EULEN SEGURIDAD S.A. CON INSPECCIÓN DEL TRABAJO nombre reservado

nombre reservado, a ocho de septiembre de dos mil quince.

VISTOS:

La comparecencia de Aníbal Rogel Sepúlveda, Abogado, domiciliado en domicilio reservado, en representación de la empresa Eulen Seguridad S.A., interponiendo recurso de protección en contra del Sr. nombre reservado (S) de la ciudad de nombre reservado, don nombre reservado, con domicilio para estos efectos en domicilio reservado, solicitando se acoja el recurso y se deje sin efecto la resolución de fecha 30 de julio de 2015, que no acogió a tramitación la solicitud de reconsideración administrativa presentada respecto de la resolución de multa Nº33564/15/001-1, con costas.

A fojas 137 informó la recurrida al tenor del recurso interpuesto, solicitando su rechazo, con costas.

Puesta la causa en estado se han traído los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurrente funda su recurso, en que con fecha 30 de julio de 2015, el Inspector Provincial del Trabajo de nombre reservado, don nombre reservado, mediante Ordinario Nº1761, notificado a su representada por carta certificada de fecha 3 de agosto de los corrientes, le comunicó la decisión de no dar curso a la solicitud de reconsideración de multa por no haberla presentado dentro del plazo legal de 30 días corridos, contados desde su notificación.

Alega, que lo anterior es consecuencia de la fiscalización efectuada el día 6 de mayo de 2015, por la Fiscalizadora de la Inspección del Trabajo de nombre reservado doña nombre reservado, respecto de documentación laboral de los trabajadores de la instalación ubicada en domicilio reservado de esta ciudad. Añade, que en dicha fiscalización se constató la existencia de hechos que constituirían infracción a la legislación laboral, referida a: “no otorgar trabajo convenido en el contrato de trabajo, que consiste en guardia de seguridad durante los días 13/04/2015 al 21/04/2015, respecto de la trabajadora doña nombre reservado”, por lo que la Inspección Provincial del Trabajo de esta ciudad, cursó una multa mediante resolución Nº 3564/15/001-1, ascendente a la suma de 60 U.T.M., siéndole notificada a su representada con fecha 22 de mayo de 2015.

Alega, que al no estar conforme con la multa cursada, el 22 de junio de 2015, presentó ante la recurrida un recurso de reconsideración y con fecha 3 de agosto pasado, se le notificó el Ord. Nº 1761 de la Inspección Provincial del Trabajo de nombre reservado, de 30 de julio último sobre la inadmisibilidad de la solicitud de reconsideración, por cuanto, se presentó fuera del plazo legal de los 30 días corridos, contados desde la notificación de la multa.

Con relación al derecho, refiere que el acto contra el que recurre, vulnerara las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, numeral 2, al violentarse su derecho a acceder a una instancia de reclamación administrativa en razón de una decisión arbitraria e ilegal de la autoridad administrativa; y, numeral 3, en cuanto a que el acto recurrido, impediría a su representada no sólo acceder a la legítima defensa de sus derechos ante la autoridad administrativa, por las multas cursadas, sino también, a los tribunales de justicia, atento a los establecido en el artículo 512 incido 2º del Código del Trabajo.

En particular, respecto de la garantía del numeral 2º, funda la infracción alegada en lo establecido en el artículo 512 del Código del Trabajo, que regula los plazos para presentar reconsideración administrativa, “es un plazo de días hábiles”, pues la reconsideración es una gestión que se realiza ante un órgano administrativo, caso en el cual, se encuentra la Inspección del Trabajo, y éstos tienen una norma especial que los regula -Ley 19.880- que establece Bases de los procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los órganos de la Administración del Estado, la que deberá ser aplicada en forma supletoria conforme al artículo 1º de la referida ley, y que en su artículo 25 prescribe al que el cómputo de los plazos del procedimiento administrativo, será de días hábiles, entendiendo que no lo son los días sábados, domingos y festivos. Funda su conclusión en que ante el silencio del legislador respecto de la naturaleza del plazo, la norma respectiva debe interpretarse en armonía con el resto del texto legal, en particular el artículo 435 inciso 3º del Código del Trabajo que establece que “Los términos de días que establece este título se entenderán suspendidos durante los feriados”, es decir, establece para las gestiones y actuaciones regulada en el Título I del Libro V del Código del Trabajo, la existencia de un plazo de días hábiles. Agrega que, sin embargo, el artículo 512 se encuentra ubicado en el Libro V del Título Final, por lo que quedaría excluido de tal mandato, ante lo cual, había que remitirse a las normas supletorias contenidas en el código, esto es, al artículo 432 que prescribe que “en todo lo no regulado en este código o en leyes especiales, serán aplicables supletoriamente las normas contenidas en los Libros I y II del Código de Procedimiento Civil, a menos que ellas sean contrarias a los principios que informan este procedimiento” y, tratándose la reconsideración de una gestión que se realiza ante un órgano administrativo como lo es la Inspección del Trabajo, existe una norma especial que lo regula, la Ley 19.880 que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de la Administración del Estado, la que deberá ser aplicada en forma supletoria. Al efecto, cita las causas ROL 7973-2010 Y 3537-2012 seguidas ante la Excma. Corte Suprema.

Hace presente, que en ese orden de ideas, la solicitud de reconsideración de su representada ha sido presentada dentro de plazo legal, por lo cual, la decisión del Inspector Provincial del Trabajo de nombre reservado, de no admitirla a tramitación en razón del plazo, es ilegal y arbitraria, y, lesiona la garantía constitucional de Igualdad ante la Ley.

De otra parte, en relación a la garantía establecida en el artículo 19 Nº 3 de la Carta Fundamental, señala que al estimar la recurrida que la solicitud de reconsideración administrativa es inadmisible en razón de haber sido presentada extemporáneamente, impide a su representada, no sólo acceder a la legítima defensa de sus derechos ante la autoridad administrativa por las multas cursadas, sino también a los tribunales de Justicia, ya que conforme lo dispuesto en el artículo 512 inciso 2º del Código del Trabajo, la resolución que dicta el Inspector del Trabajo respecto de la reconsideración es reclamable ante el Juez de Letras del Trabajo, al cual, en el caso particular su representada se encuentra impedida de ocurrir.

Sostiene, que el acto recurrido es ilegal pues ha aplicado una norma jurídica distinta a la intención dada por el legislador, como a la interpretación armónica que debe otorgársele a la norma en relación con el texto normativo en el que se encuentra inserta. Asimismo, alega que el acto recurrido sería arbitrario, pues atropella el sentido de justicia, careciendo de una fundamentación lógica o técnica, privando a su representada de derechos esenciales, violando flagrantemente la igualdad ante la ley y la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos de las personas.

Acompañó el recurso: Ordinario Nº1761 de fecha 30 de julio de 2015 y copia de resolución de la multa Nº 3564/15/01-1 y acta de notificación de la resolución de multa.

SEGUNDO: Que evacuando el informe la recurrida, en lo atingente al recurso expuso que el mismo debe ser rechazado, al no darse los elementos de hecho y de derecho para su procedencia.

En cuanto a los hechos, refiere que el procedimiento de fiscalización que alude el recurrente se inició a partir de la denuncia ingresada en la Inspección del Trabajo de nombre reservado por trabajadores de la empresa recurrente, fundada en el no otorgamiento de trabajo convenido. Dicha fiscalización, se efectuó el día 6 de mayo de 2015 a 22 de mayo de 2015, tanto en las dependencias de la reclamante como en la oficina de la Inspección de nombre reservado, en ese contexto, se constató que ésta incurría en infracciones a la legislación laboral, en cuya virtud se le aplicó la multa Nº 3564/2015/001, por “no otorgar trabajo convenido en el contrato de trabajo, que consiste en guardia de seguridad durante los días 31/04/2015 al 21/04/2015, respecto de la trabajadora nombre reservado”, la que fue notificada personalmente a la empresa el día 22 de mayo de 2015.

Con relación a la reconsideración, sostiene que el fiscalizador notificó personalmente la mencionada multa, con fecha 22 de mayo de 2015, por lo que para todos los efectos de dicho procedimiento, la empresa se entiende notificada, desde ese mismo día y la empresa de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 512 del Código del Trabajo, presentó recurso administrativo de reconsideración el 23 de junio de 2015, es decir, al día 31 contado desde la notificación de la infracción. Por lo anterior, no admitió a trámite dicha reconsideración dictando el ordinario Nº1761/2015 de 30 de julio de 2015, que declara la extemporaneidad de la presentación efectuada por la empresa.

Alega ausencia de ilegalidad y arbitrariedad desde que la actuación impugnada no constituye acto ilegal, al haberse efectuado conforme a las atribuciones legales de dicho servicio. Así, en cuanto a las normas aplicables al cómputo de los plazos sostiene que el artículo 512 del Código del Trabajo establece un plazo de 30 días, desde la notificación, para efectos de solicitar reconsideración administrativa de multa ante el Inspector del Trabajo. debiendo determinarse si dicho plazo es de días hábiles o de días corridos, para lo cual, es necesario analizar el resto del Código del Trabajo, a objeto de establecer si dentro de su articulado señala alguna norma general que pueda dar luces de la forma de computo del plazo.

Al respecto, sostiene que existen dos normas que dan cuenta de la naturaleza de los plazos en el Código del Trabajo: el artículo 312 que se refiere a los plazos de la negociación colectiva y que señala que en caso que estos plazos venzan en un día hábil se prorrogaran hasta el día hábil siguiente y por otra parte, el artículo 435 que señala que los plazos establecidos en este título suspende los días feriados, estableciendo los plazos de hábiles. Al efecto, hace presente, la necesidad de determinar el alcance de dichas normas.

Respecto del artículo 312 del Código del Trabajo, alega que claramente da cuenta que dicha norma legal solamente se refiere al Título en el cual está establecido, en cuanto señala precisamente que “a los plazos establecidos en este Libro IV Título I del Código del Trabajo”, distinto del Título final del mismo cuerpo legal, en donde se establece el del Procedimiento de Reconsideración de Multa.

En cuanto al artículo 435 el Código del Trabajo, arguye que se refiere a los plazos establecidos en este Título, en ese sentido entonces refiere precisamente al Título I del Libro V, no así al Título final. Así las cosas, ninguna de las normas resulta aplicable en la especie al artículo 512 del Código del Trabajo.

Expone, que resulta necesario entonces recurrir a las normas de interpretación que establece el artículo 19 y siguientes del Código Civil, a cuyo efecto señala que cuando el sentido de la ley es claro no desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu. Asimismo, se establece que para interpretar una expresión oscura se podrá remitir a la expresión o espíritu del legislador manifestado en ella misma o en la historia fidedigna de su establecimiento. Por su parte, indica que el artículo 22, prescribe que el contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de las partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía, a saber, el recurso de interpretación gramatical y el artículo 22, a la interpretación sistemática. Así las cosas señala, hay diversos plazos que establece el Código del Trabajo y de los cuales se puede colegir la intención del Legislador, así el artículo 12 del Código del Trabajo, establece varios plazos como 15 días para suscribir el contrato e trabajo, como también el plazo de 5 días para el mismo objetivo, no señalando si estos días son corridos o hábiles. Sin perjuicio de ello, en su inciso tercero señala el plazo de 30 días hábiles, así las cosas, dentro de la misma norma legal se establece un plazo de días corridos y otro en que expresamente se señala de días hábiles.

Sostiene, que también se puede recurrir al artículo 162 del Código del Trabajo, en sus incisos primero, segundo y séptimo, cual es plazo de días hábiles para efectos de remitir carta certificada al trabajador, no así el plazo de 3O días que establece para efectos de remitir la copia de la carta a la Inspección del Trabajo, en la que se señala solamente 30 días, dando cuenta por la redacción del artículo que se refiere a días corridos, toda vez que el resto de los plazos los establece en días hábiles. Añade, que también se puede recurrir a los artículos 168, 171, 201 inciso final que establecen días hábiles y a los artículos 223, 282, 60 y 412 establecen días hábiles, en desmedros de otros que establecen días corridos.

Expone, que otra norma que es determinante para establecer la naturaleza del plazo es el artículo 513 también del Código del Trabajo, en cuanto establece que toda persona que contrate los servicios intelectuales o materiales de terceros, que esté sujeta a la fiscalización de la Inspección del Trabajo, deberá dar cuenta a la Inspección del Trabajo correspondiente dentro de los tres días hábiles de que conoció del robo. Por otra parte, indica que dentro del mismo Título final establece que la reclamación a la Inspección o un trámite en días hábiles, dando cuenta que el resto de los plazos corresponden a días corridos. Consigna, que de ello se colige entonces que la regla general del Código del Trabajo es el de días corridos y que cuando ha querido mencionarlo a dicho expresamente que los plazos son de días hábiles.

Alega que así las cosas y estando manifestada la voluntad del legislador claramente en el Código del Trabajo no resulta aplicable la disposición del artículo 22 inciso segundo del Código Civil, en cuanto a recurrir a otros textos legales, toda vez que del mismo cuerpo legal del Estatuto Laboral se desprende la naturaleza del plazo del artículo 512 del Código del Trabajo. Expresa que si se quisiera recurrir a una interpretación histórica, la Ley 20.087 -en el mensaje que envió el ejecutivo al Congreso Nacional-, estableció como una de las novedades simplificar las reclamaciones administrativas, señalando que se eliminaba la consignación para reclamar de la multa y también se señaló que el proceso de reclamación de multa se estableció dentro de un párrafo del mismo Título I del Libro V del Código del Trabajo, y así lo señaló expresamente el mensaje del ejecutivo se elimina la confusión de determinar si el plazo es de días corridos o días hábiles. Añade que sin embargo, en la segunda comisión de trabajo de la Cámara de Diputados, se modificó esta situación y se cambió el acápite estableciendo como título diverso la reclamación administrativa de multa, sacándolo del Título I del Código del Trabajo y expresamente haciendo inaplicable el artículo 435 del mismo código. Misma situación, ocurrió con la Ley 20.260 que modificó la estructura del Código del Trabajo. Así las cosas y desprendiéndose del mismo Código del Trabajo, la naturaleza del plazo que establece el artículo 512, no resulta aplicable la disposición del artículo 25 de la Ley 19.880, que se refiere a una materia en especial.

Hace presente, que en ese mismo sentido se ha pronunciado esta Corte de Apelaciones, reconociendo que el plazo para deducir reconsideración es de 30 días corridos contados desde la fecha de la notificación de la multa, citando la sentencia recaída en el Recurso de Protección Rol 108-2014.

Sostiene, que por lo anterior, resulta clara la naturaleza del plazo alegado y en consecuencia se debe establecer, que la reconsideración interpuesta por la empresa debe considerarse como extemporánea.

Alega que en ese mismo sentido se ha pronunciado la Contraloría General de la República, mediante Dictamen Ordinario Nº 17344 de 10 de marzo de 2014, confirmando la doctrina plasmada en el Dictamen Ordinario Nº 64985/2009 del mismo órgano. Precisa, que el mencionado dictamen Nº17344, se basa en una solicitud de reconsideración de la doctrina administrativa contenida en el dictamen 64985/2009, solicitada por la Dirección del Trabajo, teniendo en cuenta principalmente el criterio jurisdiccional al momento de emitir pronunciamiento en cuanto al plazo para solicitar reconsideración de multas administrativas establecido en el artículo 512 del Código del Trabajo, insistiendo el órgano contralor que el mencionado plazo es de días corridos. Siendo ese el criterio que sigue la Inspección Provincial de nombre reservado al analizar las solicitudes de reconsideración.

Alega a su turno, que la resolución recurrida no adolece de arbitrariedad, por cuanto se ajusta a la normativa laboral, responde a motivos razonables y son consecuencia de la constatación de determinados hechos. Al efecto, sostiene que teniendo claro que la Inspección del Trabajo ha obrado dentro de la competencia que el ordenamiento jurídico vigente le demarca y siguiendo un procedimiento administrativo reglado, circunstancias todas que determinan la legalidad de su accionar, cabe desvirtuar ahora toda suerte de imputación de arbitrariedad en los hechos de la especie, para lo cual se debe considerar lo siguiente: Hasta el momento, la Contraloría General de la República tiene una postura clara al respecto en cuanto a que el cómputo de dicho plazo es de días corridos y termina el último día del plazo, a la hora de cese de atención de público de las oficinas de la Dirección del Trabajo. Así se desprende del Dictamen Nº 17344/03/2014, pronunciamiento que en síntesis explica que las normas de la Ley 19.880, no se aplican supletoriamente al procedimiento administrativo especial del artículo 512 del Código del Trabajo, por cuanto éste no adolece de vacíos en materia de plazos, cuestión que se satisface por la aplicación de las normas del mismo Código del Trabajo.

Concluye, señalando que en razón de lo expuesto, no cabe sino concluir que el recurso de protección interpuesto es improcedente, porque no existe alguna acción u omisión ilegal o arbitraria por parte de la recurrida, que haya afectado, ni aún en grado de amenaza, los derechos y garantías constitucionales que indica la recurrente, por lo que el mismo deberá ser rechazado en todas sus partes.

Acompañó al informe copia del Dictamen Ordinario Nº 17.344/2014 de la Contraloría General de la República; Copia de expediente administrativo de reconsideración de multa en el que consta el Ordinario Nº 1761 y la solicitud de reconsideración presentada por la recurrente con fecha 23 de junio de 2015; y, copia del expediente de informe de fiscalización 0201/2015/807.

TERCERO: Que de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos prexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que la Excma. Corte Suprema de Justicia en sentencia en causa Rol 4015-2015 ha sostenido:

“Segundo: Que como ya lo ha resuelto esta Corte, el plazo de treinta días a que se refiere el artículo 512 del Código del Trabajo para presentar la solicitud de reconsideración ante el Director del Trabajo no es de días corridos, como lo sostiene la recurrida, sino de días hábiles, entendiéndose inhábiles los días sábados, domingos y festivos. En efecto, se trata de un recurso presentado en la etapa administrativa, de manera que por no existir norma expresa que establezca lo contrario en el referido Código, debe aplicarse en forma supletoria el artículo 25 de la Ley N° 19.880 que se refiere al cómputo de los plazos del procedimiento administrativo, disposición que alude a días hábiles, disponiéndose que son inhábiles los días sábados, domingos y festivos. En consecuencia, existiendo regulación expresa acerca del cómputo de los plazos en los procedimientos administrativos, esta modalidad prima por sobre las normas de carácter general comprendidas en el Código Civil.”

QUINTO: Que en consecuencia la actuación ilegal proviene del hecho de haberse negado a tramitar el recurso presentado dentro de plazo por lo que se afectó la garantía segunda del artículo 19 de la Constitución Política de la República, debiendo en consecuencia accederse al recurso dejándose sin efecto la resolución ordinaria N° 1761 de fecha 30 de julio de 2015 de la Inspección del Trabajo.

SEXTO: Que habiendo actuado la recurrida en cumplimiento de lo dictaminado por la Contraloría General de la República al respecto, deberá eximírsele del pago de las costas.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 19 número 24 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto en representación de la empresa Eulen Seguridad S.A. en contra del Sr. nombre reservado, dejándose sin efecto la Resolución Ordinaria N° 1761 de fecha 30 de julio de 2015 dictada por nombre reservado en su calidad de Inspector Provincial del Trabajo (S) de nombre reservado, debiendo la recurrida admitir a tramitación el recurso de reconsideración planteado por la actora respecto de la resolución de multa 3.564/2015/001-1 de 6 de mayo de 2015.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol 4270-2015.

Pronunciada por la Primera Sala, integrada por los Ministros Titulares Sr. Oscar Clavería Guzmán, Sra. nombre reservado y Fiscal Judicial Sr. Rodrigo Padilla Buzada. Autoriza el Secretario Subrogante, Sr. Cristian Pérez Ibacache.

En nombre reservado, a ocho de septiembre de dos mil quince, se notificó por el estado diario la sentencia precedente.

12 Primera Sala