INVERSIONES DELICIUD SPA CON DIRECTOR DE SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS

Antofagasta, a veintidós de marzo de dos mil diecisiete.

VISTOS:

La comparecencia de don nombre reservado, C.I N° RUT reservado, en representación de INVERSIONES DELICIUS SpA, RUT N° RUT reservado, del giro de alimentación, ambos con domicilio en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección de garantías constitucionales en contra del Servicio de Impuestos Internos, nombre reservado, representado por el director Regional don Rómulo Edgardo Gómez Sepúlveda, C.I. N° RUT reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, a fin de que se declare que los actos ejecutados por la recurrida son arbitrarios, ilegales y vulneratorios a las garantías constitucionales, o las demás providencias que pueda adoptar esta Ilustrísima Corte.

Informó la recurrida, instando por el rechazo del recurso.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la acción deducida se funda en que con fecha 15 de febrero del año en curso, la recurrente suscribió un contrato de arriendo con fines comerciales sobre la propiedad ubicada en domicilio reservado, para desarrollar la actividad de panadería, pastelería y rotisería.

Agrega que antes de suscribir el contrato consultó a las autoridades pertinentes si existían inconvenientes, las cuales le señalaron que no existía impedimento alguno. Así, el 16 de febrero al posicionarse como nuevo arrendatario del local, un fiscalizador del S.I.I. le indicó que el local se habría clausurado ya que el contribuyente anterior tenía una sanción de clausura por 12 días y el pago de una multa, aun pese de existir nuevo contribuyente.

Conforme a lo anterior presentó una solicitud ante el jefe de servicio para dejar sin efecto la clausura, la cual fue rechazada, fundado en que el contribuyente anterior don nombre reservado aún mantenía documentación tributaria y la clausura se ajustaba a derecho, que el nuevo contribuyente inició giro de actividades el día 16 de febrero; tampoco se habría realizado el término de giro por el contribuyente anterior y el nuevo contribuyente no ha timbrado documentos tributario alguno.

Arguye que la sanción fue impuesta al contribuyente anterior por lo que él no tiene que cumplirla, sobre todo si se considera que la sanción pesa sobre una persona y no el inmueble.

Manifiesta que el impedir el uso del local coarta su libertad a desarrollar una actividad económica lícita, dado que al momento de iniciar actividades se indicó el domicilio señalado como el lugar donde se desarrollarían. Añade que la documentación del contribuyente anterior se encontraba en el local porque este habría realizado actividades hasta el día 15 de febrero.

Por otra parte el S.I.I. se ha negado a timbrar las boletas, esgrimiendo que mientras no se esclarezca la situación, no podrá ejercer la actividad.

Habiéndose conculcado su derecho consagrado en el artículo 19 Nos. 21 y 24 de la Carta Fundamental, solicita alzar la clausura que recae sobre el local ubicado en domicilio reservado y que se instruya a la recurrida en orden a que sus facultades no pueden ser ejercidas con vulneración a los derechos. Asimismo que se establezca que su actuar es arbitrario e ilegal, ante la posibilidad que cesen su actuar durante la tramitación del recurso.

SEGUNDO: Que informando la recurrida expresa que con 5 de octubre del año 2016, previa fiscalización en el local ubicado en domicilio reservado, se cursó notificación de infracción en contra de don nombre reservado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 97 ° 10 del Código Tributario por emitir boletas de ventas y servicios sin cumplir con los requisitos legales. No habiéndose acogido al plan simplificado de condonaciones, no concurriendo a las citaciones y manteniendo un deuda pendiente, con fecha 30 de noviembre de 2016 se emitió resolución S/N mediante la cual se le aplicó una multa de $1.048.900.- y clausura de su establecimiento por el plazo de 12 días, la que está cumplida.

El 19 de enero del presente año, se le comunicó que la sanción se haría efectiva el día 15 de febrero de 2017, procediéndose a la clausura en dicha fecha, levantándose el acta respectiva. El día 27 de febrero se levanta la clausura, el día 27 de febrero el contribuyente timbró su documentación tributaria.

Luego el día 16 de febrero de 2016, se recibió solicitud del hijo del contribuyente don nombre reservado, a fin de solicitar el levantamiento de la clausura, indicando su inicio de actividades y acompañando el contrato de arriendo del local, la cual fue rechazada con fecha 20 de febrero de 2017, dado que la documentación tributaria de don nombre reservado aún se encontraba en el local, se inició actividades por el hijo un día después de efectuada la clausura, no registraba documentación timbrada y no había acreditado domicilio.

Argumenta que la acción cautelar ha perdido eficacia ya que la clausura no se encuentra vigente; empero, enfatiza que lo que pretende el recurrente es atacar consecuencias de infracciones previamente notificadas y no reclamadas, para lo cual existe un procedimiento establecido en el Código Tributario, por lo dado el carácter excepcionalísimo del recurso de protección, este no puede prosperar. Al efecto cita lo resuelto por esta magistratura en causa Rol N°1300-2015 y Rol N° 626-2017.

Aclara que pese a la cita del numeral 20 del artículo 19 de la Constitución, entiende que el recurrente manifiesta afectado el numeral 21, y en tal sentido, el S.I.I. no ha conculcado derecho alguno, al solo haber ejercido su labor fiscalizadora y sancionadora.

Reitera que la sanción se cursó previo procedimiento; que al momento de celebrar el contrato de arriendo la clausura ya se había ejecutado; que el nuevo contribuyente inició actividades un día después de la clausura y que el anterior contribuyente –su padre- no había informado cambio de domicilio.

Informa que en recurso de amparo interpuesto por los mismo hechos, ya se estableció que existían maniobras para eludir la sanción impuesta y citando sentencia del Tribunal Constitucional, causa rol N° 513, refiere que el derecho a desarrollar un actividad económica es de carácter negativo, es decir, consiste en que terceros no interfieran, priven o embaracen la facultad del titular para desarrollar cualquier actividad económica, por lo que no supone la obligación correlativa del Estado en orden a satisfacer la pretensión del titular del derecho.

Tampoco existe limitación al derecho de propiedad, ya que el recurrente firmó libremente el contrato de arrendamiento con su padre, quien había sido notificado oportunamente de la sanción.

Concluye que las únicas acciones lesivas a las garantías fundamentales son aquellas derivadas de su propia conducta.

TERCERO: Que el recurso de protección, acción cautelar constitucional consagrada en el artículo 20 de la Carta Fundamental, ha sido establecido para hacer frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios, por los cuales una persona sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de derechos o garantías expresamente señalados, dentro de los cuales se incluye los alegados por la recurrente, en tanto se deban a acciones arbitrarias e ilegales realizadas por la recurrida.

CUARTO: Que conforme lo reseñado anteriormente, se puede concluir que actualmente las conductas imputadas como vulneratorias no se encuentran vigentes, dado que la sanción de clausura se cumplió con fecha 27 de febrero del año 2017, mismo día en que el recurrente procedió a timbrar su documentación tributaria, por lo que el presente recurso ha perdido su objeto, al no existir medida alguna que pueda arbitrar esta magistratura a efectos de restablecer el imperio del derecho.

QUINTO: Que, no obstante lo anterior, y atendido que en causa Rol N° 262-207 esta Magistratura ya emitió pronunciamiento sobre la conculcación alegada respecto al derecho a desarrollar un actividad económica, reconocido en el artículo 19 N° 21 de la Constitución Política de la República; respecto al otro derecho invocado, a saber, el de propiedad, cabe señalar que el recurrente nada ha dicho sobre el mismo, limitándose a transcribir la norma contenida en el numeral 24 del mencionado artículo, cuestión que impide la inteligencia de la acción y además inhibe las posibilidades de defensa de la recurrida.

En efecto, conforme a los hechos descritos, el recurrente no puede ignorar que es hijo del contribuyente anterior, sobre el cual recayó sanción por infracción tributaria –que no fue reclamada-, por lo cual mal puede pretender que, mediante esta vía, se ampare un actuar del todo cuestionable a efectos de evitar la clausura –en ese entonces vigente- del negocio o local que arrendó un día después de ejecutada la sanción. Suma a lo anterior, que haya iniciado actividades el mismo día en que celebró el contrato de arrendamiento y que una vez reclamada por él clausura, haya continuado su accionar, ahora ante esta Magistratura mediante dos vías distintas, sabiendo o debiendo saber, que el accionar del Servicio fue anterior al desarrollo de su actividad, por lo cual mal podría existir una privación, amenaza o perturbación a un derecho que aún no se ejercía.

Lo anterior, no solo implica la inexistencia de algún tipo de vulneración a su derecho a desarrollar una actividad económica y a su derecho a la propiedad, sino que manifiesta un actuar temerario, por lo que se le condenará en costas.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se rechaza, con costas, la acción constitucional deducida por nombre reservado, en representación de INVERSIONES DELICIUS SpA, en contra del Servicio de Impuestos Internos.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol 419-2017 (PROT)

Pronunciada por la primera Sala, integrada por los Ministros Titulares Sr. Dinko Franulic, Sra. nombre reservado, y el Fiscal Judicial Sr. Jaime Medina Jara. Autoriza el Secretario Subrogante Sr. Cristian Pérez Ibacache.

6