nombre reservado con CORPORACION NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA

Antofagasta, a tres de marzo de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Comparece doña nombre reservado, deduciendo recurso de protección en contra de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) y de la Contraloría Regional de La Araucanía, fundado en que las Resoluciones Exentas N°1031 y N°1436, ambas de 2025, dictadas por el Director Nacional de CONADI, mediante las cuales resolvió la destitución y rechazó la reposición en su contra, así como el Oficio E212206‑2025 emanado de la Contraloría Regional de La Araucanía, que desestima reclamo presentado en contra del sumario administrativo instruido por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) y en definitiva de la medida disciplinaria aplicada, constituirían actos ilegales y arbitrarios que vulneran las garantías constitucionales establecidas en los numerales 2, 3 inciso 5, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Informan los recurrentes, al tenor del recurso interpuesto en su contra.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: La recurrente señala que se instruyó en su contra un sumario administrativo por parte de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), procedimiento que concluyó con la aplicación de la medida disciplinaria de destitución, por actos de acoso laboral en su calidad de jefa de la Oficina de Asuntos Indígenas de San Pedro de Atacama, y que dicho proceso adoleció de graves vicios que vulneran los principios de objetividad, imparcialidad, congruencia, debido proceso y correcta valoración de la prueba.

Identifica como actos ilegales y arbitrarios la Resolución de la CONADI Exenta N° 1031 de 2025 [SIC], que resolvió su destitución, y la Resolución Exenta N° 1436 de 31 de julio de 2025, que rechazó la reposición presentada; así como el Oficio E212206‑2025, emitido por la Contraloría Regional de La Araucanía, que desestimó el reclamo deducido frente a las decisiones de la primera.

Refiere que, aun cuando las resoluciones administrativas impugnadas fueron dictadas por órganos ubicados en la Región de La Araucanía, sus efectos se manifiestan respecto del cargo desempeñado como Jefe o Jefa de Oficina de San Pedro de Atacama, cuya oficina de enlace se ubica en la ciudad de Calama.

Añade que las actuaciones desarrolladas durante la tramitación del procedimiento disciplinario evidencian una falta de rigor, objetividad e imparcialidad, al inconsistencias entre los hechos denunciados, los cargos formulados y las resoluciones dictadas; ausencia de un examen crítico de los antecedentes incorporados; y deficiencias en la motivación, particularmente en la valoración de testimonios, documentos y elementos probatorios contradictorios.

Precisa que el Oficio E212206‑2025, emitido por la Contraloría Regional de La Araucanía, que desestimó su reclamo contra las resoluciones de CONADI, carece de motivación suficiente y no desarrolla un análisis real ni específico de las irregularidades denunciadas. Lo anterior por cuanto lo que se solicita en la reclamación, es que se establezca que, en la tramitación del sumario administrativo, no se da cumplimiento a la garantía de igualdad ante la ley, del debido proceso, derecho al trabajo y propiedad del empleo. En cambio, alega que, la Contraloría hace referencia a dictámenes que no tienen relación con lo reclamado, para ejemplificar cita párrafos de las referidas resoluciones.

En cuanto a la falta de congruencia entre la formulación de cargos y la decisión adoptada, precisa que el yerro del fiscalizador ocurre al considerar que los hechos son constitutivos de la causal genérica de falta grave a la probidad -respecto de la que procede siempre la destitución-, en circunstancias que en la formulación de cargos se estimó que la calificación era una infracción establecida en el artículo 84 letra M del Estatuto Administrativo.

Reclama que para resolver el fiscalizador aplicó el artículo 125 del Estatuto Administrativo norma legal que fue modificada para intentar resolver el problema que se presentaba en la interpretación de la misma, en cuanto a la taxatividad de las conductas que podían dar lugar a la destitución, dentro de las que no se encuentra la del mencionado artículo 84 letra M, y en circunstancias que en el propio sumario se señaló que no se consideraría la nueva Ley 21.343 que dispone expresamente que el “acoso laboral” es causal de destitución.

En lo referente a la congruencia entre la sanción aplicada y los cargos formulados, expresa que el fiscalizador no analiza específicamente los hechos y actuaciones, con las pruebas rendidas en el sumario, las que no se encontrarían aclaradas por careos u otros medios.

Alega que los hechos que el fiscal reconoce se encontrarían prescritos -relativos a la denuncia de los funcionarios nombre reservado y nombre reservado- no fueron absueltos.

En el acápite referido a las infracciones cometidas en la sustanciación del sumario, por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI)la defensa sostiene que se han producido ilegalidades que atentan contra la igual protección de la ley y el derecho a un proceso racional y justo.

En particular indica que se transgreden el artículo 19 N°3 de la Constitución Política; Ley N° 18.880 -principios de escrituración, celeridad, imparcialidad, transparencia y probidad-; y los principios del debido proceso.

Explica que la administración no actuó con la objetividad requerida ni respetó las garantías mínimas, como el derecho a una resolución motivada y la congruencia.

Enfatiza nuevamente, en la incongruencia entre los cargos y la decisión alega una "grave incongruencia" entre los hechos imputados originalmente y la decisión final de aplicar la sanción de destitución. Explica que la administración intentó, sin facultad legal, "complementar" o corregir la resolución (Exenta N°1031) para precisar cargos que no estaban bien fundamentados, en lugar de ordenar la corrección del procedimiento.

Atribuye errores en la valoración de la prueba, el recurrente argumenta que el fiscal instructor basó su decisión en su "íntima convicción" y en elementos "sugestivos" en lugar de una apreciación racional, vulnerando con ello, a su parecer, el 35 de la Ley N° 19.880 -apreciación de la prueba en conciencia- conforme a los principios de la lógica, máximas de la experiencia y conocimientos científicos.

En particular, sostiene que el fiscal se dejó sugestionar por el número de denunciantes los que ascendieron a 6 personas de una dotación que él creía de 10, pero aclara que la dotación real era mayor -incluyendo personal a honorarios y programas externos-, lo que altera la proporción alegada. Afirma que se ignoraron informes de la Mutual de Seguridad que concluían que los cuadros de estrés de los denunciantes no se relacionaban directamente con el riesgo laboral o no corroboraban el factor de riesgo denunciado.

Cuestiona la falta de Imparcialidad de Testigos nombre reservado, cuyos dichos el fiscal hizo suyos para formular cargos, por cuanto, estima que la testigo tenía un conflicto de roles: era persona de confianza de la denunciada, jefa subrogante y delegada gremial (ANFUCO). Al conocer supuestos hechos de acoso, debió activar los mecanismos de ética de la institución de inmediato y no esperar a ser testigo, lo que denota falta de objetividad.

Como fundamento central expone que el fiscal propuso la destitución basándose en una ley que no era aplicable al momento de los hechos. Los hechos ocurrieron antes de la vigencia de la Ley N° 21.643 (que entró en vigor el 1 de agosto de 2024), la cual ahora sí sanciona el acoso laboral con destitución. Bajo la ley anterior, el acoso (letra m del art. 84) no figuraba como causal de destitución automática. Así, expone que se vulneró el artículo 84 letra m), 121 y 125 del Estatuto Administrativo (Ley 18.834) la Ley N° 21.643 (Ley Karin) y los principios de Tipicidad y Pro Funcionario. En particular, al aplicar al momento de la sanción la consideración a la "infracción grave a la probidad" y no en la formulación de cargos, impidiendo que la acusada se defendiera de esa calificación específica. Se invoca la aplicación de la sanción más benigna.

Finalmente, reclama la prescripción de la acción disciplinaria, pues se incluyeron hechos de hace más de cuatro años aunque el fiscal admitió que algunos estaban prescritos, los utilizó de todas formas para establecer un "patrón conductual", en lugar de absolver por esos cargos, infringiendo el artículo 157 del Estatuto Administrativo.

Finalmente pide dejar sin efecto la Resolución Exenta N° 1031, de fecha 4 de junio de 2025, y la Resolución Exenta N° 1436, de fecha 31 de julio de 2025, ambas del Director Nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, que aprobó el sumario administrativo y aplicó la sanción de destitución, y que rechazó la reconsideración presentada por la recurrente; como asimismo el Oficio E212206, de fecha 11 de diciembre de 2025, emanado de la Contraloría Regional de La Araucanía, que desestimó el reclamo del recurrente contra dichas decisiones. Solicita que, en su lugar, la autoridad recurrida —el Contralor Regional de La Araucanía— emita, dentro del término de quince días, un nuevo pronunciamiento proporcionado al tenor de los hechos establecidos en el procedimiento sumarial, ordenando a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena la corrección del procedimiento, retrotrayéndolo al estado de formulación de cargos, con estricto cumplimiento del principio de congruencia entre cargos imputados, normas infringidas, valoración racional de la prueba y proporcionalidad de la sanción. Subsidiariamente, solicita que se dejen sin efecto ambas resoluciones y se disponga su reintegro, con pago íntegro de remuneraciones, o bien se le aplique una suspensión de funciones por el tiempo que se estime adecuado.

SEGUNDO: Que, al evacuar informe, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena —CONADI— solicita el rechazo íntegro del recurso, sosteniendo, en primer término, que la presente acción no constituye la vía idónea para impugnar un procedimiento sumarial ya afinado.

Señala que lo cuestionado por la recurrente corresponde a una serie de supuestas irregularidades en la tramitación del sumario administrativo instruido mediante Resolución Exenta N° 81 de 19 de enero de 2024, procedimiento que culminó con la Resolución Exenta N° 1031, de 4 de junio de 2025, que aplicó la sanción de destitución prevista en el artículo 121 letra d) del Estatuto Administrativo, y con la Resolución Exenta N° 1436, de 31 de julio de 2025, que rechazó los recursos de reposición y jerárquico subsidiario interpuestos por la funcionaria. Añade que tales actos fueron posteriormente reclamados ante la Contraloría General de la República, la cual desestimó la impugnación mediante Oficio E212206‑2025, de 11 de diciembre de 2025, ratificando así la legalidad del procedimiento desarrollado.

Sostiene que la acción de protección no procede para revisar el mérito ni la valoración de la prueba rendida en un sumario administrativo, desde que se trata de un procedimiento reglado y dotado de sus propios mecanismos de defensa, recursos y etapas probatorias, todos los cuales fueron debidamente respetados. Enfatiza que el recurrente pretende utilizar esta sede cautelar como una instancia recursiva destinada a obtener un nuevo examen de la ponderación efectuada por el fiscal instructor y de la sanción impuesta, lo que desnaturaliza la finalidad urgente y no declarativa del recurso de protección.

En cuanto al fondo, indica que no existe actuación ilegal ni arbitraria en la conducta de la institución, toda vez que el procedimiento disciplinario se llevó a cabo dentro del marco de las facultades conferidas por los artículos 119 y siguientes de la Ley N° 18.834, cumpliéndose con todas las garantías que conforman el debido proceso administrativo: notificación de cargos, presentación de descargos, declaración de la funcionaria, apertura de término probatorio, práctica de diligencias y utilización de los recursos pertinentes. Añade que la discrepancia de la actora con la decisión adoptada no transforma en arbitrarios los actos administrativos emitidos.

Expone además, que la sanción aplicada se fundó en hechos graves establecidos en el curso del sumario, particularmente denuncias de seis funcionarios de la Oficina de Asuntos Indígenas de San Pedro de Atacama, quienes atribuyeron a la recurrente conductas constitutivas de acoso laboral, tales como maltrato verbal, aislamiento, amenazas relativas a calificaciones, imputaciones indebidas, hostigamientos y comentarios personales, entre otros. Sostiene que dichas conductas configuran infracciones graves a las obligaciones funcionarias y al principio de probidad, lo que justificó la aplicación de la medida disciplinaria de destitución.

Finalmente, la recurrida afirma que no se han vulnerado las garantías constitucionales invocadas. Respecto del artículo 19 N° 2, señala que la organización aplicó criterios uniformes y normas comunes del Estatuto Administrativo, sin establecer privilegios o discriminaciones. En cuanto al artículo 19 N° 3 inciso quinto, indica que no se ha juzgado a la actora por comisiones especiales, siendo improcedente extender esta garantía para cuestionar el mérito del sumario. En relación con el artículo 19 N° 16, descarta cualquier discriminación laboral; y respecto del artículo 19 N° 24, refiere que la privación de remuneraciones es consecuencia legítima de la sanción disciplinaria prevista en los artículos 121 y 125 del Estatuto Administrativo. Por todo lo expuesto, solicita el rechazo del recurso.

TERCERO: Que, por su parte, la Contraloría Regional de La Araucanía, al evacuar el informe requerido, solicita igualmente el rechazo del recurso, fundando su defensa en primer término, en que el acto impugnado por la recurrente —el Oficio N° E212206, de 11 de diciembre de 2025— se limitó a resolver el reclamo de ilegalidad interpuesto por la propia interesada conforme al artículo 160 del Estatuto Administrativo, no siendo aquella la autoridad que tramitó el sumario ni la que impuso la sanción de destitución, la cual fue dispuesta exclusivamente por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena.

Sostiene, por ello, que existe una falta de legitimación pasiva, puesto que las peticiones de la acción —retrotraer el sumario, dejar sin efecto las resoluciones sancionatorias y disponer el reintegro— son materialmente imposibles de ejecutar por parte de dicho Órgano Contralor.

Alega también que, de acuerdo con el artículo 54 de la Ley N° 19.880, una vez resuelto el reclamo administrativo presentado ante la Contraloría, el plazo para acudir ante los tribunales se reanudaba únicamente en relación con el órgano que emitió los actos sancionatorios —esto es, CONADI—, de modo que la interposición del recurso en contra de la Contraloría carecería igualmente de sustento procesal.

En cuanto al fondo, afirma que el recurso de protección no constituye una vía idónea para revisar el mérito de un procedimiento disciplinario ni la valoración de la prueba efectuada en el mismo, citando a este respecto reiterada jurisprudencia administrativa y judicial, incluida la emanada de la Excma. Corte Suprema, en orden a que la acción cautelar no puede transformarse en un mecanismo de revisión de sumarios ya afinados, máxime cuando dichos procedimientos se encuentran regulados por normas que contemplan etapas probatorias, formulación de cargos, descargos, recursos administrativos y control posterior por parte de la propia Contraloría.

En lo relativo a la alegación de arbitrariedad o ilegalidad del Oficio N° E212206, sostiene que su actuación se ciñó estrictamente a las facultades otorgadas por el artículo 160 del Estatuto Administrativo, efectuándose un análisis completo y motivado del expediente, concluyendo que en el sumario seguido contra la recurrente no se verificaron infracciones al debido proceso, observándose que la funcionaria fue oída, presentó descargos, se evaluaron los medios de prueba y se resolvieron los recursos administrativos pertinentes. Añade que el hecho de que la funcionaria disienta del pronunciamiento no transforma en ilegal ni arbitrario el acto administrativo emitido.

Respecto de las alegaciones específicas formuladas por la actora, la Contraloría sostiene: que no existe falta de motivación, pues el acto recurrido contiene un análisis detallado de la normativa y la jurisprudencia aplicable; que no se configuró infracción alguna al principio de congruencia entre cargos y sanción, explicando que la calificación de la gravedad puede efectuarse en etapas posteriores de la tramitación sin afectar el derecho a defensa; que no hubo vulneración por prescripción, toda vez que los hechos prescritos no fueron utilizados para determinar la sanción, sino únicamente como elementos de contexto; y que no se advierte lesión a las garantías constitucionales invocadas —igualdad ante la ley, debido proceso en su dimensión constitucional protegida por el artículo 19 N° 3 inciso quinto, libertad de trabajo y derecho de propiedad—, por cuanto el acto recurrido constituye exclusivamente un pronunciamiento de control de legalidad emitido por un órgano regular y competente, sin afectar ni crear derechos, limitándose a confirmar la juridicidad del procedimiento disciplinario.

Concluye finalmente la Contraloría solicitando el rechazo del recurso, afirmando que el oficio impugnado constituye un acto fundado, dictado dentro de sus atribuciones y carente de ilegalidad o arbitrariedad CUARTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

QUINTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados afectados por actos ilegales y/o arbitrarios.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

SEXTO: Que, conforme con los antecedentes que obran en autos, el acto que se tilda de ilegal y arbitrario consiste en las Resoluciones Exentas N° 1031, de 4 de junio de 2025, y N° 1436, de 31 de julio de 2025, ambas dictadas por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), que aplican y luego mantienen la sanción de destitución impuesta a la recurrente, así como el Oficio N° E212206, de 11 de diciembre de 2025, emitido por la Contraloría Regional de La Araucanía, que desestima el reclamo de ilegalidad deducido en contra del procedimiento sumarial y de las decisiones administrativas que dispusieron dicha medida disciplinaria.

SÉPTIMO: Que no se advierte que el acto administrativo impugnado carezca de fundamento legal, o que se haya dictado fuera de la competencia radicada en la autoridad de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), ni que configure un actuar ilegal o arbitrario en los términos exigidos por el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Lo anterior, por cuanto la medida disciplinaria cuestionada se dictó en el marco de un procedimiento sumarial debidamente instruido, en el cual la recurrente fue formalmente comunicada de los hechos que se le atribuyen y su calificación, tuvo acceso al expediente, presentó descargos y pudo ejercer su defensa. La decisión final se fundó en los antecedentes reunidos por el fiscal instructor, con revisión jerárquica posterior mediante recurso de reposición, cumpliéndose, así, las exigencias del debido proceso administrativo y de los artículos 119 y siguientes de la Ley N° 18.834.

OCTAVO: Que, por otro lado, no corresponde a esta judicatura, por la vía de la acción constitucional de protección, revisar el mérito o conveniencia del acto administrativo, ni sustituir la apreciación técnica o discrecional del órgano competente, especialmente, cuando el ordenamiento jurídico contempla vías ordinarias y jerárquicas de impugnación, como la reclamación ante la Contraloría General de la República, en virtud de lo dispuesto en el artículo 160 de la Ley N° 18.834, acción que fue ejercida oportunamente por la recurrente y que en mérito del análisis de los antecedentes del sumario fue desestimada mediante el Oficio N° E212206, de 11 de diciembre de 2025.

En efecto, la contraloría refirió que la señora nombre reservado fue sometida a sumario administrativo, con fecha 19 de enero de 2024, por la denuncia de funcionarios de la Oficina de Asuntos Indígenas de San Pedro de Atacama de la CONADI, por distintas situaciones de acoso laboral cometidos por la recurrente en su calidad de jefa de la Oficina de Asuntos Indígenas de San Pedro de Atacama. Que se le formularon 6 cargos y se le aplicó la medida disciplinaria contemplada en el artículo 121 letra d) de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, esto es, destitución.

Constató que, en el sumario administrativo instruido, en ningún caso a la señora nombre reservado se le privó de un racional y justo procedimiento, por cuanto en el respectivo expediente sumarial prestó declaración, se le permitió presentar sus descargos, y, además, interponer los recursos que la ley establece para impugnar las decisiones del servicio, no vislumbrándose, por tanto, una infracción a su derecho a defensa que ameritara ordenar corregir.

Que en cuanto a la afectación a las garantías del derecho al trabajo y propiedad en el empleo alegadas haber sido conculcadas por la Contraloría, atenida la naturaleza de la función del referido organismo, no es posible que su actuar fiscalizador haya vulnerado los derechos reclamados, como pretende, pues no fue dicha institución la que impuso la media disciplinaria.

Por lo demás, las peticiones concretas del recurso no son propias de cumplimiento del órgano contralor, a saber, la corrección del procedimiento sumarial, retrotraer el procedimiento al estado de la presentación de cargos, […] se dejen sin efecto las resoluciones exentas N°s 1031 de fecha 4 de junio de 2025 y 1436 de fecha 31 de julio de 2025, y disponer oportunamente el reintegro del actor a sus funciones y, en caso de adeudarse, el pago íntegro de las remuneraciones que percibía, o se le aplique a doña nombre reservado, una suspensión de sus funciones por el lapso de tiempo que se estime adecuado.

NOVENO: Que, por otra parte, no se ha demostrado que la sanción de destitución haya sido impuesta en ausencia de fundamento o vulnerando manifiestamente los principios de proporcionalidad o razonabilidad, toda vez que los hechos imputados, a saber, acoso laboral y/o maltrato laboral, fueron comprobados y valorados conforme con las facultades disciplinarias que la ley le confiere a la CONADI, autoridad que actuó dentro de los límites de sus competencias.

Así, conforme a los antecedentes se constata el relato pormenorizado y precisos de los funcionarios a cargo de nombre reservado que dan cuenta de mal trato y acoso laboral, concordantes entre sí, e incluso con resolución de calificación del origen de los accidente y enfermedades de la Ley 16.744, e informe de Mutual de seguridad respecto de los funcionarios nombre reservado y nombre reservado que señalan “Enfermedad profesional […] hostilidad en la jefatura, disfuncionalidad de la jefatura[…], de tal forma que los actos impugnados consistente en las Resoluciones exentas 1031 y 1436 de la CONADI, se encuentra suficientemente fundados sobre la base de un procedimiento que se ajustó al debido proceso, siendo del caso precisar también que las conductas materia de la investigación y posterior sanción, no son aquellas a cuyo respecto pudo haber ocurrido la prescripción, sin prejuicio de haberlas considerado a modo de contexto y de evidencia de la reiteración de la conducta que fue cuestionada a la recurrente. De este modo no se advierte falta a las garantías constitucionales de igual protección de la ley y el derecho a un proceso racional y justo.

En cuanto a la alegación de la recurrente referida a que se transgredió los principios de la Ley N°18.880 - escrituración, celeridad, imparcialidad, transparencia y probidad-; y los principios del debido proceso, consta que la investigación sumarial fue un proceso incoado de manera correcta, la recurrente contó con la posibilidad de defensa la que ejerció por medio de descargos, decidiéndose fundadamente la sanción conforme a la gravedad de los hechos probados, posteriormente revisada al tenor de las reclamaciones del recurso de reposición analizando pormenorizadamente los antecedentes, emitiendo en consecuencia, decisiones debidamente fundadas.

En efecto, claramente se expresó que los hechos previos al año 2020 se encontraban prescritos, por ello solo fueron tenidos en cuenta para los efectos de un patrón de conducta, por lo que no constituyeron fundamento único ni primario de la decisión a la que arribó.

En cuanto a la modificación de la causal invocada como fundamento de la sanción aplicada de destitución, cabe tener presente que la resolución 1031, explicó que “Todos estos hechos y las diversas conductas de acoso laboral acreditadas en el presente sumario y que manifiestamente contravienen la prohibición expresa contemplada en el artículo 84 letra m) del Estatuto Administrativo, de realizar todo acto calificado como acoso laboral, en los términos que dispone el inciso segundo del artículo 2 del Código del Trabajo, y, teniendo además presente que, no se hicieron valer y tampoco existen, en el presenten caso, circunstancias atenuantes ni agravantes que ponderar, no obstante que, los hechos se verificaron con anterioridad a la modificación introducida al estatuto administrativo por la ley 21.643 de 15 de enero de 2024, especialmente en relación al artículo 125 de esa preceptiva que, perentoriamente sanciona hoy con la destitución los actos de acoso laboral; lo cierto es que los hechos acreditados en el presente sumario, como constitutivos de acoso e imputables a la denunciada doña nombre reservado, son de tal magnitud y gravedad, que vulneran gravemente el principio de probidad administrativa, por lo que, se aprueba la propuesta del fiscal instructor de aplicar, la máxima sanción contemplada en el artículo 125 del estatuto administrativo consistente en destitución, respecto de la denunciada doña nombre reservado.”

Al respecto, cabe tener presente que la causal genérica que se invocó para la aplicación de la sanción se encontraba vigente al tiempo de los hechos, que la misma puede ser invocada al momento de la decisión de sanción, por cuanto se trata de una calificación jurídica que no alteró los hechos imputados en la formulación de cargos, razón por la cual no pudo ser afectado el derecho a defensa.

Así las cosas, la sanción fue impuesta en un procedimiento legalmente tramitado, exento de vicios y por las autoridades llamadas por ley para hacerlo.

DÉCIMO: Que, en consecuencia, no configurándose un acto ilegal ni arbitrario que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de los derechos constitucionales invocados por el recurrente, el recurso de protección deducido no puede prosperar.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) y de la Contraloría Regional de La Araucanía.

Regístrese y comuníquese.

Rol 47-2026 (Protección)

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