nombre reservado CON nombre reservado

Antofagasta, uno de febrero de dos mil diecisiete.

VISTOS:

nombre reservado, cédula de identidad RUT reservado, profesor de Historia y Geografía, fiscalizador de la Inspección del Trabajo, Antofagasta, quien interpone recurso de protección en contra del nombre reservado del Trabajo, don nombre reservado, por estimar vulnerados los derechos fundamentales consagrados en el artículo 19 numerales 1, 2 inciso segundo, 3 inciso sexto, 4 y 24 y artículo 38 de la Constitución Política de la República, por el actuar ilegal y arbitrario de la recurrida.

Se agrega el informe de la recurrida representada por don nombre reservado, pidiéndose el rechazo del recurso.

Se acompañó junto con el recurso set de documentos.

Se acompañó junto al informe set de documentos.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurrente funda su acción, señalando que se determinó su destitución, la sanción más grave, existiendo falta de imparcialidad, probidad y objetividad en la decisión, puesto que permitió que el Director del Trabajo juzgara su comportamiento laboral con un criterio sesgado, sin observarse las normas mínimas de ponderación de la prueba, sin concurrir el principio de racionalidad y mensura. Señala que en ese sumario el fiscal faltó a la verdad.

Para evidenciar ello, enumera una serie de situaciones en que pueden desprenderse los defectos de dicho sumario, entre las cuales se encuentran las siguientes:

a) Alega que se consideraron testimonios contradictorios entre el Jefe de Gabinete del nombre reservado y lo declarado por el Director Regional. El primero declara haber ingresado a una sala junto con el Director Regional y Nacional, donde se encontraba un hombre al fondo, detrás de un escritorio con los pies sobre el mismo, le pregunta el nombre al Director Regional, y le solicita enérgicamente que baje los pies y que colabore con sus compañeros en la atención de público, bajando los pies el recurrente pero señalando que no recibiría órdenes de él y que se mantendría en esa sala. El segundo señala que entró a la sala solo el primero, luego entró él para verificar quien era la persona adentro, pero no presenció la conversación que tuvieron. Conforme a esto, la recurrida estima que debía quedar invalidada la declaración del Jefe de Gabinete, al ser contradictoria e incompatible, y que al ser considerada se vulneró el debido proceso, ya que por lo anterior sería falso el cargo que hace el fiscal.

b) Alega que es imposible que realizara una serie de trabajos ese día, puesto que no tenía computador personal para hacerlo, y que además, durante esos días la Inspección no tenía el sistema DT-Plus en funcionamiento, no contando, por tanto, con red de internet. Añade que durante los primeros días de enero de 2015 existía fallas en el computador, debiendo ocupar el de su colega, siendo recién solucionado dicho problema en mayo de 2015. Por lo demás, también en dicha visita se encontraba realizando funciones, siendo enviado a mediodía a fiscalizar empresa.

c) Memorándum 0004: la situación referente a entrega de expedientes, señala que si bien se da respuesta el 18 de marzo, esto se hizo efectivamente el día 16 a la vuelta de su reposo médico, no incluyendo las activaciones de fiscalización por descuido o inadvertencia, y no por indisciplina.

d) Memorándum 0007: el recurrente alega que no le correspondía la asignación de los casos en la fecha señalada, siendo un error del fiscal a cargo de la investigación.

e) Memorándum 0008: era imposible cumplir lo que allí se sugería por encontrarse con reposo médico, no pudiendo hacerlo antes del mismo, puesto que con anterioridad a ello no le correspondía cumplir con turno de oficina.

f) Memorándum 0012: no se reitera instrucción como se alude, sino que por primera vez se da instrucción respecto de su equipo de computación que se encontraba con problemas técnicos.

g) Memorándum 0013: no es posible imputarle los hechos descritos puesto que se encontraba haciendo uso de licencia médica. Lo mismo ocurre respecto el reproche de la Inspectora Provincial en cuanto a la demora en las rebajas del sistema.

h) También expresa reparos de la declaración de nombre reservado, señalando que no tienen fundamento conocido ni prueba empírica.

i) En relación a la comisión número 0201-14-762, señala que se le reprocha que solo consideró dichos del empleador, pero ello se justifica debido a que la denunciante ya no estaba vigente y no contestó las llamadas realizadas, lo que no fue suficiente para la fiscal.

j) Alega que se acompañó como medio de prueba una fiscalización que él nunca suscribió, y se ponderó de forma errónea su producción del mes de abril 2015, evidenciando la falta de imparcialidad al no considerar la Circular N° 0033 de fecha 26 de marzo de 2015 la cual suspende la obligación de cumplir con las cargas de trabajo durante todo el mes de abril para la región de Antofagasta, cumpliendo con sus porcentajes de rendimiento mensual.

k) Respecto del testimonio de doña nombre reservado, señala que desmiente lo señalado por la Inspectora, siendo contradictoria a lo recabado en el resto del sumario, toda vez que sus declaraciones lo benefician, y no obstante ello, son consideradas compatibles.

l) Esgrime, que donde mayor se nota su falta de objetividad, es al invalidar el testimonio de nombre reservado, quien sería la única testigo respecto a la supuesta descortesía o falta de respeto a la Inspectora Provincial.

m) En referencia a la acusación de haber fiscalizado durante su feriado legal, reconoce que es cierto, pero alega que de otra forma no podría haber cumplido con el PLCM de enero, habiendo sido error del jefe de fiscalización el haber asignado la misma comisión a dos funcionarios.

SEGUNDO: Que informando el recurso, la recurrida manifiesta que los actos objeto de la acción se hacen constar en la Resolución Exenta N° 129 de fecha 8 de septiembre de 2016 respecto sumario administrativo en su contra y se dispuso su destitución, y Resolución Exenta N° 152 de 13 de diciembre de 2016 por la que no se dio lugar a la reposición, no obstante en ellas no se ha incurrido en ilegalidad o arbitrariedad alguna.

Alega que existe imposibilidad de recurrir de protección contra medida disciplinaria de destitución, debiendo tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 160 de la Ley 18.834 que da derecho a los funcionarios a reclamar ante la Contraloría General de la República en casos de vicios de legalidad, para lo cual citan dictámenes de la propia Contraloría, como fallos de la Corte Suprema.

Suma a lo anterior, que la vía de protección no es la idónea, puesto que se desprende del recurso que persigue que esta Corte se pronuncie sobre el fondo del sumario, no siendo esta la instancia para conocer asuntos de lato conocimiento, ni para discutir interpretaciones jurídicas, lo que en la especie, se manifiesta toda vez que el recurso se basa en una apreciación errónea de los antecedentes en el proceso disciplinario.

Respecto del fondo, se esgrime que los años 2014 y 2015 el recurrente ha sido evaluado en lista 2, lo que también habría ocurrido el año 1999 y 2002, registrando el año 2014 una anotación de demérito, dos el año 2015 y una el 2016. Además de ello, agrega que el año 2013 ya fue objeto de proceso disciplinario, aplicándose la medida disciplinaria del artículo 121 letra c) con el 124 de la Ley 18.834, consistente en suspensión del empleo por 30 días con goce del 50% de su remuneración.

Pronunciándose sobre el sumario administrativo, plantea que el recurrente se encuentra sometido al Estatuto Administrativo, y que de faltar al cumplimiento de cumplir sus obligaciones o deberes funcionarios, puede ser objeto de sanción previa investigación sumaria o sumario administrativo en que se acrediten la infracción. Lo anterior se manifiesta en que con fecha 11 de junio de 2015 por Resolución N° 9, el Sub nombre reservado informa a la oficina interna de Contraloría, que el actor no estaría desarrollando sus labores ni cumpliendo órdenes de los superiores jerárquicos, existiendo reclamos contra el funcionarios, afectando su actuar en el clima laboral, y privilegiando sus intereses personales por sobre los superiores del Servicio. Conforme ello, es que se dispone la instrucción de sumario administrativo mediante Resolución Exenta N° 80 de 12 de junio de 2015, modificándose mediante Resolución Exenta N° 124 del 2015 para asignar nueva investigadora, y se deja posteriormente sin efecto Resolución Exenta N°1 del 2014 que había instruido un procedimiento disciplinario contra el recurrente y ordena se acumulen los antecedentes al sumario en cuestión.

Agrega que se formularon 7 cargos, los cuales fueron notificados el 15 de abril de 2016, y que constituyen las siguientes infracciones: el primer cargo infringe lo previsto en el artículo 61 letra b), c) y f) de la Ley 18.834 y los artículos 5, 7 y 52 de la Ley 18.575, describiendo la conducta del artículo 62 número 4; el segundo, lo previsto en el artículo 61 letra b) y f) de la Ley 18.834 y los artículos 5 y 7 de la Ley 18.575, describiendo la conducta del artículo 62 número 8; el tercero, lo previsto en el artículo 61 letra b) y f) de la Ley 18.834 y los artículos 5, 7 y 52 de la Ley 18.575, describiendo la conducta del artículo 62 número 8; el cuarto, lo previsto en los artículos 61 letra a) y d), 65 y 72 de la Ley 18.834 y el artículo 3 de la Ley 18.575; el quinto, lo previsto en el artículo 61 letra c) de la Ley 18.834 y el artículo 3 de la Ley 18.575, así como el Código de Buenas Prácticas Laborales; el sexto, lo previsto en el artículo 61 letra c) de la Ley 18.834 y el artículo 7 de la Ley 18.575, así como el Código de Buenas Prácticas Laborales; y el séptimo, lo previsto en el artículo 135 del Estatuto Adminsitrativo.

Añade, que a fin de respetar el debido proceso, las citaciones a prestar declaración del actor consideraron varios días y horas, pudiendo elegir él mismo cuándo deponer. En este mismo sentido, pudo solicitar copia digitalizada de lo obrado, y se le concedió prórroga para formular su defensa, presentando su escrito de descargos y rindiendo prueba que consistió en declaración de 10 funcionarios y un conjunto de documentos. No obstante ello, se mantienen todos los cargos puesto que sus declaraciones y medios de prueba no lograron desvirtuarlos, analizándose dichos descargos en el considerando 10. Agregan que no pueden aplicarse atenuantes por no tener irreprochable conducta anterior, entendiéndose por consiguiente que contraviene el recurrido el artículo 61 letras a), b), c), d) y f) de la Ley 18.834 en conformidad con el artículo 65, 72 y 135, y por lo que se aplica la medida disciplinaria de destitución contenida en el artículo 121 letra d) en relación con el 125 del Estatuto Administrativo.

Señala, que el recurrente interpuso recurso de reposición ante dicha decisión, el que se rechazó por no esgrimir más argumentos que los ya señalados en el sumario y no aportar nuevos antecedentes.

Argumenta que no existiría en el caso ilegalidad y arbitrariedad, ya que se ha llevado a cabo aplicando la normativa vigente, y se encuentran fundamentados por el artículo 7 de la Constitución Política de la República y el artículo 15 de la Ley 18.575, y por lo demás, se cumplió con todas las diligencias y etapas establecidas, respetándose los derechos del actor tal como ya se señaló, y fundándose todas las resoluciones.

Alega que su actuar tampoco sería arbitrario, ya que se pudo constatar incumplimiento de deberes funcionarios, siendo investigados y teniendo a la vista diversos medios de prueba, se determina que incurrió en faltas administrativas que justifican la medida disciplinaria adoptada por el Director del Trabajo, y que respecto la falta de objetividad alegada, no se acreditó puesto que la decisión se basó en todos los antecedentes allegados al proceso.

Finalmente, esgrimen que la única garantía vulnerada que alega el recurrido sería “el respeto y protección a su honra y la de su familia” no pudiéndose desprender que efectivamente se encuentre vulnerada según los hechos ocurridos.

TERCERO: Que el recurso de protección, acción cautelar constitucional consagrada en el artículo 20 de la Carta Fundamental, ha sido establecido para hacer frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios, por los cuales una persona sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de derechos o garantías expresamente señalados, dentro de los cuales se incluye el derecho a la vida y la protección de la integridad física y psíquica de las personas, como el derecho a la igualdad ante la ley, al debido proceso, a la vida privada y a la honra y a la propiedad.

CUARTO: Que el primer requisito para acoger un recurso de protección, consiste en la existencia de un acto u omisión que debe tener la característica de ser ilegal o arbitrario, desprendiéndose del tenor de la acción interpuesta, que los actos que se recurren consisten en la Resolución Exenta N° 129 que recae en sumario administrativo y por la cual se le destituyó del Servicio, y la Resolución Exenta N° 152 por la cual se niega lugar al recurso de reposición.

En efecto, de los argumentos esgrimidos en la presente acción, se vislumbra que el recurrente busca que se dejen sin efecto dichos actos administrativos, los que considera se realizaron con falta de imparcialidad, probidad y objetividad en la decisión. No obstante ello, en su recurso se limita a enumerar una serie de hechos que se tuvieron en cuenta en el sumario en cuestión y a realizar sus descargos contra estos, argumentando por qué entiende que no debieron haberse dado por acreditadas dichas conductas, apuntando con ello a la valoración de la prueba realizada en dicho expediente, y en consecuencia, al mérito del proceso, más que a alguna ilegalidad o arbitrariedad en sí misma de donde pueda desprenderse la imparcialidad, probidad y objetividad deducidas.

QUINTO: Que en este mismo sentido, es indispensable considerar la existencia del artículo 160 del Estatuto Administrativo en que se establece el derecho de los funcionarios públicos a reclamar ante la Contraloría General de la República en el caso de haberse producido algún vicio de legalidad que afectare sus derechos. Por tanto, siendo el recurso de protección una acción cautelar, se torna evidente que el medio idóneo para resolver la conflictiva que se presenta en autos no es el deducido, puesto que al tener esta acción dicho carácter, no constituye una instancia para declarar derechos ni resolver conflictos de lato conocimiento, como lo es el existir discrepancia en la valoración de la prueba allegada durante la investigación.

Además de lo anterior, cobra importancia el hecho de que los actos objeto del recurso corresponden a resoluciones exentas, dictadas en el marco de un procedimiento administrativo sumario que se rige por las normas contenidas en el Estatuto Administrativo, existiendo disposiciones legales que lo ordenan, siendo lo idóneo deducir los recursos que la propia legislación establece para dichos casos como lo es el artículo 160 citado, toda vez que lo que se pretende impugnar realmente es el fondo de lo resuelto.

Por lo ya señalado, cabe concluir a esta Corte, que atendido los argumentos esgrimidos por la recurrente, el medio accionado no sería la vía idónea para resolver el conflicto de autos.

SEXTO: Que a mayor abundamiento, y atendido la gran cantidad de documentación adjunta en esta causa correspondiente a resoluciones y pruebas acompañadas en el sumario administrativo, principalmente, es necesario concluir que la medida disciplinaria de destitución ha sido adoptada en conformidad con la legislación vigente, haciendo el nombre reservado del Trabajo uso de sus facultades, y habiéndose realizado previo sumario en donde existió prueba aportada por el propio recurrente, tuvo posibilidad de realizar sus descargos y de recurrir, entre otras cosas, otorgándosele, por tanto, la posibilidad de defensa en todo momento, y encontrándose también fundamentada la decisión.

En cuanto al habérsele aplicado la sanción de destitución y no otra distinta, siendo esta la más grave, tampoco es propio concluir que ello haya sido decidido de forma arbitraria, toda vez que en dicho sumario le fueron formulados 7 cargos, imputándose variadas conductas a saber: incumplimiento a sus deberes funcionarios, desobediencia a la autoridad, haberle dado prominencia a su interés privado por sobre el público, entre otras, y considerando también que existía una sanción previa consistente en la suspensión de sus funciones por 6 meses con el 50% de su remuneración, la que sería la segunda sanción más grave a imponer. En consecuencia, conforme a dichos antecedentes, existiendo sanción previa, habiéndose probado en la investigación las conductas realizadas y revistiendo estas en conjunto una gravedad indiscutida, no puede tornarse en un acto arbitrario o desproporcionado la sanción de destitución, ni mucho menos de ilegal toda vez que el mismo artículo 121 del Estatuto Administrativo faculta a la autoridad competente de tomar la referida medida.

SÉPTIMO: Que respecto de la reposición presentada y su rechazo, tampoco puede calificarse aquel rechazo de ilegal y arbitrario, en atención a que al haberse realizado el sumario administrativo conforme a derecho, y no haberse aportado nuevos argumentos ni antecedentes para considerar una resolución distinta a la ya adoptada, se encuentra dentro de las facultades de dicho órgano el rechazarla.

OCTAVO: Que sumado a lo anterior, el recurrente si bien enumera los derechos que entiende vulnerados, tampoco expone ni argumenta de qué forma se verían afectados con el acto recurrido.

NOVENO: Que, acorde con lo razonado precedentemente, no cabe más que rechazar el recurso interpuesto, tal como se señalara en lo resolutivo de este fallo.

Y visto además lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se rechaza el recurso de protección presentado por nombre reservado con fecha 26 de diciembre de 2016 en contra de la Resolución Exenta N° 129 de fecha 8 de septiembre de 2016 dictada por el nombre reservado de la Dirección del Trabajo don nombre reservado.

Regístrese y comuníquese.

Rol 4327-2016. (Protección)

Redactada por el Fiscal Judicial Sr. Jaime Medina Jara.

Pronunciada por la Primera Sala integrada por las Ministros Titulares Sra. Cristina Araya Pastene, Sra. nombre reservado, el Fiscal Judicial Sr. Jaime Medina Jara. Autoriza la Secretaria(S) Sra. Marcela Sepúlveda Mori.