ya en los registros de la Cuenta Tributaria del contribuyente. Por lo tanto, no se ha producido ningún acto arbitrario o ilegal por parte de este órgano administrativo estatal que le perjudique en su patrimonio y/o conculcado sus derechos constitucionales que aduce para recurrir de protección.

CUARTO: Que con fecha treinta y uno de marzo del presente año, se le solicito a la Tesorería recurrida complementación de su informe, en cuanto, indicar la forma como ha dado cumplimiento, en la tramitación de la excepción opuesta por el recurrente, lo dispuesto en el artículo 177, 178 y 179 del Código Tributario.

Al efecto, indica que al momento de analizar la procedencia de la excepción de no empecerle el título se consideró, principalmente, el hecho que el expediente administrativo, se encontraba en estado de cierre, esto es, que el expediente no mantenía deuda, sumado a que el recurrente tenía la facultad de solicitar la suspensión de los apremios, para evitar la compensación, situación que no realizó, por lo cual, no revestía mayor análisis dicha excepción, al haberse extinguido la deuda por compensación.

Finalmente, conforme lo dispone el artículo 177 del Código Tributario, la excepción de no empecerle el título, se basa en la no discusión de la existencia de la obligación, salvo que esté fundada en algún antecedente escrito y revestida de una fundamento plausible, lo que en la especie no se cumplía, porque aquí se discutía la existencia de la obligación, y solo se presentó como antecedente escrito, un certificado de dominio vigente respecto de una propiedad, no logrando establecer si dicha propiedad había sido considerada en el cálculo de sobretasa, mas aún cuando el recurrente no realizó la solicitud de modificación de catastro de bienes raíces en el departamento de avaluaciones.

QUINTO: Que de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

SEXTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

SÉPTIMO: Que, la controversia se centra en la realización de la compensación por parte de la Tesorería General de la República, estando pendiente la resolución de la excepción de no empecerle el título, basado en que los inmuebles comprendidos para la determinación del tributo, no serían de propiedad del actor.

En ese sentido, se advierte que el actuar de la Tesorería General de la República recurrida, transgrede no solo lo dispuesto en el artículo 177 del Código Tributario, desde el punto de vista procedimental, sino sobre todo la garantía constitucional alegada, al actuar como una comisión especial, al proceder a la compensación, extinguiendo la deuda, habiéndose ya interpuesto la excepción, la que pretendía la discusión precisamente de la exigibilidad de la obligación de pago de los tributos que se pretendían cobrar, lo que no hace sino tornar dicha decisión en arbitraria, al no sólo extinguir la deuda por compensación, estando discutida su exigibilidad, sino que también, al inobservar el procedimiento que establece la ley en cuanto a la tramitación de la excepción opuesta.

OCTAVO: Que, en el mismo sentido, se advierte de la forma como se ha tramitado y en definitiva resuelto de hecho la excepción opuesta por el recurrente, defectos procedimentales que afectan el ejercicio del derecho al debido proceso, y por ende limitan el adecuado ejercicio del derecho a defensa del actor, en cuanto la revisión de los fundamentos que sientan las bases de la excepción de no empecerle título deducida.

Lo anterior, debido a que conforme lo indica el artículo 177 del Código Tributario el Tesorero Regional o Provincial no podrá pronunciarse de un escrito de oposición, sino para acogerlo, debiendo en los demás casos, resolver dichas excepciones, el Abogado del Servicio de Tesorerías o la justicia ordinaria en subsidio.

En el caso que nos convoca, el Tesorero Regional se ha pronunciado de la excepción opuesta, rechazándola amparado en que el expediente se encontraría en cierre, sin embargo, hace caso omiso a la norma procedimental indicada, primeramente pronunciándose en un rechazo, cuando la norma solo ordena hacerlo para acoger, y luego, omitiendo la remisión que ordena el legislador para la revisión de los argumentos de fondo que basan su excepción, por el abogado del Servicio o por la justicia ordinaria en subsidio, al tratarse de un excepción distinta del pago de la deuda, conforme el tenor del inciso primero del mentado artículo 178 del Código Tributario.

En consecuencia, el hecho de no haber dado lugar a la tramitación de la excepción, amparado en que el expediente se encontraba en cierre, resulta atentatorio a la garantía constitucional de la igualdad ante la ley, desde que, se han inobservado las reglas procedimentales esenciales en la tramitación de las excepciones de esta naturaleza y con ello se ha conculcado el efectivo ejercicio del derecho a defensa del ejecutado en un procedimiento de cobro de impuestos, afectando la posibilidad de revisión de los argumentos fácticos y jurídicos en que se ampara la excepción, la que se encuentra inserta en un proceso donde, lo que se alega es precisamente la improcedencia del mismo cobro, por no empecerle el título, situación que en todo caso, exige un pronunciamiento, conforme las reglas establecidas por el legislador en el artículo 177, 178 y 179 del Código Tributario, razón por la cual, no cabe sino acoger el presente recurso de protección, de modo que la Tesorería recurrida, restituya a la Sociedad recurrente los montos compensados y tramite la excepción opuesta como en derecho corresponde.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE, sin costas, el recurso deducido por Cristián Bonacic Almarza, abogado, en favor de Mantos Copper S.A, ordenando a la Tesorería Regional de Antofagasta, dejar sin efecto la resolución administrativa de fecha nueve de febrero del 2022 en el expediente administrativo Rol N°10029-2022, y en su mérito se ordena que el Tesorero Regional de Antofagasta, emita la resolución que en derecho corresponda, ajustada al procedimiento establecido en los artículos 177, 178 y 179 del Código Tributario, respecto de la excepción de no empecerle el título deducida por la recurrente de autos, y asimismo, se ordena a la Tesorería recurrida, que realice la devolución de los montos compensados con los créditos del recurrente por concepto de devolución de impuestos de IVA exportador, ascendentes a la suma de $118.553.994, dentro del plazo de 30 días corridos.

Acordado lo anterior, con la prevención del Ministro Sr. Juan Opazo Lagos, quien es del parecer de acoger parcialmente la acción constitucional, solo en cuanto, dejar sin efecto la resolución administrativa de fecha nueve de febrero del 2022, ordenando al Tesorero Regional observe en la tramitación de la excepción opuesta, lo dispuesto en el artículo 177, 178 y 179 del Código Tributario, resolviendo la excepción como en derecho corresponda, mas no concuerda con acoger el recurso impetrado respecto de la devolución de los montos compensados por parte de la Tesorería recurrida, en virtud por las consideraciones siguientes:

1. Que, la ilegalidad y arbitrariedad alegada por el recurrente consiste en la compensación realizada por la Tesorería General de la República respecto de los créditos provenientes de la devolución de impuestos de su parte, en relación a la deuda discutida en el procedimiento de cobranza de impuestos territoriales, estando pendiente la resolución de las excepciones opuestas por el ejecutado, consistente en no empecerle el título.

En virtud de lo anterior, es necesario dilucidar, por una parte, a fin de determinar la ilegalidad invocada, si la Tesorería General de la República tenía facultad de compensar dicha deuda, y conjuntamente con ello, si dicha facultad, fue ejercida conforme las reglas establecidas para la sustanciación de los procedimientos de cobros de impuestos en sede administrativa.

2. Que a este respecto, el DFL N°1 del 26 de octubre del año 1994, en su artículo sexto establece lo siguiente: “Se autoriza al Tesorero General de la República para compensar deudas de contribuyentes con créditos de éstos contra el Fisco, cuando los documentos respectivos estén en la Tesorería en condiciones de ser pagados, extinguiéndose las obligaciones hasta la concurrencia de la de menor valor”.

Del tenor de la norma transcrita se desprende, que la facultad de realizar compensaciones por parte de la recurrida, está amparada en la facultad legal contemplada en dicho decreto, estableciendo como única limitación que los documentos respectivos que determinen los créditos contra el Fisco, estén en condiciones de ser pagados, situación que fue ratificada por el Servicio de Impuestos Internos en su oficio, al indicar que la compensación proviene de la solicitud de devolución de impuestos de Iva Exportador realizada por la Sociedad recurrida, la que fue aceptada el 21 de enero del 2022, tanto por el Servicio de Impuestos Internos, como por la Tesorería General de la República, por lo cual, la compensación realizada no puede ser estimada ilegal, desde que surge a propósito del ejercicio de una facultad legal, que ha cumplido los presupuestos normativos para su procedencia.

3. Que, en ese lineamiento, el cuestionamiento del recurso dice relación con la forma de ejercicio de la facultad indicada precedentemente, en cuanto haberse realizado la compensación estando pendiente de resolución la excepción deducida basada en no empecerle al ejecutado el título fundante de la ejecución.

A este respecto, el artículo 177 inciso final del Código Tributario, contempla la facultad del ejecutado de pedir la suspensión de los apremios decretados en la causa hasta por sesenta días, entendiendo como causal justificada de dicha suspensión, la circunstancia de ser el ejecutado acreedor del Fisco y no poseer los demás requisitos que hacen procedente la compensación, presupuesto fáctico que corresponde precisamente al fundamento de la excepción opuesta, por cuanto ésta pretende impugnar la oponibilidad del título ejecutivo que basa la ejecución, y por ende, uno de los requisitos para hacer procedente la compensación, cual es, la calidad de deudor del ejecutado de autos.

Sin embargo, no consta del mérito de los antecedentes, que el recurrente haya ejercido dicha facultad, suspendiendo los apremios decretados en la causa, y por ende, haya limitado el ejercicio de la facultad legal de la Tesorería, razón por la cual, no cabe sino desestimar la existencia de ilegalidad en este punto.

Regístrese y comuníquese.

Rol 474-2022 (PROT)