SOCIEDAD DE TRANSPORTES VIEVAL SPA con DIRECCIÓN DEL TRABAJO ANTOFAGASTA

Antofagasta, a veintitrés de diciembre de dos mil veinte.

VISTOS:

Comparece Pablo Sánchez Márquez, abogado, en representación de Sociedad de Transporte Vieval SpA, representada por nombre reservado, todos con domicilio en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Antofagasta, representada por nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, denunciando como acto ilegal y arbitrario la interposición por parte de la recurrida de una demanda en procedimiento de tutela de derechos fundamentales por prácticas antisindicales en contra de la sociedad recurrente, lo que importaría vulneración de las garantías establecidas en el artículo 19 N° 2 y 24 de la Constitución Política. Por lo anterior, solicita que se ordene a la recurrida que se desista de la acción deducida, y que interponga otra en contra del trabajador que individualiza, con costas.

Evacúa informe la institución recurrida solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Puesta la causa en estado se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurrente señala que con fecha 22 de abril del presente año, la Inspección Provincial del Trabajo de Antofagasta ingresó demanda en procedimiento de tutela de derechos fundamentales por prácticas antisindicales en contra de Sociedad de Transporte Vieval SpA, sosteniendo como fundamento la denuncia de nombre reservado, quien es un conductor trabajador de la sociedad, que afirma que la empresa no le está otorgando el trabajo convenido, aduciendo una deuda por recaudación. Refiere que en la demanda, la recurrida le imputa al empleador haber incurrido en una práctica antisindical por haber despedido ilegalmente a un trabajador con fuero sindical, y que frente al requerimiento de reintegro, la empresa se negó.

Luego, describe una serie de antecedentes judiciales en sede laboral que datan del año 2017 en adelante, comprendiendo anteriores demandas por prácticas antisindicales interpuestas por la entidad recurrida respecto del mismo trabajador, acciones por práctica antisindical, tutela laboral y de interpretación de contrato deducidas posteriormente por el trabajador en cuestión, una acción de inoponibilidad del fuero por fraude electoral impetrada por la empresa recurrente, entre otras. En este contexto, sostiene que el organismo recurrido ingresó el pasado 22 de abril una nueva demanda en contra de la recurrente, invocando nuevamente el fuero sindical de federación, pese a que se encuentra firme la sentencia que declaró la inoponibilidad del fuero del trabajador para con la empresa recurrente, y que existe un vínculo laboral vigente con dicho trabajador, en virtud del cual éste se obliga a conducir y entregar una cuota diaria en dinero, obligación que ha incumplido en reiteradas oportunidades.

Asevera que la demanda interpuesta por la Inspección Provincial del Trabajo constituye un acto ilegal y arbitrario, por no cumplir con los requisitos impuestos por la propia Dirección del Trabajo. En efecto, de acuerdo al artículo 292 del Código del ramo, la Inspección del Trabajo tiene la obligación legal de denunciar al tribunal competente los hechos que estime constitutivos de prácticas antisindicales o desleales, de los cuales tome conocimiento, lo que supone un proceso racional mediante el cual el órgano fiscalizador observa los hechos y evalúa si ellos configuran de algún modo una vulneración a la libertad sindical, y para dicho fin, se han dictado normas administrativas que permiten verificar si la denuncia efectuada por una persona es efectiva, otorgando seriedad, objetividad y racionalidad al ejercicio de las atribuciones de la Inspección del Trabajo. En este sentido, argumenta que el órgano fiscalizador ha interpuesto su demanda pese a la existencia de una causa pendiente entre empleador y trabajador, una acción de desafuero, y la anterior causa de inoponibilidad del fuero con sentencia firme, agregando que la Inspección tiene facultades para denunciar judicialmente en caso de despido y de separación ilegal de trabajador aforado que den lugar a práctica antisindical; sin embargo, afirma que el Sr. nombre reservado no ha sido despedido o separado en forma ilegal.

Expresa que la acción deducida por la Inspección Provincial del Trabajo, constituye un acto ilegal y arbitrario que vulnera la igualdad ante la ley, pues queda en evidencia el actuar arbitrario y con celo respecto a la recurrente, pero con laxitud frente a las irregularidades y manipulaciones del trabajador, agregando que constituye una obligación legal para la Inspección del Trabajo, denunciar ante el tribunal competente las prácticas antisindicales del trabajador que ha ejercido su fuero de mala fe o con abuso del derecho, como ocurriría en el presente caso; haciendo presente que el objetivo legal de la Inspección del Trabajo no es proteger a un dirigente sindical ilegítimo que ha abusado de su fuero, sino fiscalizar el cumplimiento de la legislación laboral, sin imponer diferencias de trato entre una empresa y un presunto dirigente sindical. Por otra parte, alega la perturbación y amenaza del derecho de propiedad, al sostener que la recaudación obtenida por un trabajador contratado como conductor, constituyen frutos civiles de propiedad de la empresa, agregando que el trabajador fue suspendido -no despedido- de sus labores, por haber incumplido gravemente el contrato de trabajo, y mientras no reintegre los fondos que adeuda, lo que constituye una costumbre, regla de conducta y cláusula tácita del contrato, citando jurisprudencia al respecto. En este sentido, argumenta que el sólo hecho de iniciar un procedimiento administrativo o judicial frente al incumplimiento grave del trabajador, importa una perturbación y amenaza al derecho de propiedad sobre la recaudación, sin que su suspensión importe una práctica antisindical.

Como peticiones concretas, solicita que se ordene a la recurrida que se desista de su acción y que inicie una en contra del trabajador Sr. nombre reservado, con costas.

SEGUNDO: Que evacúa informe el abogado Eduardo Machuca Cereceda, en representación de la Inspección Provincial del Trabajo de Antofagasta, solicitando el rechazo del recurso, con costas.

En primer lugar, alega la extemporaneidad del recurso, pues el acto que se denuncia como ilegal y arbitrario consiste en la interposición de una denuncia por práctica antisindical con fecha 22 de abril de 2020, en circunstancias que el presente arbitrio se dedujo seis meses después, fuera del plazo previsto en el Autoacordado de la Corte Suprema.

Sin perjuicio de lo anterior, contextualiza los hechos que desembocaron en la denuncia impugnada. Al efecto, refiere que en el mes de marzo del presente año, concurrió a las dependencias del servicio don nombre reservado, Secretario de la Federación Nacional de Trabajadores Conductores de Chile (FENATRACOCH), exponiendo que su empleador no le está otorgando el trabajo convenido, aduciendo una deuda por recaudación en un período en que se encontraba con licencia médica. En el proceso de investigación, la fiscalizadora constató el no otorgamiento del trabajo convenido respecto de un dirigente sindical, y al no allanarse la recurrente al reintegro del trabajador, el servicio procedió, en cumplimiento de sus deberes, a interponer ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Antofagasta la respectiva denuncia por vulneración a la libertad sindical, haciendo presente que el pago de la cuota diaria de recaudación no es una cláusula esencial del contrato de trabajo, ni la obligación principal del trabajador. Por otra parte, sostiene que con anterioridad el servicio ya había deducido otra denuncia por prácticas antisindicales que afectaban al mismo trabajador, siendo condenada la empresa recurrente por sentencia firme; y agrega que la sentencia por la cual se declara la inoponibilidad del fuero que cita el recurrente, se encuentra ejecutoriada sólo desde septiembre del presente año, y se refiere a un fuero distinto del invocado en la denuncia impugnada en autos.

Sostiene la ausencia de ilegalidad o arbitrariedad en la actuación del servicio, pues estando frente a un despido ilegal de un dirigente sindical, y la negativa del empleador al requerimiento de reincorporación del trabajador, la Inspección del Trabajo necesariamente debió interponer la denuncia judicial correspondiente, de acuerdo a las atribuciones conferidas por el legislador. Asimismo, manifiesta que el acto impugnado no es arbitrario, toda vez que ha obedecido a un procedimiento reglado, que deviene en un acto razonado, y que pretende poner en conocimiento del órgano competente actos que solo este último puede sancionar como conductas constitutivas de prácticas antisindicales.

Finalmente, descarta la existencia de vulneración a las garantías fundamentales que se señalan en el recurso. En cuanto a la igualdad ante la ley, refiere que el servicio sólo se ha limitado a constatar conductas objetivas y a ponerlas en conocimiento del Tribunal respectivo, sin generar eventuales diferencias, y mucho menos, exceder sus facultades legales o administrativas. Respecto del derecho de propiedad, afirma que las recaudaciones son un tópico del contrato de trabajo que necesariamente deberá cumplirse, siempre que se permita al trabajador cumplir con sus labores, y que la contraria pretende establecer como una amenaza a su derecho, el cumplir con las obligaciones que le impone el contrato de trabajo, cuestión que no es impuesta por el Servicio, sino que por el propio instrumento que regula su relación laboral. Como corolario, descarta la existencia de un derecho indubitado, pues las alegaciones del recurrente deben debatirse en un procedimiento de lato conocimiento, como precisamente ocurre en la causa originada por la denuncia que se impugna en autos, la que se encuentra en etapa de audiencia de juicio.

TERCERO: Que el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

CUARTO: Que, en primer término, corresponde emitir pronunciamiento sobre la alegación de extemporaneidad expuesta por la recurrida en su informe. Al respecto, teniendo en consideración que el acto que se denuncia como ilegal y arbitrario consiste en la interposición de una demanda por práctica sindical en contra de la recurrente, acción que de acuerdo a los antecedentes fue deducida el 22 de abril del año en curso, fluye indefectiblemente que el presente recurso ha sido interpuesto excediendo con creces el plazo de treinta días previsto en el Auto Acordado sobre la materia, motivo suficiente para desestimar el arbitrio.

QUINTO: Que sin perjuicio de la extemporaneidad manifiesta, lo cierto es que la actuación impugnada en autos no adolece de ilegalidad ni arbitrariedad, por cuanto la Inspección Provincial del Trabajo de Antofagasta, obrando dentro de la esfera de su competencia y en el ejercicio de sus atribuciones legales, interpuso la denuncia respectiva ante el tribunal competente, por actos que califica como atentatorios de la libertad sindical, cuyo conocimiento actual se encuentra radicado y es de resorte exclusivo del Juzgado de Letras del Trabajo de Antofagasta.

SEXTO: Que, por otra parte, el recurrente soslaya la naturaleza cautelar y de urgencia que detenta el recurso de protección, sin que este procedimiento sea la vía idónea para discutir y establecer un pronunciamiento sobre el fondo del asunto debatido, considerando que en la especie no existe un derecho de carácter indubitado susceptible de ser protegido por este arbitrio, y que los hechos actualmente se debaten en un procedimiento de lato conocimiento. En efecto, las alegaciones relativas a la vulneración de la igualdad ante la ley, más bien corresponden a la discrepancia que el recurrente manifiesta sobre la calificación de los hechos denunciados por la Inspección del Trabajo ante el tribunal competente, y la eventual afectación del derecho de propiedad, de acuerdo al propio relato expresado en el recurso, no resulta imputable a la actividad fiscalizadora que desempeña la Inspección del Trabajo. Por tales motivos, el presente recurso no puede prosperar, al adolecer de manifiesta extemporaneidad y falta de fundamento.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto por los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA, con costas, el recurso de protección deducido por el abogado Pablo Sánchez Márquez, en representación de la Sociedad de Transporte Vieval SpA, en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Antofagasta.

Regístrese y comuníquese.

Rol Nº 4708-2020 (PROT)