Protección contra Carabineros de Chile

Antofagasta, a siete de septiembre de dos mil quince.

VISTOS:

En estos autos Rol de Corte Nº 4160-2015, a fojas 1 comparece don nombre reservado, chileno, ex Cabo 1º de Carabineros de Chile, domiciliado en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de Carabineros de Chile, estimando vulneradas las garantías constitucionales del artículo 19 números 1, 2, 3, 4, 9, 14 y 16 de la Carta Fundamental, por la dictación de la Resolución Exenta Nº 377 de fecha 16 de julio del año en curso emitida por la Prefectura de Antofagasta que dispone su baja de las filas de la institución por conducta mala.

A fojas 42 emite informe la Prefectura de Carabineros Antofagasta, representada por el Coronel de Carabineros Prefecto Sr. nombre reservado, pidiendo el rechazo de la acción constitucional.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurrente expone que con fecha 16 de julio del año en cuso le fue notificada la Resolución Exenta Nº 377 de la misma fecha, emitida por la Prefectura de Carabineros Antofagasta, que dispone su baja de las filas del institución por conducta mala con efectos inmediatos, de la cual cita la parte resolutiva, decisión que se funda en que ese mismo día el recurrente indicó haber sido asaltado mientras estaba en su vehículo, siendo abordado por desconocidos que le sustrajeron su automóvil en cuyo interior mantenía su revólver y otras especies, agregando que practicadas diligencias indagatorias, se estableció que el cabo primero nombre reservado, permanecía en la vía pública en el sector costanera en un sitio eriazo, compartiendo con otros funcionarios y civiles, ingiriendo alcohol, quien, estando en manifiesto estado de ebriedad, efectuó dos disparos al aire haciendo uso indebido de su arma de fuego, lo que provocó la molestia del grupo, produciéndose un altercado, para luego retirarse del lugar.

Lo anterior, dice la resolución, constituye infracción a las faltas tipificadas en el artículo 22 número 1 letras d) y h) y número 3 letra a) del Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile número 11, concurriendo las agravantes del artículo 33 letras a), e) y f) y favoreciéndole la atenuante de la letra a) del mismo texto.

En cuanto a los hechos, sostiene el recurrente que efectivamente concurrió al sector parque Croacia con otros funcionarios y civiles, lugar en que ingirió alcohol, iniciándose una discusión entre todos con características de violencia, por lo cual decidió desenfundar su armamento y realizar dos a tres disparos al aire y mar, a fin de evitar un mal mayor y que este diera término al pleito. Refiere que luego, los civiles pretendieron agredirlo, amenazándolo de muerte, sustrayéndole su vehículo, del cual pudo huir mientras era conducido por estos sujetos, arrojándose a la vía pública, circunstancia en que fue auxiliado por un tercero para luego concurrir personal policial y efectuar rondas con resultado negativo. Agrega que, posteriormente, se practicó el control de identidad de dos sujetos fiscalizados al coincidir con la descripción que él había dado, practicándose el reconocimiento de los mismos en el retén policial. Sostiene que fue conducido luego al Hospital Regional donde se constataron sus lesiones que describe. Luego de ello, fue trasladado a la oficina del mayor Sr. nombre reservado, quien al tomar conocimiento de lo sucedido sólo se abocó a efectuar actos administrativos, sin considerar su calidad de víctima, vulnerando sus derechos y procedimiento de rigor, ordenando a los funcionarios policiales sólo que acogieran la denuncia pero no se practicó la detención de estos sujetos. Agrega que en horas de la mañana le tomaron declaración y, por razones obvias, al no encontrarse bajo control de sus actos y haber sido aconsejado al efecto, narró hechos falsos a fin de no involucrar a más funcionarios policiales, lo que lo llevó a cometer errores de investigación, encontrándose su arma de servicio cerca del mediodía en el antejardín de un inmueble. Concluye que al día siguiente, en horas de la tarde, al recuperar el control de sus actos, se le tomó declaración nuevamente en la cual dijo la verdad para esclarecer los hechos, siendo puesto en presencia del señor Prefecto de la repartición y dado de baja por conducta mala con efectos inmediatos.

Impugnando las imputaciones efectuadas en la resolución, expone que no es aplicable aquella contemplada en el artículo 22 número 1 letra d), pues él fue víctima de un delito y fue personal de servicio que no dio cumplimiento sus deberes militares, establecidos en el Código Procesal Penal. Por su parte, en cuanto a la infracción de la letra h), es decir, estado de intemperancia en la vía pública, reconoce que ingirió alcohol y que estaba con licencia médica, pues tenía problemas de depresión reactiva por la enfermedad y muerte de su padre. Respecto a la infracción del artículo 22 número 3 letra a), incumplimiento de deberes policiales, dice que prestó ayuda a sus compañeros que estaban sido agredidos por los civiles y disparó al aire para evitar un mal mayor. Respecto a las agravantes que lo perjudican, sostiene que en un principio dio cuenta de hechos falsos para no involucrar a otros funcionarios, pero ya en buen estado declaró la verdad; agrega que tanto él y sus compañeros fueron víctimas de la acción de los civiles, insistiendo en que el uso de armamento fue para evitar que alguien saliera lesionado. Hace hincapié en que se le consideró como atenuante la buena conducta anterior, sin registrar ninguna sanción disciplinaria siendo bien evaluado. Añade que se da en la especie un concurso ideal de delitos al incurrir en más de una falta, haciendo presente que es infracción administrativa atribuirle circunstancias agravantes que no están acreditadas, citando varios dictámenes de la Contraloría General de la República y circulares de Carabineros en cuanto a la forma de llevar a efecto una sanción y proceso disciplinario, concluyendo que no se ha procedido con espíritu de justicia, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 11 del Reglamento de Disciplina.

Añade que ninguna persona resultó herida o lesionada, que sus colegas después lo dejaron solo, que fue víctima de un delito, que los sujetos fueron encontrados pero por orden superior no fueron detenidos, incurriéndose en incumplimiento de deberes militares, sin que se cumpliera lo dispuesto en las normas sobre detención en caso de flagrancia y de protección y auxilio a la víctima, haciendo presente que conforme el artículo 496 número 12 del Código Penal, efectuar disparos al aire sólo tiene sanción de multa.

Refiere que consultó en las dependencias de la defensoría administrativa de la segunda zona de carabineros pero la abogada se negó a prestarle defensoría, constatándose el hecho que su deber es defender al personal y que se ha vulnerado el principio de inocencia, lo que le impidió contar con una defensa adecuada citando al efecto el artículo 19 número 3 de la Constitución Política.

Enumerando las garantías del artículo 19 de la Constitución Política que estima conculcadas, precisa que respecto a la igualdad ante la ley, no se le prestó la ayuda necesaria su calidad de víctima; en cuanto al número 3, reitera lo expuesto en el párrafo anterior y cita el inciso quinto de la norma; del número 4, dice que se ha provocado el descrédito de su persona y se afectado su vida personal y familiar al apartarlo de la institución; respecto al numeral 9º, señala que estaba bajo licencia médica por depresión y, finalmente, respecto al número 16, insiste que la resolución no se investigó previamente y que el hecho tipificado sólo es una falta lo que no impide el desempeño de sus funciones públicas.

Se cuestiona la decisión adoptada por la prefectura, considerando que lograr de carabineros debe ajustarse a las normas legales, disciplinarias y administrativas, citando los artículos 6º y 7º de la Constitución Política, siendo la institución garante del derecho de los ciudadanos, no existiendo ningún mérito en la resolución más que un afán de perjudicarlo causándole daños innecesarios.

Solicita se acoja el recurso y se deje sin efecto la resolución que dispone su baja de las filas de carabineros.

SEGUNDO: Que, la prefectura Antofagasta, representada por el nombre reservado Sr. nombre reservado, informa el recurso de protección, solicitando su rechazo. Respecto a los antecedentes de hecho, expone aquellos signados en la Resolución Exenta, sustentando el incumplimiento de las obligaciones profesionales y funcionarias del recurrente, determinándose en forma clara y objetiva la responsabilidad administrativa que le asiste, pues se acreditó con medios de prueba fidedignos, un hecho contrario a los principios legales y reglamentarios que son la base de todo integrante de Carabineros de Chile, lesionando gravemente el régimen disciplinario institucional al incurrir en una transgresión que lesiona el decoro y dignidad policial, por lo que su permanencia en la institución afecta su prestigio y significa un menoscabo a la función policial.

En cuanto los antecedentes reglamentarios que fundamentan la decisión adoptada, indica que el recurrente incurrió en faltas tipificadas en el artículo 22 Nº 2, letras d) y h) del Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile Nº 11, afectándole las agravantes del artículo 33 letras a) e) y f), favoreciéndole la atenuante de la letra a) del mismo artículo y texto. Así, conforme dispone el artículo 9 del Reglamento de Disciplina, el conocimiento y la resolución de las faltas que cometan los subalternos, es un deber funcionario y propio de los oficiales de la institución, por lo que al conocerse de una falta, el respectivo jefe tiene el deber de sancionar, y si no lo hiciere incurriría en una violación a principios de ética y mando. Agrega que el artículo 13 del mismo Reglamento señala que la sanción administrativa es totalmente independiente de la responsabilidad penal y civil, la que no tiene incidencia alguna para aminorar o excluir la sanción administrativa. Así, conforme al artículo 43 letra d) de la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, se dispone el retiro absoluto del personal por eliminación o sanción disciplinaria en proceso administrativo. Además, el Reglamento tantas veces aludido dispone, en su artículo 23, la sanción disciplinaria de baja por conducta mala; por su parte, los prefectos de Carabineros tienen competencia para imponer la baja por conducta mala, conforme al artículo 35 Nº 4 de la misma disposición. A su turno, el Reglamento de Selección y Ascensos en su artículo 127 Nº 4 letra e), dispone la posibilidad de eliminación por conducta mala con efectos inmediatos, sin perjuicio de la investigación o sumario respectivo, siendo esta la medida administrativa que se adoptó por su parte.

Expone que el recurrente fue dado de baja, sin perjuicio del derecho que le asiste a interponer los recursos que regula el Reglamento de Sumarios Administrativos Nº 15, en las instancias procesales pertinentes.

Indica que el ex funcionario fue oído por el oficial respectivo, a quien la reglamentación le impone la carga de adoptar una decisión como la referida, se ordenó la instrucción de un sumario administrativo designándose al Teniente Sr. nombre reservado al efecto y que será quien debe establecer los hechos en que está implicado el recurrente, pieza sumarial que aún está en tramitación y no ha concluido, por lo que el recurrente cuenta con los recursos administrativos, incluido el de solicitar la revisión del Director General de Carabineros o el examen de la Contraloría General de la República.

En cuanto a la legalidad del acto administrativo impugnado, indica que el mismo se asienta en el artículo 127 Nº 4 inciso 5º del Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros de Chile Nº 8, el cual cita, aludiendo también a otras disposiciones que confieren al prefecto facultades disciplinarias, razón por la cual se adoptó la resolución que se impugna por esta vía. Así, al ordenar la baja de las filas de la institución, se ejerció la potestad disciplinaria que le corresponde, siendo esta una atribución discrecional, para cuya adopción se requiere que la falta sea de gravedad y que haga inconveniente la permanencia del funcionario en la institución y que el inculpado confiese su responsabilidad. Hace presente además, que en la ley Nº 18.834 se contempla una facultad similar respecto de los funcionarios públicos de la Administración del Estado.

Concluye que en el caso de autos, de la pieza sumarial instruida se evidencia que la falta en que incurrió el recurrente afecta su integridad moral, el prestigio de la institución y el buen servicio policial, por lo que tiene mérito suficiente para ser calificada de grave, existiendo antecedentes probatorios suficientes en la investigación para estimar, en principio, que el funcionario tiene responsabilidad en los hechos que constituyen la falta. Agrega que los reparos que efectúa el ex funcionario al sumario, como asimismo la contestación de cargos que realiza, carecen de relevancia, pues todo procedimiento administrativo es una consecución de actos y trámites que tienen por finalidad concluir en uno terminal, el que no debe confundirse con el acto administrativo que aplicó la sanción disciplinaria de baja, pues la investigación aún no está finalizada y la decisión puede ser enmendada por la vía de los recursos administrativos.

Añade que el recurso no precisa de qué forma se han conculcado las garantías que estima vulnerada.

Por las razones expuestas, solicita el rechazo del recurso de protección, indicando que el recurrente no tiene un derecho de propiedad sobre el cargo que desempeñaba y que además la resolución administrativa adoptada no es caprichosa sino que ajustada a la reglamentación referida y se resguardó siempre el debido proceso administrativo.

Acompañó con su informe los siguientes antecedentes, todos en copia certificada: copia Resolución Exenta recurrida y su notificación; copia orden de sumario; copia constancia de fecha 15 de julio del año en curso; copia hoja de ruta cuadrante Nº 5, copia certificado de servicio del recurrente; copia de sumario breve instruido al recurrente y copia acta de audiencia de fecha 16 de julio de la Prefectura Antofagasta.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se indican, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deban tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que, atendida la especial naturaleza del recurso de protección, para que pueda prosperar, es indispensable que quien lo intente acredite la existencia de un derecho actual que le favorezca, que esté claramente establecido y determinado y que corresponda a uno de aquéllos a que se refiere el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

QUINTO: Que igualmente, es sabido que para que el recurso de protección sea acogido, es necesario que los hechos en que se hace consistir la arbitrariedad o ilegalidad, estén comprobados y que con éstos se haya sufrido perturbación, privación o amenaza en el ejercicio legítimo de las garantías y derechos que la Constitución asegura y, que son los taxativamente enumerados en el artículo 20 de este cuerpo legal.

SEXTO: Que una vez acotado el ámbito de aplicación del recurso de protección de garantías constitucionales, debe el tribunal que conoce de tal arbitrio, establecer la existencia de la acción u omisión que lo motiva; identificar a la persona u órgano responsable de aquélla o ésta, y si existe privación, perturbación o amenaza de algún derecho, en términos tales que justifiquen la adopción de medidas que tiendan a la debida protección de el o los afectados y, por supuesto, que la acción u omisión sea ilegal o arbitraria, en los términos ya expresados.

SEPTIMO: Que según queda de manifiesto en el texto del libelo ya referido en el considerando primero de esta sentencia, lo que provoca la interposición de este arbitrio constitucional, lo constituye el hecho que la Prefectura de Carabineros de Chile Antofagasta, dio la baja por conducta mala con efectos inmediatos al recurrente por los hechos ya reseñados. Lo anterior constituye, a juicio del actor, un acto ilegal y arbitrario que vulnera las garantías constitucionales establecidas en el artículos 19 de la Constitución Política de la República, en los siguientes numerales: N° 1, derecho a la integridad física y psíquica; Nº 2, igualdad ante la ley; Nº 3, la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, y en particular el inciso quinto que señala que nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho; Nº 4 que consagra el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia; Nº 9 derecho a la protección de la salud, sin que en su descripción se aluda a infracción a lo dispuesto en el inciso final de esta norma; Nº 14 derecho a presentar peticiones a la autoridad; y Nº 16 relativo a la libertad de trabajo.

OCTAVO: Que para conocer el grado de legalidad o ilegalidad de la decisión adoptada por la Prefectura de Carabineros de Chile Antofagasta, es dable analizar la normativa atingente a la materia.

En efecto, el artículo 9° del Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile N° 11, establece que “Conocer y resolver las faltas que cometan los subalternos es un deber funcional y propio de la misión o puesto que desempeñan los Oficiales de Orden y Seguridad de Carabineros.

Esta atribución es inherente al cargo que se haya conferido…”.

Luego, el artículo 13 del Reglamento citado establece que “una misma falta deberá ser castigada por un solo superior y con una sola sanción disciplinaria.

No obstante, la sanción administrativa es independiente de la responsabilidad penal y civil y, por tanto, la condena, el sobreseimiento o la absolución no excluyen la posibilidad de aplicar al funcionario una medida disciplinaria en razón de los mismos hechos…”.

Por su parte, el artículo 23 del texto referido señala como sanción disciplinaria que se podrán aplicar a los funcionarios de Carabineros, entre otras, letra e) “baja por conducta mala”.

En este mismo sentido el artículo 127 N°4 inciso 5°, del Reglamento de Selección y Ascenso del Personal de Carabineros de Chile N° 8, estatuye que “…cuando la comisión de una falta que dé origen a un Sumario Administrativo o Investigación, fuere de tal gravedad que haga inconveniente la permanencia del funcionario en la Institución, y, el inculpado confiese su responsabilidad, o ésta se haga evidente, el Jefe que ordene la instrucción del Sumario podrá eliminarlo de inmediato por “conducta mala”, sin expresar nota de conducta hasta la terminación de la pieza sumarial o de la investigación, oportunidad en la cual deberá fijar la nota que en definitiva le corresponda, o bien, modificar o dejar sin efecto la causal de baja, según el mérito del Sumario o Investigación.

Con todo, el funcionario que habiendo sido dado de baja en conformidad al inciso anterior, se le aplicare en definitiva sanción que no importe necesariamente su baja, será reintegrado en el grado que tenía antes de abandonar las filas, determinándose su ubicación en el escalafón o rol respectivo, considerando el tiempo que permaneció alejado de la institución”.

NOVENO: Que, del examen de las disposiciones analizadas precedentemente se aprecia el alcance de las normas reglamentarias que integran la potestad disciplinaria de la institución recurrida. Así, no pueden desconocerse las atribuciones que el marco legal le ha conferido, por lo que no surgen elementos de juicio válidos y suficientes que lleven a la conclusión de que hubo un actuar susceptible de ser calificado de ilegal, descartándose el arbitrio que se ha alegado, desde que la Institución actuó en uso de sus facultades y con fundamentos proporcionales a la gravedad de los hechos.

Debe tenerse presente que el Reglamento de Disciplina Nº 11 establece la obligación de los mandos de sancionar las faltas que cometan sus subalternos, ya que la omisión en el cumplimiento de este deber implicaría una violación a principios de ética y mando y que la aplicación de sanciones de tipo administrativo es independiente de la responsabilidad penal o civil derivada de los hechos en que incurriera el personal, por lo que la condena, el sobreseimiento y la absolución judicial no tienen incidencia alguna para aminorar o excluir la sanción administrativa.

DÉCIMO: Que, debe considerarse además que el acto administrativo que por esta vía se impugna reviste el carácter de condicional, sujeto al resultado final del sumario administrativo, en cuya virtud le asistirá al recurrente el derecho a ejercer las instancias de impugnación, en la forma y plazos que regula el Reglamento de Sumarios Administrativos N° 15. Así, de la documental acompañada por la recurrida, se aprecia que el procedimiento seguido por la Institución en lo que respecta al ex Cabo 2º Carrasco se ajusta a la normativa establecida por la reglamentación institucional en lo relativo a las investigaciones que se llevan a cabo cuando se trata de determinar irregularidades en la conducta profesional del personal y que la medida adoptada a su respecto se enmarca dentro de los cánones institucionales, ya que la reglamentación permite dar de baja a un funcionario sometido a investigación a la espera de lo que se resuelva al fin del procedimiento, según el artículo 127 antes citado, de manera que la baja del servicio aplicada es una medida transitoria que se transformará en definitiva sólo si los cargos formulados en contra del funcionario eran fundados y fueron legalmente establecidas tanto la participación de éste como su responsabilidad, por lo que no cabe en esta sede entrar a analizar las alegaciones respecto a la existencia o no de circunstancias atenuantes y/o agravantes.

DÉCIMO PRIMERO: Que, las consecuencias que el recurrente denuncia se han producido tanto a su persona como a su familia como consecuencia de la investigación de que está siendo objeto, solo pueden entenderse como una reacción frente a la situación que vive, la que es consecuencia de existir antecedentes en su contra y no de una actitud malintencionada o destinada a perjudicarlo como se aduce en el recurso.

DECIMO SEGUNDO: Que, de los antecedentes expuestos precedentemente, sólo cabe concluir que la decisión recurrida se ajustó a los procedimientos legales y reglamentarios, habiéndose fundado y siendo proporcional a la gravedad de los hechos, sin que surja evidencia alguna que permita determinar que el actuar de la institución recurrida carezca de sustentación jurídica ni que el mismo sea producto de la arbitrariedad, por lo tanto no ha podido violarse ninguno de los derechos o garantías que se denuncian en el presente recurso debiendo desestimarse.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el deducido a fojas 1 y siguientes, por don nombre reservado en contra de Carabineros de Chile.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol 4160-2015.

Pronunciada por la Segunda Sala, integrada por los Ministros Sra. Cristina Araya Pastene, Sr. Dinko Franulic Cetinic y el Abogado Integrante Sr. Cristian Aedo Barrena. Autoriza el Secretario Subrogante Sr. Cristian Pérez Ibacache.

En Antofagasta, a siete de septiembre de dos mil quince, notifiqué por el Estado Diario la sentencia que antecede.

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