EULEN CHILE S.A. CON INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO DE ANTOFAGASTA

Antofagasta, a veintidós de septiembre de dos mil quince.

VISTOS:

La comparecencia de Aníbal Rogel Sepúlveda, abogado, en representación de la empresa Eulen Seguridad S.A., ambos domiciliados en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Antofagasta, representada por su titular doña nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por estimar que la recurrida habría infringido las garantías constitucionales de su representada establecidas en el artículo 19 Nº 2, 15, 21 y 24 de la Constitución Política de la República, mediante la dictación de la Resolución Nº 25 de 13 de agosto de 2015, que acogió las objeciones de legalidad formuladas por el Grupo Negociador de Trabajadores de la misma empresa.

A fojas 122 informó la recurrida al tenor del recurso interpuesto, solicitando su rechazo, con costas.

Puesta la causa en estado se han traído los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurrente funda su acción, señalando que la empresa cuenta con una planta de trabajadores estables de aproximadamente 5.524 personas, encontrándose habilitados para negociar colectivamente 5.273 de ellos. Agrega, que para efectos de coordinación, control del desempeño de la planta de trabajadores e implementación de las instrucciones impartidas directamente por la administración central, la empresa está estructurada geográficamente sobre la base de una casa matriz en la Región Metropolitana, la que siguiendo las órdenes del Directorio y de la Gerencia General, organiza las actividades productivas mediante departamentos, impartiéndose las ordenes a través del país mediante las diversas gerencias zonales que se han implementado, existiendo siete de las mismas a lo largo de Chile.

Sostiene, que el control directo de las actividades que se desempeñan en la Segunda Región de Antofagasta, corresponde a la Gerencia Zonal Norte, la que, al igual que las demás Gerencias Zonales, carece de autonomía decisoria y es jerárquicamente dependiente de los órganos centrales de la empresa, desde que no cuenta con facultades decisorias en materia alguna, teniendo sólo atribuciones consultivas y ejecutivas, previa orden de los mandos centrales.

Indica, que en materia de relaciones colectivas laborales, sólo puede realizar recomendaciones y debe acatar las instrucciones precisas que al respecto se le imparten desde los mandos centrales, sin que pueda por sí misma determinar de modo alguno las condiciones y términos de la negociación, ni de los eventuales instrumentos colectivos que puedan adoptarse.

Hace presente, que la Provincia de Antofagasta y la ciudad de Antofagasta, no corresponden en ningún caso a una unidad autónoma y como tal discernible de la estructura productiva antes mencionada, existiendo una oficina de la empresa en dicha ciudad y que se encuentran en la referida zona algunos mandos medios de tales como sub gerentes y jefes de operaciones, a cuyo efecto cita las funciones que les cabría.

Sostiene, que en la Provincia de Antofagasta trabajan 277 de empleados, que están distribuidos en cuadrillas de trabajo destinadas a las diversas instalaciones correspondientes a los clientes de la empresa y que desempeñan una gama heterogénea de labores, tales como auxiliares de aseo, digitadores, cajeros, asistentes administrativos, y otros, siendo la naturaleza de las funciones, sumada a la estructura organizacional de la empresa, lo que conduce a estimar que no cabe hacer lugar a la existencia de establecimientos dentro de la misma. Ello, desde que el modelo organizacional responde a una administración central en que las agencias zonales sólo obedecen a una necesidad material de representación y presencia geográfica que carece del necesario grado de autonomía y diferenciación en las funciones, que es propio del concepto de establecimiento.

Señala que en ese orden de ideas, los trabajadores que prestan servicios para Eulen Chile S.A. en la Provincia de Antofagasta, pertenecen y dependen de la unidad administrativa central, situada en la ciudad de Santiago, con presencia en su sede en Antofagasta, sin que exista, fuera de la ubicación geográfica, la más mínima diferencia o distinción entre ellos y los trabajadores que prestan servicios para las demás empresas clientes ubicados en esa zona geográfica y en las de las demás regiones del país, por lo que no es posible considerar en caso alguno al conjunto de trabajadores que prestan servicios para la empresa dentro de esta provincia como un establecimiento de empresa Eulen Chile S.A., pues los trabajadores de la empresa que prestan servicios en esta zona geográfica, corresponden a una unidad administrativa que abarca a toda la organización y, adicionalmente, porque dicha instalación carece de la independencia y autonomía necesarias como para ser considerada un establecimiento.

Con relación al acto en cuya virtud recurre, refiere que con fecha 2 de julio de 2015, la recurrente recibió por parre del autodenominado “Grupo de Trabajadores de Empresa Eulen Chile S.A.”, a través de su comisión negociadora, un proyecto de Contrato Colectivo para ser respondido conforme el procedimiento de negociación colectiva reglada de los artículos 303 y siguientes del Código del Trabajo, grupo negociador que a su entender no cumplía con los requisitos legales necesarios para organizarse como tal, por no satisfacer los quórums mínimos exigidos para tal finalidad por los artículos 227 y 315 del mismo código, en la medida que en ningún caso reunía al 10% de los trabajadores necesarios como para constituir un sindicato de empresa, por estimar que no se trata de un grupo de por lo menos 250 trabajadores, ni que pueda referirse a un establecimiento de empresa.

Sostiene, que en razón de lo anterior formuló observaciones de legalidad, respecto de las cuales, a su turno la comisión negociadora también formuló objeciones de legalidad, quedando entregada la resolución del asunto a la Inspección Provincial del trabajo de Antofagasta, a contar del 23 de Julio de 2015.

Al efecto, indica que tras diversas fiscalizaciones y requerimientos de información a la empresa y sin perjuicio de haber estado pendiente la resolución del asunto siguió por un lapso de casi 20 días, con fecha 13 de Agosto de 2015, mediante la resolución N° 25, la Inspección Provincial del Trabajo resolvió finalmente las objeciones de legalidad planteadas por la comisión negociadora de los trabajadores, acogiéndolas.

Luego de citar la resolución impugnada, indica que la misma importa un acto ilegal y arbitrario, desde que carece de una real fundamentación o en su defecto, contiene una fundamentación caprichosa y acomodaticia, a efectos concluir que en la especie se cumpliría con las normas legales que establecen los quórums para negociar colectivamente a nivel de establecimiento, cuando manifiestamente ello no ocurría, lo que implica la ilegalidad del acto en cuanto vulnera lo dispuesto por los artículos 315 y 227 del Código del Trabajo. Agrega, que al concluir la recurrida que la negociación promovida era procedente, determinó que cierta dotación de trabajadores de su representada constituía un establecimiento de la misma y que por lo tanto le era legitimo negociar a dicho nivel, lo que a su juicio no es efectivo. Asimismo, reclama la falta de justificación en cuanto a la existencia de un grado significativo de autonomía funcional y productiva, en cuanto la recurrida se limitó a afirmar que la supuesta unidad habría evidenciado contar con autonomía administrativa y funcional, respecto de la Casa Matriz ubicada en Santiago, y de la Gerencia Zonal Norte, por cuanto así lo revelaría el estructurarse en base a la existencia de supervisores y jefes de operaciones, que operarían como sub gerencias de operaciones, en las distintas zonas geográficas del norte y segunda región, sin dar razón de antecedente o motivo alguno que demuestre que tal grado de autonomía realmente existe ni en qué se manifiesta.

Señala, que no cabe reconocer la existencia de un establecimiento de empresa en los términos señalados por los artículos 315 y 227 del Código del Trabajo y precisados por una abundante jurisprudencia administrativa, en base a una mera referencia hacía a una supuesta autonomía funcional y productiva, revelada al parecer en la estructura organizativa de su representada en la Provincia de Antofagasta, sin explicar còmo es que tal organización administrativa realmente sería indicativa de la existencia efectiva de tales grados de autonomía.

Por otro lado, alude a la excesiva dilación que el servicio se tomó para resolver las objeciones de legalidad promovidas, en franca contraposición con las propias instrucciones internas que la Dirección ha emitido sobre la materia, a cuyo efecto, cita la Orden de Servicio Nº 10 de la Dirección del Trabajo, de fecha 6 de Diciembre de 2005, instrucción que a su juicio también fue vulnerada, desde que la resolución recurrida fue dictada sin consideración de los plazos de la negociación que se encontraban corriendo, lo que a su juicio evidencia que el único objetivo que impulsó la decisión de las objeciones de legalidad a la autoridad administrativa fue el de obligar en la práctica a su parte a participar en una negociación colectiva improcedente.

Con relación a las garantías constitucionales que alega como afectadas, respecto de la Igualdad ante la Ley, establecida en el artículo 19 de la Constitución Política de la República en el Nº2, señala que se le ha afectado, desde que se aplicó a su representada un criterio diferente del dictaminado por la Dirección del Trabajo respecto de otras empresas, conforme a los dictámenes que al efecto cita y que se han pronunciado con relación a la establecimientos de una empresa, lo que a su juicio se traduce en una vulneración de su garantía de Igualdad ante la ley, en la medida que la obliga a negociar colectivamente en condiciones que legalmente no corresponden.

Por otra parte, reclama afectación de la garantía establecida en el Nº 15, en cuanto al Derecho de Asociación, indicando que si bien su representada no desconoce ni controvierte la legítima aspiración de sus trabajadores de organizarse, al reconocerse indebidamente a un grupo de trabajadores organizados en torno a una entidad susceptible de calificarse jurídicamente como un establecimiento de empresa, se ha conferido a esta garantía una extensión indebida, en perjuicio de los derechos de su parte.

Alega en tercer lugar, infracción a la garantía constitucional prevista en el Nº 21 del artículo 19 de la Carta Fundamental, indicando que por la vía de declarar que los trabajadores que simplemente presten servicios en una zona geográfica en un momento determinado, no obstante pertenecer a una unidad administrativa mayor, tienen derecho a negociar colectivamente a nivel de establecimiento, amenaza el desarrollo armónico y ordenado de su empresa, por cuanto por la vía de obligarla a negociar colectivamente al margen de las normas legales que regulan este derecho, se verá arrastrada a sostener negociaciones colectivas con cada una de las entidades artificialmente agrupadas a tal efecto que gozan del derecho de huelga, viéndose indebidamente presionada a la celebración de contratos colectivos en función de parámetros artificiosos carentes de toda relevancia real en el ámbito de la empresa.

Por último, indica afectación de la garantía constitucional del N° 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, sobre la base de estimar que al haber actuado la recurrida como lo hizo, ha visto trastocada la organización de los medios productivos de que es titular y propietaria, por la vía de tener que adecuar aquella a las exigencias e intereses de unidades legalmente irrelevantes dentro de su estructura organizativa de producción.

Solicita se acoja el recurso, ordenándose a la recurrida que rechace la objeción de legalidad promovida por el auto denominado “Grupo de Trabajadores de la Empresa Eulen Chile S.A.”, por no haberse reunido en la especie las condiciones legales exigidas como para considerar que el proyecto de contrato colectivo presentado por dicha entidad sea referible al nivel de establecimiento de empresa, y que tampoco reúne las condiciones de quórum requeridas por las normativas legales aplicables.

Acompañó al recurso y durante la tramitación del mismo los siguientes documentos: copia de Proyecto de Contrato Colectivo de fecha 2 de julio de 2015; copia de Respuesta al Proyecto de Contrato Colectivo emitida por la recurrente; copia de las Objeciones de Legalidad interpuestas por el Grupo Negociador; copia del traslado evacuado por su parte respecto de las objeciones de legalidad referidas; copia de la resolución N° 25, de 13 de Agosto pasado emitida por la Inspección Provincial del Trabajo de Antofagasta; y, copia de Orden de Servicio Nº 10, de 6 de diciembre de 2005, emitida por la Dirección del Trabajo.

SEGUNDO: Que, en el informe respectivo la Inspección Provincial del Trabajo solicitó el rechazo del recurso, con costas, por estimar que en la especie no concurren los requisitos de procedencia atendida la naturaleza de la acción deducida.

En primer término, indica que a la fecha de evacuación del informe no existe la necesidad de que se adopten las medidas de restablecimiento del derecho propuestas por la actora, por cuanto las partes del proceso negociador al que se alude en el recurso han arribado a un completo acuerdo, suscribiendo el respectivo contrato colectivo con fecha 15 de septiembre de 2015, depositando dicho instrumento ante la Inspección Provincial del Trabajo de Antofagasta con la misma fecha. Lo anterior, desde que la resolución en cuya virtud se interpuso el recurso en su contra se dictó en el contexto de un proceso de negociación colectiva reglada en que participó la empresa recurrente con el Grupo de Trabajadores de la Empresa Eulen S.A., registrado bajo el N° 020109422, el que terminó mediante la suscripción del respectivo instrumento colectivo.

Por otro lado, en cuanto al cuanto al fondo del recurso, señala que con fecha 2 de julio de 2015, el Grupo de Trabajadores de la Empresa Eulen S.A., presentó proyecto de contrato colectivo a la empresa, depositando con igual fecha copia del mencionado proyecto, conforme lo dispone el artículo 315 del Código del Trabajo; luego, el día 13 del mismo mes la empresa respondió depositando dicha respuesta con igual fecha, realizando las observaciones que al efecto transcribe. Indica, que a continuación, con fecha 20 de dicho mes, el grupo de trabajadores formuló observaciones, a cuyo efecto se confirió traslado, disponiéndose finalmente la apertura de un procedimiento de fiscalización, asignado con los números 201/2015/1554 y 201/2015/1702, en cuya virtud y habida consideración de las constataciones que indica, se dictó la Resolución N° 25 de 13 de agosto de 2015, en la que se resolvió acoger la objeción de legalidad deducida, en cuanto se determinó la unidad de la empresa que funciona en la Provincia de Antofagasta en razón del grado de independencia y autonomía, lo que permitió calificarla como un establecimiento de la empresa para los efectos de los artículos 227 y 315 del Código del Trabajo, disponiéndose como corolario, que los trabajadores cumplían con los quórums necesarios para negociar colectivamente.

Sostiene, que la resolución fue emitida dentro de la competencia y de acuerdo a la normativa aplicable, de lo que se infiere la ausencia de ilegalidad y arbitrariedad, por cuanto, fue resultado de un procedimiento de fiscalización realizado de acuerdo a sus facultades y conforme a lo dispuesto en las normas administrativas que como órgano de la administración del Estado debe sujeción, así como las normas legales que rigen específicamente a este servicio. Al efecto, cita lo dispuesto en el artículo 505 del Código del Trabajo y el artículo 5 y 20 del D.F.L. N° 2, de 1967 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Ley Orgánica de la Dirección del Trabajo.

Así las cosas, indica que durante todo el procedimiento de negociación colectiva desarrollado por la empresa recurrente, la Inspección del Trabajo ha ejercido sus innegables atribuciones inspectivas, aplicando las normas pertinentes del ordenamiento laboral y con apego a las normas administrativas que la regulan, en su calidad de órgano de la administración del Estado, por lo que sus actuaciones carecen de la ilegalidad que imputa la recurrente.

En lo relativo a la calificación de establecimiento a la Unidad de la empresa actora que funciona en la Provincia de Antofagasta, a propósito de lo prescrito por el artículo 315 del Código del Trabajo, señala que de acuerdo a lo constatado en los procesos de fiscalización instruidos, necesariamente debió llegar a la conclusión que el Grupo de Trabajadores reunidos para el solo efecto de negociar colectivamente, no cumplía con el quórum exigido para negociar como un grupo de empresa, ya que los 101 trabajadores que lo componían, no representaba el 10% de los trabajadores que desarrollan funciones en la empresa, toda vez que el universo total dentro de la empresa es de 5.273 trabajadores habilitados para negociar colectivamente, por lo que el 10% corresponde a 527 de trabajadores. Sin perjuicio, y en relación a lo anterior, debió a su vez referirse, de acuerdo a las presentaciones realizadas por las partes del proceso, si el Grupo de Trabajadores se unió como un grupo de establecimiento. En este sentido, indica que la expresión "establecimiento", no se encuentra definida en la Ley, por lo que dicho Servicio ha señalado que se trata de "una unidad técnica o de ejecución destinada a cumplir o lograr las o algunas finalidades de la empresa". Asimismo, ha indicado que es "una subdivisión de la empresa que presenta un grado de autonomía administrativa y funcional en el proceso productivo general de la empresa. Grado de autonomía que en el caso de lo funcional, debe decir relación con la autosuficiencia, en cuanto directrices e insumos, para el desarrollo de la etapa del proceso productivo, y administrativo, en tanto dentro de ella se ejerce la dirección de los medios materiales y personales involucrados en la misma". Por lo anterior, y de acuerdo a los resultados de las fiscalizaciones instruidas, concluyó que la empresa respecto de la Provincia de Antofagasta, funciona con autonomía administrativa y funcional, respecto de la Casa Matriz ubicada en Santiago y de la Gerencia de Zonal Norte, lo que se evidenció en la estructura de los supervisores y jefe de operaciones, que operan como sub gerencias de operaciones, en las distintas zonas geográficas del norte y segunda región. Asimismo, refiere que se constató en las aludidas fiscalizaciones que todos los trabajadores integrantes en el presente proceso de negociación colectiva desarrollan sus funciones en distintas faenas, ubicadas todas en la Providencia de Antofagasta. Así, de acuerdo a la conclusión anterior, consigna que habiendo quedado establecido en el proceso de fiscalización que 247 trabajadores desarrollan sus funciones en la Provincia de Antofagasta, todos los cuales se encuentran habilitados para negociar colectivamente, lo que representa el treinta por ciento exigido por ley (que corresponde a 74 trabajadores), se estimó que se cumplió con los 101 trabajadores involucrados en el proceso, y en consecuencia, se cumplía con el quórum exigido en la ley , porque se trata de un grupo, que reunió a más 25 de trabajadores que representan el 30% del “Establecimiento Provincia de Antofagasta”.

Respecto de lo planteado por la recurrente, en orden a que los más de 5.000 trabajadores dependen directamente de la casa matriz y que las distintas gerencias no deciden nada, sostiene que además de no condecirse con la lógica normal de funcionamiento de las distintas empresas de nuestro país, no fue lo que se verificó en los procesos de fiscalización.

Por último, arguye que no se han vulnerado derechos y garantías constitucionales a propósito la legítima, justa y correcta actuación de la Inspección del Trabajo alegadas precedentemente, lo que excluye toda forma de ilegalidad o arbitrariedad y de otro lado, hace presente que el actual estado de las cosas hace imposible el restablecimiento del derecho solicitado y propuesto por la actora, desde que el acto que ella indica como ilegal y arbitrario se emitió en el contexto de un proceso negociador que ya se encuentra afinado mediante la suscripción de contrato colectivo, en cuya virtud, los derechos constitucionales que indica como violentados, no se encuentran amenazados en la actualidad.

TERCERO: Que de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos prexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que no se encuentra controvertida la circunstancia de haberse celebrado sobre estos mismos hechos un instrumento colectivo, como se señala en el informe, porque en la audiencia las partes así lo establecieron.

El hecho asentado precedentemente permite formarse convicción que las partes involucradas en el conflicto colectivo, en cuyo marco se dictó la resolución atacada por el recurso, arribaron a un acuerdo, situación que reviste la mayor trascendencia al momento de resolver el recurso, como quiera que resulta irrelevante establecer la existencia de un hecho ilegal o arbitrario capaz de privar, perturbar o amenazar al recurrente en algún derecho fundamental en la medida que, establecida la acción ilegal o arbitraria, no exista medida alguna que adoptar para restablecer el imperio del derecho, ni para asegurar la debida protección del afectado;

QUINTO: Que tratándose de un procedimiento cautelar, de orden constitucional, que exige además derechos indubitados para resguardar el imperio del derecho y proteger al afectado, ninguna de estas circunstancias se han dado en esta causa, porque ha perdido toda oportunidad la facultad del tribunal frente al acuerdo adoptado por las partes en el instrumento colectivo, de manera que no cabe sino desestimar el recurso, sin costas dada la actuación de las partes y el reconocimiento en estrados que hizo el abogado de la recurrente.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 19 número 24 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto en representación de la empresa Eulen Seguridad S.A. en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Antofagasta.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol 4347-2015.

Pronunciada por la Primera Sala, integrada por el Ministro Titular Sr. Oscar Clavería Guzmán; el Sr. Fiscal Judicial Rodrigo Padilla Buzada y el abogado integrante Sr. Marcelo Díaz Sanhueza. Autoriza el Secretario Subrogante, Sr. Cristian Pérez Ibacache.

En Antofagasta, a veintidós de septiembre de dos mil quince, notifiqué por el Estado Diario la resolución que antecede.

Primera Sala