nombre reservado con CAJA LOS ANDES

Antofagasta, a dieciséis de abril de dos mil veinticinco.

VISTOS:

La comparecencia de don nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar los Andes, RUT N°RUT reservado, por el acto arbitrario e ilegal consistente en descontar el 40% del pago de sus licencias médicas, con ocasión de una supuesta deuda de pensión de alimentos inexistente, lo que le genera una afectación en su economía al ser el único sustento de su familia, solicitando a esta Corte de Apelaciones ordene a la recurrida, devolver los montos retenidos.

Informó doña Inés Riquelme Arao, abogado, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de los Andes, solicitando el rechazo de la acción deducida por no existir acto ilegal o arbitrario cometido por ésta última en relación con los hechos expuestos.

Informó don nombre reservado, Administrador del Juzgado de Familia de Antofagasta, al tenor del recurso interpuesto.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: El recurrente funda su acción señalando que, tuvo dolencias en su rodilla, razón por la cual le extendieron licencia médica por incapacidad laboral, debido a que su función es ser chófer de camión de reparto, precisando que las licencias extendidas fueron tres, correspondiendo a las N°s 3-112997942; 3-113749976; y, 3-114206096.

Señala que, al momento de cobrar tales licencias, había una proporción de sus valores retenidos, razón por la cual reclamó ante la recurrida, quien respondió que dicha retención del 40% se debía a que tenía una deuda de pensión alimenticia hecha en Antofagasta el 29 de septiembre de 2023, según su base de datos. Ante tal situación, le sugirieron que se acerca al Tribunal de Familia para que le emitieran un certificado que acredite que no hay deuda por ese concepto, sin embargo, aquella judicatura indicó no poder hacerlo, por cuanto no podía certificar una deuda inexistente, otorgándole solo un papel con un timbre del Tribunal, pero no algo que permita dar solución a su problema.

Señala que no existe tal deuda, que sus hijos son mayores de edad y que cuenta con todos los comprobantes de pago. Además, anteriormente había presentado otra licencia médica ante otra caja de compensación, no existiendo problema con el pago, añadiendo que no existe deuda, no hay retención por parte de su empleador, no existe antecedentes de deuda en el Registro Civil y que inclusive, pudo obtener su licencia de conducir con normalidad, lo que no hubiese ocurrido en el caso de existir una deuda por pensión de alimentos.

Finalmente, hace presente que en virtud de que ha debido operarse, posiblemente le emitan más licencias médicas, considerando que debe hacer terapia kinesiológica, por lo que, de no solucionarse esta situación, le seguirán reteniendo los dineros.

En virtud de lo descrito, alega afectación en el ámbito económico, toda vez que es el único sustento de su hogar, solicitando a esta Corte de Apelaciones ordenar a la recurrida, la devolución de los dineros retenidos.

SEGUNDO: Informó doña Inés Riquelme Arao, abogado, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de los Andes, solicitando el rechazo de la acción deducida por no existir acto ilegal o arbitrario cometido por ésta última en relación con los hechos expuestos.

Primeramente, hace presente que es la Superintendencia de Seguridad Social la que cuenta con las atribuciones para fiscalizar y controlar las Cajas de Compensación. Además, indica el marco normativo de estas, remitiéndose a la Ley N°18.833, sus reglamentos, sus respectivos estatutos y supletoriamente por las disposiciones del Título XXXIII del Libro I del Código Civil.

Luego, señala que la recurrida recepcionó y dispuso los procedimientos administrativos habituales para la tramitación en la COMPIN Viña del Mar – Quillota, para las licencias médicas N°3-92676030, 3-112997942, 3-113749976, 3-114206096, 3-114819056, por el periodo que va desde el 12 de octubre de 2023 hasta el 31 de marzo de 2025. Posteriormente, la Caja de Compensación procedió a generar los subsidios respectivos, los que fueron pagados mediante transferencia bancaria.

Sin embargo, el recurrente presenta vigente una retención judicial a nombre de la señora nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, ingresada en su base de datos en enero de 2005, con fecha de inicio 01 de diciembre de 2004, y, añade que, hasta el día de hoy, no ha recepcionado el cese de la retención, emitido por el tribunal y/o juzgado de familia.

Por lo expuesto y en base a esos antecedentes, solicita el rechazo de la acción deducida.

TERCERO: Informó don nombre reservado, Administrador del Juzgado de Familia de Antofagasta, al tenor del recurso interpuesto.

Indica que, de acuerdo a informe emitido por la Jefa de la Unidad de Atención de Público, consta la búsqueda del Rol 6774 del Primer Juzgado de Menores de Antofagasta donde efectivamente se habría decretado la retención judicial del 40% de los emolumentos previo descuentos legales a favor de sus hijos con fecha 29 de septiembre del año 2004.

En consecuencia, el recurrente al estar con licencia médica, es la Caja de Compensación Los Andes quien realiza el pago de su remuneración y el descuento no se debe a su inclusión en el Registro de Deudores sino a la propia resolución que en su minuto debió haber recibido la Caja de Compensación.

Efectivamente, el recurrente solicitó al Juzgado de Familia de Antofagasta la emisión de un certificado que acreditara que no está en el Registro de Deudores, cuestión que no se realiza toda vez que el actor no tenía causa vigente en el juzgado, por lo que con fecha 03 de marzo del año 2025, con el antecedente del número de rol del Primer Juzgado de Letras de Menores de Antofagasta, se procedió a aperturar la causa Z-674-2025, haciendo presente que don nombre reservado no ha sido remitido al listado de Registro de Deudores, toda vez que la parte demandante no ha solicitado trámite alguno al respecto.

Por último, señala que efectivamente existe un mensaje de una funcionaria redactado para la Caja de Compensación sin utilizar las formas ni los canales adecuados para su diligenciamiento, lo cual ya fue observado a la Jefa de la Unidad, realizando las instrucciones a los funcionarios de la propia unidad a fin de que este tipo de situaciones se canalicen por las vías correspondientes y en los términos adecuados.

CUARTO: Que, de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

QUINTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

SEXTO: Que, en la especie, el recurrente dirige su acción en contra del supuesto actuar ilegal y arbitrario de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, consistente en efectuar descuentos improcedentes en el subsidio de sus licencias médicas, ascendentes a un 40% de las mismas, aludiendo a una deuda de pensión alimenticia inexistente.

SÉPTIMO: Que, atendido el mérito de los antecedentes arribados en los presentes autos, especialmente lo informado por el Juzgado de Familia de Antofagasta al tenor del recurso, es posible dar por establecido que, en la actualidad, el actor mantiene vigente una orden de retención judicial por concepto de alimentos, en virtud de sentencia dictada con fecha 29 de septiembre de 2004 en autos 6774-2003 tramitados ante el Juzgado de Menores de Antofagasta, retención ordenada realizar a su empleador, ascendente al 40% de sus emolumentos totales, en favor de sus hijas.

OCTAVO: Que, en este sentido, aparece como verosímil lo informado por la recurrida, quien ha sostenido en su informe que el actor presenta vigente una retención judicial a nombre de la señora nombre reservado -quien, atendido el mérito de la causa de alimentos señalada, sería la madre de las alimentarias-, ingresada en su base de datos con fecha 01 de diciembre de 2004, precisando que, hasta hoy, no ha recibido información del cese de la retención por tribunal competente.

En este sentido, cabe tener presente que el Compendio de Normas del Seguro Social de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, en su Libro VI. Prestaciones económicas, Título II. Prestación económica por incapacidad temporal. Subsidio por incapacidad laboral letra L. Pago de subsidios, establece expresamente en su punto 3 que:

“Dado que el subsidio por incapacidad laboral reemplaza la remuneración de los trabajadores, procede que, previo al pago del subsidio, el organismo administrador efectúe la retención judicial indicada en el Oficio del Juzgado que le instruye el descuento para el pago de la pensión alimenticia.”.

Asimismo, resulta relevante lo dispuesto por la Circular N°2358 de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), que refunde y actualiza instrucciones a las C.C.A.F. sobre la administración del régimen de subsidios por incapacidad laboral, señalando que las Cajas deben velar por la observancia de la normativa vigente y cumplimiento de los requisitos establecidos para el correcto cálculo y pago de dichos subsidios.

NOVENO: Que, atendido lo señalado en los considerandos precedentes, no es posible atribuir ilegalidad o arbitrariedad alguna al actuar de la Caja de Compensación recurrida, desde que las retenciones realizadas se encuentran amparadas en la normativa sectorial aplicable, existiendo una orden judicial vigente dictada por un tribunal competente, no constando que se haya declarado judicialmente el cese de la pensión de alimentos que motiva la retención. Lo anterior, más allá de las aseveraciones del recurrente en orden a que sus hijas serían en la actualidad mayores de edad, siendo necesario que este ejerza las acciones judiciales pertinentes con este objeto, o bien realice las gestiones necesarias para obtener la condonación de los montos adeudados, motivo por el cual no cabe más que rechazar el presente arbitrio.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado, en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar los Andes.

Regístrese y comuníquese.

Rol 412–2025 (PROTECCIÓN)