nombre reservado con DIRECCIÓN NACIONAL DE PERSONAL DE CARABINEROS DE CHILE

Antofagasta, a veintidós de mayo de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

La comparecencia de don Luis Hernán Reveco Jarpa, abogado, en representación de nombre reservado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, Sargento 1° de Carabineros, y de sus hijos nombre reservado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado y de nombre reservado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, quienes deducen recurso de protección en contra de la Dirección Nacional de Personal de Carabineros de Chile, a cargo de don nombre reservado, General Inspector de Carabineros de Chile, por el acto ilegal o al menos arbitrario, consistente en el traslado del recurrente desde Calama, Sección de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SEBV), para servir funciones en la 1° Comisaria de la Prefectura Coquimbo, según se ordena en la Orden 96 N°17, de fecha 31 de agosto de 2023, solicitando a esta Corte de Apelaciones dejarla sin efecto, por a lo menos perturbar arbitrariamente las garantías constitucionales de los números 1 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Informó la Dirección Nacional de Personal de Carabineros de Chile, solicitando el rechazo de la acción deducida, con costas.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la parte recurrente funda su acción señalando que, el recurrente ingresó a Carabineros de Chile hace 19 años 10 meses y que, a partir del año 2005, se desempeña como funcionario de Carabineros en la ciudad de Calama, en la que sirvió tareas en la 1° Comisaria, SEBV y en la Autoridad Fiscalizadora.

Menciona que el recurrente mantiene calificaciones sobresalientes, que ha realizado cursos de perfeccionamiento y que ha sido favorecido con dos anotaciones de mérito durante los últimos doce meses. Agrega que, tiene especialización en identificación vehicular y criminalística y persecución del delito “investigador”, lo que le ha permitido prestar mejores servicios en la unidad especializada que sirve.

En cuanto a su vida familiar, refiere que además de ser padre de los menores recurrentes, de cinco y un año de edad respectivamente, es padre de una adolescente radicada en Victoria y está casado con doña nombre reservado, quien ejerce como profesora en Calama, ciudad donde compró un inmueble que sirve de domicilio de su grupo familiar y en la que posee una red extensa familiar que les colabora en sus quehaceres, lo que no ocurriría en las ciudades de La Serena y Coquimbo.

Respecto a los dos menores recurrentes, señala que su hija estudia en forma gratuita en el colegio particular subvencionado donde trabaja su cónyuge, mientras que el menor goza del derecho a sala cuna del artículo 203 del Código del Trabajo. Añade que su cónyuge goza de fuero laboral, el que perdería al renunciar a su trabajo de concretarse el traslado del recurrente, perdiendo los beneficios en desmedro de la economía familiar, abandonando de igual modo su proyección profesional y realidad socio económica familiar de la cual da cuenta el informe elaborado con fecha 01 de diciembre de 2023, por la Asistente Social de Carabineros de Chile de Calama.

Afirma que la Orden N°96 en su N°17, no entrega ninguna fundamentación que justifique el traslado en comento, por lo que dedujo recurso de reposición, el que fue desestimado por resolución de fecha 28 de noviembre de 2023. Luego, dedujo recurso jerárquico, siendo este rechazado el 24 de enero 2024, señalando que el traslado a la Primera Comisaría de la Prefectura Coquimbo se encuentra firme. Finalmente, en contra de esta última resolución, interpuso recurso fallado el 28 de febrero de 2024, el que dispuso que: “El funcionario agotó las instancias de impugnación que le asistían en torno al traslado dispuesto, resultando improcedente el recurso jerárquico dispuesto por el art.60 de la Ley 19.880”.

Luego, alega que al recurrente no se le otorgó el conducto regular con el General Director de Carabineros, de conformidad al Reglamento N°11, artículo 57 y que el fundamento del traslado obedeció pura y simplemente a un requerimiento presentado por la Segunda Zona de Antofagasta, cuyo sustento se desconoce. Arguye que las normas institucionales que corresponde considerar para el traslado de los funcionarios son el artículo 31 de la Ley N°18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros, el “Manual de Traslados para el Personal de Carabineros de Chile”, de fecha 11 de noviembre de 2019, y, el “Manual de Doctrina y Código de Ética de Carabineros de Chile”.

Sostiene que, la Orden N°96 vulnera la garantía constitucional del artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental, por el derecho de propiedad sobre los bienes incorporales, en el sentido de que el traslado violenta o al menos perturba, el derecho que le asiste a que tal decisión sea trasparente, infringiendo el artículo 16 de la Ley N°19.880 en relación con el artículo 13 de la Ley N°18.575, añadiendo que existió omisión en la fundamentación del traslado lo cual es arbitrario e ilegal, transgrediendo lo que dispone el Manual de Traslados y las normas aplicables en la especie.

Por otra parte, el acto recurrido vulnera el artículo 19 N°1 de la Constitución Política, referida al derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona, afectando adicionalmente los artículos 6 y 7 del Código de Ética de Carabineros de Chile, la Convención de los Derechos de los Niños, en particular el artículo 3 N°1, artículo 5, 8, 9, 18 N°1, 27 N°1 y 2, toda vez que si se concreta el traslado, el recurrente deberá dejar a su familia, lo que rompe y afecta a su grupo familiar. En otro escenario, al movilizarse con su familia, su cónyuge perderá su fuente laboral, su fuero, ingreso remuneracional, beneficios escolares, entre otros, implicando cambios en la dinámica, economía familiar y salud de sus miembros.

Finalmente, señala que si bien en principio Carabineros de Chile, en el ejercicio de sus facultades, puede disponer el traslado de su personal, dicha resolución debe tener presente las “Consideraciones Especiales para la toma de Decisiones”, especialmente las correspondientes a los “Aspectos Profesionales y Personal del Recurso Humano”, consagrados en el “Manual de Traslados” ya invocado.

Por lo expuesto, solicita a esta Corte de Apelaciones que ordene dejar sin efecto la Orden 96 N°17, de fecha 31 de agosto de 2023, por a lo menos perturbar arbitrariamente las garantías constitucionales de los números 1 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que, informó don nombre reservado, General Inspector de Carabineros, Director Nacional de Personal, solicitando el rechazo del recurso interpuesto, con costas.

Señala que el recurrente ingresó a la Institución el 16 de mayo de 2004, ejerciendo sus funciones en la ciudad de Calama, disponiendo de conformidad con los derechos reglamentarios, su traslado el 16 de agosto de 2023, a la Comisaria La Serena, mediante la Orden N°96, de 31 de agosto del mismo año.

Agrega que, notificada la mentada orden, el recurrente presentó solicitud de reconsideración, la que fue resuelta con fecha 30 de noviembre de 2023 por el Departamento Personal de Nombramiento Institucional de la Dirección de Gestión de Personas, denegándose su solicitud, toda vez que su destino obedece al requerimiento presentado por la Zona de Carabineros Antofagasta, en atención al riesgo de su integridad y la de su núcleo familiar, realizándose el estudio de los antecedentes, teniendo en consideración las competencias, grado jerárquico, antigüedad, el déficit de personal y las reales necesidades existentes en la unidad de destino. Sostiene además que, la facultad de disponer el traslado se encuentra delegada en el Director Nacional de Personal, ejerciendo por tanto la facultad propia de la autoridad delegante -el General Director-, razón por la que no es procedente un recurso jerárquico.

Precisa que, el Mando de la Zona de Carabineros Antofagasta, mediante el documento electrónico N.C.U. 187172616 de 14 de julio de 2023, expuso la situación que involucraba al recurrente y a otro funcionario, consistente en una amenaza efectuada en redes sociales de un conocido delincuente detenido de Calama, por lo que el Jefe de Zona determinó que la permanencia de los citados funcionarios de la Sección SEBV Calama, es un riesgo latente para su integridad y la de su núcleo familiar, situación que se encuentra respaldada en el Resumen Ejecutivo (R) N° 01, de 12 de julio de 2023, de la Sección Encargo y Búsqueda de Vehículos Calama de la Prefectura El Loa N°29. Aclara que el actor aún no ha sido trasladado, ya que se encuentra asciendo uso de licencia médica desde el 3 de abril de 2024.

Señala que el traslado encuentra fundamento en el artículo 31 de la Ley N°18.961 Orgánica Constitucional de Carabineros; el artículo 10 del Reglamento de Feriados, Permisos, Licencias y Otros Beneficios N°9; el Manual de Traslados para el Personal de Carabineros, aprobado mediante la Orden General N°2707, de 13 noviembre de 2019; jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República, jurisprudencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, y en sentencia de causa de Protección Rol N° 32.644-2021, confirmada por la Excelentísima Corte Suprema, en otros.

Refiere que la atribución institucional en orden a decidir discrecionalmente como distribuir y ubicar al personal, responde a un proceso de responsabilidad de la Dirección Nacional de Personal, previa identificación de las competencias, habilidades y aptitudes del recurso humano, con miras a ubicarlo donde mejor respondan a los intereses corporativos y a las demandas y necesidades de personal a lo largo del país, tomando en consideración, para ello, variables de carácter profesional y excepcionalmente, aspectos personales del funcionario. Adicionalmente, sostiene que todo miembro de Carabineros, por el solo hecho de ingresar a sus filas, se compromete a prestar servicios en la guarnición que se estime necesaria, configurándose el deber de desempeñar sus obligaciones en todo el territorio nacional, respondiendo a la misión constitucional asignada a la Institución, la que no puede quedar supeditada ni sometida a la conveniencia de los funcionarios policiales. Lo anterior, como consecuencia de la naturaleza militar, disciplinada y jerarquizada de la institución, construida sobre la base de la obediencia, al tenor del artículo 2, de su Ley Orgánica Constitucional.

Alega que el recurso de protección interpuesto es improcedente, por cuanto el traslado dispuesto no constituye un acto ilegal y arbitrario al no infringir el artículo 19, N°1 y 2 de la Constitución, puesto que el mandato se fundamenta en la finalidad de salvaguardar la integridad del recurrente y la de su familia debido a la mentada amenaza. Asimismo, agrega que para determinar el lugar de destinación, se tuvo en vista las competencias, grado jerárquico, antigüedad del funcionario, así como las necesidades institucionales y el déficit de personal en los grados específicos que mantiene la Unidad a la cual fueron destinados. Respecto al supuesto desmedro económico alegado, hace presente que al recurrente le asisten los derechos reglamentarios consistentes en pasajes, fletes e indemnización por cambio de residencia, de manera que desaparece el argumento de la disgregación familiar y revela que la garantía invocada en caso alguno se ve conculcada por la decisión impugnada.

Expone que la facultad para disponer los traslados no puede verse limitada por la conveniencia personal de quienes son trasladados, pues en su ejercicio debe primar el interés público por sobre el particular del servidor, toda vez que el objetivo conseguido por esta medida es lograr optimizar las funciones asignadas por la Constitución Política de la República y las leyes a la Institución policial.

En cuanto a la alegación relativa al interés superior del niño, hace presente que este principio se encuentra recogido en el Manual de Traslados para el Personal de Carabineros de Chile, en el Capítulo II “Consideraciones especiales para la toma de decisiones”, acápite 2.4.2. “Aspectos personales”, por lo que mal podría la decisión atentar en su contra, más aún cuando la destinación implica el traslado a la ciudad de Coquimbo, que cuenta con los servicios que le permitirán desarrollar al máximo su bienestar y el pleno y efectivo ejercicio de sus derechos, constituyendo la adaptación emocional al nuevo entorno, un proceso de desarrollo personal asociado a las circunstancias familiares, en razón del cumplimiento del interés público, según el estatuto al que voluntariamente se adscribió el recurrente.

Por último, indica que el recurso impetrado es improcedente por cuanto el actor carece de un derecho indubitado, tratándose además de un asunto de lato conocimiento, por lo que la acción constitucional no puede prosperar.

En definitiva, teniendo presente que el actor no cuenta con un derecho indubitado y que la acción intentada no cumple con el supuesto básico para su procedencia, esto es, la perturbación, privación, o amenaza de un derecho -que en la especie el funcionario no posee-, como consecuencia de la ilegalidad y/ o arbitrariedad de un acto-, solicita a esta Corte de Apelaciones rechazar el recurso impetrado, con costas.

TERCERO: Que, de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que, el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que, atendido el tenor de las alegaciones vertidas en el libelo recursivo y el informe evacuado por la recurrida, se desprende que el núcleo de la cuestión planteada a través de la presente acción constitucional, estriba en determinar si la decisión impugnada, que dispone el traslado de unidad policial del recurrente, contenida en la Orden 96 N°17 de 31 de agosto de 2023, constituye o no una actuación arbitraria y/o ilegal que vulnere alguna de las garantías constitucionales protegidas por este arbitrio cautelar, decisión que, según dan cuanta los antecedentes acompañados, fue confirmada mediante resolución contenida en Documento Electrónico N.C.U. 195883338, de 30 de noviembre de 2023 del Departamento Personal de Nombramiento Institucional de la Dirección de Gestión de Personas, resolviendo el recurso de reconsideración deducido por el actor.

SEXTO: Que, en atención a la naturaleza de la controversia de autos, para dirimir este asunto debe tenerse especialmente presente, que la Dirección Nacional de Personal de Carabineros cuenta con atribuciones para ordenar el traslado de su personal institucional, conforme lo contempla el artículo 31 de la Ley N°18.961, en atención a las necesidades de un buen funcionamiento de la entidad policial, normativa que se complementa con la Orden General N°2707 de 13 de noviembre de 2019, que aprueba el Manual de Traslado para el Personal de Carabineros, determinando los procedimientos dispuestos al efecto.

SÉPTIMO: Que, de la revisión de los antecedentes allegados en autos, es posible descartar las alegaciones de la recurrente relativas a la supuesta falta de fundamentación en la decisión impugnada, desde que, de la revisión de la Orden N°96 que dispone su traslado -así como el de otros funcionarios de la institución-, se advierte que la misma se fundamenta en las disposiciones legales y reglamentarias que consagran la facultad de la autoridad respectiva de Carabineros, a quien le corresponde destinar al personal a los diversos cargos y empleos según los requerimientos de la función policial, así como en la jurisprudencia administrativa contenida en diversos dictámenes de la Contraloría General de la República en la materia.

Asimismo, el acto terminal contenido en Documento Electrónico N.C.U. 195883338, de 30 de noviembre de 2023 del Departamento Personal de Nombramiento Institucional de la Dirección de Gestión de Personas, mediante el cual se resuelve el recurso de reconsideración deducido por el actor impugnando la medida, explicita los motivos de la decisión, señalando que esta “obedeció al requerimiento presentado por la Zona de Carabineros Antofagasta, disponibilizando al citado P.N.I. a otra Zona de Carabineros del país en atención al riesgo de su integridad y la de su núcleo familiar, por lo cual se realizó el estudio de los antecedentes, teniendo en consideración las competencias, grado jerárquico, antigüedad, el déficit de personal y las reales necesidades existentes en unidad de destino, se ejecutó el traslado a su actual unidad la Comisaria de la Prefectura Coquimbo N°6 (...)”.

OCTAVO: Que, tal como ha resuelto la Excma. Corte Suprema en fallo de cinco de octubre de dos mil veintitrés, en causa Rol N°19.762-2023 “los traslados del personal de Carabineros se corresponden con el ejercicio de las facultades de la autoridad respectiva de la institución, cuyos miembros por su solo ingreso, se han comprometido a acatar las destinaciones y desempeñar las tareas y funciones que se les encomienden según las necesidades del servicio, lo cual, no es sino el reflejo de la estructura jerárquica y el sistema disciplinado de la institución.”.

Conforme lo anterior, la decisión impugnada por la parte recurrente carece de la ilegalidad y arbitrariedad denunciada, desde que consta que esta se dictó por la autoridad competente, dentro del marco de atribuciones contemplado en su normativa orgánica y contiene los antecedentes en que se funda.

NOVENO: Que, respecto a las circunstancias familiares y el interés superior del niño referido por la parte recurrente, cabe señalar que tales alegaciones, así como de los antecedentes acompañados al recurso, no resultan suficientes ni poseen la entidad necesaria que permita configurar una excepción al principio general de movilidad que, en virtud de la normativa referida ut supra, resulta consustancial con las condiciones de ingreso a la institución, considerando especialmente el lugar al que fuera destinado el recurrente, el que sin duda cuenta con los servicios y condiciones de vida necesarios para la satisfacción de la necesidades del grupo familiar, debiendo primar el interés público por sobre el personal del funcionario.

DÉCIMO: Que, por otra parte, siendo indispensable para el acceso positivo al recurso, que aquellos por quienes se recurre cuenten con un derecho indubitado, este no se ha verificado en la especie, desde que la destinación en un lugar determinado constituye una mera expectativa para un funcionario policial, cuya justificación se encuentra radicada en los requerimientos propios de la función a lo largo del país, orientación que es conocida y debe ser acatada por todos los miembros de la institución desde su ingreso, en consonancia con el carácter jerarquizado y disciplinado que la caracteriza.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por don Luis Hernán Reveco Jarpa, en representación de nombre reservado, y, de sus hijos nombre reservado y nombre reservado, en contra de la Dirección Nacional de Personal de Carabineros de Chile.

Regístrese y comuníquese.

Rol 468 – 2024 (PROT)