Protección contra Banco de Chile

Antofagasta, a quince de febrero de dos mil veintitrés VISTOS:

La comparecencia de nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado de esta ciudad, quien dedujo recurso de protección en contra de Banco de Chile, solicitando que se adopten las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la protección de sus derechos constitucionales, con costas.

Informó el recurrido, solicitando el rechazo del recurso.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso se funda en la existencia de un actuar ilegal y arbitrario de la institución bancaria recurrida, consistente en efectuar una devolución parcial del monto defraudado de su cuenta corriente, vulnerando las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Indicó que el 7 de diciembre de 2022 fue objeto de una actividad fraudulenta en su cuenta corriente del banco recurrido, realizándose cuatro transacciones que desconoce, por un monto total de $4.023.367.-. El banco bloqueó sus cuentas y tarjetas, pero únicamente le abonaron 35 U.F. a su cuenta, indicándole que ejercerían acciones legales en su contra.

Asimismo, hizo presente que el banco ofreció celebrar una transacción, indicándole que sin reconocer responsabilidad, se depositó a la cuenta la suma de $1.220.000.- y que ofrecía la suma de $1.500.000.-, debiendo el actor hacerse cargo de la diferencia, de $1.303.367.-.

Concluyó solicitando que se adopten las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la protección de sus garantías constitucionales, con costas.

SEGUNDO: Que informó el abogado Benjamín Jordán Astaburuaga en representación del banco recurrido, solicitando el rechazo del recurso, por no existir algún acto u omisión ilegal o arbitrario que vulnere las garantías constitucionales del recurrente.

Señaló que las transacciones que se desconocen corresponden a pagos de Botón de pago de Servipag y Servicio de Impuestos Internos y un pago electrónico de cuentas, tras haber ingresado el actor a un correo electrónico, accediendo con sus claves y pinpass. Por lo tanto, el banco cumplió con las normativas de seguridad, pues el actor ingresó con sus claves de seguridad.

Indicó que en virtud de la denuncia efectuada por el recurrente, se iniciaron las acciones legales contenidas en la Ley N°20.009, como se faculta en su artículo 5. Por lo tanto, el banco actuó conforme a la normativa vigente, pues abonó 35 UF dentro del plazo establecido en la normativa y respecto del saldo, optó por ejercer las acciones legales pertinentes el 27 de diciembre de 2022, iniciándose la causa rol N°8.358-2022 del Tercer Juzgado de Policía Local de Antofagasta. Por lo tanto, está facultado para retener la diferencia en el monto, hasta obtener una sentencia definitiva que resuelva la controversia.

En consecuencia, estimó que el actor no tiene un derecho indubitado, pues el asunto actualmente está siendo conocido a través de un juicio de lato conocimiento.

TERCERO: Que atendida la materia en conocimiento de esta Corte, se solicitó informe al Tercer Juzgado de Letras de la ciudad, el que remitió copia del expediente rol N°18.358/2022, seguido respecto de las partes de esta acción constitucional.

CUARTO: Que de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

QUINTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

SEXTO: Que de las presentaciones efectuadas por las partes se desprende que el objeto de la acción deducida es determinar la existencia de un acto ilegal o arbitrario de la institución bancaria, consistente en efectuar una devolución parcial del monto defraudado de la cuenta corriente del actor.

SÉPTIMO: Que para resolver, se debe tener presente la normativa aplicable en la especie, contenida en la Ley N°20.009. En primer lugar, el artículo 2 en su inciso 1° dispone que “Los titulares o usuarios de medios de pago, así como los titulares de otras cuentas o sistemas similares que permitan efectuar transacciones electrónicas, en adelante referidos en forma conjunta como los "usuarios", podrán limitar su responsabilidad, en los términos establecidos por esta ley, en caso de hurto, robo, extravío o fraude, dando aviso oportuno al emisor.”

Luego, el artículo 4 de la ley dispone que “Tratándose de operaciones anteriores al aviso a que se refiere el artículo 2 de esta ley, el usuario deberá reclamar al emisor aquellas operaciones respecto de las cuales desconoce haber otorgado su autorización o consentimiento, en el plazo de treinta días hábiles siguientes al aviso(…).

En los casos en que el usuario desconozca haber autorizado una operación, corresponderá al emisor probar que ella fue autorizada por el usuario y que se encuentra registrada a su nombre (…).”

Finalmente, el artículo 5 consagra que “El emisor deberá proceder a la cancelación de los cargos o a la restitución de los fondos correspondientes a las operaciones reclamadas en virtud del artículo 4, dentro de cinco días hábiles contados desde la fecha del reclamo, cuando el monto total reclamado sea igual o inferior a 35 unidades de fomento.

Si el monto reclamado fuere superior a 35 unidades de fomento, el emisor deberá proceder a la cancelación de los cargos o la restitución de los fondos, según corresponda, por un valor de 35 unidades de fomento en igual plazo que el inciso precedente. Respecto del monto superior a dicha cifra el emisor tendrá siete días adicionales para cancelarlos, restituirlos al usuario o ejercer las acciones del inciso siguiente, debiendo notificar al usuario la decisión que adopte de la manera indicada en el inciso tercero del artículo 2 (…).

Si en el plazo anterior, el emisor recopilare antecedentes que acrediten la existencia de dolo o culpa grave por parte del usuario, podrá ejercer ante el juez de policía local todas las acciones que emanan de esta ley, siendo competente aquel que corresponda a la comuna del domicilio del usuario.

Si el juez declarare por sentencia firme o ejecutoriada que no existen antecedentes suficientes que acrediten la existencia de dolo o culpa grave del usuario, el emisor quedará obligado a restituir al usuario el saldo retenido, debidamente reajustado aplicando para ello la tasa de interés máxima convencional calculada desde la fecha del aviso y al pago de las costas personales o judiciales (…).”

Así, de la normativa citada se desprende que, en caso de denuncia de una actividad fraudulenta por el titular de la cuenta bancaria, cuando el monto defraudado es superior a 35 UF, el banco está obligado a restituir ese monto. Sin embargo, respecto de la diferencia o saldo existente, tiene la opción de restituirla o bien, iniciar las acciones legales correspondientes, en la forma que autoriza la ley.

OCTAVO: Que de las presentaciones efectuadas por las partes y la documentación acompañada, se desprende que existen cuatro transacciones que desconoce el recurrente y que fueron denunciadas como fraude, por un total de $4.023.367.-. De dicho monto, el banco restituyó un monto equivalente a 35 UF, negándose a pagar la diferencia y optando a iniciar la acción regulada en el artículo 4 de la Ley N°20.009, la se encuentra actualmente en conocimiento del Tercer Juzgado de Policía Local de esta ciudad y que fue notificada al actor el 24 de enero del presente.

NOVENO: Que de lo razonado en los considerandos precedentes, necesariamente debe concluirse que no existe acto ilegal o arbitrario alguno por parte del banco, pues dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 4 de la ley en comento, depositando al actor la suma que correspondía, reservándose el derecho a iniciar las acciones legales que contempla nuestro ordenamiento, lo cual fue informado al cliente.

En consecuencia, habiéndose efectivamente dado inicio a la acción contemplada en la normativa, actualmente la controversia está en conocimiento de la judicatura competente, la que determinará las eventuales responsabilidades del banco y en su caso, la procedencia o no de la restitución del saldo del monto denunciado como objeto de fraude, motivos suficientes para rechazar la acción deducida.

DÉCIMO: Que no se condena en costas al recurrente, por considerarse inconveniente.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA sin costas, el recurso deducido por nombre reservado, en contra del Banco de Chile.

Regístrese y comuníquese.

Rol 42.443 - 2022 (PROT)