nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

Antofagasta, a siete de mayo de dos mil veinticinco.

VISTOS:

La comparecencia de Marcela Giacamán Pérez, abogada, en representación de don nombre reservado, pasaporte N°RUT reservado de nacionalidad colombiana, ambos con domicilio en domicilio reservado, quien interpuso recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, pidiendo dejar sin efecto el rechazo de la solicitud de residencia temporal del actor y se otorgue la residencia temporal en el más breve plazo posible, o lo que se juzgue necesario para reestablecer el imperio del derecho con costas.

Informó el recurrido solicitando el rechazo del recurso.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que se indica en el recurso que el recurrente solicitó la residencia temporal fuera de Chile el día 6 de diciembre del año 2023, desde Colombia cumpliendo con todos los requisitos exigidos en la Ley de migraciones.

Refiere que el actor fue notificado primero de una resolución de previo rechazo, donde le solicitan que especifique las labores que va a realizar según su contrato de trabajo acompañado en la solicitud y aunque cumple con dicho requisito, fue notificado de la resolución exenta N°25096595 de fecha 20 de febrero del presente año, que su solicitud fue rechazada, señalando que no acompañó documentación que demuestre que el objetivo del contrato de trabajo es coherente con las actividades declaradas por el empleador ante el Servicio de impuestos Internos, de acuerdo al artículo 17 letra c) del Decreto 177 del Ministerio del interior y Seguridad Pública.

Indica que el recurrente presentó contrato de trabajo, el cual su función será la de desarrollar el trabajo de “Asistente de aseo”, y la empresa que emitió dicho contrato de trabajo es una oficina que realiza varias actividades comerciales, según certificado de inicio de actividades que acompaña, por lo tanto es posible y necesario contratar personal de aseo, pero la recurrida ha cuestionado esta situación, rechazando de manera ilegal y arbitraria la solicitud de residencia temporal del actor, sin fundamento alguno.

Seguidamente indicó que el departamento de extranjería y migración debe ceñirse en su actuación a los principios de celeridad, inexcusabilidad, conclusivo, contrariedad y economía procedimental, añadiendo que el artículo 17 a) de la misma Ley establece como derecho de toda persona, el poder “conocer en cualquier momento el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados”.

Señala que se ha vulnerado el artículo 19 numeral 2 de la Constitución Política, además de los principios que rigen los procedimientos administrativos, dándoles un trato desigual al actor con respecto a otros solicitantes de residencia temporal fuera de Chile.

Termina solicitando condenar al Servicio Nacional de Migraciones, a dejar sin efecto el rechazo de la solicitud de residencia temporal de don nombre reservado y ordenar a la recurrida, otorgar la residencia temporal del actor en el más breve plazo posible o lo que se juzgue necesario para reestablecer el imperio del derecho, con expresa condenación en costas.

SEGUNDO: Que informó el abogado Cristian Carvajal De Stefani, en representación del Servicio Nacional de Migraciones, solicitando el rechazo de la acción constitucional.

Indica que por ID N°68740274 con fecha 6 de diciembre de 2023, don nombre reservado, nacional de Colombia, presentó solicitud de permiso de residencia temporal.

Refiere que por oficio N°60691871 de fecha 24 de junio de 2024, se comunicó al extranjero que no cumple con los requisitos para obtener el permiso de residencia impetrado debiendo acompañar los siguientes documentos en un plazo de 60 días hábiles para dar continuidad a su solicitud de residencia y respecto a la documentación presentada, se indicó lo siguiente:

“- Contrato de Trabajo No nombre reservado: La información contenida en el documento es insuficiente.

- Documentos que acrediten recursos para la contratación del trabajador: No nombre reservado: La información contenida en el documento es insuficiente.

En referencia a lo anteriormente mencionado, se detalla que: 1. De acuerdo al Artículo 17 letra c) del Decreto 177 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el objeto del contrato de trabajo deberá ser coherente con las actividades declaradas por el empleador ante el SII.

2. Debe presentar la carpeta tributaria para solicitar créditos ACTUALIZADA del empleador, otorgada por el SI” (sic)

Señala que, habiendo transcurrido el plazo otorgado para enviar la documentación solicitada, la persona extranjera no cumple con los requisitos que lo habilitan para obtener la subcategoría de residencia temporal solicitada, por lo que, conforme a lo dispuesto en el artículo 88 número 1, de la Ley N°21.325, es procedente el rechazo de su solicitud de residencia.

Manifiesta que por oficio N°66418466 de 16 de octubre de 2024, se le informa al solicitante que no cumple con los requisitos para optar a la Residencia Temporal de acuerdo con lo establecido en el Decreto 177 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, dado que presenta documentación incompleta de acuerdo con la normativa mencionada anteriormente. Debiendo presentar la siguiente documentación, conforme al artículo 91 y 146 de la ley 21.325 en un plazo de 10 días: “- Debe presentar copia de la hoja de identificación de su Pasaporte, cuya vigencia no puede ser inferior a un año, de acuerdo al Art. 11 letra a) del Decreto N°177 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. - Debe aclarar las funciones en el Contrato de Trabajo, las cuales deben ser coherentes con las actividades declaradas por el empleador ante el Servicio de Impuestos Internos”.

Aduce que habiéndose cumplido el plazo de 10 días hábiles otorgados, y analizados los antecedentes acompañados por la persona extranjera en su solicitud de residencia, no ha sido posible desvirtuar los motivos que sustentan las razones invocadas por esta autoridad, siendo procedente el rechazo de la solicitud de residencia temporal presentada por la persona extranjera, añadiendo que mediante resolución exenta N°25096595 de 20 de febrero de 2025 se le informa al solicitante que se rechaza la solicitud de residencia temporal, conforme al artículo 88 N°1 de la ley 21.325, reservándole a la persona extranjera, los recursos establecidos en la Ley Nº19.880, normas que reproduce.

Afirma que no ha existido por parte de esa autoridad acto ilegal que haya privado, perturbado o amenazado en momento alguno aquellas garantías constitucionales reconocidas por nuestra Carta Fundamental, entre ellas la libertad personal y seguridad individual del recurrente, pues, el rechazo de solicitud de residencia se funda en causales legales expresas, dado que la Ley, establece que deben rechazarse las solicitudes de residencia de aquellos que hayan incurrido en dichas conductas.

Añade que el artículo 19 N°7, letra a), de la Constitución Política de la República, asegura a todas las personas “a) El derecho a residir y permanecer en cualquier lugar de la República, trasladarse de uno a otro y entrar y salir de su territorio, a condición de que se guarden las normas establecidas en la ley y salvo siempre perjuicio de terceros.”, norma refrendada por el Decreto N°873 de 1990 del Ministerio de Relaciones Exteriores, que Aprueba la Convención Americana sobre Derechos Humanos, agregando que las consideraciones precitadas no hacen más que continuar y complementar la decisión adoptada por la autoridad, en razón de que al existir ciertas conductas y circunstancias legales que afectan a un determinado extranjero, como lo es el ingreso por paso no habilitado (sic), trae aparejadas consigo aquellas consecuencias jurídicas ya analizadas en el presente informe, y que fueron aplicadas por la autoridad según lo establecido por los propios cuerpos normativos de la materia, de acuerdo a los tratados internacionales y con pleno respeto a nuestra Constitución Política de la República.

Sostiene que esa autoridad ha actuado con estricto apego a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, no existiendo acción u omisión arbitraria o ilegal por parte de esa autoridad que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio del recurrente respecto de las garantías incoadas, no siendo procedente entonces dejar sin efecto la resolución exenta N°24577135 de fecha 16 de diciembre de 2024 (sic) dictada por el Servicio Nacional de Migraciones, más aún cuando el mismo ha sido dictado conforme a las disposiciones de la normativa específica de la materia, y con pleno respeto a las normas constitucionales y tratados internacionales.

Termina solicitando tener por evacuado el informe requerido, solicitando desde ya el rechazo de la presente acción constitucional de protección en todas sus partes por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria por parte de esta autoridad que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de alguno de los derechos enumerados por el artículo 20 de la Constitución Política de la República, así como el rechazo a la condena en costas a este Servicio.

TERCERO: Que, de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que, en la especie, se dirige la acción en contra del supuesto actuar ilegal y arbitrario de la recurrida, consistente en haber rechazado la solicitud de residencia temporal del actor, al no haber allegado los documentos que le fueron solicitados.

En efecto, mediante notificación previo rechazo de fecha 16 de octubre de 2024 se solicitó por la autoridad migratoria, que el extranjero presentara copia de la hoja de identificación de su pasaporte cuya vigencia no puede ser inferior a un año, y además aclarar las funciones en el contrato de trabajo, las que deben ser coherentes con las actividades declaradas por el empleador ante el Servicio de Impuestos Internos, confiriéndose un plazo de 10 días hábiles para presentar documentos adicionales respecto al rechazo invocado por la autoridad.

SEXTO: Que debe tenerse presente que de conformidad con el artículo 157 N°5 de la Ley 21.325, el Servicio Nacional de Migraciones, por mandato legal tiene la facultad de resolver el otorgamiento, prórroga, rechazo y revocación de los permisos de residencia y permanencia, además de determinar la vigencia de los mismos, pero tales prerrogativas no pueden ejercitarse de forma caprichosa o injustificada, por lo que, tal como demandan las leyes y la Carta Fundamental, los actos de las autoridades deben ser motivados y dar cuenta de las circunstancias y antecedentes ponderados para arribar a una determinada decisión, bajo el riesgo de que su omisión permita establecer que el acto no es lo suficientemente fundado según parámetros establecidos por nuestro ordenamiento jurídico.

SÉPTIMO: Que el artículo 3 de la Ley 21.325 dispone:

“Artículo 3.- Promoción, respeto y garantía de derechos. El Estado deberá proteger y respetar los derechos humanos de las personas extranjeras que se encuentren en Chile, sin importar su condición migratoria, incluidos los afectos a la ley Nº20.430.

Toda persona que se encuentre legalmente en el territorio nacional tiene el derecho a circular libremente por él, elegir su residencia en el mismo y a salir del país, sin perjuicio de lo establecido en el inciso segundo del artículo 126 bis de la Constitución Política de la República.

Corresponde al Estado decidir a quién ha de admitir en su territorio. A todo extranjero que solicite el ingreso o un permiso de residencia en el país se asegurará la aplicación de un procedimiento racional y justo para la aprobación o rechazo de su solicitud, el que se efectuará bajo criterios de admisión no discriminatoria.

Una vez que un extranjero se encuentra lícitamente dentro del territorio nacional, su libertad de circulación en el territorio y su derecho a salir del mismo sólo podrán limitarse de conformidad con lo consagrado en la Constitución Política de la República, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

Asimismo, el Estado promoverá, respetará y garantizará los derechos que le asisten a los extranjeros en Chile, y también los deberes y obligaciones establecidos en la Constitución Política de la República, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

Tratándose de derechos económicos, sociales y culturales, el Estado se compromete a adoptar todas las medidas, hasta el máximo de los recursos disponibles y por todo medio apropiado, para lograr la plena efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución Política de la República, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, para lo cual podrá recurrir, si ello no fuere posible, a la asistencia y cooperación internacional.

El Estado asegurará a los extranjeros la igualdad ante la ley y la no discriminación.”

A su turno, el artículo 7 del mismo cuerpo legal señala: “Artículo 7.- Migración segura, ordenada y regular. El Estado promoverá que los extranjeros cuenten con las autorizaciones y permisos de residencia o permanencia necesarios para su estadía en el país, y para el desarrollo de sus actividades y el ejercicio de sus derechos, de conformidad con la Constitución Política de la República, la ley y los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes. De igual forma, promoverá la migración segura y las acciones tendientes a prevenir, reprimir y sancionar el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas, y velará por la persecución de quienes cometan estos delitos, en conformidad con la legislación y los tratados internacionales ratificados por Chile sobre la materia y que se encuentren vigentes. Además, buscará que las víctimas de trata puedan regularizar la situación migratoria en la que se encuentren en el país.”

OCTAVO: Que conforme se advierte de las normas precitadas fluye la obligación de la autoridad migratoria de proteger y respetar el derecho a un procedimiento racional y justo, en relación con las solicitudes de residencia de los extranjeros, lo que no se verifica en la especie, en razón del breve plazo concedido por la autoridad migratoria para que el solicitante pueda responder sus requerimientos, estimándose que dicho plazo resulta insuficiente y por lo mismo, el obrar del recurrido deviene en arbitrario, vulnerando la garantía esgrimida en el recurso.

Por otro lado, no se puede obviar la circunstancia que el recurrente allegó a su recurso, copia de su pasaporte, copia de contrato de trabajo legalizado y documento emitido por el SII que da cuenta del trámite de “Inicio de Actividades” por parte de quien figura en el contrato de trabajo, como empleador del recurrente, resultando la medida gravosa y desproporcionada, razones que bastan para acoger el recurso en la forma que se dirá en la parte resolutiva.

Por estas consideraciones, y atendido además lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE ACOGE, el recurso de protección deducido por la abogada Marcela Giacamán Pérez, en representación de don nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en cuanto se deja sin efecto la Resolución Exenta N°25096595 de fecha 20 de febrero de 2025, debiendo la autoridad migratoria conceder un plazo máximo de sesenta días corridos, para que el actor pueda allegar los documentos requeridos.

Regístrese y comuníquese.

Rol 453-2025 (PROT)