nombre reservado con DIRECCIÓN REGIONAL DEL TRABAJO REGIÓN DE ANTOFAGASTA

Antofagasta, a ocho de noviembre de dos mil diecinueve.

VISTOS:

nombre reservado, profesión ecólogo marino ingeniero en ejecución, cédula nacional de identidad Nº RUT reservado, deduce recurso de protección en contra del Director Regional Del Trabajo, Don Manuel Pozo Loo e Inspectora Provincial de Antofagasta doña nombre reservado, estimando vulneradas la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 Nº1 y 2 de la Constitución Política. Por lo que solicita dar termino a la situación de acoso laboral que vive desde enero de 2016, de parte de su empleador recurrido.

Evacuando informe el recurrido, solicita el rechazo del mismo.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección se funda en las siguientes consideraciones:

Expone que el 19 de diciembre de 2016 regresó a su trabajo después del post natal, indicándole la Inspectora Provincial que debía cumplir funciones en la unidad de atención de público, siendo cambiada de unidad estando con licencia médica y no siendo informada previamente de ello, fundado lo anterior en que era una determinación que se toma con todas las funcionarias que regresan del post natal, a fin de que puedan cumplir con su rol de madre.

Señala que además le negaron dos permisos administrativos para los días 23 y 30 de diciembre de 2016, los que fueron solicitados en razón de que la sala cuna de su hijo estaría cerrada, el fundamento del rechazo fue que no había personal para cubrir su puesto, días en que se realizaban las celebraciones de fin de año.

Manifiesta que otras funcionarias regresaron de su post natal y fueron ubicadas en las mismas funciones que desempeñaban antes del permiso.

Agrega que en la evaluación cuatrimestral del año 2015, prestaba funciones en la unidad de fiscalización, bajo la jefatura del Sr. nombre reservado, considerado erroneamente un periodo de licencia médica, lo que provocó que la relación laboral con su empleador se quebrara, puesto que no le entregaba instrucciones de trabajo, no la atendía y la excluía de sus labores, de la situación anterior tomó conocimiento el presidente del comité paritario pero no se tomaron acciones al respecto, al contrario aumentó su carga laboral, estando embaraza le exigieron que cumpliera funciones en atención de público lo que no era adecuado por las horas de pie que debía pasar, siendo asesorada por abogados exigió el respeto de sus derechos, por lo que accedieron a devolverla a la unidad de fiscalización, sin embargo presentó licencia médica por su mal estado de salud psicológico asociado a los tratos de su empleador, siendo posteriormente cambiada a la unidad de atención de público en el periodo del 01 al 23 de marzo de 2016.

Indica que el 19 de abril de 2016 regresó a prestar funciones, sin embargo estas no fueron asignadas, por lo que nuevamente presentó licencia, continuando los malos tratos en el año 2017. Agrega que en julio de 2017 realizó denuncia ante la unidad de recursos humanos, en donde sosteniendo una reunión en donde la indispone con los demás compañeros de trabajo, ordenaron que la recurrente regresara a su puesto laboral anterior, siendo excluida sin motivo de los procesos de capacitación.

Expresa que actualmente existe una causa de tutela laboral T-147-2019.

Finalmente indica que en reunión celebrada el 11 de septiembre de 2019 con su jefatura directa, sobre evaluación de desempeño, en donde se encontraba además la inspectora provincial, efectuada a propósito de las observaciones que había efectuado la recurrente a una capacitación anterior, la Inspectora Provincial la trató de manera despectiva y agresiva.

SEGUNDO: Que nombre reservado Machuca Cereceda, abogado, en representación de la Dirección Regional del Trabajo de Antofagasta y de la Inspección Provincial del Trabajo de Antofagasta, por las recurridas, evacua informe en los siguientes términos.

Expone que la recurrente tiene la calidad de funcionaria de la Dirección del Trabajo, cumpliendo labores de fiscalizadora destinada a la Inspección Provincial del Trabajo de Antofagasta, descartando derechamente cualquier acto u omisión arbitrario o ilegal que signifique siquiera amenaza a alguna garantía constitucional de la recurrente.

Alega que la acción deducida en autos, se ha ejercido habiendo excedido largamente el plazo que establece el Auto acordado de la Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección de las garantías constitucionales, debiendo ser rechazado por extemporáneo.

Indica que los mismos hechos, como lo reconoce la actora, se encuentran en conocimiento del Juzgado de Letras del Trabajo de Antofagasta en procedimiento de Tutela Laboral causa RIT T-147-2019. Agrega que la determinación exacta de existir un acoso laboral, institución jurídica que de acuerdo al propio ordenamiento jurídico (artículo 2° del Código del Trabajo) requiere de una serie de requisitos, que necesariamente deben conocerse en un juicio de lato conocimiento, en el que se puedan aportar las pruebas necesarias por las partes, no obedeciendo a la naturaleza cautelar del presente procedimiento.

Señala que el cambio de funciones indicado por la recurrente, específicamente de la Unidad de Fiscalización a Unidad de Atención de Usuarios en el año 2016 (específicamente en el mes de marzo), no se debió a una decisión arbitraria e indebida de la jefatura, Inspectora Provincial, sino todo lo contrario, una medida de protección hacia la propia recurrente, ya que ella se encontraba en estado de gravidez, por lo que las labores de fiscalizadora de terreno implican acciones tales como largos traslados dentro de la ciudad, estar de pie por tiempo prolongado y trasladarse a lugares fuera de la comuna, siendo la tarea realizada en oficina más aconsejable para su salud y protección de su hijo en gestación.

Agrega que no es efectivo que se le hayan negado los permisos administrativos de los días 23 y 30 de diciembre de 2016, ya que de acuerdo al registro de asistencia de la funcionaria, ella gozó de licencia médica en los periodos que van desde el 21 al 23 de diciembre de 2016 y entre el 28 al 30 de diciembre de 2016.

Expresa que respecto de los hechos denunciados que dicen relación con el Jefe de Unidad de Fiscalización, los supuestos problemas en su evaluación cuatrimestral del último periodo 2015, problemas de trato, controles de funciones, falta de puesto de trabajo, cambio de funciones, comentarios de sus labores, que se verificarían en los años 2016 y 2017, sin perjuicio de negar la efectividad de los hechos denunciados, se ha otorgado un adecuado tratamiento a todos ellos, considerando además que la recurrente no se relaciona con la Jefatura individualizada, ya que don nombre reservado dejó de ser Jefe de Unidad de Fiscalización con fecha 01 de abril de 2019.

En cuanto a exclusión de la recurrente de todos los planes de capacitación de este Servicio, niega esto, expresando que en aquellas capacitaciones en donde no fue incluida se debió a que la recurrente durante un periodo prolongado ha estado imposibilitada de trasladarse a las capacitaciones programadas por el servicio y que desarrollan en la ciudad de Santiago principalmente, debido a que en dicho periodo ha estado con cuidados, descansos maternales, licencias médicas y derecho de alimento a su hijo menor de dos años.

Respecto de los hechos denunciados en el septiembre de 2019, señala que se instruyó proceso administrativo de manera tal de verificar la existencia de los hechos, y las eventuales responsabilidades.

Considera que la Dirección del Trabajo, ha obrado dentro de la normativa que el ordenamiento jurídico vigente le demarca y siguiendo un procedimiento administrativo reglado, circunstancias todas que determinan la legalidad de su accionar, no existiendo vulneración de garantías constitucionales.

TERCERO: Que el recurso de protección, acción cautelar constitucional consagrada en el artículo 20 de la Carta Fundamental, ha sido establecido para hacer frente a acciones u omisiones ilegales o arbitrarios, de los cuales derive una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos o garantías expresamente señalados en la misma norma. Se trata de un procedimiento cautelar de emergencia, inquisitivo y sin forma de juicio, que tiene por objeto reestablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado frente a garantías constitucionales indubitadas, inequívocas que no generen discusión ni cuestionamiento sobre su existencia, por lo mismo, el referido artículo 20 establece que este recurso constitucional es “sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o ante los tribunales correspondientes”, lo que no solo significa que su resolución produce únicamente cosa juzgada formal, sino que en lo esencial, cualquier discusión sobre los efectos de los derechos fundamentales, su naturaleza y existencia debe plantearse en otros procedimientos que no se vinculan con el presente.

CUARTO: Que el presente arbitrio se funda en eventuales conductas vulneratorias de derechos fundamentales de la recurrente con ocasión de la relación laboral que la une con la recurrida, aspecto que no puede ser dilucidado en esta sede constitucional de protección. En efecto, no existen antecedentes que permitan sostener la existencia de situaciones de acoso laboral que afecten a la recurrente, y, por otra parte, ésta no es la vía adecuada para establecer la responsabilidad de la recurrida, toda vez que para ello se requiere de un juicio contradictorio y a través de los medios de prueba legal determinar la existencia del hecho denunciado, en el procedimiento jurisdiccional correspondiente.

QUINTO: Que refuerza lo expuesto la circunstancia que ambas partes han sostenido que los hechos descritos en la presente acción constitucional están siendo actualmente conocidos ante el Tribunal de Letras del Trabajo de Antofagasta causa T-147-2019, la que actualmente tiene fijada audiencia de juicio para el cinco de diciembre del presente año, en que las partes podrán hacer uso de los recursos probatorios que el ordenamiento jurídico les provee. Lo anterior implica que el asunto se encuentra actualmente sometido al imperio del derecho, no existiendo en la especie un derecho indubitado.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en el artículo 19 N° 1, 2 y artículo 20 de la Constitución Política de la República y Autos Acordados de la Corte Suprema, de fechas 24 de junio de 1992 y 4 de mayo 1998 sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin Costas, el recurso deducido por nombre reservado, en contra del Director Regional Del Trabajo, Don Manuel Pozo Loo e Inspectora Provincial de Antofagasta doña nombre reservado.

Regístrese y comuníquese.

Rol 4308-2019 (PROT)

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