Protección contra Club Hípico de Antofagasta S

CORTE DE APELACIONES ANTOFAGASTA Antofagasta, siete de marzo de dos mil trece.

VISTOS:

La presentación de don nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, todos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, deducen recurso de protección en contra de Club Hípico de Antofagasta S.A. representada legalmente por su Gerente General don nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado y en contra de don nombre reservado, abogado, Presidente del Directorio de Club Hípico de Antofagasta S.A., domiciliado en domicilio reservado, pidiendo que se repongan sus derechos con costas del recurso.

Los informes de fs. 92, evacuado por la abogada Carolina Oyanedel Jana, en representación del recurrido nombre reservado, y de fojas 197 por don nombre reservado, por sí y en representación de la recurrida sociedad Club Hípico de Antofagasta S.A., en virtud de los cuales solicitan se rechace el recurso, con costas.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que comparecen don nombre reservado, Jinete y Presidente del Sindicato De Jinetes Profesionales de Chile, nombre reservado, Jinete y Presidente de Antofagasta del Sindicato anterior; nombre reservado, Presidente del Sindicato de nombre reservado; nombre reservado, Representante de los Propietarios de Caballos de Carrera en la Comisión de Patentes; nombre reservado, nombre reservado.H.A.; todos domiciliados domicilio reservado de esta ciudad, quienes interponen recurso de protección en contra de Club Hípico De Antofagasta S.A. (C.H.A.) persona jurídica mercantil, representada por su Gerente General don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado de esta ciudad y en contra de don nombre reservado, Abogado, Presidente del Directorio de Club Hípico de Antofagasta S.A., domiciliado en domicilio reservado, Región Metropolitana.

Como fundamento de su acción, señalan que los recurridos les han privado de sus derechos tutelado en el Art. 19 Nº 21 de la Constitución Política, esto es, el legítimo ejercicio de sus profesiones hípicas ejercidas independientemente, como lo expresa el conjunto de normas que regulan estas actividades, por lo que solicitan que esta Corte adopte las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección.

Como característica del Club Hípico de Antofagasta, señalan que esta sociedad fue fundada el 29 de Septiembre de 1908, cuyo funcionamiento fue autorizado por Decreto Supremo del 5 de Octubre de 1910 y declarado legalmente por Decreto Supremo N° 3659 del 4 de Septiembre de 1928. Con fecha 25 de Agosto de 1965, fue ampliada su existencia por 50 años más, en razón al mecanismo legal relatado en la Ley N° 16.292 del C.H.A., siendo el objeto de su creación el crear un centro de reunión y entretenimiento en la ciudad, mediante el establecimiento de carreras de caballo.

Según el Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas que estableció el estatuto social de este Club, transformado posteriormente en S.A., establecen que su objeto será mantener y acrecentar la actividad hípica de la ciudad para lo cual podrá formar, constituir y explotar campos adecuados para realizar y patrocinar carreras de caballos, efectuar exhibiciones y concursos hípicos y otorgar premios a los ganadores y/o participantes en tales eventos; adquirir y enajenar a cualquier título equinos reproductores y de pura sangre, como un modo de fomentar la masa caballar; excepcionalmente, y sólo para cumplir los objetivos consignados en las letras precedentes, podrá enajenar y adquirir a cualquier título otras clases de bienes muebles e inmuebles.

En seguida analiza la regulación de la actividad hípica en los distintos cuerpos legales, a saber, la Ley Nº 4566 de 1929, Ley General de Hipódromos, el Decreto Nº 1588 de 1943 del Ministerio de Hacienda dictó el Reglamento conocido como Código de Carreras de Caballos o Código Hípico, y creó el Consejo Superior de la Hípica Nacional, el Decreto Nº 211 del Ministerio de Hacienda, de 13 de Marzo de 2003 y la normativa contenida en los artículos 107, 108, 168 y 169 del denominado Código Hípico a la luz de cuyos preceptos legales, aseguran que los recurridos en forma ilegal y arbitraria han vulnerado sus garantías constitucionales.

Estiman como primera privación de derechos que mediante correo electrónico de 15 de enero de 2013, que lleva por asunto “Suspensión del programa del 30 de enero de 2012”, don nombre reservado, Presidente del Directorio del C.H.A. decidió unilateralmente suspender la actividad programada para el día 30 de enero de 2013.

Al respecto los recurrentes señalan que el artículo 1° del Código Hípico define la suspensión como: “la sanción que pueden aplicar autoridades hípicas a las personas o a los caballos, con motivo de infracciones a los reglamentos y/o instrucciones que imparten”.

En virtud de lo anterior, los recurrentes refieren que la decisión unilateral del Sr. nombre reservado de suspender dicha actividad fue un acto arbitrario e ilegal, que atenta contra la libertad de ejercer la actividad económica lícita de preparadores, jinetes y herradores, porque la suspensión se aplica a personas o caballos por infracción a los reglamentos y/o instrucciones, y no a las carreras, ni a los programas, requiriéndose además una infracción al Reglamento o instrucción impartida, y en este caso no existió infracción.

Señala además que el Presidente del Directorio del C.H.A. no figura en el Código Hípico como autoridad hípica, en circunstancia que dispuso la suspensión de esa programación porque la Comisión de Patentes se reuniría el día 25, no teniendo certeza que los profesionales inscritos en el programa de la jornada prevista para el día 30 llegaran a esta fecha con patente válidamente otorgada. Por ende si así no ocurriera, el C.H.A. no los podrá admitir en su pista.

Conforme al Art. 108 inc. 4º del Código Hípico la Comisión de Patente y Disciplina del C.H.A. sesionó el 25 de enero de 2013, formada por: a) don nombre reservado, por el Directorio del C.H.A., b) don nombre reservado, por la Asociación de Propietarios de Caballos y c) don nombre reservado, por los nombre reservado, Jinetes y Cuidadores. En esa oportunidad sólo se opuso a otorgar las patentes el recurrido Sr. nombre reservado., por lo que no es efectivo lo afirmado por el Sr. nombre reservado en su correo electrónico; quedando de manifiesto la atribución de facultades que no posee y la vulneración de sus derechos fundamentales.

Como segunda privación de derechos señala que con posterioridad el mismo recurrido Sr. nombre reservado por nota de 1º de febrero de 2013, párrafo 5. comunicó a la Comunidad Hípica Antofagastina y Nacional: el cierre de la actividad hípica es ya una decisión tomada, de tal manera que el Sr. nombre reservado decidió terminar indefinidamente con la actividad hípica en Antofagasta, siendo su decisión un hecho arbitrario e ilegal, en la medida que se funda en la supuesta y mera posibilidad de que los profesionales inscritos, lleguen al 30 de enero sin el otorgamiento de la patente, situación que en definitiva debía ser certificada por la aludida comisión.

La decisión del recurrido impide a los recurrentes y todos sus representados, ejercer las actividades como profesionales hípicos independientes; además de cesar en el trabajo a cerca de 80 trabajadores dependientes del C.H.A.

Expresan que el Sr. nombre reservado carece de facultades para adoptar tal decisión y su actuar es absolutamente ilegal y abusivo, arrogándose atribuciones y competencias que no tiene.

Como tercera privación de derechos refiere que el artículo 168 del Código Hípico, señala: “Los directorios de los hipódromos confeccionarán y publicarán los programas de carreras para cada temporada. Los programas de temporada deberán ser publicados a lo menos con 30 días de anticipación a la fecha fijada para la primera reunión. Estos programas fijarán los días en que tendrá lugar las distintas reuniones de la temporada, las distancias, condiciones y premios de las carreras, las fechas y horas de vencimientos de los retiros y el lugar en que se recibirán, tanto las inscripciones como los retiros”. Por su parte, el Art. 169 del Código Hípico prescribe: “El directorio de cada hipódromo podrá modificar los programas de temporada, para lo cual deberá cumplir con el requisito de publicidad establecido en el inciso segundo del artículo anterior”.

Destacan que el calendario año 2013 de Hipódromos Nacionales incluye todas las carreras programadas para el C.H.A., las que por el correo electrónico de 15 de enero se suspendieron y luego se dio término a toda esa programación y que sólo el Directorio del C.H.A. y no el Presidente de dicho Directorio, actuando unilateralmente, puede modificar la programación ya publicada. Además para hacer esas modificaciones se debe cumplir con las medidas de publicidad prescritas en el Art. 168 inciso 2º del Código Hípico, esto es con treinta días de anticipación, medida que el recurrido tampoco respetó.

Enseguida, refieren la programación del Calendario Año 2013 de Hipódromos Nacionales para el C.H.A. hasta el mes de diciembre del año en curso y como el Art. 169 del texto legal ya analizado, sólo faculta al Directorio del C.H.A. para “modificar” el calendario de carreras de caballos programado y publicado, también constituye abuso la decisión de dar por terminada las actividades hípicas de este Club, ya que dicha facultad no está contemplada en el Reglamento, ni siquiera para el Directorio del Club, menos para el Presidente del mismo actuando unilateralmente.

El comunicado de 1º de febrero de 2013, manifiesta la verdadera intención de don nombre reservado, de poner término a las actividades hípicas aludiendo un supuesto déficit, para luego vender los terrenos del C.H.A., siendo la suspensión de carreras del 15 de enero una simple excusa que impide al C.H.A. cumplir con su objeto social.

Sostienen que conforme a lo expresado y considerando que en la especie los recurridos infringieron preceptos jurídicos de rango constitucional, además de infringir normas legales y reglamentarias que regulan la actividad hípica y en especial al Club Hípico de Antofagasta, esta medida arbitraria afecta aproximadamente a 400 familias que viven de sus actividades laborales y de pequeños emprendedores, como lo son los profesionales hípicos independientes, esto es, jinetes, preparadores y herradores.

Como cuarta privación de derechos expresan que las normas que regulan el ejercicio de sus profesiones y de la hípica, citadas precedentemente, establecen un conjunto de autoridades, Comisiones y detallan la forma y modo de ejercer la actividad y aplicar sanciones.

En el caso los recurridos, en especial don nombre reservado, al atribuirse facultades y competencias que no tiene y al aplicar sanciones, suspensión de actividad hípica y clausurar definitivamente el ejercicio hípico en el C.H.A. se constituyó en una verdadera Comisión Especial, con lo que infringió el Artículo 19 Nº 3º inc. 4º de la Constitución.

Manifiestan que la Ley Nº 4.566 y el Reglamento de Carreras de Caballos, del Decreto Nº 1588 de 1943 del M. de Hacienda, disponen en forma expresa que los órganos, como el Directorio de un Club Hípico o la Comisión de Patentes y Disciplina, son los únicos con facultades disciplinarias o modificatorias para la actividad hípica y en ningún caso al Presidente del Directorio de una Sociedad Anónima regida por la Ley Nº 18.046 como pretende el Sr. nombre reservado, por lo que esta vía es la idónea para restablecer el estado de derecho afectado por el proceder de los recurridos, que fue contraria a la Constitución y demás normas invocadas a fin de hacer prevalecer las normas constitucionales, legales y reglamentarias infringidas.

Solicitan que se ponga pronto atajo a las arbitrariedades y abusos cometidos por los recurridos, restableciendo el imperio del derecho, y disponiendo se otorgue tutela de los derechos conculcados a ejercer sus actividades como profesionales hípicos independientes, disponiendo que los recurridos den real y estricto cumplimiento al Calendario de Carreras de Caballos en el Club Hípico de Antofagasta, según programa establecido para el año 2013, única forma de permitir el ejercicio real de sus derechos afectados, dando así estricto cumplimiento al objeto para el cual se creó el Club Hípico de Antofagasta, hoy transformado en sociedad anónima, y cumpla con el destino dado por el Estado de Chile a los terrenos que a título gratuito les donó, con costas.

Acompaña a su recurso los siguientes documentos:

1.- Copia de escritura pública de 6 de febrero de 2013 ante Linda S. Bosch Jiménez, Notario Público de Santiago, por la que el Sindicato de Jinetes Profesionales de Chile y don nombre reservado otorgan Mandato Judicial al Abogado Jorge Molina Cárcamo.

2.- Impreso de correo electrónico de 15 de febrero de 2013, de don nombre reservado, desde su casilla electrónico comunicando la suspensión de la actividad hípica del 30 de enero de 2013.

3.- Copia de nota o comunicado de 1º de febrero de 2013, suscrita por don nombre reservado, Presidente del Directorio del Club Hípico de Antofagasta S.A., dirigido a la Comunidad Hípica Antofagastina y Nacional.

4.- Copia de escritura pública de 5 de junio de 1992 ante nombre reservado., Notario Público de Antofagasta, en la que se redujo Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas del Club Hípico de Antofagasta S.A. de 23 de Abril de 1992.

5.- Copia de Acta de Acuerdo de la Comisión de Patentes y Disciplina, suscrita ante María S., Lascar M., Notario Público de Antofagasta el 25 de enero de 2013.

6.- A fs. 241 y 274 Acta Notarial de fecha 13 de febrero extendida ante la Notario Público con igual fecha, en la que da cuenta que asistió a las dependencias del Club Hípico de Antofagasta a solicitar el Programa de Carreras de Caballos.

7.- A fs. 270 calendario de actividades hípicas año 2013 8.- Programa de Distancia para el mes de febrero de 2013.

9.- Acta Notarial de fecha 20 de febrero de 2013, extendida por la Notario Público Camila Jorquiera entre las 17:25 y 18:15 horas, en la que señala haberse constituido en las dependencias del Club Hípico de Antofagasta, constatando que las cajas pagadoras estaban cerradas, las cámaras, espejos de llegadas y cámara de Foto Finish y la Junta de Comisario no se encontraban en el lugar.

10.- Calendario de Actividades Hípicas año 2013 para el Hipódromo Chile, Club Hípico de Santiago, Valparaiso Sporting Club, Club Hípico de Concepción y Club Hípico de Antofagasta.

SEGUNDO: Que a fojas 92, la abogada Carolina Oyanedel Jana, comparece en representación de don nombre reservado, en su calidad de Presidente del Directorio y de la compañía “Club Hípico de Antofagasta S.A., evacuando el informe requerido en los siguientes términos.

Como antecedentes jurídicos del asunto controvertido concernientes a la Ley sobre Sociedades Anónimas, aduce que la recurrida principal, Club Hípico de Antofagasta S.A. (en adelante “C.H.A.”) es una sociedad anónima cerrada de aquellas regulada por la Ley Nº 18.046, cuya administración “la ejerce un directorio elegido por la junta de accionistas”. El Directorio es un cuerpo colegiado, en razón de lo cual las funciones de los directores “se ejercen colectivamente, en sala legalmente constituida” y a ese órgano entonces es que el art. 40 de la Ley precitada, el que reproduce, le confiere todas las facultades de administración, de manera amplia, con la sola restricción de aquellas materias que la misma Ley otorga a los accionistas reunidos en Juntas Ordinarias y Extraordinarias y que el Directorio podrá delegar parte de sus facultades en los ejecutivos principales, gerente, subgerente o abogados de la sociedad, en un director o en una comisión de directores y, para objetos especialmente determinados en otras personas.

Posteriormente analiza la actuación del recurrido al amparo de las normas de Ley sobre Sociedades Anónimas y de los acuerdos de la Junta Extraordinaria de Accionistas y del Directorio del C.H.A., indicando debe tenerse en consideración que es la Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 2 de mayo de 2012 cuya acta, debidamente reducida a escritura pública, en donde además de reelegirse por unanimidad de los accionistas al directorio que integra el recurrido, se acordó que “El Presidente -a la sazón el Sr. nombre reservado- recibirá una Dieta de $400.000 mensuales, en atención a las funciones ejecutivas que cumple”. Agrega que ese mismo día, por sesión constitutiva el Directorio de la sociedad Club Hípico de Antofagasta S.A. electo en la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada en esta misma fecha, se ratificó a don nombre reservado y, en correlato con las facultades ejecutivas, se le otorgaron a él, de manera individual y detallada, amplias facultades para administrar la sociedad, incluso más amplias que las que en la misma sesión se le confirieron al Gerente, delegación que guarda correlación perfecta con su rol ejecutivo anunciado a la Junta y además, con el inciso 2º del Art. 40 de la Ley sobre Sociedades Anónimas ya citado.

A mayor abundamiento, indica que en sesión de Directorio de 24 de diciembre de 2012, dicho órgano tomó las siguientes resoluciones concernientes a la actividad hípica: “Luego de un intercambio de opiniones el Directorio, por unanimidad, coincide con el diagnóstico del Presidente y lamentándolo asimismo, acuerda poner término a la actividad hípica de la sociedad, facultando al Presidente para, sin perjuicio de sus facultades ya otorgadas, determine la fecha de tal cese, efectúe las comunicaciones para el término del Convenio de Asociación entre el C.H.A. con el Valparaíso Sporting Club S.A. y, en general, para que ampliamente, adopte todas las medidas y tome las decisiones que estime convenientes para estos efectos; todo ello sin perjuicio que la Junta de Accionistas acuerde o ratifique lo obrado por el Presidente.”

De este modo, por unanimidad, es el Directorio el que acuerda poner fin a la operación; faculta al presidente sin perjuicio de las facultades ya concedidas conforme el acta de 2 de mayo de 2012, para que materialice tal decisión y finalmente, dado que se trata de un asunto trascendente para la vida social, cita a Junta Extraordinaria más adelante para “Informar a los accionistas sobre la continuación del giro hípico de la empresa y adoptar o ratificar todas las decisiones concernientes a su continuación o término.”

Por ende, refiere que de la sola lectura de los antecedentes referidos en este apartado, en todas sus actividades, el recurrido se ha ceñido estrictamente a las normas de Ley sobre Sociedades Anónimas y los acuerdos de la Junta Extraordinaria de Accionistas y del Directorio del C.H.A. en su rol de Presidente con facultades ejecutivas, sin que exista ilegalidad o arbitrariedad alguna.

En cuanto a la relación que existe entre Ley sobre Sociedades Anónimas y el Código de Carreras, señala que los recurrentes, como se aprecia de la sola lectura de su libelo, fundamentan sus pretendidos derechos, básicamente, en el denominado “Código de Carreras” que tiene el carácter de cuerpo normativo de índole reglamentaria, toda vez que está contenido en el Decreto Nº 1.588 de 1943, por una cuestión básica de jerarquía normativa, no pueden superponerse, modificar ni alterar las normas de índole legal que contiene un cuerpo de ésta especie como es la Ley Nº 18.046.

En ese contexto, señala que la administración de las sociedades anónimas, establece que el norte principal de los directores en tanto administradores de las sociedades anónimas es administrar la sociedad en beneficio de ella misma y sus accionistas, en cuyas funciones deben guardar el cuidado y diligencia que los hombres emplean ordinariamente en sus propios negocios y responderán solidariamente de los perjuicios causados a la sociedad y a los accionistas por sus actuaciones dolosas o culpables; y además, que dichos directores deben obrar conforme su leal saber y entender, con absoluta independencia e incluso con total prescindencia de los accionistas que les eligieron.

Expresa que en tal contexto, tanto porque se trata de una Ley -la de Sociedades Anónimas- que impone a los directores derechos pero a la vez deberes y responsabilidades con los accionistas, como porque aquella, por el solo hecho de ser ley, prima ampliamente sobre las normas del Código de Carreras que son de orden administrativo, los actos del recurrido se han realizado al amparo de las disposiciones de la Ley de Sociedades Anónimas y, aunque transgredieran las disposiciones del Código de Carreras -lo que niega-, se han realizado conforme el orden jurídico establecido no siendo ilegales ni arbitrarias.

En otro orden de ideas, alega la falta de tutela jurídica, por vía del Recurso de Protección, respecto de los supuestos derechos conculcados. En cuanto a la garantía del art. 19 Nº 21 de la Constitución Política, el amparo que los recurrentes buscan de conformidad a las normas de Código de Carrera que citan profusamente, no se funda entonces en “las normas legales que “regulen” la actividad y los derechos concretos supuestamente conculcados, sino que se amparan en normas de orden jurídico administrativo o reglamentario, para cuya tutela jurídica no es apto el recurso de protección. Se desprende también lo anterior del art. 20 de la Constitución, en cuanto la acción de protección se reserva para actos u omisiones que importen privación, perturbación o amenaza “en el legítimo ejercicio” de algunos derechos de los consignados en los numerales del art. 24 de la Constitución Política de la República; la conculcación de derechos susceptible de ser protegida por esta vía es el ejercicio Los Hipódromos establecidos por autorización del Presidente de la República, y que pertenezcan a sociedades fundadas con el primordial objeto de mejorar las razas caballares y que obtengan personalidad jurídica de conformidad con las leyes, podrán organizar y mantener el sistema de las apuestas mutuas con arreglo a los reglamentos que se expidan por el Presidente de la República.

Agrega que la Ley Nº 4.566 de 1929, cuyo artículo 1º expresamente dispone que “Los hipódromos… podrán organizar y mantener el sistemas de apuestas mutuas con arreglo a los reglamentos que se expidan por el Presidente de la República”, a partir de la voz “podrán” se desprende que es facultativo y no obligatorio para los hipódromos mantener el sistema de apuestas mutuas, sistema que es el que permite pagar premios a los apostadores y lucrar a los jinetes, preparadores y demás personas que desempeñan funciones ligadas a las carreras de caballos, luego, la misma Ley con que los recurrentes abonan sus pretensiones para sustentar los derechos de contenido económico que se suponen violados, precisamente razona en sentido contrario y da la razón a los recurridos, en orden que el C.H.A. no está obligado, sino que voluntaria y potestativamente “puede” desarrollar apuestas mutuas.

Añade que el Club Hípico de Antofagasta S.A. es una sociedad anónima cerrada regida por la Ley nº 18.046, que tiene decenas de accionistas -o propietarios de la compañía-, directorio, auditor externo, gerente y los demás órganos e instancias que la misma ley establece y que si se observa con cuidado, se verá que en definitiva lo que los recurrentes quieren es decidir, por encima de los órganos societarios, la prosecución del giro hípico de la compañía, lo que resulta inadmisible al amparo de nuestra Constitución, pues viola el derecho de propiedad de los accionistas que, a través de sus directores electos y de su acción misma en la Junta llamada para el día 16 de febrero, tienen el derecho a decidir la prosecución o no del giro hípico de la compañía, derecho que es manifestación del de propiedad reconocido en el art. 19 Nº 24 de la Constitución.

Refiere que se vulnera el mismo derecho, además, cuando se pretende que el patrimonio de la sociedad y por ende el de los accionistas, se siga afectando con las pérdidas que produce el giro hípico, pretendiendo que sean éstos los que sigan soportando ese gravamen económico a favor de los propietarios, jinetes, preparadores y otros profesionales hípicos.

Desde esta perspectiva habría un gravamen o carga impuesta arbitrariamente a estos accionistas, ya que ningún otro accionista o socio de compañía alguna del país lo soporta, transgrediéndose el art. 19 Nº 20 de la Constitución, al establecer por vía distinta de ley un gravamen discriminatorio.

Además señala que se viola la garantía que paradojalmente el recurso busca tutelar, cual es la del art. 19 Nº 21 de la Constitución porque, como se ha demostrado, sobre todo con la convocatoria a Junta Extraordinaria de Accionistas para el día 16 de febrero y las demás actuaciones del Directorio y del Presidente del C.H.A., estos órganos están desarrollando sus funciones acorde la ley y en especial con la Nº 18.046, esto es legítimamente, actividades que tienen un trasfondo de iniciativa económica, cual es, concretamente, decidir si continúan o no con el giro efectivo de la sociedad, para continuar o evitar las pérdidas que el mismo conlleva; y adicionalmente, resolver el destino de los inmuebles que son de su propiedad, propiedad que está amparada por el citado art. 19 Nº 24 de la carta fundamental.

Ligado a lo anterior este proceder también vulnera el art. 19 Nº 26 de la Constitución toda vez que a pretexto de amparar los derechos de los recurridos en las normas reglamentarias de índole hípico, se estaría violando la esencia de los derechos de propiedad, igual repartición de las cargas y libre iniciativa económica que la propia Constitución y las leyes garantizan.

Sostiene que los derechos que los recurrentes pretenden tutelar son meras expectativas, para lo que la acción de protección no es apta. Al efecto señala que el Código Civil en su Art. 2258 consigna entre los principales contratos aleatorios al “juego” y en el art. Art. 2263, refiriéndose expresamente al artículo 2260 que trata de éste, previene que “producirán acción los juegos de fuerza o destreza corporal, como el de armas, carreras… a caballo,…” entre otros. De lo anterior, resulta claro que el desmedro patrimonial o de lucro que en definitiva buscan cautelar los recurrentes proviene de una actividad que, por definición legal, es aleatoria, sujeta por tanto a la contingencia de ganancia o pérdida. De esta forma, aun cuando se acoja el recurso, tal fallo no puede por la naturaleza azarosa de la actividad hípica, garantizar que los recurrentes podrán obtener efectivamente lucro, premio o estipendio económico cualquiera de la actividad del turf. Señala que los recurrentes, en rigor, tienen una “mera expectativa” de poder participar en competencias hípicas, lo que además supone que todas las circunstancias concretas y fácticas que rodean la actividad les sean favorables -por ej., que los animales no sean retirados a última hora por alguna dolencia, como usualmente ocurre-, que en tal competencia ocupen uno de los tres primeros lugares y que, además, el C.H.A. administre un sistema de apuestas mutuas, que es el único que les podría permitir obtener un rédito económico.

Así, los recurrentes no buscan que se les tutele un derecho sino una “mera expectativa”, que los Tribunales Superiores de Justicia han rechazado consistentemente.

Como un segundo punto, señala que la existencia de un derecho supone la existencia de una fuente del mismo, como la Ley, el contrato, un cuasicontrato, entre otros. De lo dicho, le resulta claro que los supuestos derechos conculcados no nacen de la Ley sino de normas de índole administrativa, por lo que no hay fuente de los mismos susceptibles de proteger por vía del recurso. Pero tampoco lo hay de otra índole, según se demuestra de la lectura del artículo 107 del Código de Carreras, del que se desprende que los Cuidadores de caballos fina sangre de carrera son trabajadores dependientes de los preparadores, de modo que los recurrentes y demás personas allí mencionadas no son trabajadores del C.H.A. ni tienen vinculación convencional con éste.

El artículo 128 del mismo cuerpo legal establece que para actuar como Jinete Profesional, éstos deben contar con una Patente otorgada por la “Comisión de Patentes y Disciplina” y el art. 140 del mismo texto, expresa como obligación, entre otras, firmar y cumplir los compromisos de monta que los preparadores deben entregar en los hipódromos, de acuerdo con lo establecido en el reglamento, de lo que resulta claro que a partir de la norma citada los Jinetes tienen relación contractual con el Preparador que le encomienda correr un determinado Fina Sangre, pero no con el hipódromo; y los mismo ocurre entre el Propietario del Fina Sangre cuyo cuidado y entrenamiento encomienda a un Preparador; y desde luego con los capataces y demás trabajadores de éstos, cuyas relaciones en definitiva se rigen por el Código del Trabajo.

Añade que el artículo 29 del Código dispone que sólo los hipódromos estarán autorizados para organizar y mantener los sistemas de apuestas mutuas que estimen convenientes, los que deberán estar debidamente reglamentados por ellos a lo menos 30 días de anticipación a su ofrecimiento al público, de lo que se desprende que los hipódromos administran este sistema de apuestas y se relaciona directamente con los apostadores y con ellos tienen obligación legal de pagar los premios por las apuestas acertadas y, con el remanente, repartir los demás fondos entre los participantes de la jornada según mandata la Ley. De modo que no hay una relación convencional, y por tanto un derecho estable entre los recurrentes y el C.H.A. que pueda cautelarse por la acción de protección.

Resulta claro que quien ejerce independientemente una profesión de manera independiente es autónomo en el desarrollo de la misma y no depende de otro -en este caso del C.H.A.- y por lo mismo, su actividad es auto determinada por la persona en cuestión, en cuanto es ella la que decide trabajar o no, hacerlo para una u otra persona y así sucesivamente; pero a la vez, y desde que está en un mercado competitivo, depende que alguien que requiera sus servicios la contrate para trabajar, por una suma fija o completamente eventual -como el premio de una carrera-, y así sucesivamente. Por la naturaleza de su profesión independiente, que es variable, contingente, autónoma y aleatoria, los recurridos ningún derecho pueden reclamar del C.H.A. al no existir un derecho efectivo a cautelar sino, también desde esta perspectiva, una mera expectativa.

Luego alega que los recurrentes que se dicen profesionales hípicos habilitados para actuar ante el C.H.A. carecen de patentes legítimamente otorgadas, siendo el documento fundante de las misma mendaz tanto en la forma como en el fondo, y para fundar su aseveración. En primer término se refiere a las normas que regulan el otorgamiento de Patentes Hípicas, señalando al respecto que las personas que se desempeñan en los hipódromos deben contar con una “Patente”, sin la cual no pueden ejercer ningún tipo de actividad en ellos, como se desprende claramente del artículo 107 y siguientes del Código de Carreras de Chile. Por su parte, refiere que el artículo 113 es claro en este sentido al referirse a los nombre reservado y que el otorgamiento de estas patentes es resorte de un “órgano” hípico denominado “Comisión de Patentes y Disciplina”, cuya integración -en el caso del Club Hípico de Antofagasta S.A. está regulada en la parte final del art 108 del citado Código, tratándose de un órgano tripartito, entre cuyos integrantes se cuenta un representante del mismo hipódromo.

En segundo lugar, en cuanto a los requisitos establecidos por la Comisión para otorgar patentes para el año 2013 y caducidad de las otorgadas para el año 2012, señala que conforme consta en el acta que se adjunta, de fecha 21 de diciembre de 2012, firmada por los tres miembros de la Comisión y además por el Gerente del C.H.A. que actuó como secretario y Ministro de fe, por unanimidad se acordó: (1) “prorrogar las patentes que actualmente están vigentes de nombre reservado y Jinetes hasta el día 24 de enero de 2013”, de lo que colige que desde la medianoche de esa fecha, todas las patentes de los profesionales hípicos caducaron de pleno derecho por el vencimiento del plazo de prórroga; y (2) que “Los nombre reservado deberán presentar su carpeta con sus antecedentes y los antecedentes de sus empleados, incluyendo los respectivos contratos de trabajo, acompañado de sus fotografías, tamaño carné y quienes no tengan trabajadores deberán traer una declaración jurada notarial que indique el hecho. Además los preparadores deberán presentar también el correspondiente contrato notarial de Comodato celebrado con el dueño de los corrales, donde se alojarán los caballos de carreras, además del reglamento de uso de corrales” debidamente firmado. En consecuencia, además de los requisitos establecidos en el Código de Carrera, por unanimidad, la Comisión estableció para otorgar patentes respecto del C.H.A. que era asimismo requisito para el caso de los nombre reservado, la suscripción del Contrato de Comodato tipo que el C.H.A. puso a su disposición y, en cumplimiento del Código del Trabajo y demás normas de seguridad social, presentar los contratos de sus respectivos trabajadores o una declaración jurada de que carecían de ellos.

En tercer lugar señala el desarrollo de los hechos que llevaron a que no se levantara el acta por parte de la Comisión añadiendo que según consta del acta en comento, la Comisión acordó sesionar el día 25 de enero de 2013 en domicilio reservado, de esta ciudad, a las 19 hrs. El día y a la hora señalada, concurrieron a las cita los Sres. nombre reservado por la Agrupación de Propietarios y nombre reservado por los demás Gremios Hípicos, y el Gerente del C.H.A. Sr. nombre reservado en representación y en ausencia de su Presidente Sr. nombre reservado.

Señala que este último se contactó telefónicamente, en el curso de la reunión y en dos ocasiones con el Sr. nombre reservado. En el primer contacto, éste le informó que los demás Comisionados desconocían el acta anterior porque ésta debía aprobarse en la reunión del día 25, a lo que se les respondió por el Sr. nombre reservado que ello no era menester al haber sido la misma acta leída y firmada por todos los presentes en la sesión del día 21 de diciembre de 2012 y validada por el Secretario y Ministro de Fe, informando el Gerente al Presidente que los restantes comisionados llegaron sin las carpetas que debían contener los antecedentes que tenían que ser revisados para verificar si los interesados cumplían o no los requisitos mandatados por el Código de Carreras y la Comisión y que autorizaban el otorgamiento de las patentes.

Por el contrario, los Comisionados -y también recurrentes- llegaron con una declaración o acuerdo firmada por los Sres. nombre reservado ante Notario, en que se negaban a firmar el contrato de comodato. El Presidente instó al Gerente a seguir conversando con los Comisionados, indicándole que si se mantenían en tal actitud, lo propio era que ellos votaran y si hacían mayoría, el Gerente votaría en contra y además debía dejar constancia de que se otorgaba la patente sin cumplir los requisitos de fondo y que por tanto el C.H.A. se reservaba todos sus derechos para desconocerlas, cosa en la que el Consejo Superior de la Hípica le había dado la razón recientemente, toda vez que, en acto anterior, la Comisión otorgó patente de jinetes a dos menores de 16, edad insuficiente para obtenerla.

Refiere que por lo anterior, el Sr. nombre reservado preparó dos borradores de actas, una en que se aprobaban las patentes por unanimidad y otra por el que se rechazaban con la prevención y reserva de derechos ya indicada. Hace presente además que, conforme consta en copia del e-mail remitido por el Sr. nombre reservado -también recurrente-, ya el C.H.A. estaba en antecedentes que los Sres. nombre reservado no suscribirían dicho contrato y por la misma razón, existía el fundado temor que por la acción de los demás Comisionados no se otorgarían las patentes, siendo informado en un segundo contacto telefónico que los Sres. nombre reservado y nombre reservado se retiraron de la sesión sin suscribir acta alguna.

Posteriormente en conversación que sostuvo el Sr. nombre reservado con el Presidente del Consejo Superior de la Hípica, don nombre reservado, al que asistieron el Gerente y el Director del Valparaíso Sporting Club S.A., don nombre reservado, se exhibió un acta de la Comisión, manifestándole que no era legítima, ya que carecía de la firma del Sr. nombre reservado en su triple calidad de Comisionado del C.H.A., Secretario de la Comisión y Ministro de Fe, lo que se comprobó.

Refiere que este documento es fundamental para los efectos del recurso, toda vez que el mismo se usa para contradecir las razones que llevaron a suspender y terminar con las operaciones del C.H.A. y para fundar los supuestos derechos de índole económica cuya tutela reclaman los recurrentes, todo ello en perjuicio económico del C.H.A. al obligarlo a reiniciar operaciones por la vía de la orden de no innovar dispuesta por esta Corte de Apelaciones y en el evento que en definitiva se acceda al recurso, si ese fuere el caso.

Asegura que los recurrentes acompañaron en abono de sus pretensiones un documento falso, tanto en cuanto no fue otorgado por la Comisión como porque concede patentes a quienes carecían de los requisitos dispuestos por el Código de Carreras y de la misma Comisión al efecto.

Lo primero le resulta evidente, dado que en el lugar y hora citada para el funcionamiento de la Comisión, como podrá ratificar el Sr. nombre reservado, no se extendió acta alguna, de lo cual se colige que la misma fue confeccionada con anterioridad o con posterioridad, a lo menos, por sus suscritores Sres. nombre reservado y sin descartar que otras personas hayan incitado o colaborado con ello, no se indica la hora y lugar en que se efectuó la reunión y, por sobre todo y a pesar que afirma que el Sr. nombre reservado votó en contra, no contiene su firma ni los fundamentos de la negativa que habría expresado en esta supuesta sesión, más aún si dicho señor era el Secretario de la Comisión y su Ministro de Fe. De hecho, no da ninguna noticia o relación de lo tratado en la supuesta reunión, lo que es normal en el acta de cualquier ente colegiado y como, por breve que sea, consta en el acta del 21 de diciembre de 2012.

En seguida, aduce que el documento es falso desde ya con la declaración o acuerdo suscrito ante Notario por la que los Sres. nombre reservado indican que no firmarán contrato de comodato alguno, con lo cual no sólo carecen del requisito obligatorio que por unanimidad estableció la Comisión -de firmar el contrato de comodato tipo- sino que tampoco cumplen con la obligación de demostrar un lugar que cobije a los Fina Sangre que entrenan. Por ende, nunca pudieron los supuestos nombre reservado ser acreedores de las patentes que, conforme al acta dicen tener.

Destaca también que conforme al art. 121 del Código de Carreras, ningún preparador puede ocupar capataces o cuidadores no inscritos en el Registro respectivo de la Comisión, mientras que en la supuesta acta sólo dos personas aparecen en calidad de cuidadores respecto de 19 nombre reservado y una domicilio reservado ejemplares, lo que resulta físicamente imposible.

Asimismo, conforme el catastro que el C.H.A. maneja, hace presente que los dependientes de estos señores son muchos más, como consta en la planilla que acompaña, personas todas ellas o en su gran mayoría carecen de contrato de trabajo que estableció como requisito la Comisión en su reunión del 21 de diciembre de 2012 por unanimidad. Tampoco se clasifican los preparadores en dos series, como manda el Art. 116, ni se acredita el pago del Art. 117, y nada se dice sobre las excepciones que autorizan otorgar patente a nombre reservado que tienen menos de 10 ejemplares, y así sucesivamente.

Agrega que al haber caducado las patentes el 24 de enero de 2013 y no haberse otorgado otras legítimamente, cumpliendo con los requisitos de forma y fondo, los recurrentes que se dicen profesionales habilitados ante el C.H.A. no son tales y ningún derecho pueden pretender que se les tutele respecto de éste por vía de la acción de protección.

Luego se refiere a la obligatoriedad respecto de la Programación de Carreras. Al respecto señala que los recurrentes han pretendido hacer creer que el Calendario de Carreras del año 2013 es mandatario, vinculante y obligatorio para el C.H.A., cosa que no es efectivo, por cuanto se trata de una programación que coordina y reparte los días de carreras entre todos los hipódromos del país, de modo que para los recurrentes, ningún derecho nace del mismo pues los únicos que pueden nacer son para los hipódromos, en orden a que se respeten los días preseleccionados. Tanto es así que cuando se realizan cambios de días, usualmente hay trueques entre los hipódromos y aún compensaciones económicas. Tal cosa ocurre, además, al amparo de una regulación contractual privada de la Red Teletrak, cuyos socios son el Hipódromo Chile S.A., el Club Hípico de Santiago S.A. y el Valparaíso Sporting Club S.A. El C.H.A. no es socio de esta entidad, sino que desde el año 1999 y mediando varios Adénddum, mantuvo una relación contractual con este último que le permitía acceder a transmitir por la Red Televisiva Teletrak, realizar en conjunto con esta entidad el sistema de Apuestas Mutuas. De hecho, los sistemas computacionales para la realización de apuestas mutuas son propiedad de esta red, de modo que desde el día en que se puso fin a la relación contractual, el C.H.A. carece de acceso a la Red, a la televisación de sus jornadas y sobretodo, carece del software y hardware necesario para implementar el sistema de apuestas mutuas. Además hace presente que estas entidades no son partes del recurso y por lo mismo, no pueden ser obligadas por su intermedio -en el evento de prosperar éste- a seguir manteniendo sus derechos y obligaciones con el C.H.A., emanadas de convenciones que ya concluyeron.

El único documento vinculante para el C.H.A. en cuanto importa un compromiso de cumplir efectivamente programas de carreras es el denominado documento “PROGRAMA DE DISTANCIAS PARA EL MES DE…”, es el que con certeza le indica a los gremios las carreras que habrá mensualmente, como lo indica el Código de Carreras en sus arts. 44 letra b y 168.

En este caso, las únicas jornadas hípicas informadas -y por lo mismo comprometidas- a través de este documento son aquellas comprendidas hasta el 30 de enero de 2013, sin que a posteriori se haya emitido ningún documento de esta clase.

En concreto, aduce que mediante el documento precedentemente citado, el C.H.A. informó y comprometió con los gremios carreras sólo por el mes de enero de 2013. La reunión del 30 de enero no se realizó porque no había profesionales con patentes, además que con bastante anticipación se sabía que los preparadores no cumplirían con la presentación de los antecedentes que se solicitaron con la debida anticipación. La carrera del día 30 se suspendió porque existía el fundado temor -a partir del email del recurrente Sr. nombre reservado y del Acuerdo de los nombre reservado de no dar cumplimiento a la suscripción del contrato de comodato- que las patentes no se otorgarían por la Comisión, como de hecho ocurrió; o que si lo eran por mayoría de votos, en caso que la Comisión hubiese sesionado legítimamente, éstas serían impugnadas por el C.H.A. al no cumplirse los requisitos de fondo Solicita se rechace el recurso deducido en contra del Presidente del “Club Hípico de Antofagasta S.A.” don nombre reservado, y de los restantes recurridos, con costas.

Acompaña a su informe de fojas 35 a 65 los siguientes documentos:

1. Copia de Escritura Pública de la Notaría nombre reservado de Antofagasta de 11 de mayo de 2012, que contiene acta de la Junta de Directorio constitutivo del C.H.A. de 2 de mayo de 2012.

2. Copia de Acta de Comisión de patentes y disciplina del C.H.A., celebrada el 21 de diciembre de 2012.

3. Copia de Acta de Directorio celebrada con fecha 24 de diciembre de 2012.

4. Copia de la Declaración o Acuerdo firmado por los Sres. nombre reservado por el que se niegan a firmar el contrato de comodato requerido por la Comisión en Acta del 24 de diciembre de 2012.

5. Copia de mail de 13 de enero de 2013 del recurrente Sr. nombre reservado, quien expresa el acuerdo adoptado para no firmar el citado contrato 6. Copia de Programa de Distancias para el Mes de Enero y Anexos.

7. Copia de email de 30 de enero de 2013 de don nombre reservado, director del Valparaíso Sporting Club, quien resume la reunión sostenida entre él y el recurrido para implementar la terminación del contrato que le unía con el C.H.A. y por cuyo intermedio participaba en la Red Teletrak.

8. Copia de carta de la Secretaria del C.H.A. de 11 del presente, dando cuenta de la imposición de recibir inscripciones por parte de uno de los recurrentes, acompañado de un Carabinero.

TERCERO: Que a fojas 197, informa don nombre reservado, contador, actuando por sí y en representación de la sociedad “Club Hípico de Antofagasta S.A.”, sociedad comercial, ambos domiciliados en domicilio reservado, negando las declaraciones de los recurrentes por las que se les pretende atribuir a él y a su representada actuaciones arbitrarias e ilegales y, en consecuencia, solicita el rechazo a la acción cautelar de autos.

En primer lugar hace precisiones previas acerca del régimen legal aplicable a la actividad hípica y su relación con la garantía constitucional de desarrollar cualquier actividad económica. Al respecto señala que los derechos y obligaciones que los recurrentes pretenden vulnerados serían:

a) El derecho de los preparadores, jinetes, herradores y ayudantes de herradores a ser reconocidos como “profesionales hípicos independientes”, que dedican sus actividades a la atención, conducción y herraje de caballos fina sangre de carrera;

b) El derecho que tendrían esos preparadores, jinetes y herradores a realizar las carreras de caballos de la manera programada y publicada por el Directorio del Hipódromo o Club Hípico, sólo pudiendo ser éstas modificadas por decisión del Directorio del Hipódromo, adoptada y publicada con 30 días de anticipación;

c) El derecho que tendrían esos preparadores, jinetes y herradores a que las carreras de caballo programadas no sean “suspendidas” por el Hipódromo o Club Hípico, pues –según aquellos- la suspensión sólo sería una sanción “aplicable a personas o caballos por infracción a los reglamentos y/o instrucciones”, y no “a las carreras ni a los programas”;

d) El derecho que tendrían esos preparadores, jinetes y herradores a obtener las patentes que le son exigibles legalmente, por parte de dos de los tres miembros de la Comisión de Patentes y Disciplina del Club Hípico, sin mayor obligaciones que cumplir para ello;

· Obligaciones:

a) Obligación del Club Hípico de “no dar por terminado” el calendario de carreras programado y publicado, pues la ley sólo faculta al Directorio del Club para “modificar” ese calendario;

b) Obligación específica del “Club Hípico de Antofagasta” de dar estricto cumplimiento al objeto para el cual se creó el Club, hoy transformado en sociedad anónima, “cumpliendo con el destino dado por el Estado de Chile a los terrenos que a título gratuito les donó”.

En segundo lugar señala que los recurrentes han realizado una distribución no precisamente equitativa de los “derechos y obligaciones” que supuestamente emanan de la normativa que rige la actividad hípica en nuestro país, pues curiosamente han atribuido únicamente “derechos” a los preparadores, jinetes y herradores y le han asignado sólo “obligaciones” al Club Hípico de Antofagasta, en su calidad de tal, siendo la más importante la de realizar perpetuamente carreras de caballos, sin posibilidad de poner término a esa actividad y sin importar el costo económico que ello tenga. Señala que tal pretensión es tendenciosa, sesgada y jurídicamente incorrecta, pues está muy lejos de la intención del Constituyente y del Legislador establecer una actividad económica que sea impuesta a un particular en carácter de carga obligatoria, vitalicia e ineludible, en beneficio exclusivo de otros particulares, aun cuando no sea económicamente rentable para el primero.

Precisa que los hipódromos son lugares destinados a las carreras de caballos que desarrollan una actividad económica lícita, expresamente autorizada por la ley, la que está reconocida en el artículo 63 Nº 19 de la Constitución Política de 1980, que establece que son materia de ley "las que regulen el funcionamiento de loterías, hipódromos y apuestas en general".

El primer cuerpo legal que reservó a los hipódromos autorizados oficialmente la posibilidad de establecer un sistema de apuestas mutuas sobre la base de las carreras de caballos fue la Ley Nº 1.528, de 1902, que posteriormente fue reemplazada por la Ley N° 4.566, del año 1929, denominada “Ley General de Hipódromos”.

Por su parte señala que el artículo 1° de la Ley N° 4.566, “Ley General de Hipódromos”, establece que los hipódromos pertenecerán a “sociedades fundadas con el primordial objeto de mejorar las razas caballares y que obtengan personalidad jurídica de conformidad con las leyes”, a las cuales se les faculta para organizar y mantener el sistema de las apuestas mutuas con arreglo a los reglamentos que se expidan por el Presidente de la República.

Pese a su antigüedad, dicha norma está en perfecta armonía con las normas constitucionales vigentes que regulan el denominado “Orden Público Económico”, definido por la doctrina especializada como “el adecuado modo de relación de todos los diversos elementos de naturaleza económica presentes en la sociedad, que permita a todos los agentes económicos, en la mayor medida posible y en un marco subsidiario, el disfrute de sus garantías constitucionales de naturaleza económica de forma tal de contribuir al bien común y a la plena realización de la persona humana”.

Refiere que resulta pertinente vincular tal norma legal con el denominado “Principio de la Libertad Económica y de Autonomías Sociales”, que encabeza el Orden Público Económico, respecto del cual el Excmo. Tribunal Constitucional ha señalado que ”Dicha autonomía para cumplir con sus propios fines específicos implica la necesaria e indispensable libertad de esos grupos asociativos para fijar los objetivos que se desean alcanzar, para organizarse del modo que estimen más conveniente sus miembros, para decidir sus propios actos y la forma de administrar la entidad, todo ello sin intromisión de personas o autoridades ajenas a la asociación o grupo, y sin más limitaciones que las que impongan la Constitución; es decir, las que derivan de la moral, el orden público y la seguridad del Estado (artículos 19, N° 15, y 23), no interviniendo la autoridad pública sino en la medida que infrinjan el ordenamiento o su propio estatuto a ley social” (sentencia rol N° 226, de 30 de octubre de 1995).

Continúa señalando que el “Principio de la Libertad Económica y de Autonomías Sociales” se encuentra plasmado, entre otras normas, en el artículo 19 N° 21 de la Constitución, que asegura a todas las personas “el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen”. Según señala Fermandois, “de las actas de Comisión de Estudio de la Nueva Constitución se deprende con claridad que el concepto “actividad económica” fue entendido como el género de la especie actividad empresarial (/) …la idea de lucro o utilidad tiende a resolver el problema de cuando se está o no frente a una actividad económica. Si no hay presencia de lucro –ha dicho la jurisprudencia- la actividad no será económica”.

Conforme a lo anteriormente señalado, refiere que resulta necesario corregir en primer lugar, al sesgado análisis de la “regulación de la actividad hípica” efectuado por los recurrentes es que las supuestas “obligaciones legales” que le atribuyen únicamente al Club Hípico de Antofagasta no son tales, y en particular, no es efectivo que exista norma legal o constitucional alguna que obligue al Club Hípico de Antofagasta a desarrollar obligatoriamente la actividad económica de explotación del hipódromo, existiendo, por el contrario, normas constitucionales y legales que lo habilitan para desarrollar la actividad económica lícita que estime más conveniente, con arreglo a criterios económicos o de lucro, en cuanto se trata de una sociedad anónima comercial; y que resultaría discriminatorio y, por lo mismo, ilegal e inconstitucional, obligar al C.H.A. a desarrollar una actividad que sólo le ha producido pérdidas reales y efectivas durante toda la vigencia de la sociedad, en beneficio de terceros ajenos e independientes. Tales normas son, a mayor precisión, las siguientes: Artículo 19 N° 21, inciso 1°, 22 y 63 N° 19 de la Constitución Política de la República”; Artículo 1° de la Ley N° 4.566, del año 1929, Artículo 2053, inciso 1° y 2055 del Código Civil y Artículo 9 de la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas.

Continúa señalando que estrechamente relacionado con lo anterior, debe contradecirse también la sibilina y mendaz declaración deslizada por los recurrentes en su recurso, en cuanto a que el Club Hípico de Antofagasta estaría obligado a dar cumplimiento al programa de carreras pues sólo así estaría “dando estricto cumplimiento al objeto para el cual se creó el Club Hípico de Antofagasta, hoy transformado en sociedad anónima, y cumpla con el destino dado por el Estado de Chile a los terrenos que a título gratuito les donó”. Tal declaración es falsa, pues los terrenos en donde actualmente funciona el Hipódromo del Club Hípico de Antofagasta fueron entregados por el Fisco de Chile al C.H.A. en el año 1958, en virtud de lo dispuesto expresamente por la Ley N° 13.080, de 05 de noviembre de 1958, que ordenó la expropiación de los terrenos e Hipódromo que el Club Hípico tenía y explotaba en aquella época al costado del Estadio Regional y, en compensación, le fue entregado a esa misma institución 59 hectáreas de terrenos a título gratuito, que finalmente quedaron reducidas a 33 hectáreas. En el artículo 2° inciso 2° de esa ley se señala que “El Club Hípico de Antofagasta destinará estos terrenos a la construcción del nuevo Hipódromo, con los edificios e instalaciones anexos, construcción que deberá hacerse en el plazo de tres años, contados desde que se otorgue el título gratuito de dominio a que se refiere el inciso anterior y se efectúe el pago efectivo del valor de la expropiación a que se refiere el artículo 1°”; norma de la que concluye que la única condición que se impuso al Club Hípico de Antofagasta respecto de los terrenos que le fueron entregados en compensación por la expropiación del recinto habilitado que explotaba en aquella época fue la de “construir el nuevo hipódromo, con los edificios e instalaciones anexas”, dentro del plazo de 3 años contados desde que le fue pagada la indemnización por expropiación de los antiguos terrenos, lo que se cumplió en tiempo y forma.

Seguidamente, precisa lo relativo al supuesto “derecho” de los recurrentes a exigir el cumplimiento del programa de carreras determinado por el directorio y a la supuesta prohibición que tendría éste de “suspender” esas carreras. Señala que tal pretensión es igualmente una falacia, puesto que no existe norma legal ni reglamentaria alguna que otorgue a los preparadores, jinetes y herradores el “derecho” a que las carreras de caballo que hubieren sido programadas no puedan ser “suspendidas” por el Club Hípico respectivo, siendo ilógica la declaración estampada en el recurso acerca de que la suspensión sólo sería una sanción “aplicable a personas o caballos por infracción a los reglamentos y/o instrucciones”, y no “a las carreras ni a los programas”.

Precisa que si bien el artículo 168 del Código Hípico establece que los directorios de los hipódromos confeccionarán y publicarán los programas de carreras para cada temporada que “deberán ser publicados a lo menos con 30 días de anticipación a la fecha fijada para la primera reunión”, el artículo inmediatamente siguiente (169) establece que “El directorio de cada hipódromo podrá modificar los programas de temporada, para lo cual deberá cumplir con el requisito de publicidad establecido en el inciso segundo del artículo anterior”, lo cual significa que el directorio del Club puede “limitar, determinar o restringir” las carreras que hubieran sido programadas por él mismo, lo cual implicará, lógicamente, la suspensión de algunas carreras “de caballos” y la programación de otras, siendo irrisoria la pretensión de que sólo los jinetes y los caballos pueden ser suspendidos, pero “las carreras y programa no”.

Agrega que la condición de “facultativa” y no de “obligatoria” que tiene el programa de carreras de caballo para los Hipódromos se demuestra al analizar las normas legales que hubo de dictarse para resolver el problema surgido en aquellas ciudades en donde existe más de un hipódromo, como lo es el Decreto Ley Nº 2.437, de 29 de diciembre de 1979, cuyo artículo 8º permitió desarrollar reuniones (carreras) los días sábados y domingos de cada semana, los días festivos y vísperas de festivos, alternándose para ello “en la forma que hayan convenido” los respectivos hipódromos. Posteriormente fue publicada, el 12 de enero de 1985, la Ley Nº 18.393, que sustituyó el referido artículo 8° por el siguiente: "Cada uno de los hipódromos autorizados podrán realizar hasta 86 reuniones en el año, en las fechas que ellos determinen. En las ciudades donde hubiere dos o más hipódromos éstos no podrán celebrar reuniones en un mismo día, debiendo hacerlo en la forma que tengan convenida a la fecha de publicación de la presente ley o que convengan en el futuro". Con ello el legislador dejó completamente claro que los programas de carrera son de iniciativa, generación y ejecución privativa de los respectivos hipódromos, estableciendo sólo un límite máximo de carreras, pero no un mínimo.

Finalmente, señala que es igualmente errónea la declaración de los recurrentes en cuanto a tener ellos el “derecho” a ejercer sus respectivas “profesiones hípicas independientes” por el sólo hecho de haber solicitado la renovación de sus patentes de preparadores y jinetes exigidos por el Código Hípico. En relación a este punto señala que el artículo 109 del Código Hípico dispone que los hipódromos que no sean el Club Hípico de Santiago, Sociedad Hipódromo Chile o el Valparaíso Sporting Club –es decir, todos los restantes hipódromos de regiones, incluyendo al Club Hípico de Antofagasta- “deberán tener una Comisión de Patentes y Disciplina, la que estará integrada por un representante del hipódromo respectivo, por un representante de la Asociación de Propietarios de Caballos Fina Sangre de Carrera local y por un representante de los gremios hípicos de dicho hipódromo”; estableciendo el artículo 109 del mismo cuerpo reglamentario que, entre las atribuciones de dicha Comisión de Patentes y Disciplina se encuentran las de “b) Pronunciarse sobre la renovación anual de estas patentes; Los profesionales hípicos independientes y los cuidadores deberán renovar su patente ante la Comisión que ejerza facultades disciplinarias sobre el hipódromo en que éstos hayan ejercido su profesión durante los cuatro últimos meses” y “c) Suspender, retirar o cancelar las patentes cuando hayan dejado de cumplirse algunos de los requisitos exigidos para la renovación de ellas o cuando causas sobrevinientes aconsejen tal medida”. De la lectura de dichas normas se aprecia, que la renovación de una patente de preparador, jinete o cuidador no es un mero trámite que se logre sólo con solicitarlo, sino que debe ser consecuencia del cumplimiento de requisitos específicos exigidos por la Comisión de Patentes y Disciplina respectiva, requisitos que los recurrentes no cumplieron.

En segundo lugar, señala que los recurrentes no tienen legitimación procesal activa, por no haber acreditado la titularidad de derecho alguno afectado por el actuar de los recurridos:

Al respecto señala que no resulta fácil desentrañar la identidad de los recurrentes de autos, ya que por una parte los recurrentes señalan en su recurso que “los recurridos nos privaron de nuestros derechos tutelados en el artículo 19 N° 21 de la Constitución Política, al perturbarnos y privarnos del legítimo ejercicio de nuestras profesiones hípicas ejercidas independientemente, como lo expresa el conjunto de normas que regulan nuestras actividades”, lo que permite colegir que los recurrentes han ejercitado la acción cautelar de autos en su condición de “profesionales hípicos independientes”, esto es, personas naturales que ejercen una profesión u oficio relacionada con la hípica (preparadores, jinetes, herradores y ayudantes de herradores) y no lo hacen en representación de persona jurídica alguna, pues pese a que alguno de los recurrentes señalan los cargos que ostentan en determinadas organizaciones gremiales o morales, ninguno de ellos señala que comparecen “como mandatarios y en representación” de las mismas, ni tampoco individualizan debidamente a dichas organizaciones. Sin embargo, en la suma del escrito que contiene el recurso se señala que es también recurrente el “Sindicato de Jinetes Profesionales de Chile, RUT N° RUT reservado”, indicándose asimismo en el Segundo Otrosí que se acompaña copia de la escritura pública “por la que el Sindicato de Jinetes Profesionales de Chile y don nombre reservado (sic)otorgan Mandato Judicial al abogado Jorge Molina Cárcamo”.

Si se estimara que uno de los recurrentes de autos es también el “Sindicato de Jinetes Profesionales de Chile”, se deberá desestimar la acción de protección interpuesto a favor de dicha entidad gremial, pues como ha señalado reiteradamente esta Corte de Apelaciones, la acción de protección no es una acción popular, siendo requisito sine qua non para la procedencia de la misma, cuando se ha invocado la conculcación de una garantía “personal” como lo es el caso de autos, el que se exprese “determinadamente los afectados en la garantía constitucional que se invoca”, no bastando con la sólo invocación del nombre de la persona jurídica que supuestamente los agrupa. Cita sentencias dictadas en causa Rol N° 771-2005 y Rol Corte 943-2005 por esta Corte de Apelaciones sobre la materia en abono de sus dichos.

Refiere que para que pudiera ser considerada una persona jurídica como legitimada activa en una acción de protección en que se invoca una garantía personal habría que señalar determinada y nominativamente las personas humanas que la componen, lo que no se cumplió en la especie respecto del “Sindicato de Jinetes Profesionales de Chile”, careciendo éste de legitimación procesal activa para interponer la acción cautelar de autos.

Respecto del recurrente don nombre reservado, indica que debe señalarse que pese a individualizarse asimismo como jinete, éste nunca ha obtenido de parte de la Comisión de Patentes y Disciplina del Club Hípico de Antofagasta patente como jinete que lo habilite para correr en el hipódromo, careciendo de legitimación activa necesaria para recurrir de protección. Precisa que la copia del acta de la Comisión de Patentes y Disciplina del Club Hípico de Antofagasta que supuestamente habría tenido lugar el día 25 de enero pasado, acompañada en autos, no se incluye ni reconoce a don nombre reservado como jinete acreditado para correr en el hipódromo de Antofagasta. Pese a que dicha acta es un documento espurio, que fue otorgado únicamente por dos de los tres integrantes de dicha Comisión que además son recurrentes de estos autos, en él se advierte que al Sr. nombre reservado no le afecta de modo alguno la suspensión del programa de carreras en el Club Hípico de Antofagasta, pues no ha ejercido profesión hípica independiente alguna.

Respecto de los recurrentes nombre reservado y nombre reservado quienes se individualizan en el recurso y en la documentación acompañada al mismo como “preparadores”, señala que tampoco ellos tienen legitimación activa para interponer la acción de protección de autos, por no haber cumplido con las exigencias que la Comisión de Patentes y Disciplina del Club Hípico de Antofagasta impuso en la sesión de fecha 21 de diciembre de 2012 para obtener la renovación de las respectivas patentes como “preparadores”, lo que se acordó tratar en la sesión del día 25 de enero de 2012, exigencias que consistieron en “presentar su carpeta con sus antecedentes y los antecedentes de sus empleados, incluyendo los respectivos contratos de trabajo, acompañado de sus fotografías, tamaño carné y quienes no tengan trabajadores deberán traer una declaración jurada notarial que indique el hecho… los preparadores deberán presentar también el correspondiente contrato notarial de Comodato celebrado con el dueño de los corrales, donde se alojarán los caballos de carrera, además del reglamento de uso de corrales”. Conforme lo dispone el artículo 119 del Código Hípico, no es obligatorio para los nombre reservado alojar los ejemplares a su cargo en el recinto del C.H.A., pudiendo hacerlo en otro lugar, pero lo que sí fue considerado por todos los asistentes a esa sesión de la Comisión de Patentes y Disciplina como indispensable es que se acreditara a la Comisión la autorización correspondiente para ocupar los lugares en donde se alojarían los ejemplares. Hace presente que a dicha sesión de la Comisión comparecieron personalmente los recurrentes nombre reservado y nombre reservado, quienes acordaron por unanimidad aprobar la exigencia antes señalada para renovación de las patentes de los preparadores, según consta en la copia del acta de dicha sesión que se acompaña en un Otrosí de esta presentación.

Señala que no obstante lo anterior, en la sesión de la Comisión del día 25 de enero pasado los recurrentes Sres. nombre reservado y nombre reservado intentaron soslayar lo que ellos mismos habían convenido previamente, manifestando su opinión en cuanto a que se debía igualmente renovar todas las patentes de preparadores, pese a que ninguno de los solicitantes había cumplido con la exigencia de acompañar los antecedentes ya señalados. Refiere que como se opuso tenazmente a ello, no existió votación ni acuerdo alguno adoptado válidamente acerca de los temas puestos en tabla para dicha sesión, sin que se suscribiera acta alguna de dicha sesión. La inexistencia de acta de la referida sesión de la Comisión de Patentes fue expresamente reconocida por el recurrente Sr. Señor nombre reservado en un mail que le envió el 28 de enero pasado, a través del cual le solicitó copia del Acta de la reunión de la Comisión de Patente y Disciplina “a fin de formarnos una mejor opinión al respecto”, dando por cierto que dicha acta no existía, al realizar los sarcásticos comentarios de que “aunque tengo entendimiento que las Actas se redactan al final de la reunión y en ella se estampan los acuerdos que se tomen en ella” y que “esperaré sentado su respuesta (para no cansarme mucho)”.

Pese a ello, señala que los recurrentes han acompañado a su recurso un documento al cual le atribuyen la condición de copia del “Acta de Acuerdo de la Comisión de Patentes y Disciplina” del día 25 de enero de 2013, la que sólo figura suscrita por los recurrentes Sres. nombre reservado y nombre reservado, y sin su firma ni comparecencia. En tal documento se señala que “se acuerda renovar las patentes de preparadores y jinetes con el voto en contra del Sr. nombre reservado representante del directorio del Club Hípico, por aprobar lo hicieron el representante de la asociación de propietarios el Sr. nombre reservado y el Sr. nombre reservado en representación de preparadores, jinetes y cuidadores”. Afirma que tal supuesto acuerdo y la supuesta acta en que se habría plasmado nunca existió, siendo el documento acompañado por los recurrentes una espuria y burda creación posterior de los recurrentes, realizada con la finalidad de crear un falso título de renovación de patentes de los profesionales hípicos, contrariando sus propios actos.

Por lo anterior, refiere que los recurrentes Sres. nombre reservado y nombre reservado no obtuvieron la renovación de sus respectivas patentes de preparadores para el año 2013, estando por ello desprovistos de legitimación activa para recurrir en autos, al no ser titular de derecho válido alguno que pudiera resultar conculcado con el actuar de los recurridos.

Cita jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema y de la Corte de Apelaciones de La Serena en abono de sus dichos.

Finalmente, respecto de los recurrentes nombre reservado y nombre reservado también alega la falta de legitimación activa necesaria para dar curso a la acción de protección interpuesta, por haber actuado fraudulentamente y contra acto propio el primero; y, el segundo, simplemente por no ser titular de derecho alguno que pudiera considerarse conculcado con la actividad de los recurridos.

Al efecto, señala que el recurrente Sr. nombre reservado ha actuado “contra acto propio” al interponer la acción de autos, ya que fue él mismo quien compareció a la sesión de la Comisión de Patentes y Disciplina del C.H.A. de fecha 21 de diciembre de 2012, en donde acordó –conjunta y unánimemente con los dos restantes miembros de dicha Comisión- condicionar la renovación de las patentes de los preparadores al cumplimiento de condiciones objetivas, lo que posteriormente pretendió contradecir unilateralmente, generando un documento espurio para dar apariencia de credibilidad a su actuar.

En cuanto al Sr. nombre reservado, señala que no ha invocado ni acreditado la condición de “profesional hípico independiente”, las que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 107 del Código Hípico sólo pueden ser ejercidas por “los preparadores, jinetes, herradores y ayudantes de herradores”, lo que de suyo basta para el rechazo de su pretensión cautelar. En efecto, el Sr. nombre reservado sólo señaló ser “nombre reservado de la Agrupación Gremial de Propietarios de Caballos de Carrera C.H.A.”, sin que en el recurso o en la documentación acompañada aparezca que ejerce o ha ejercido algún oficio de preparador, jinete, herrador o ayudante de herrador, pese a que el recurso se funda en una supuesta privación y perturbación “del legítimo ejercicio de nuestras profesiones hípicas ejercidas independientemente”. Aclara que si el Sr. nombre reservado fuera propietario de un nombre reservado –condición que no invocó ni acreditó- ello no le permitiría alegar privación o perturbación a “ejercer una actividad económica”, puesto que en la actividad hípica no existe la figura del “empresario propietario de caballos de carrera”, siendo un hecho de público conocimiento que la condición de propietario de caballos de carrera es sólo un gusto o placer personal que personas amantes o aficionadas a esa actividad se pueden procurar, pero que en absoluto puede ser considerada como una “actividad económica” digna de protección constitucional.

En tercer lugar señala que la pretensión de los recurrentes debe igualmente rechazarse, por no existir ilegalidad ni arbitrariedad alguna en el actuar de los recurridos. Asegura lo anterior, en que la actuación que realmente los recurrentes estiman ilegal y arbitraria es, simplemente, la suspensión indefinida de las carreras de caballos a contar del 30 de enero del presente año, negándole la facultad de decidir tal suspensión tanto al Presidente del Directorio del Club Hípico de Antofagasta, señor nombre reservado, como al Club Hípico mismo, propietaria de los terrenos e instalaciones en donde funciona el hipódromo de Antofagasta.

Del análisis del recurso interpuesto se concluye que, en la particular visión de los recurrentes, las sociedades propietarias de un hipódromo están impedidas de suspender o terminar ese giro, sin importar cuales sean las razones que existan para ello, atribuyendo a las carreras de caballos una importancia tal para la Nación que ellas no pueden ser perturbadas, suspendidas ni modificadas por nadie, incluyendo en dicha prohibición a quien debe financiarlas; todo ello con la finalidad de que los recurrentes puedan cobrar sus respectivos honorarios a los propietarios de esos caballos de carreras.

Expresa que los recurrentes denotan contradicciones en sus planteamientos, ya que el verdadero reproche es el derecho de los recurrentes de decidir libremente la mejor y más conveniente utilización de los bienes de que es propietaria, desarrollando la actividad económica lícita que privativamente juzgue mejor y más conveniente para sus intereses y la de sus accionistas, no existiendo norma legal o constitucional alguna que obligue al Club Hípico de Antofagasta a desarrollar obligatoriamente la actividad económica de explotación del hipódromo, existiendo –por el contrario- normas constitucionales y legales que lo habilitan para desarrollar la actividad económica lícita que estime más conveniente, con arreglo a criterios económicos o de lucro, en cuanto se trata de una sociedad anónima comercial; y que resultaría discriminatorio y, por lo mismo, ilegal e inconstitucional, obligar al C.H.A. a desarrollar una actividad que sólo le ha producido pérdidas reales y efectivas durante toda la vigencia de la sociedad, en beneficio de terceros ajenos e independientes.

Expresa toda la existencia de la sociedad propietaria del hipódromo (104 años) la actividad hípica desarrollada nunca ha dado utilidad alguna a la sociedad propietaria ni, por lo mismo, a los accionistas de la misma. Si en los 103 años anteriores la sociedad estimó conveniente para sus intereses el mantener la explotación de esa actividad económica vigente, estuvo en su derecho para así realizarlo; como así también la sociedad está en la actualidad plenamente habilitada para decidir lo contrario, poniendo término al déficit permanente que genera la explotación de ese giro. Es así como, en sesión de Directorio de 24 de diciembre de 2012 se adoptó el acuerdo unánime de “poner término a la actividad hípica de la sociedad, facultando al Presidente para, sin perjuicio de sus facultades ya otorgadas, determine la fecha de tal cese, efectúe las comunicaciones para el término del Convenio de Asociación entre el C.H.A. con el Valparaíso Sporting Club S.A. y, en general, para que ampliamente, adopte todas las medidas y tome las decisiones que estime convenientes para estos efectos; todo ello sin perjuicio que la Junta de Accionistas acuerde o ratifique lo obrado por el Presidente”.

El Directorio de la sociedad acordó poner fin a la operación del hipódromo, facultando a su Presidente para materializar tal decisión citando a una próxima Junta Extraordinaria de Accionistas para “Informar a los accionistas sobre la continuación del giro hípico de la empresa y adoptar o ratificar todas las decisiones concernientes a su continuación o término”.

En consecuencia, la actividad de los recurridos ha estado exenta de toda crítica justa, pues ha actuado válidamente dentro de su competencia y prerrogativas, ciñéndose estrictamente a las normas de Ley sobre Sociedades Anónimas y la “normativa legal de la actividad hípica”, sin que haya en ello ilegalidad o arbitrariedad alguna.

En cuanto a las supuestas privaciones de derechos, respecto de la primera fundada en haber suspendido el recurrido Sr. nombre reservado, en su calidad de Presidente del Directorio del C.H.A., la actividad programada para el día 30 de enero de 2013, careciendo de facultades para ello, afirma que la decisión de suspender la carrera efectivamente programada para el día 30 de enero pasado fue adoptada por el Presidente del Directorio de la sociedad en cumplimiento de lo expresamente decidido por dicho Directorio en sesión de fecha 24 de diciembre de 2012, en que se le dotó de amplias facultades para que “adoptase todas las medidas y tomase las decisiones que estime convenientes para estos.

En relación a la supuesta programación “para el año 2013” de las carreras de caballos en el Hipódromo de Antofagasta, esta programación anual nunca ha existido, ya que la única programación realizada por el Club Hípico de Antofagasta para este año 2013 sólo consideró carreras para el mes de enero pasado (para los días 10, 20, 24 y 30), siendo tal programa validado por el funcionario a cargo del Área Hípica y Apuesta del C.H.A. y los preparadores, entre los cuales se encuentra, precisamente, uno de los recurrentes (nombre reservado. Lo anterior es armónico con lo acordado por el Directorio con fecha 24 de diciembre de 2012 en forma unánime de “poner término a la actividad hípica de la sociedad”.

En cuanto a la segunda privación de derechos, fundada en Haber comunicado el recurrido Sr. nombre reservado la decisión de “terminar indefinidamente” las actividades hípicas en el C.H.A., a partir del 01 de febrero de 2013, careciendo de facultades para ello, reitera lo señalado precedentemente.

La tercera privación de derechos fundada en haber suspendido los recurridos la “programación ya fijada con antelación para el año 2013, infringiendo las normas establecidas en el Código Hípico que dicen relación con la programación y modificación de las carreras: insiste lo ya señalado en cuanto a que no existe norma legal ni reglamentaria alguna que otorgue a los preparadores, jinetes y herradores el “derecho” a que las carreras de caballo que hubieren sido programadas no puedan ser suspendidas por el Club Hípico respectivo, calificando de ilógica la declaración estampada en el recurso acerca de que la suspensión sólo sería una sanción “aplicable a personas o caballos por infracción a los reglamentos y/o instrucciones”, y no “a las carreras ni a los programas”.

El directorio del C.H.A., conforme lo autoriza el artículo 168 del Código Hípico, confeccionó un programa de carreras para el año 2013 que sólo consideraba reuniones para el mes de enero de este año y que el mismo, actuando a través de don nombre reservado, debidamente mandatado para ello modificó el programa para ese mes de enero, suspendiendo la carrera programada para el día 30 de enero, cuál era la última fijada antes de la suspensión indefinida de la actividad hípica acordada; y respecto de la cuarta privación de derechos, fundado en haberse constituido los recurridos, en especial don nombre reservado, en una verdadera Comisión Especial, con lo que infringió el Art. 19 N° 3 inc. 4° de la Constitución”, señala que la decisión de suspender indefinidamente las carreras adoptada por el directorio de la sociedad -a la espera de la decisión final que respecto al término definitivo del giro hípico adopte la Junta Extraordinaria de Accionistas de la misma- no constituye juzgamiento alguno a los recurrentes, porque éstos son profesionales hípicos independientes que no tienen derecho alguno a decidir el destino que la sociedad quiera dar a sus propios bienes ni, menos, obligarla a explotar una actividad económica que sólo le produce pérdidas económicas. Señala que la decisión de poner término al giro hípico tiene un efecto reflejo en los profesionales independientes ligados a esa actividad, pero de manera alguna puede considerarse que esa decisión cumple, con las exigencias constitucionales y legales para ser considerada una decisión jurisdiccional. Agrega que la decisión de terminar la actividad hípica a contar del 01 de febrero del presente año, adoptada por el Presidente del Directorio de la sociedad en cumplimiento de lo expresamente decidido por dicho Directorio en sesión de fecha 24 de diciembre de 2012, no constituye ninguno de los aspectos constitutivos de la jurisdicción, pues no se ha conocido de asunto alguno controvertido, no se ha juzgado ni ha hecho ejecutar lo juzgado. Sólo se decidió un asunto privativo de la sociedad, a través de los órganos respectivos, que pueda irrogar agravio a ningún tercero “independiente”, como lo son los recurrentes, por propia definición.

Como cuarta alegación señala que la materia que se pretende ventilar en estos autos escapa de la finalidad de la acción cautelar de protección, ya que además de no haber probado sus propias legitimaciones para actuar en autos como agraviados en el legítimo ejercicio de un derecho, los recurrentes han alegado la existencia de actos que supone arbitrarios e ilegales, que no han acreditado de manera válida alguna, y negados por los recurridos, llegando incluso al extremo de generar una supuesta “Acta de la Comisión de Patentes y Disciplina” que es falsa, ya que nunca fue otorgada de la manera que allí se indica ni por las personas que en el mismo figuran.

Por lo anterior refiere que lo efectivo o mendaz de ellos debe probarse por medio de un procedimiento ordinario, en el que puedan rendirse todos los medios probatorios que franquea la ley, debiendo el juez dirimir la controversia.

Finalmente alega que el recurso de protección no es un procedimiento idóneo para resolver la cuestión planteada por los recurrentes en estos autos, pues -por su naturaleza "cautelar" e inmediata- no admite las únicas pruebas que permitirían acreditar o negar fehacientemente lo afirmado por los recurrentes y recurridos, como son testigos, absolución de posiciones y peritos, entre otros.

Solicita se declare sin lugar el recurso deducido en contra del suscrito y de su representada, la sociedad “Club Hípico de Antofagasta S.A.”, y de los restantes recurridos, con costas.

En apoyo de sus dichos, acompaña los siguientes documentos:

1.- Copia del acta de la sesión de fecha 21 de diciembre de 2012 de la “Comisión de Patentes y Disciplina del Club Hípico de Antofagasta”, en la cual consta que dicha comisión acordó tratar la renovación de las respectivas patentes en la sesión del día 25 de enero de 2012, estableciéndose que los preparadores deberán “presentar su carpeta con sus antecedentes y los antecedentes de sus empleados, incluyendo los respectivos contratos de trabajo, acompañado de sus fotografías, tamaño carné y quienes no tengan trabajadores deberán traer una declaración jurada notarial que indique el hecho. Además, los preparadores deberán presentar también el correspondiente contrato notarial de Comodato celebrado con el dueño de los corrales, donde se alojarán los caballos de carrera, además del reglamento de uso de corrales”.

2.- Texto de la Ley N° 13.080, de 05 de noviembre de 1958.

3.- Copia autorizada de la escritura pública del Acta de la sesión del Directorio del Club Hípico de Antofagasta S.A., de fecha 24 de diciembre de 2012, en la cual dicho órgano adoptó el acuerdo unánime de “poner término a la actividad hípica de la sociedad, facultando al Presidente para, sin perjuicio de sus facultades ya otorgadas, determine la fecha de tal cese, efectúe las comunicaciones para el término del Convenio de Asociación entre el C.H.A. con el Valparaíso Sporting Club S.A. y, en general, para que ampliamente, adopte todas las medidas y tome las decisiones que estime convenientes para estos efectos; todo ello sin perjuicio que la Junta de Accionistas acuerde o ratifique lo obrado por el Presidente”.

4.- Fotocopia del “Programa de Distancia para el Mes de Enero de 2013”, con las respectivas actas de sorteos y partidas de las carreras de 10 de enero, 20 de enero y 24 de enero del presente año, suscritas por los preparadores nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado.

5.- Copia simple de la escritura Pública Junta Extraordinaria de Accionistas de Club Hípico de Antofagasta S.A., de fecha 11 de mayo de 2012, ante la Notario Titular de la Quinta Notaría de Antofagasta nombre reservado nombre reservado.

6.- Fotocopia de carta al Directorio del Club Hípico de Antofagasta S.A., de fecha 11 de febrero de 2013, enviada por nombre reservado, Secretaria del Club Hípico de Antofagasta, en la que refiere que el recurrente Sr. nombre reservado se presentó en compañía de un carabinero, para cumplir “con lo ordenado por la Corte”;

7.- Copia de E-mail de fecha 13 de enero de 2013, enviado por don nombre reservado a los socios del Club Hípico de Antofagasta, asunto: Visita de Comisión.

8.- Copia del documento intitulado “Compromiso de no Firmar”, de fecha 25 de enero de 2013, ante el Notario Interino de la Primera Notaría de Antofagasta nombre reservado;

9.- Copia de la Sesión Nº1016 de la Consejo Superior de la Hípica Nacional, de fecha 18 de diciembre de 2012, en el que se da cuenta de los problemas surgidos entre el Club Hípico de Antofagasta y los gremios, proponiendo prorrogar las patentes por 60 días más.

10.- Copia del Addendum Convenio de Asociación entre Valparaíso Sporting Club S.A. y Club Hípico de Antofagasta S.A., de fecha 29 de agosto de 2012.

11.- Copia de la carta de fecha 26 de enero de 2013, dirigido por don nombre reservado al Presidente del Valparaíso Sporting Club S.A., nombre reservado y al director nombre reservado, por el cual comunica el término del convenio desde esa fecha (26 de enero de 2013).

12.- Copia del documento denominado “Acta de la Comisión de Patentes y Disciplina” de fecha 20 de julio de 2012, suscrita por los Sres. nombre reservado por el cual otorgaran patentes a las personas que allí se indican.

13.- Copia de carta al Sr. nombre reservado y Jefe de Área Hípica, suscrita por los recurrentes Sres. nombre reservado, referente a la revocación de las patentes otorgadas por ellos a nombre reservado y nombre reservado.

14.- Copia de carta de fecha 20 de diciembre de 2012, dirigido por el Presidente del Consejo Superior de la Hípica Nacional Sr. nombre reservado, en la que se informa que valida la anulación de las patentes otorgadas por los Sres. nombre reservado, quienes invocaron representar a la “Comisión de patentes y Disciplina del C.H.A.”, por ser ésta contraria a ley y reglamento.

15.- Copia de e-mail de fecha 28 de enero de 2013, enviado por don nombre reservado.

16.- Carta de fecha 01 de febrero de 2013 del Presidente del Directorio del Club Hípico de Antofagasta a la Comunidad Hípica Antofagastina y Nacional, comunicando las razones por las cuales se decidió el término de las actividades hípicas del C.H.A.

17.- Copia del mail de fecha 01 de febrero de 2013, enviado por don nombre reservado (asunto: Comunicado).

18.- Copias de las declaraciones anuales de renta (formulario 22) ante el Servicio de Impuestos Internos de la sociedad “Club Hípico de Antofagasta S.A.), por los años tributarios 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012.

19.- Copia autorizada de la escritura pública de fecha 11 de mayo de 2012, a la cual fue reducida el Acta de la sesión de directorio del Club Hípico de Antofagasta S.A. de fecha 02 de mayo del 2012, en que consta la personería del abogado compareciente.

20.- Certificado de Sesión Extraordinaria del Directorio del C.H.A. de fecha 14 de febrero de 2012.

21.- Oficio emitido por el Gerente Comercial del V.S.C. don nombre reservado.

22.- Ejemplares de impresos obtenidos de la página web del Club Hípico de Antofagasta.

23.- Copia del email enviado a la I. Corte de Apelaciones por el Presidente del Consejo Superior de la Hípica Nacional don nombre reservado, en respuesta al oficio N°473/13 enviado por esta misma Corte con fecha 14 de febrero pasado.

24.- Carta del Presidente del Valparaíso Sporting Club, de fecha 28 de enero de 2013, dirigida al Presidente del C.H.A.

25.- Copia autorizada de escritura pública de 18 de febrero pasado, en la cual se redujo el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas del C.H.A., en la cual se aprobó el término de la actividad hípica con fecha 16 de febrero.

26.- Copia simple de escritura pública de 21 de septiembre de 2009 de Transformación de la Sociedad de Inversiones Plaza S.A. a Inversiones Plaza Limitada.

27.- Copia simple de escritura pública de fecha 2 de mayo de 2012 de Constitución de Sociedad Inversiones JMG Limitada.

28.- Copia simple de email de fecha 19 de febrero pasado dirigido a Sr. nombre reservado al Gerente del C.H.A. Sr. nombre reservado, mediante el cual el emisor se identifica como jinete aprendiz del C.H.A. con patente vigente hasta el 24 de enero de 2013.

29.- Copia autorizada del Programa de Distancia para el Mes de Febrero del 2013, elaborado por el Directorio del C.H.A. con fecha 19 de febrero pasado, en el cual consta que es para el solo propósito de cumplir con la Orden de No Innovar de fecha 8 de febrero.

30.- Acta de Inspección Ocular de fecha 20 de febrero de 2013 que da cuenta de la negativa de los recurrentes a participar en la carrera que fue permitida el 20 de febrero.

31.- Copia simple de la escritura pública de fecha 21 de septiembre de 2009, ante la Notario de Antofagasta doña María Soledad Lascar Merino, de “Transformación de la Sociedad Inversiones Plaza S.A. a Inversiones Plaza Limitada”, que contiene los estatutos vigentes de esta última sociedad.

32.- Copia simple de la escritura pública de fecha 02 demayo de 2012, ante la Notario de Antofagasta, doña María Soledad Lascar Merino, de “Constitución de Sociedad Inversiones JMG Limitada”, que contiene los estatutos vigentes de esta última sociedad.

33.- Copia simple de mail de fecha 19 de febrero pasado, dirigido por el Sr. nombre reservado al Gerente del C.H.A. Sr. nombre reservado, en virtud del cual aquél se identifica como “yo, nombre reservado jinete aprendiz del C.H.A. con patente del 22.09.2010 vigente hasta el día 24.ene.2013”

34.- Copia autorizada del “Programa de Distancia para el Mes de Febrero del 2003” que fue elaborado por el Directorio del Club Hípico de Antofagasta con fecha 19 de febrero pasado, en el cual consta que para sólo propósito de cumplir con la Orden de No Innovar ordenada por S.S. Iltma. con fecha 08 de febrero pasado se permitió la realización de una carrera de caballos para el día 20 de febrero, dejando constancia de los hechos relatados en lo Principal de este escrito.

35.- “Acta de Inspección Ocular” elaborada por la Notario de esta ciudad doña nombre reservado, de fecha 20 de febrero pasado, que da cuenta de la negativa de los recurrentes a participar en la carrera que fue permitida –para el solo efecto ya señalado- para el día 20 de febrero pasado.

CUARTO: Que a fojas 249 adhirió al recurso de protección la abogada Ana Cecilia Karestinos Luna, en representación de doña nombre reservado, procuradora común de la sucesión nombre reservado, quien fuera el socio mayoritario en las Sociedades Inversiones Plaza Ltda. e Inversiones JMG Ltda., quienes a su vez son accionistas mayoritarios de Club Hípico de Antofagasta S.A.

Asimismo, a fojas 255, 258 y 261, adhirieron al recurso de protección don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado y nombre reservado, todos en su calidad de Jinetes profesionales; don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, son nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado, don nombre reservado, doña nombre reservado y don nombre reservado, todos en su calidad de nombre reservado de Caballos de Carreras.

QUINTO: Que el recurrido Club Hípico de Antofagasta ha sostenido la falta de legitimación activa de los recurrentes para impetrar la presente acción cautelar, en lo que respecta al Sindicato de Jinetes Profesionales de Chile indica que para que pudiera ser considerada como tal habría que indicar determinada y nominativamente las personas que lo componen, lo que se hace más evidente en la medida que el Sr. nombre reservado también lo hace como presidente de dicho sindicato. Teniendo presente que los integrantes del mismo por presentación que rola a fojas 256 se adhieren expresamente al presente recurso la falta de legitimación activa invocada será desestimada.

En lo concerniente a los recurrentes nombre reservado como presidente del Sindicato de preparadores y don nombre reservado como Representante de los Propietarios de caballos de carrera, hace consistir la falta de legitimación activa por no haber obtenido la renovación de sus respectivas patentes como preparadores para el año 2013. Ha de precisarse que las personas a quienes dicen representar se adhirieron también a esta acción según presentación de fojas 258, lo que es suficiente para desestimarla, además que en la respectiva Acta de Comisión de Patentes y Disciplina de 21 de diciembre los mismos concurrieron en su calidad de tales firmándola con el representante y presidente del Club Hípico de Antofagasta don nombre reservado, careciendo de asidero el que no hayan cumplido con las exigencias que se les impusiera en la referida sesión para tal efecto, ya que se acordó tratar el tema en la sesión de la Comisión a realizarse el de 25 de enero de 2012, a la que el mismo recurrido le resta validez, aduciendo que el acta en que se habría plasmado nunca existió siendo una espuria y burda creación, haciendo expresa reserva de acciones penales respecto a dicho instrumento, situación que por lo demás no corresponde analizar por la vía de esta acción cautelar.

En lo relacionado con el Sr. nombre reservado -también cuestionada-, para desestimarla baste puntualizar que de acuerdo al N°2 del Auto Acordado Sobre Tramitación del Recurso de Protección este se puede presentar por el propio afectado, quien como propietario de caballos de carreras del Club Hípico de Antofagasta, personalmente ve amenazados sus derechos al cesar la actividad hípica en esta ciudad.

SEXTO: Que como se explicitara precedentemente, los recurrentes hacen consistir la acción cautelar en haberse vulnerado el derecho tutelado en el artículo 19 N° 21 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulan, refiriendo como primera privación de derechos en haber decidido don nombre reservado suspender unilateralmente la actividad -carrera- programada para el día 30 de enero de 2013, al no tener certeza que los profesionales inscritos en el programa de la jornada prevista ese día lleguen a esta fecha con patente válidamente otorgada, careciendo de facultades para ello; como segunda privación de derechos, el comunicar a la Comunidad Hípica Antofagastina y Nacional la decisión de terminar indefinidamente la actividad hípica en Antofagasta a partir del 1° de febrero, ante la mera posibilidad de que los profesionales inscritos lleguen al 30 de enero sin el otorgamiento de la patente, la que debía ser certificada por la respectiva Comisión; como tercera privación de derechos, en haber suspendido los recurridos, Sr. nombre reservado y Club Hípico, las programaciones fijadas con antelación para el año 2013, infringiendo normas reglamentarias que regulan la actividad hípica; y, como cuarta privación, por haberse constituido los mismos, específicamente el Sr. nombre reservado, en una verdadera comisión especial al atribuirse facultades y competencias que no tiene al suspender la actividad hípica y clausurar definitivamente la misma en el Club Hípico Antofagasta, infringiéndose el artículo 19 N° 3, inciso 4° del texto constitucional, actuaciones que estima ilegales y arbitrarias debiendo ponerse pronto atajo a éstas restableciendo el imperio del derecho, disponiendo que el Club Hípico de Antofagasta debe dar estricto cumplimiento al calendario de carreras de caballos establecido para el año 2013, y al objeto para el cual se creó éste, hoy transformado en Sociedad Anónima, como el destino dado por el Estado de Chile a los terrenos que a título gratuito les donó.

SEPTIMO: Que para adentrarse al conocimiento de esta acción cautelar, habrá de precisarse y tenerse presente los hechos que fluyen de esta causa y de la documental allegada a la misma:

· Que el recurrido Club Hípico de Antofagasta es una sociedad anónima cerrada regulada por la ley 18.046 cuyo artículo 9 estatuye que podrá tener por objeto u objetos cualquiera actividad lucrativa que no sea contraria a la ley, a la moral, al orden público o a la seguridad del Estado, y su administración, como lo disponen los artículos 31 y 40 de dicho texto, la ejerce un directorio elegido por la Junta de Accionistas, el que está investido de todas las facultades de administración y disposición que la ley o el estatuto no establezcan como privativa de la junta general de accionistas, pudiendo delegar parte de sus facultades en los gerentes, subgerentes o abogados de la sociedad, en un “director” o en una comisión de directores y, para objetos especialmente determinado, en otras personas.

· Con fecha 11 de mayo de 2012, en Acta de Sesión de Directorio de Club Hípico de Antofagasta S.A., cuya junta extraordinaria de accionistas celebrada en la misma fecha y reducida a escritura pública, fojas 35, se ratificó en el cargo de Presidente del Directorio y de la Sociedad a don nombre reservado, con amplias facultades para administrar dicha sociedad · Con fecha 24 de diciembre de 2012, fojas 44, por unanimidad se “acuerda poner término a la actividad hípica de la sociedad, facultando al Presidente para, sin perjuicio de sus facultades ya otorgadas, determine la fecha de tal cese, efectúe las comunicaciones para el término del Convenio de Asociación entre el C.H.A. con el Valparaíso Sporting Club S.A. y, en general, para que ampliamente, adopte todas las medidas y tome las decisiones que estime conveniente para estos efectos; todo ello sin perjuicio que la Junta de Accionistas acuerde o ratifique lo obrado por el Presidente”, acordándose en la misma citar a una próxima Junta Extraordinaria de Accionistas, para el día 16 de febrero a las 9.30 horas, para “I. Informar a los accionistas sobre la continuación del giro hípico de la empresa y adoptar o ratificar toda las decisiones concernientes a su continuación o término. II. Resolver el destino y la enajenación por vía de aporte o venta de los predios remanentes de la sociedad inscritos a fojas 623 vta. N° 1177 del Registro de Propiedad de Antofagasta de 1962, y en particular de los sitios Tres-A-Uno y el Sitio ”Dos” de la Manzana denominada “A”, fijando su valor, precio y demás condiciones. III. Adoptar todos los demás acuerdos necesarios para la implementación de lo acordado”, dejándose constancia que todos los acuerdos adoptados en esta sesión han sido tomados por unanimidad facultándose a cualquiera de los asistentes para reducir a escritura pública, total o parcialmente la presente acta una o las veces que se estime necesario o conveniente para los intereses sociales.

- Con fecha 1° de febrero de 2013, se comunica a la Comunidad Hípica de Antofagasta y Nacional por parte de don nombre reservado el término de las operaciones hípicas.

- Con fecha 16 de febrero del año en curso se celebra la Junta Extraordinaria de Accionistas del Club Hípico de Antofagasta S.A., cuya Acta es reducida a escritura pública el 18 de febrero, allegada en el cuaderno de documentos, en la cual se aprobó por el 82% de los accionistas asistentes el término de la actividad hípica y que había sido decidido previamente por el directorio de dicho club en la sesión que se realizara el día 24 de diciembre de 2012 en la que se otorgaron amplias facultades al Sr. nombre reservado para determinar el cese de la actividad hípica.

OCTAVO: Que se ha señalado por los recurrentes que el actuar del señor nombre reservado es ilegal y abusivo, al arrogarse facultades y atribuciones que no tiene, al suspender el programa del 30 de enero de 2012 y el cierre de la actividad hípica, como la suspensión de la programación y modificación de las carreras fijadas con antelación para el año 2013, lo que constituiría una sanción aplicable a las personas o caballos por infracciones a los reglamentos y/o instrucciones, infringiendo la normativa contenida en los artículos 168 y 169 del Reglamento de Carreras.

En efecto, el artículo 168 establece “Los directorios de los hipódromos confeccionarán y publicarán los programas de carreras para cada temporada. Los programas de temporada deberán ser publicados a lo menos con 30 días de anticipación a la fecha fijada para la primera reunión. Estos programas fijarán los días en que tendrá lugar las distintas reuniones de la temporada, las distancias, condiciones y premios de las carreras, las fechas y horas de vencimientos de los retiros y el lugar en que se recibirán, tanto las inscripciones como los retiros”.

A su vez, el artículo 169 estatuye: “El directorio de cada hipódromo podrá modificar los programas de temporada, para lo cual deberá cumplir con el requisito de publicidad establecido en el inciso segundo del artículo anterior”.

Por su parte, el artículo 44 letra b) de la misma normativa, dispone que el directorio de cada hipódromo tendrá, en lo referente a las carreras, distintas atribuciones, entre ellas, la de “confeccionar, aprobar, modificar y publicar los programas de carreras”.

A su turno el artículo 8 del D.L. 2437 dispone que “Cada uno de los hipódromos autorizados podrá realizar hasta 86 reuniones en el año, en las fechas que ellos determinen.

En las ciudades donde hubiere dos o más hipódromos, éstos no podrán celebrar reuniones en un mismo día, debiendo hacerlo en la forma que tengan convenida a la fecha de publicación de la presente ley o que convengan a futuro”.

Por su parte, el artículo 1° de la Ley 4.566 establece que: “Los Hipódromos establecidos por autorización del Presidente de la República, y que pertenezcan a sociedades fundadas con el primordial objeto de mejorar las razas caballares y que obtengan personalidad jurídica de conformidad con las leyes, podrán organizar y mantener el sistema de las apuestas mutuas con arreglo a los reglamentos que se expidan por el Presidente de la República”.

NOVENO: Que del mérito de las disposiciones analizadas se evidencia que los directorios de los hipódromos confeccionarán y publicarán los calendarios de carreras para cada temporada, pudiendo modificar los programas, lo que evidentemente implica que pueden limitar, determinar o restringirlas, ya que la programación de las mismas son privativas de ellos, estableciendo un máximo de 86 reuniones y no existiendo norma legal alguna que limite a los hipódromos en tal sentido.

En el caso sublite sólo se elaboró un programa de carreras para el mes de enero de este año, fijándose la última para el día 30 de ese mes, como se desprende del Programa de Distancia para el mes de enero de 2013, allegado a fojas 128 con las actas de sorteos y partidas de las carreras de 10 de enero, 20 de enero y 24 de enero suscritas y aprobada por los respectivos preparadores y el Handicap don nombre reservado.

Las carreras programadas con la Red Televisiva Teletrak, con quien el Club Hípico de Antofagasta mantuvo una relación contractual, de la cual no es socio, revistiendo dicho carácter sólo el Hipódromo Chile S.A., el Club Hípico de Santiago S.A. y el Valparaíso Sporting Club S.A., no corresponden a la programación real de carreras que realiza cada hipódromo, sino que sólo atañe a los días que están disponibles para que, dentro de ellos, puedan los distintos directorios de cada hipódromo realizar sus respectivos programas, como expresamente lo señala en Oficio de fojas 69 el Gerente Comercial del Sporting Club de Valparaíso don nombre reservado, y que fuera corroborado en sesión extraordinaria de 14 de febrero de 2013 por el directorio del Club Hípico de Antofagasta, conforme se desprende del certificado allegado a fojas 68, sin que pueda soslayarse, además, que Teletrak es un tercero que no es parte del recurso y, por ende ajeno a la controversia planteada en autos.

DECIMO: Que en cuanto a la vulneración invocada referida a que los recurridos y, en especial, don nombre reservado, se habrían constituido en una verdadera comisión especial para decidir terminar la actividad hípica a contar del 01 de febrero de este año, conforme a los antecedentes analizados resulta evidente que dicho acuerdo fue adoptado en cumplimiento de lo decretado por el directorio del Club Hípico de Antofagasta en sesión celebrada el 24 de diciembre de 2012, en que se le otorgaron facultades para que adoptara las medidas y tomara las decisiones que estimara convenientes para poner término a la actividad hípica de la sociedad, y ratificada en la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 16 de febrero del presente, de manera tal que no se advierte que se haya constituido en una comisión especial, desde que actuó debidamente facultado para ello.

UNDECIMO: Que como se dijera el Club Hípico de Antofagasta es una sociedad anónima cerrada que conforme lo establece el artículo 9 de la Ley 18.046 podrá tener por objeto u objetos cualquier actividad lucrativa que no sea contraria a la ley, a la moral, al orden público o a la seguridad del Estado, en términos de que tienen autonomía para cumplir con sus propios fines y la forma de administrarla, sin más limitaciones que las que establece la Constitución Política de la República, asistiéndole el derecho a ejercerla de la forma más eficaz a sus intereses, no siendo posible obligársele a realizar una determinada, en este caso, la explotación del Club Hípico de Antofagasta, máxime si dicha actividad económica le ha producido pérdidas. Además, ha de tenerse presente que como lo dispone el artículo 107 del Reglamento de Carreras, los preparadores, jinetes, herradores y ayudantes de herradores son profesionales hípicos independientes que dedican sus actividades a la atención, conducción y herraje de caballos de fina sangre de carrera y los cuidadores de caballo de fina sangre de carrera son trabajadores dependientes de los preparadores; y por lo tanto, en su calidad de tales ejercen una profesión u oficio relacionada con la hípica, sin existir relación convencional.

DUODECIMO: Que el recurso de protección fue establecido como un medio pronto y eficaz de prestar inmediato amparo al afectado, cada vez que una garantía de libertad o un derecho básico, de los que dan lugar al recurso, esté o pueda estar amenazado, restringido o coartado por “actos u omisiones arbitrarias o ilegales de una autoridad o de particulares”, siendo indispensable entonces la existencia de actos u omisiones arbitrarios o ilegales.

DECIMOTERCERO: Que en efecto, de los antecedentes acumulados en el proceso, apreciación conjunta y armónica de los datos e informes que rolan en los mismos y en especial de lo que disponen las leyes y reglamentación aplicables en la especie a las cuales se ha hecho referencia con antelación, no puede estimarse surjan elementos de juicio válidos y suficientes que lleven a la conclusión de haberse incurrido en un actuar susceptible de ser calificado de carácter arbitrario o ilegal, que configuren una situación de amenaza, perturbación o privación en el legítimo ejercicio de los derechos de índole constitucional que los recurrentes señalan como vulnerados.

DECIMOCUARTO: Que a través de esta vía cautelar especialísima no es atingente emitir pronunciamiento sobre el dominio de terrenos que a título gratuito habría donado el Estado a los recurridos con una finalidad determinada.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 19 N° 2, 9 y 24 de la Constitución Política de la República y Autos Acordados de la Corte Suprema, de fechas 24 de junio de 1992 y 4 de mayo 1998 sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, I.- Que SE DESESTIMA la falta de legitimación activa de los recurrentes Sindicato de Jinetes Profesionales de Chile, don nombre reservado como Presidente del Sindicato de nombre reservado, de don nombre reservado como Propietario de Caballos de Carrera y de don nombre reservado en representación de la Agrupación de Propietarios de Caballos de Carrera del Club Hípico de Antofagasta.

II.- Que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, Jinete y Presidente del Sindicato de Jinetes Profesionales de Chile, nombre reservado, Jinete y Presidente de Antofagasta del Sindicato anterior; nombre reservado, Presidente del Sindicato de nombre reservado; nombre reservado, Representante de los Propietarios de Caballos de Carrera en la Comisión de Patentes; y nombre reservado, nombre reservado.H.A., todos en contra de Club Hípico de Antofagasta S.A. (C.H.A.), y de don nombre reservado, sin perjuicio de los demás derechos o acciones que se puedan ejercer por la vía ordinaria ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

Álcese la orden de no innovar.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol 44-2013 Redacción de la Ministro Sra. Laura Soto Torrealba.

Pronunciado por la Sala de Verano, integrada por los Ministros Titulares Sr. Enrique Álvarez Giralt, Sra. Laura Soto Torrealba Y Sra. nombre reservado. Autoriza el Secretario Subrogante Sr. Cristian Pérez Ibacache.

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