nombre reservado con nombre reservado

Antofagasta, a cuatro de mayo de dos mil veintidós.

VISTOS:

La comparecencia de nombre reservado, presidenta provisoria de la Junta de Vecinos “nombre reservado”, domiciliada en domicilio reservado, quien interpuso recurso de protección en contra de nombre reservado y nombre reservado, voceras representantes de la toma “Nuevo Renacer”, ubicada en Caleta Boy, solicitando que se ordene desalojar y desarmar la toma levantada.

Haciéndose efectivo el apercibimiento decretado, se tuvo por no presentada la acción respecto de las particulares recurridas.

Habiéndose solicitado de oficio informe a la I. Municipalidad de Tocopilla, Delegación Presidencial Provincial y Capitanía de Puerto, informaron las autoridades recurridas, solicitando el rechazo de la acción.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la acción se funda en el actuar ilegal y arbitrario de los recurridos, consistente en tomarse y ubicarse en terreno privado, la que tiene orden de desalojo con plazo para el 17 de febrero del presente, vulnerando las garantías contenidas en el artículo 19 N°1, 4, 5, 23 y 24 de la Constitución Política de la República y normas del D.L. N°1939 que fija normas sobre adquisición, administración y disposición de bienes del Estado.

Señaló que la segunda semana de enero del presente año un grupo de familias se instaló en un terreno ubicado al costado norte de la playa Caleta Boy, además de ser marcados sectores fuera de la toma, al este de la misma y al costado del Policlínico de la empresa Engie. Desde esa época, el sector que comprende Villa Chile, Villa El Cobre, nombre reservado, Villa Las Rocas y Bella Vista, han sufrido un incremento de inseguridad y delincuencia, impidiendo que los vecinos vivan en tranquilidad.

Hizo presente que no desconoce los problemas de vivienda de algunos vecinos, pero los habitantes de la toma son vistos con vehículos de distinta gama, celulares de altos valores y cierres de estacionamientos.

Finalmente, solicitó que se ordene desalojar y desarmar la toma levantada.

SEGUNDO: Que de oficio se solicitó informe a la I. Municipalidad de Tocopilla, a la Capitanía de Puerto de Tocopilla y a la Delegación Presidencial Provincial, al tenor del recurso, conforme resoluciones del 21 de febrero y quince de marzo del presente.

TERCERO: Que atendida la falta de notificación de las particulares recurridas, por resolución del 24 de abril, rectificada el 3 de mayo del presente, se hizo efectivo el apercibimiento decretado, teniéndose por no presentada la acción a su respecto.

CUARTO: Que informó la abogada Dannitza González Rivera y el abogado Sebastián Olivares Garcés, en representación de la I. Municipalidad de Tocopilla, representada por la Alcaldesa de la comuna, Ljubica Kurtovic Cortés, al tenor de la acción deducida.

Indicó que los terrenos aludidos por la recurrente corresponden a propiedad fiscal, pues parte de ellos son administrados por el Ministerio de Defensa Nacional y la otra parte -que corresponde a terrenos de la playa- mantienen concesión marítima vigente a nombre de la Municipalidad y de la empresa Engie. Por lo tanto, a la informante corresponde una parte de menor del terreno.

En este contexto, la Alcaldesa remitió al Capitán de Puerto un oficio el 17 de febrero del presente, informando que no se entregó autorización para construir cercos en terrenos correspondientes a la concesión y por ello, se solicitó proceder en conformidad con el artículo 125 del Reglamento de Concesiones Marítimas.

Asimismo, refiriéndose a la normativa aplicable a los desalojos de inmuebles de dominio fiscal, particularmente el artículo 4 letra h) de la Ley N°19.175, artículo 26 del D.L. N°22/1959 y artículo 19 del D.L. N°1.939/1977, indicó que la Municipalidad carece de facultades para ordenar el desalojo de personas que mantienen ocupación ilegal en los terrenos fiscales, debiendo requerirse a las autoridades competentes que procedan de conformidad a la Ley. Además, no se encuentra dentro de sus facultades el realizar un catastro de los inmuebles o vehículos que tengan inscritos las personas de la toma.

QUINTO: Que informó la Delegada Presidencial Provincial de Tocopilla, nombre reservado, indicando que la autoridad se ha ajustado en su actuar a la normativa legal vigente y al ejercicio de sus facultades legales, pues la orden de desalojo se encuentra vigente, pero está pendiente de ejecución.

En primer lugar, señaló que entre enero y febrero del presente, un grupo de personas efectuó demarcaciones en terreno fiscal en el Sector Costero denominado “Caleta Boy”. Por dicho motivo, el 2 de febrero se despachó -conforme a las facultades legales de la autoridad- la resolución exenta N°20, ordenando la restitución administrativa y desalojo de los ocupantes ilegales, despachando el oficio N°70 a Carabineros de Chile para solicitar auxilio de la fuerza pública. Hizo presente que el mismo día se hizo una reunión con los vecinos de sector, informándoles los plazos y procedimientos a seguir.

El desalojo se notificó el mismo día, pues no había aun ocupación con fines habitacionales, solo demarcaciones. Por lo tanto, se solicitó a Carabineros realizar patrullajes preventivos, para desincentivar las ocupaciones. No obstante, actualmente se levantó un campamento, cercado con malla y portones de acceso.

El día 11 de febrero se realizaron reuniones para buscar soluciones colaborativas, a las que asistió la Capitanía de Puerto y los vecinos. Asimismo, se ofició a la empresa Engie para informar la situación, por ser titulares de una concesión marítima.

No obstante lo anterior, el desalojo que debía efectuarse el día 17 de febrero no se realizó, atendido a que no había fuerza pública. Se debió postergar para el día 22 del mismo mes, quedando pendiente su ejecución, producto del cambio de Gobierno.

Finalmente, hizo presente la existencia de una colisión de derechos, pues se deben atender los fines de justicia social, educación, salubridad, trabajo, moralidad pública y asistencia, conforme a la misión gubernativa; y por otra parte, ejercer la vigilancia de los bienes del Estado, exigiendo su restitución cuando proceda. Por lo tanto, cuestiona que la acción deducida sea la vida jurídica apropiada para la defensa del derecho de propiedad y asimismo, que la ocupación ilegal sea la forma apropiada para acceder a beneficios habitacionales y subsidios estatales.

SEXTO: Que informó el Capitán de Puerto de Tocopilla, indicando que los días 29 y 30 de enero del presente, mediante patrullajes efectuados en Caleta Boy, se detectaron entre 70 y 90 familias pertenecientes a la agrupación denominada “Nueva Renacer” efectuando demarcaciones y toma de terrenos correspondientes a bienes nacionales de usó público. Los terrenos corresponden a un total de ciento quince sitios, de los cuales veinticuatro corresponden a la administración del Ministerio de Defensa, entregados a su vez en concesión.

Dicha situación fue informada al Delegado Presidencial Provincial, quien requirió el auxilio de fuerza pública para el desalojo, mediante el correspondiente acto administrativo de restitución. No obstante, de igual modo se solicitaron implementos y maquinarias para el desalojo, informando la Capitanía que no cuenta con dichos bienes, pues su obligación es colaborar como fuerza pública.

Hizo presente que en virtud de distintas fiscalizaciones, se logró notificar a cinco personas como ocupantes ilegales, por lo que se inició el procedimiento para tramitar los desalojos, mediante cinco oficios emitidos el 17 de marzo del presente. Asimismo, indicó que aproximadamente veintitrés sitios fueron desocupados voluntariamente, por lo que no fue necesario iniciar el trámite de desalojo.

SÉPTIMO: Que de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

OCTAVO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

NOVENO: Que de las presentaciones efectuadas por las partes, se desprende que el objeto de la acción deducida es determinar la existencia de un acto ilegal o arbitrario, consistente en tomarse y ubicarse en terreno privado.

DÉCIMO: Que para resolver, se tendrá presente que de los antecedentes acompañados por las partes se colige que el terreno ocupado corresponde a la administración de la Capitanía de Puerto y del Ministerio de Defensa, habiendo este último realizado una concesión a la I. Municipalidad y a una empresa privada. Por lo tanto, en mérito de la ocupación efectuada por familias particulares, se han dictado distintos actos administrativos para disponer su desalojo, consistentes en el Oficio Ord. N°187 de la Municipalidad y Resolución Exenta N°20/2022 de la Delegación Presidencial Provincial de Tocopilla, del 2 de febrero del presente, que dispuso la restitución inmediata del terreno, con fuerza pública en caso de oposición.

UNDÉCIMO: Que en mérito de lo señalado en el considerando precedente -y sin hacer un análisis anticipado sobre la legalidad de los actos administrativos dictados- se puede concluir que los propietarios de los bienes nacionales de uso público han adoptado las medidas que estimaron pertinentes para obtener la restitución de los mismos, dictando y notificando las resoluciones indicadas.

DUODÉCIMO: Que el artículo 4 de la Ley N°19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, en su actual texto modificado por la Ley N°21.073, establece que el “delegado presidencial provincial ejercerá las atribuciones que menciona este artículo informando al delegado presidencial regional de las acciones que ejecute en el ejercicio de ellas, y además las siguientes que esta ley le confiere directamente.” Se establece dentro de sus facultades en su letra d) “Requerir el auxilio de la fuerza pública en el territorio de su jurisdicción, en conformidad a la ley”. Asimismo, el inciso 2° del artículo 19 del Decreto Ley N°1.939, de 1976, que fija normas sobre Adquisición, Administración y Disposición de Bienes del Estado, prevé, en lo pertinente que “todo ocupante de bienes raíces fiscales que no acreditare, a requerimiento de la Dirección, poseer alguna de las calidades indicadas en el inciso anterior, será reputado ocupante ilegal, contra el cual se podrá ejercer las acciones posesorias establecidas en el Título IV del Libro II del Código de Procedimiento Civil”.

DÉCIMO TERCERO: Que esta Corte de Apelaciones a resuelto previamente, como por ejemplo en sentencia dictada en causa Rol N°9463-2021, que la acción que pretenda la restitución de quien o quienes los ocupen ilegalmente debe necesariamente tramitarse a través de los mecanismos jurisdiccionales que el legislador ha establecido y no mediante un acto administrativo. En consecuencia, debe concluirse también que tampoco es posible perseguir el desalojo de un terreno a través de una acción constitucional como la deducida, pues lo requerido escapa del objeto cautelar de la misma.

En consecuencia, no siento esta la vía para perseguir la finalidad de la actora, quien a demás no es propietaria de los bienes ocupados ni acompañó antecedente alguno que permita establecer una vulneración a las garantías invocadas en su presentación, se rechazará la acción deducida.

DÉCIMO CUARTO: Que no se condenará en costas a la recurrente, por estimarse que tuvo motivo plausible para litigar.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA sin costas, el recurso deducido por nombre reservado, presidenta provisoria de la Junta de Vecinos “nombre reservado en contra de I. Municipalidad de Tocopilla, Delegación Presidencial Provincial y Capitanía de Puerto de Tocopilla.

Regístrese y comuníquese.

Rol 416 - 2022 (PROT)