nombre reservado con A.F.P. PLANVITAL S.A.

Antofagasta, uno de marzo de dos mil veintiuno.

VISTOS:

nombre reservado, psicóloga, domiciliada en domicilio reservado, quien deduce acción de protección en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A., representada por nombre reservado, cuya profesión u oficio ignora, domiciliados en domicilio reservado, por retener la suma de $205.897, por concepto de seguro de invalidez y sobrevivencia sobre su retiro del 10%.

Informa la recurrida solicitando el rechazo de la acción deducida.

Informa la Superintendencia de Pensiones al tenor del recurso.

Puesta en la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la recurrente funda su acción en el contenido de la Ley N°21.248 que permite el retiro excepcional de los fondos de capitalización individual.

Señala que actualmente es psicóloga independiente, por lo tanto, para cobrar sus prestaciones de servicios profesionales, emite boletas de honorarios.

Explica que, atendido el contenido de la Ley N°20.255, comenzó a cotizar obligatoriamente a contar del 1 de septiembre de 2015, en la AFP Planvital.

Sostiene que el año 2019 se implementó un nuevo sistema de retención para los trabajadores independientes, en virtud de lo dispuesto por la ley N°21.133, que otorga cobertura inmediata a todos los regímenes de seguridad social, siendo el primero de ellos el seguro de invalidez y sobrevivencia. De esta forma, dicho seguro es pagado una vez al año en el marco del proceso de declaración de renta, por lo que, en la operación renta del año 2020 se le retuvo la suma de $237.642 por concepto de seguro de invalidez y sobrevivencia.

En relación a la conducta de la recurrida, expone que, el día 1 de agosto de 2020, solicitó el retiro del 10% de sus fondos, suma que, en su caso, alcanzaba la cantidad de $932.777, por lo que correspondía el retiro de la totalidad de sus fondos. Expresa que, el día 17 de agosto de 2020, se abonó a su cuenta bancaria la suma de $726.880, cuestión que no la alteró de inmediato, atendido que las Administradoras de Fondos de Pensiones estaban efectuado el pago en cuotas.

Transcurrido un mes, y no habiendo recibido el pago del saldo, consultó ante la AFP y se encontró con la sorpresa de que el estado de su solicitud era terminada.

Por ello, el 29 de septiembre de 2020, llamó al call center de AFP Planvital, momento en que se le informó que el saldo no pagado se encontraba retenido por concepto de seguro de invalidez y sobrevivencia y que estaban esperando la respuesta del Servicio de Impuestos Internos para saber que debían hacer con el dinero retenido. No obstante, afirma que, la respuesta de la recurrida es falsa, ya que el Servicio de Impuestos Internos, el día 21 de agosto de 2020, ya había aclarado sobre el particular que la retención practicada por las Administradoras de Fondos de Pensiones no tiene relación con el pago de las cotizaciones correspondientes al pago del seguro de invalidez y sobrevivencia.

Señala que el recurso fue interpuesto dentro de plazo.

En relación a las garantías vulneradas, explica que el acto de la recurrida vulnera su derecho a propiedad, pues se está practicando una retención improcedente de una parte de sus fondos respecto de los cuales solicitó el retiro, ya que no existe habilitación legal para la conducta desplegada por la AFP.

Asimismo, estima vulnerada la garantía de igualdad ante la ley, ya que no se está dando un tratamiento igualitario en la aplicación de la Ley N°21.248 por parte de la recurrida.

Finalmente, respecto de las costas, sostiene que la recurrida deberá ser condenada a ellas, por haberla puesto en la posición de requerir deducir la presente acción cautelar.

Por tanto, solicita se acoja la acción de protección y se declare que es ilegal y arbitrario el acto de la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A., y se ordene que la recurrida debe dejar sin efecto la retención por concepto de seguro de invalidez, debiendo abonar la suma de $205.897, más intereses y reajustes legales, y que sea condenada en las costas del recurso.

SEGUNDO: Que informó nombre reservado en representación de la Administradora de Fondos de Pensiones recurrida, solicitando el rechazo del recurso, con costas.

En primer lugar, sintetiza los términos del recurso intentado en su contra.

Luego, como alegación, expone que la acción cautelar deducida excede el ámbito de aplicación del recurso de protección, por lo que no puede ser discutido en esta sede, ya que se pretende un pronunciamiento declarativo, cuestión que exige una discusión de lato conocimiento, lo que apoya en citas jurisprudenciales.

Al evacuar su informe sobre el fondo del asunto, transcribe el contenido de la Ley N°21.248 y expone que su representada, ante la preocupación constante por sus afiliados, comunicó la existencia de un monto para retiro de $932.777, el que tenía carácter referencia, según la variación que pudieran experimentar el valor de las cuotas.

Luego, explica que, según sus registros, el día 1 de agosto de 2020, la recurrente solicitó el retiro del 10% de sus fondos previsionales, el cual se hizo efectivo el día 17 de agosto de 2020, por medio del pago en la cuenta bancaria informada por la afiliada de la suma de $726.880.

Afirma que no todo el saldo de la cuenta de capitalización de la recurrente era susceptible de retiro, ya que existen derechos sobre ese saldo que se encuentran constituidos en favor de las compañías de seguros de vida por concepto de pago de primas asociadas al seguro de invalidez y sobrevivencia, cuya regulación detalla.

De esta forma, estima que la autorización para el retiro de los fondos de trabajadores independientes no afecta sus derechos a la seguridad social, lo que obliga a concluir que parte del saldo que se encuentra en la cuenta de capitalización individual está afecta a un destino predeterminado, cuya fuente es legal y, por lo tanto, no forma parte del saldo objeto de ser retirado conforme a la Ley N°21.248.

Estas materias, refiere, fueron abordadas por la Superintendencia de Pensiones en el sentido expuesto por su representada, según Oficio Ordinario N°13.609 de 27 de julio de 2020 y mediante Oficio Ordinario N°16.490 de 24 de agosto de 2020, dirigido a la Cámara de Diputados, a las Administradoras de Fondos de Pensiones y otras instituciones.

De esta forma, arguye, se instruyó a las Administradoras de Fondos de Pensiones a no considerar aquella parte del saldo de la cuenta individual que está destinada al pago del seguro de invalidez y sobrevivencia, como parte del saldo susceptible de ser retirado por los afiliados, especialmente si se considera que dicho seguro tiene primera prioridad dentro del pago de las cotizaciones previsionales, cuestión refrendada por Oficio Ordinario N°16.491, no obstante se les indicó que no podrá rebajarse del saldo de la cuenta la parte destinada al financiamiento de la Administradora de Fondos de Pensiones.

Respecto de aquella parte, destinada al financiamiento de la administradora, su representada se encuentra efectuando un proceso de reliquidación cuyo objeto es enterar a la afiliada el descuento efectuado por dicho monto, situación que le será debidamente comunicada.

De esta forma, es claro que los fondos destinados al pago del seguro de invalidez y sobrevivencia no forman parte de las cotizaciones depositadas en las cuentas individuales, por lo que no constituyen descuento de los fondos susceptibles de retiro según la Ley N°21.248.

Añade que no existe acto u omisión arbitraria e ilegal de su representada.

Por ello, concluye, su representada no ha realizado las conductas ilícitas imputadas, y, por el contrario, ha actuado con estricto apego a las disposiciones legales que regulan la materia, como tampoco ha existido vulneración o perturbación en el legítimo ejercicio de sus derechos.

TERCERO: Que la Superintendencia de Pensiones evacuó informe al tenor del recurso deducido y explicó que no existe ilegalidad ni arbitrariedad en la actuación de la recurrida, como tampoco hay vulneración a los derechos constitucionales de la recurrente.

En primer término, sintetiza los términos de la acción intentada y refiere los motivos por los cuales se le ordenó informar sobre el particular.

Expone que la recurrente no ha efectuado ninguna presentación o reclamo ante la Superintendencia, por lo que su representada no cuenta con antecedentes de hecho para aportar en este procedimiento, pero se referirá a la cotización adicional que deben pagar los afiliados al sistema de pensiones, incluidos los trabajadores independientes.

Destaca que la Constitución Política, al reconocer el derecho a la seguridad social, en su artículo 19 N°18, dispone que la ley podrá establecer cotizaciones obligatorias. El mandato constitucional se ejecutó por medio de, entre otras fuentes legales, que detalla pormenorizadamente, el D.L. N°3.500 de 1980, que creó el sistema de pensiones vigente.

Considera que, según el entramado normativo que detalla, la ley establece un orden de prelación para imputar las cotizaciones que se pagan, cuando el monto retenido es insuficiente para financiarlas todas; y, en esta prelación, el monto del 10% de las retenciones destinado a sustentar su pensión de vejez, sobre la cual el afiliado tiene propiedad, se encuentra en último lugar. De esta forma, y atendidas las contingencias cubiertas, el seguro de invalidez y sobrevivencia tiene preferencia; por ello, estima que el afiliado no tiene un derecho de propiedad sobre la cotización adicional destinada a financiar la prima del seguro referido, sino que, tiene el derecho a obtener cobertura ante los siniestros de invalidez o muerte.

Respecto de las instrucciones impartidas por la Superintendencia, menciona los oficios despachados a las Administradoras de Fondos de Pensiones sobre la manera en que debían proceder para implementar, aprobar y pagar las solicitudes de retiro de fondos, al tenor de lo dispuesto por la Ley N°21.248.

En relación al conflicto sometido a decisión de esta Corte, señala que su representada, en calidad de organismo fiscalizador, dio respuesta a varias consultas referidas a las cotizaciones destinadas al Seguro de Invalidez y Sobrevivencia y a la comisión de las Administradoras, que conforman la cotización adicional, generada de la Operación Renta, como consecuencia del cálculo de las cotizaciones previsionales que practica el Servicio de Impuestos Internos a los trabajadores independientes, por los honorarios que recibieron el año calendario anterior.

Luego, ilustra cómo opera el traspaso de los montos retenidos por la Tesorería General de la República a las Administradoras de Fondos de Pensiones y, también, la forma en que éstas imputan los fondos recibidos a financiamiento de la administradora, a la capitalización individual del afiliado y a otras destinaciones, en conformidad a las instrucciones impartidas por medio del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

Estima que la transcendencia, para el sistema de seguridad social del pago del monto correspondiente a la prima del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia por esta vía, queda de manifiesto al ponderar que la intención del legislador es extender la cobertura hacia el futuro de este seguro, respecto del momento en que se efectúa su pago.

En virtud de lo expresado, concluye que los porcentajes de las cotizaciones destinados al financiamiento del seguro referido y de las Administradoras, se abonan a la cuenta individual del trabajador independiente, y forman parte transitoriamente del saldo de dicha cuenta, para luego ser rebajados, para pagar a las compañías de seguro de vida adjudicatarias de la licitación efectuada por la Superintendencia. No obstante, según el tenor de la Ley 21.248, las Administradoras de Fondos de Pensiones no pueden efectuar descuento alguno ni afectar con comisiones los fondos, lo que no alcanza al Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, que se reserva en la cuenta individual para su financiamiento, por medio del pago mensual del seguro indicado, por lo que, no puede entenderse que sea parte de los fondos acumulados en la cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias.

En el contexto expuesto, la informante dispuso que para determinar el saldo disponible de la cuenta obligatoria, en relación a las solicitudes de retiro del 10% de los fondos, según la ley que lo autorizó, se deben excluir del saldo de la cuenta los montos de cotización destinados al financiamiento del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, atendido que sólo pertenecen transitoriamente a ésta para satisfacer las obligaciones con la aseguradora y proporcionar cobertura a los afiliados ante invalidez o muerte, sin que dicha exclusión configure un descuento prohibido para las Administradoras.

Estima que por lo referido se evidencia que, según estipula la ley, una parte de la cotización adicional está destinada a financiar la prima del seguro que las Administradoras deben contratar para la cobertura de las contingencias de invalidez y muerte, a las que están expuestos sus afiliados, sin que, dichos valores pertenezcan a las cuentas de ahorro individual de los afiliados. Tan palmario resulta lo anterior que en el caso de los afiliados dependientes el costo de la prima del mentado seguro es de cargo del empleador.

En virtud de las disposiciones legales y reglamentarias expuestas, la informante no vislumbra ilegalidad o arbitrariedad en la conducta de la recurrida, como tampoco observa vulneración a los derechos constitucionales de igualdad a la ley y de propiedad, ya que la recurrente es trabajadora independiente, por lo que se encuentra sometida a un estatuto legal distinto al de los trabajadores dependientes, y, además, porque los montos reclamados jamás han formado parte de su fondo de capitalización individual, pues, la retención de dichos valores está destinada a efectuar el pago de las aseguradoras.

CUARTO: Que el recurso de protección como acción cautelar de urgencia carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que solo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que acorde a lo debatido corresponde a esta Corte dilucidar si la deducción de $237.642 por concepto de Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, efectuada por la Administradora de Fondos de Pensiones recurrida, se encuentra ajustada a la normativa que rige esta materia o, por el contrario, es una actuación ilegal o arbitraria de la recurrida.

SEXTO: Que, tal como informó la recurrida y la Superintendencia de Pensiones, los dineros reclamados por la recurrente no le pertenecen en los términos de propiedad que invoca; puesto que, dichos montos, están legalmente destinados al pago de las obligaciones contraídas para asegurar al afiliado ante los siniestros de invalidez o muerte, por lo que no puede argüirse una retención ilegal o arbitraria de ellos por parte de la recurrida ni exigirse la entrega de estos en desmedro de la obligación válidamente contraída con la aseguradora para dar al afiliado la cobertura legalmente exigida.

SÉPTIMO: Que, en mérito de lo expuesto, cabe concluir que la Administradora de Fondos de Pensiones recurrida ha dado cumplimiento al mandato legal y reglamentario, según las instrucciones proporcionadas por el órgano fiscalizador, cuestión que desvirtúa las imputaciones efectuadas respecto de su conducta, la que se encuentra amparada por la legalidad vigente y, aún más, orientada por ésta, en consonancia con la interpretación e indicación de la Superintendencia del ramo. En virtud de lo razonado, habiéndose descartado la acción ilegal o arbitraria de la recurrida, es forzoso rechazar la acción deducida.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado, en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A.

Regístrese y comuníquese.

Rol Nº 4585-2020 (PROT).