nombre reservado con TESORERÍA REGIONAL ANTOFAGASTA

Antofagasta, a ocho de marzo de dos mil veintitrés.

VISTOS:

Comparece Bernardo Alejandro Yévenes Carvajal, cédula de identidad N°RUT reservado, abogado, en representación de doña nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, factor de comercio, ambos domiciliados en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la Tesorería Regional Antofagasta, representada por don nombre reservado, en su calidad de Tesorero Regional, ambos domiciliados en domicilio reservado, por el actuar ilegal consistente en no haber dado lugar a la devolución de impuestos del proceso de renta correspondiente al Año Tributario 2018, vulnerando así las garantías contenidas en el artículo 19 número 24 de la Constitución Política de la República.

Informó la recurrida solicitando el rechazo de la acción.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: La recurrente funda su acción en que en el mes de junio de 2022, a través de una notificación del Servicio de Impuestos Internos que informaba sobre la negativa de la devolución de impuestos del año 2019, tomó conocimiento de la devolución correspondiente al año tributario 2018, por lo que, encontrándose caducado el cheque emitido por dicho concepto, puesto a su disposición en las cajas del Banco Estado, solicitó a la recurrida con fecha 5 de enero de 2023, el reemplazo del referido documento de pago.

Agrega que mediante Resolución/Ordinario N°007/E16897/2023 notificada el 27 de enero de 2023, la recurrida rechazó el reemplazo del documento caducado, argumentando “la caducidad y/o prescripción del plazo para efectuar o reclamar de la devolución o emisión del pago que autoriza la devolución del Impuesto a la Renta correspondiente al A.T. 2018”.

Alega la recurrente que la resolución referida es ilegal, ya que la recurrida yerra al computar el plazo de tres años establecido en el artículo 126 del Código Tributario, desde el 18 de abril 2019, fecha de emisión del cheque, ya que conforme a lo establecido en el artículo 45 de la ley 19.880 en relación con los artículos 8 bis letra f) y artículo 11 inciso 1º del Código Tributario, la recurrida debió indicar con qué fecha la contribuyente fue notificada de dicha emisión o resolución.

De esta forma, no habiéndose acreditado dicha notificación, debe entenderse que la contribuyente tomó conocimiento “indirecto” de la situación relativa a la devolución de impuestos del año tributario 2018, el 20 de abril del 2022, fecha en que fue notificada la RES. N°Ex_290204335 que le informa sobre la negativa a la devolución de impuestos del año 2019, vulnerando así las normas relativas a la notificación y cómputo de plazos para obtener el pago de una devolución de impuestos.

Señala que el actuar de la recurrida, al rechazar la revalidación del pago de $2.398.969 por concepto de devolución de impuestos sin mediar notificación legal de la misma, infringe el artículo 19 Nº24 de la Carta Fundamental, afectando el derecho a la propiedad de la recurrente y hace presente que no existe procedimiento legal que permita impugnar la actuación de la recurrida con miras a restablecer el imperio del derecho y las garantías constituciones vulneradas en la situación de autos.

Por lo anterior, afirma que la acción de protección es el único medio para restablecer el imperio del Derecho, razón por la que mediante esta solicita dejar sin efecto el Ordinario N°007/E16897/2023 de fecha 27 de enero de 2023, emitido por el Tesorero Regional de Antofagasta, y ordenar a la recurrida cursar el pago correspondiente a la devolución de impuestos a la renta del año tributario 2018, por un monto de $ 2.398.969, con expresa condenación en las costas del recurso.

SEGUNDO: Informó nombre reservado, Director Regional Tesorero de Antofagasta.

Afirma el recurrido que no es efectivo que el Servicio haya incurrido en un acto ilegal que perturbe o prive el ejercicio de los derechos de la recurrente y precisa que, una vez realizada por la contribuyente su declaración anual de impuesto a la renta correspondiente a la operación renta del año tributario 2018, este dio lugar a una devolución de excedentes por la suma de $2.398.969.-, emitiéndose una orden de pago por caja N°857861 con fecha 18 de abril de 2019.

Agrega que el 28 de diciembre de 2022, se recibe a través de oficina virtual, solicitud de la recurrente de reemplazo de orden pago por caja, la que, mediante respuesta electrónica de 1 de enero de 2023, fue rechazada por extemporánea. Luego, la recurrente se presentó en las dependencias del Servicio y reiteró la solicitud de reemplazo mediante presentación de 05 de enero de 2023, solicitud que generó una nueva respuesta, mediante oficio N°7/2023 de fecha 27 de enero del mismo año, la que no dio lugar al reemplazo de orden de pago por encontrarse caducado el plazo legal para solicitar la devolución.

Añade que el Servicio de Impuestos Internos puede, incluso, comunicar a los contribuyentes a través de su sitio web, mediante “Consulta de Estado de declaración de impuesto a la renta”, la que se encuentra disponible desde el momento de presentar la declaración de Formulario 22, por lo que la contribuyente, desde abril de 2019, se encontraba en condiciones de revisar el estado de su declaración, como el estado y fecha de sus devoluciones autorizadas, lo que, según se desprende de su relato, nunca realizó. Asimismo, indica que el sólo llenado del Formulario 22, puede dar indicios de la situación en que se encuentra cada contribuyente, por lo que, una vez presentada la declaración, la contribuyente debió percatarse de que existía la posibilidad de acceder a la devolución, ya que esta es informada al momento de realizar este trámite vía página web.

Señala que debe considerarse el plazo de tres años establecido en el artículo 126 inciso 3º del Código Tributario, aplicable a las solicitudes de devolución de impuestos, por lo que las solicitudes de la recurrente resultan extemporáneas, ya que la orden de pago respectiva se emitió con fecha 18 de abril de 2019, el que no fue cobrado por la contribuyente hasta la solicitud realizada recién el mes de diciembre de 2022.

Agrega que conforme a la Circular Normativa N°342 v1.0, del 13-01-2022, del Servicio de Tesorerías, se desprende que el plazo para la solicitud de reemplazo de un pago caducado, será de tres años, si se trata de pagos emitidos por tributación interna o externa, plazo que se computará desde la fecha de giro del primer documento para su pago; y en caso de pagos emitidos con motivo de otros pagos o devolución, el plazo será de cinco años, computados de igual forma. Lo anterior encuentra fundamento en el artículo 2521 del Código Civil, que regula las acciones que prescriben en corto tiempo, debiéndose considerar igualmente lo dispuesto en el artículo 2515, que regula el plazo para que opere la prescripción extintiva, que, en lo pertinente, reza que el plazo será de cinco años para el ejercicio de las acciones ordinarias que persigan el cumplimiento de la obligación.

TERCERO: Que de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que de la acción se desprende que la recurrente alega la existencia de un acto ilegal de la recurrida, consistente en la negativa a su solicitud de reemplazar el documento de pago caducado (cheque), correspondiente a la devolución de impuesto a la renta del año tributario 2018, negativa materializada mediante Resolución/Ordinario N°007 / E16897 / 2023.

SEXTO: Que, de lo afirmado por las partes y de los antecedentes acompañados, es posible dar por establecido que el 18 de abril de 2019 la Tesorería General de la República emitió un cheque a nombre de la contribuyente nombre reservado por la suma de $2.398.969, correspondiente a la devolución de impuesto a la renta del año tributario 2018, cheque que se encuentra caducado al no haber sido cobrado en el plazo de 90 días desde su giro, razón por la que en enero de 2023, la recurrente solicitó el reemplazo del referido documento de pago, obteniendo como respuesta del servicio el rechazo a su solicitud, fundado en la caducidad y/o prescripción del plazo para efectuar o reclamar de la devolución o emisión del pago que autoriza dicha devolución.

SÉPTIMO: Que, según consta en Resolución/Ordinario N°007/E16897/2023 acompañada al recurso, el fundamento alegado por el Servicio de Tesorería para negar la solicitud de la recurrente, consiste en que la petición habría sido planteada de forma extemporánea, habiendo ya transcurrido el plazo de tres años para el reemplazo del referido documento, esto conforme a lo que se desprendería de una Circular Normativa del servicio, fundamentada en el artículo 2521 del Código Civil, razón por la que dicha obligación se encontraría prescrita.

A su vez, informa la recurrida que resulta aplicable en autos lo dispuesto en el artículo 126 inciso 3º del Código Tributario, norma que establece que las solicitudes de devolución de impuestos deben presentarse dentro del plazo de tres años contados desde el acto o hecho que le sirva de fundamento.

OCTAVO: Que, el artículo 2521 del Código Civil dice relación con el tiempo de prescripción que extingue acciones y derechos ajenos, plazo que se computa desde que la obligación se haya hecho exigible, y en lo pertinente, establece que este tiempo es en general de tres años para las acciones ejecutivas y de cinco para las ordinarias. Sin embargo, para que la prescripción opere en un caso concreto, esta debe ser alegada y declarada judicialmente, lo que en el caso de marras no consta haber ocurrido, no habiendo sido alegada ni acreditada la existencia de una resolución judicial de un tribunal competente en tal sentido.

Asimismo, no resulta aplicable al caso de marras el plazo establecido en el inciso 3º del artículo 126 del Código Tributario, puesto que la solicitud de reemplazo de un documento de pago caduco no se enmarca en alguna de las hipótesis contenidas en dicha norma, no pudiendo ser esta solicitud considerada como una petición de devolución de impuestos en un sentido estricto, ya que del análisis de la situación tributaria de la contribuyente y como reconoce la recurrida en su informe, la devolución de impuestos correspondiente al año tributario 2018 nunca fue denegada, emitiéndose la orden de pago respectiva con fecha 18 de abril de 2019.

Confirma lo anterior, el hecho de que la resolución impugnada no encuentra motivación en la referida norma del Código Tributario, sino que sólo en la Circular Normativa N°342 v1.0, del 13-01-2022, fundamentada en el ya mencionado artículo 2521 del Código Civil, la que debido a su objeto y naturaleza jurídica propia de este tipo de instrumentos administrativos, resulta vinculante sólo a los funcionarios subordinados del servicio respectivo, por lo que las interpretaciones en ellas contenidas no deben considerarse necesariamente extensivas a las contribuyentes.

NOVENO: Que, no resulta conducente para la resolución del conflicto de autos, detenerse en las alegaciones relativas al inicio del cómputo del plazo de prescripción, toda vez que no habiendo sido esta declarada mediante una resolución emanada de un tribunal competente, no puede entenderse extinguida la acción de cobro de la recurrente, por lo que las alegaciones de la Tesorería no resultan suficientes para motivar la negativa al pago que se pretende por la recurrente, derivando su actuar en ilegal y arbitrario, toda vez que su decisión carece de sustento legal y razones que la justifiquen, ya que el solo hecho de encontrarse caducado el cheque oportunamente girado a la contribuyente, no implica que haya operado la prescripción extintiva respecto de su cobro.

DÉCIMO: Que, conforme a lo argumentado, el actuar del servicio recurrido importa desconocer el derecho de propiedad de la contribuyente sobre los dineros que el Fisco debe entregarle por concepto de devolución de impuestos correspondiente a la operación renta del año tributario 2018, lo que vulnera la garantía constitucional garantizada en nuestra Carta Fundamental en su artículo 19 N°24, razón por la que la presente acción constitucional debe ser acogida.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se ACOGE, sin costas, el recurso interpuesto por el abogado Bernardo Alejandro Yévenes Carvajal, en representación de doña nombre reservado, en contra de la Tesorería Regional Antofagasta, dejando sin efecto la Resolución/Ordinario N°007/E16897/2023 de fecha 27 de enero de 2023 y ordenando a la recurrida a cursar a la recurrente el pago correspondiente a la devolución de impuestos a la renta del año tributario 2018, por un monto de $ 2.398.969, por concepto de devolución de impuesto a la renta del año tributario 2018.

Regístrese y comuníquese.

ROL 414-2023 (PROTECCIÓN)