nombre reservado con INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL

Antofagasta, a trece de marzo de dos mil diecinueve.

VISTOS:

Catherine Bustamante Badilla, abogada, domiciliada en domicilio reservado, en representación convencional de nombre reservado, funcionaria pública, con domicilio en domicilio reservado, interpone recurso de protección en contra del Instituto De Seguridad Laboral y su Director Nacional, Manuel Cañón Pino, domiciliados en domicilio reservado, además del Director Regional del mismo Instituto, Juan Alberto Aracena Rivera ambos domiciliados en domicilio reservado, por considerar vulneradas las garantías fundamentales consagradas en los numerales 1, 2, 3, 4, 9, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política, por el actuar ilegal y arbitrario de las recurridas.

Informó el abogado Francisco Ramos Silva, en representación del Instituto de Seguridad Laboral.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que Catherine Bustamante Badilla fundando el recurso, sostiene que su mandante comenzó el día 17 de junio de 2017 a prestar servicios para la recurrida en calidad de contrata, profesional, hasta el día 18 de octubre del mismo año. Luego, por sucesivas renovaciones, siguió desempeñando funciones ininterrumpidas durante los años 2017 y 2018, siendo la última renovación, la dispuesta por Resolución N°5, que extendía la vigencia desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2019. Destaca que en dicha condición, fue sometida a dos procesos calificatorios, obteniendo nota 6,8 y 6,6, siendo ubicada en Lista 1, sin registrar anotaciones en su hoja de vida funcionaria.

Indica que la desvinculación de la cual fue objeto su mandante, obedecería únicamente a otra forma de maltrato y acoso laboral de parte del Director Regional recurrido ocurrido durante el año 2018. Así por ejemplo, alega haber sido objeto de maltrato verbal y comentarios despectivos por su desempeño profesional delante de otros funcionarios, como haber sido ser excluida de reuniones de coordinación de redes u otras vinculadas directamente con sus funciones.

Expone que desde septiembre de 2018 y sin comunicación previa, su mandante fue relevada de su condición de “ITO”, o supervisora de prestadoras de servicios médicos sub-23, por haber calificado con nota deficiente a una enfermera - quien prestaría servicios desde su domicilio - lo que molestó al Director Regional recurrido.

Manifiesta que pese a ser ajeno a sus funciones, le fue asignado el indicador de meta CDC (cumplimiento del indicador de complejidad) destinado al seguimiento de los casos médicos que conocen, y en dicha labor, alertó de la baja de ese indicador por no contar con claves de acceso a las fichas médicas de pacientes, sumado a la falta de expertiz en la materia, siendo propio de un equipo médico. Sin embargo, su mandante a pesar de los obstáculos, logró que dicho indicador estuviera dentro de estándares establecidos. Destaca este último aspecto, pues sería uno de los reproches de la recurrida para disponer el despido que califica de ilegal y arbitrario.

Relata que dado lo anterior, el día 22 de octubre de 2018 hizo una primera constancia formal a la Asociación Nacional de la institución. Luego, el 13 de diciembre del mismo año, solicitó 2 días de vacaciones que fueron autorizadas, sin embargo, a las 16.30 horas de ese día y finalizada su jornada, recibió un correo electrónico con una notificación de demérito, instantes en que se acercó el Director Regional en una actitud que califica de “matonesca” para verificar la recepción del correo, señalándole que a su regreso tendría oportunidad de rebatir dicha anotación, que finalmente no fue incluida en su hoja de vida, lo que demostraría un maltrato constante y creciente.

Explica que el día 19 de diciembre de ese año, nuevamente su representada dejó constancia formal en la entidad gremial con copia al Secretario Regional Ministerial del Trabajo, fundada ahora, en lo insostenible del clima laboral al que estaba expuesta, las agresiones verbales y acoso por parte del Director Regional, quien la acusaba de no realizar sus funciones, le gritaba e incluso golpeó su escritorio delante de otros funcionarios y usuarios.

Expresa que desde el día 24 de diciembre de 2018 se mantiene con licencia médica, por posible enfermedad profesional, siendo la primera de dichas licencias recepcionada y la segunda, del 8 de enero del presente año, mismo día en que fue notificada del término anticipado de su contratación, fue rechazada su recepción.

Precisa que el actuar ilegal y arbitrario de las recurridas se configura formalmente con la dictación de la Resolución Exenta N° 5, del 07 de enero de 2019, cuyo tenor desconoce, la que contendría los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan el término anticipado de su contrata y por otra parte, la Resolución Exenta N° 955/20/2019 del mismo día, notificada a su representada el día siguiente, 08 de enero de 2019, que dispone poner término anticipado a la designación de contrata por no resultar necesarios servicios.

Sobre la primera resolución, alega que esta vulneraria el inciso segundo del artículo 8 de la Carta Fundamental, en relación a los artículos 16, 3 y 45 de la ley 19.880, pues dada su carácter de acto administrativo con efectos particulares, debió ser comunicada y/o notificada a ella, más aún si se contrapone con sus calificaciones e informes de desempeño y así impugnarla. En tanto, la Resolución Exenta N°955/20/2019, transgrediría expresamente los artículos 3 y 51 de la ley 19.880, en relación a los artículos 32, 33 y 119 del Estatuto Administrativo, considerando que la forma de evaluar el desempeño y aptitudes de los funcionarios se debe materializar en un proceso calificatorio formal, más aun si no existían anotaciones de demerito y las calificaciones la situaban en Lista 1.

Argumenta como motivo del reproche, infracción al deber de imparcialidad, considerando las situaciones de maltrato y acoso laboral. Además, disponer la desvinculación mientras su mandante hacia uso de licencia médica, cuestión que iría en abierta infracción de lo dispuesto en el artículo 161 del código del Trabajo que expresamente lo prohíbe.

Expresa sobre la arbitrariedad, que la resolución carece de fundamentos, insistiendo en su calificación en Lista 1, y que el supuesto incumplimiento de deberes funcionarios contrasta con la calificación de desempeño, que consigna en el sub-factor de “cumplimiento de Instrucciones Institucionales” nota 6,8, mientras que en el sub-factor “oportunidad de cumplimiento de plazos y tareas” nota 6,4.

Sostiene asimismo, que se vulnera el principio de confianza legítima, fundado nuevamente en las calificaciones funcionarias y la comunicación del 30 de noviembre de 2018, de prorrogar su contratación para el periodo 2019, citando jurisprudencia administrativa al efecto.

Referente al capítulo de garantías vulneradas, en primer término, alega que su mandante ve amenazada su integridad psíquica, pues al mantenerse con licencia psiquiátrica por los actos de acoso y maltrato, como la eventual pérdida de su fuente laboral por razones ajenas y desconocidas. En segundo lugar, estima amagada la igualdad ante la ley por haber recibido un trato discriminatorio por parte del Director Regional, quien sin tener reproche previo, la desvinculó mediante una resolución que carece de fundamentos, mas aun que si se considera que llegó al cargo por un concurso público. Asimismo, considera que la entidad recurrida, se transformó en un tribunal de facto, insistiendo en su hoja de vida, calificaciones e informes de desempeño. Otro tanto predica del derecho a la honra, el que se verá afectado al exponerse públicamente que cesó en sus funciones por desempeño deficiente. Sobre la libertad del trabajo y el derecho de propiedad, lo sitúa fácticamente en su calidad de funcionaria a contrata y por ello, titular de los derechos consagrados en el estatuto administrativo, entre ellos de la función pública y sus remuneraciones.

Finalmente destaca que el recurso al fundarse en una resolución de la que si bien desconoce su contenido, tomó conocimiento el día 8 de enero del presente año, fue deducido dentro del plazo establecido por el Autoacordado.

SEGUNDO: Que el abogado Francisco Ramos Silva, en representación del Instituto de Seguridad Laboral, en su informe insta por el rechazo del recurso.

Alega la extemporaneidad dado que la resolución Exenta N°955/20/2019 que pone término a la contrata como aquella que contiene sus fundamentos signada como N° 5, ambas del 7 de enero de 2019, fueron notificadas el día siguiente 8 de enero y que el presente recurso fue interpuesto recién el día 8 de febrero del 2019 no resultaría oportuno.

Reconoce los principales hitos de la relación funcionaria de la recurrente, desde su inicio el día 17 de julio de 2017 y las sucesivas prórrogas que lo extendieron, siendo su última contratación, dispuesta por resolución N° 955/5/2019, con vigencia hasta el 31 de diciembre del presente año. También que la resolución N°955/20/2019 del Director Nacional, dispuso el término anticipado de la contrata por no ser necesarios los servicios.

Plantea que el recurso no sería procedente dada la naturaleza del acto reclamado, considerando que la desvinculación se realizó por la autoridad competente cumpliendo los requisitos de fondo y forma. En ese sentido, advierte, que el término anticipado de una contrata esta afecto al trámite de registro, hecho bajo electrónicamente según sistema SIAPER de la Contraloría General, emitiendo la Resolución Exenta N°955/5/2019, que contiene el acto decisorio y la N°5/2019 que contienen los fundamentos de la desvinculación, ambos remitidos al ente de control y a su turno, notificadas.

Explica la regulación normativa de los empleos a contrata, situando la principal característica de éstos en su carácter transitorio, permitiendo a la autoridad cesar tales designaciones, según las necesidades del servicio., reiterando que la decisión obedeció a factores de desempeño.

Expresa latamente sobre las facultades de la administración para decretar el término una contrata anticipadamente, los distintos elementos de evaluación del desempeño funcionario, y que el hecho de estar calificada en Lista 1, o la circunstancia de estar bajo licencia médica, no constituyen obstáculo para el termino de la relación funcionaria, lo que descartaría dicho capitulo de ilegalidad.

Niega que se haya provocado o exista alguna afectación de garantías fundamentales. Así, sobre el derecho a integridad psíquica, que la desvinculación se produjera al estar con licencia médica no sería manifestación de ilegalidad, sumado a que la supuesta enfermedad que padecía fue calificada de común y no laboral, además, durante su permanencia, no hizo denuncia alguna por acoso o maltrato en contra de su jefatura en el marco del procedimiento de denuncia de acoso laboral o mobbing.

Respecto de la igualdad ante la ley, en las diversas evaluaciones que fue objeto, dieron cuenta en cada oportunidad un reproche en el desempeño lo que se apreciaría en el cotejo de cada subfactor con su fundamentación, cuestión refrendada en informes evacuados por el Director Regional de Antofagasta y la Jefa de División de Seguridad y Salud en el Trabajo, Nivel Central, que se transcribieron y fundamentaron la decisión.

Explica que la autoridad competente, en este caso, el Director Nacional dispuso dentro de sus facultades la dictación del acto administrativo recurrido, descartando con ello, en palabras de la recurrente, el haberse estatuido como una comisión especial o de facto, no establecida por la ley.

Sobre el derecho a la honra, luego de citar el artículo 7 de la ley 20.285 referida a los actos o antecedentes que los órganos de la Administración del Estado deben mantener permanentemente a disposición del público, no contemplarían las resoluciones reclamadas de modo que en ningún caso se produciría afectación por su divulgación Finalmente, descarta una afectación de la libertad del trabajo y del derecho de propiedad, la primera, al no explicarse el modo en que esto se produciría, en tanto, sobre la segunda, si bien el artículo 88 del Estatuto Administrativo contempla la estabilidad en el empleo, el alcance respecto de los funcionarios a contrata no es tal, a los cuales se puede poner término anticipado, si ello está debidamente fundamentado.

TERCERO: Que el recurso de protección, acción cautelar constitucional consagrada en el artículo 20 de la Carta Fundamental, ha sido establecido para hacer frente a acciones u omisiones ilegales o arbitrarios, de los cuales derive una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de derechos o garantías expresamente señalados en la misma norma.

CUARTO: Que como cuestión previa, se controvirtió al informar que el recurso habría sido intentado fuera del plazo establecido en el Autoacordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Fundamentales.

Conviene recordar que el plazo establecido para su interposición es de treinta días corridos contados “desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos”.

QUINTO: Que todo plazo inicia su cómputo desde que se toma conocimiento de fondo y forma de la resolución impugnada o del documento que se trata de notificar. En este caso, no hay discusión que el contenido de los fundamentos de hecho y de derecho de la resolución que puso término anticipado a la designación de contrata por no ser necesarios los servicios, no se tomó conocimiento sino con posterioridad al 8 de enero de 2019, por diversas circunstancias pero que no están discutidas en cuanto a lo esencial, de manera que no ha podido interponerse en forma extemporánea desde que solo se notificó formalmente lo resuelto y no su contenido. Por lo demás, hubo necesidad de solicitar las razones dadas para la decisión y lo más cuestionado que pone en duda la formalidad de la notificación en general es que ello se efectuó cuando la afectada se encontraba haciendo uso de licencia médica, por lo que no era el momento indicado para poder emplazar a la recurrente en la situación de una constancia formal de información de la decisión de la autoridad, razones más que suficientes para desestimar la extemporaneidad reclamada.

SEXTO: Que en cuanto al fondo, debe precisarse que en el propio informe se enfatiza, incluso con negrita, que “puede servir de fundamento para prescindir de los servicios del funcionario, entre otros una deficiente evaluación del servidor, ya sea en la calificación regular y periódica u otra evaluación particular, que es precisamente lo que ocurrió en el caso de la recurrente y que él califica como informe secreto, emitido al margen a la normativa que regula los servicios a contrata” (sic). También hizo presente según la reseña precedente que “la sola circunstancia de haberse encontrado calificada en lista 1 no puede constituirse en un impedimento para el término de la contrata, por no ser necesarios los servicios”, refiriéndose a una resolución de la Contraloría en cuanto de la deficiente evaluación puede provenir de la calificación regular y periódica o de otra particular sobre hechos o periodos no comprendidos en aquella.

SEPTIMO: Que para zanjar la controversia, debe tenerse presente que conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 10 de la Ley N° 18.884 sobre Estatuto Administrativo, los empleos a contrata, calidad en la cual se desempeñaba la recurrente, son de carácter transitorio y tienen como plazo máximo de vigencia el 31 de diciembre de cada año, fecha en la cual expiran por el sólo ministerio de la ley, salvo que la autoridad prorrogue la misma con a lo menos 30 días de anticipación. Así, dichos empleados tienen derecho a permanecer en sus cargos mientras no se configure alguna causal de expiración de funciones, salvo que la contratación haya sido bajo la fórmula “mientras sean necesarios sus servicios”, condición a la cual estaba sujeto el contrato de la recurrente, lo que permite a la autoridad administrativa poner término al contrato en forma anticipada.

OCTAVO: Que como puede apreciarse, si bien la autoridad esta revestida de una facultad discrecional, cuyo ejercicio la autoriza para poner término anticipado a una contrata cuando “los servicios ya no sean necesarios”, dicha facultad discrecional no es arbitraria ni puede ejercerse al margen del derecho, entenderlo de otra manera significaría aceptar que la decisión de mantener un empleo a contrata queda sujeta a la mera voluntad de la autoridad de la época, quien podría bajo parámetros subjetivos anticipar su término por motivos ajenos a la eficiente e idónea administración de los bienes públicos y al debido cumplimiento de la función pública, como lo dispone el artículo 5 de la Ley N° 18.575 Orgánica sobre Bases Generales de la Administración del Estado.

En consecuencia, los actos discrecionales de la administración constituyen actos jurídicos administrativos y como tales deben cumplir la normativa contemplada en la Ley N° 19.880, en especial, el artículo 11 inciso 2° y 41 que establecen que los actos deben ser motivados o fundados, exponiendo las razones que lo justifican, y serán precisamente tales fundamentos que se consignen en la resolución los que legitimarán la decisión.

Además, se ha sostenido en voto minoritario por la Excma. Corte Suprema, en causa Rol 24.848-2014 lo siguiente: “1º Según el artículo 89 de la Ley 18.834, todo funcionario tiene derecho a gozar de estabilidad en el empleo, prerrogativa de la que en parte alguna se exime a los que detentan la denominada condición "a contrata". Esto significa que mientras transcurre el contrato, no puede legítimamente ponérsele término sino en la forma que el propio Estatuto Administrativo contempla.

2º No cabe discriminar entre los empleados de planta y los contratados, porque el artículo 3 c) de dicha legislación aborda la definición del "empleo a contrata" para todos los efectos de la misma, luego de haberse referido a conceptos como "cargo público" y "planta de personal", lo que permite concluir que la voz "empleo" que utiliza el artículo 89 es comprensiva del funcionario que se desempeña "a contrata".

3º El trabajo es una institución amparada por la comunidad jurídica universal en documentos tales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Cualquiera sea la modalidad que asuma -v. g., función pública en un Poder del Estado- le son aplicables principios que hogaño indiscutidamente lo informan, como el de la estabilidad, que el derecho chileno explicita y conforme al cual se regula su término y limita el ámbito de la voluntad unilateral para extinguirlo.

4º Es presentemente un verdadero axioma del derecho laboral, que si una relación supera el año o se renueva reiteradamente, se transforma en indefinida. Quien previene no encuentra razón legítima para desconocerlo a los empleados del Estado, habida cuenta los mayores deberes que en este orden de materias le impone el derecho internacional y el interno de rango superior.

5º No ignora esta reserva que el artículo 10 de la Ley 18.834 sostiene que los empleos a contrata durarán como máximo hasta el 31 de diciembre de cada año y que quienes los sirvan expirarán en sus funciones en esa oportunidad, sólo por el ministerio de la ley. Pero considera que esta prescripción debe ser asumida en su contexto. De acuerdo con el artículo 146 de la misma legislación, son causales de cesación en el cargo, en lo que aquí interesa, la destitución (letra d) o el término del período legal por el cual se ha sido designado (f). La destitución –primera hipótesis- es la más extrema de las sanciones disciplinarias, según expresa el artículo 121 letra d) de la ley en referencia; como en todo castigo de su clase, su fundamento factual debe ser acreditado mediante una investigación sumaria o sumario administrativo, cual lo exige perentoriamente el inciso segundo del artículo 119, decisión que debe ser adoptada por la autoridad facultada para contratar; la procedencia de una eventual destitución queda supeditada a esa causalidad: responsabilidad funcionaria debidamente sumariada. La expiración del tiempo de designación -artículo 146 f)- vale, a la luz de las asunciones doctrinarias antes recordadas, para el periodo que media entre la contratación y el 31 de diciembre del año calendario en que ésa tiene lugar, empero no para el siguiente (en el evento que entonces se lo haya renovado y por mientras no cumpla un año de funciones). De ahí que en una necesaria hermenéutica contextual el discurso del artículo 10 de la Ley Nº 18.834 en nada obste a lo anteriormente concluido.

6º Por otra parte, en virtud del principio que recoge el artículo 11 de la Ley Nº 19.880, tampoco calificará de razonada una decisión que identifique la terminología legal "como máximo", con el mero arbitrio del empleador, si se considera que ningún mérito existe ni puede existir para considerar que el discurso legislativo "como máximo hasta el 31 de diciembre de cada año" pueda significar ni equivaler a otro que rece "hasta la mera voluntad del contratante".

7º Se ha dicho, en contrario, que la tesis en que se sustenta la pretensión pasa por la ilicitud de aceptar la creación de empleos con abierta transgresión al artículo 65 Nº 2º de la ley primera, que encomienda esa labor a la iniciativa de ley del Presidente de la República. En ese predicamento lo ilícito evidentemente no sería la actitud de respetar la estabilidad funcionaria, sino la de haber procedido a efectuar nombramientos apartándose del mandato superior. No necesita probarse lo que se impone por la fuerza de la realidad; no resulta osado afirmar que un gran porcentaje de los miembros de la administración -cuando no su mayoría- sirve bajo el régimen de contratas, aún por años. Si el Estado los ha incorporado sin acatamiento al imperativo del señalado artículo 65 Nº 2º, no puede, luego, pretender escudarse, al menos con mínima legitimidad, en su propia ilicitud.

8º También se ha sostenido que de otorgarse la protección se burlaría el sistema de los concursos para ingresar a la administración y se implementaría un régimen de generación en el que los méritos quedarían preteridos por la mera voluntad de quien nomina. Valga en esto lo que acaba de expresarse. No existe motivo para eximir al Estado del topos tan caro al derecho, como lo es el de su razonabilidad, que no aguanta contradicciones en el obrar; si ayer la administración eludió el tamiz del concurso para contratar a quien se le ocurrió, no puede hoy asilarse en su propia inconducta para desconocer sus obligaciones para con los que incorporó.

9º El cese de la contratación que aquí se alza como causa de pedir, es ilegal y arbitrario. Ilegal porque pugna con la normativa a la que debió atenerse y que más arriba se dejó explicada. Arbitrario porque arrasa con un derecho, sin más fundamentación que la de no ser necesarios los servicios del afectado, "innecesarios, acaso, porque no se los necesita o no se los necesita por innecesarios" La justificación jurídica exige más.

10º Por último, está claro para este juzgador que de tales ilegalidad y arbitrariedad se sigue directo e inmediato atentado al derecho que el acápite 24º del artículo 19 de la carta reconoce a todas las personas, relativo a la propiedad sobre los intereses anejos a su empleo, prerrogativa ésta que, en el parecer de este juez, la judicatura está en el deber de preservar. Es de recordar en este plano que la estabilidad en el empleo constituye un bien resguardado por el derecho y que pertenece al orden público económico, porque forma parte del patrimonio personal, del patrimonio social y del patrimonio pecuniario del sujeto. Ya en el primero de los artículos de la constitución se proclama el anhelo del crecimiento de toda persona en una escalada de realizaciones en las que el trabajo juega un rol protagónico; y, como no podía ser menos, no se piensa en el individuo, sino en la persona, que se distingue de aquél por su sentido de integración e identidad social, en importante grado forjada en el servicio a la comunidad ínsito en el empleo público. Aparte de tan elevados bienes incorporales, por cierto susceptibles de la propiedad que la constitución garantiza a toda persona, está el nivel de lo pecuniario, que en una situación como la de autos se asocia a las seguridades que proporciona al funcionario y a quienes de él dependen, el estipendio periódico”.

Este mismo criterio fue sostenido por el voto en contra del fallo dictado en causa de protección Rol 1518-2013 de esta Corte de Apelaciones, el cual señala lo siguiente:

“Acordado lo anterior con el voto en contra del Ministro Oscar Clavería Guzmán quien estuvo por acoger el recurso sobre la base de las siguientes consideraciones:

1.- Que en lo sustancial debe dejarse establecido que la Constitución Política de la República en su artículo 98 instituye que un organismo autónomo con el nombre de Contraloría General de la República deberá ejercer el control de la legalidad de los actos de la Administración, además de otras funciones de fiscalización a los fondos del Fisco, Municipalidades y demás organismos y servicios que determinen las leyes. Este control de legalidad debe entenderse a partir de la evolución del Derecho Administrativo y que surge de las transformaciones impulsadas por la Revolución Francesa con la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789, respecto de la cual los asuntos del Estado debían analizarse con racionalidad, o sea no basta el mero control legal formal sino el cumplimiento de los objetivos del ordenamiento jurídico, es decir el derecho y sus fines, por lo tanto el control de legalidad debe abarcar efectivamente lo que el constituyente ha buscado en cuanto al cumplimiento integral de la ley y a partir de la dictación del Estatuto Administrativo y de la leyes orgánicas sobre Bases de la Institucionalidad Administrativa, ninguna duda cabe que la administración debe actuar dentro de la órbita de sus atribuciones entre las cuales deberá cumplir funciones que no desconozcan los derechos fundamentales del hombre, relativo a la estabilidad laboral, al derecho de no ser objeto de diferencias arbitrarias ni menos dejarlo en la indefensión de los derechos sociales, es decir a la seguridad social y al desempleo por causa injustificada.

2.- Que además, a partir de la Ley 19.880, se establecieron las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado, en cuyo artículo 11 se estatuyó que la Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de la probidad consagrado en la legislación, tanto en los procedimientos, como en las decisiones que adopten, haciéndose presente que los actos que afecten los derechos de los particulares (entiéndase súbditos o imperados por la norma) deberán expresar siempre los hechos y los fundamentos de derecho. Asimismo, el artículo 16 consagra el principio de transparencia y de publicidad para permitir y promover el conocimiento, contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten en los procesos administrativos, enfatizándose la importancia de que éstos y los documentos que contengan las resoluciones, deban ser públicos. Así el artículo 41 de este cuerpo legal, indica expresamente en su inciso 4°, que las resoluciones deben contener la decisión fundada y expresar incluso los recursos administrativos o judiciales que hubieren de presentarse y el plazo para interponerse, sin perjuicio de los que interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

3.- En el presente caso, la Resolución 264 del 10 de junio de 2013 dio por terminado el contrato de trabajo por no ser necesarios los servicios de nombre reservado en el Hospital de Calama, respecto de una funcionaria que había trabajado por lo menos en forma ininterrumpida siete años, habiéndose sucesivamente mantenido en el servicio mediante los decretos correspondientes en su calidad de funcionaria a contrata, en uso de las facultades que se le otorga a la Administración del Estado de acuerdo a los artículos 3 y 10 del Estatuto Administrativo.

4.- Que efectivamente, conforme al Estatuto Administrativo, los cargos a contrata pueden terminar sus funciones, sea por sumario administrativo o por cumplirse el plazo establecido para ello, y por último al no ser necesarios sus servicios. Pero este último argumento, si bien, no se requiere que la administración debiera fundarlo pues en la forma en que está consagrado en la ley le permite invocarlo como causal, lo cierto es que frente a la realidad reconocida por la propia Administración en cuanto se ha otorgado ininterrumpidamente un contrato de trabajo a una persona que a la sazón tiene cincuenta años de edad, respecto del cual, se le mantuvo en el cargo en forma continua y a propósito de una licencia médica se determinó suprimir el contrato, sin perjuicio de que se solicitó paralelamente una pensión de invalidez por enfermedad o accidente común. Además no se destacó un mal comportamiento o calificación deficiente de manera que la arbitrariedad emerge en forma evidente porque la administración en este caso concreto, por sus propios actos se obliga, conforme al Estado de Derecho existente, a explicar la prescindencia de sus servicios frente a sus actos que no ha desconocido en términos de manifestarle al funcionario un discurso prolongado en el tiempo a través de por lo menos siete años en cuanto a su necesidad. Es decir, la Administración del Estado frente a la obligación de que sus actos deben ser fundados, tanto en el hecho como en el derecho, está constreñida a la consecuencia de sus propias decisiones y frente al conjunto de resoluciones que mantienen en el trabajo a una persona reconociendo suficiencia en su comportamiento, comete una falta de servicio al disponer decisiones que se contradicen con sus propios actos, porque ello revela la arbitrariedad en cuanto ha procedido contrario a la justicia mínima, a lo razonable, fundado sólo en una voluntad caprichosa de poner fin a un contrato de trabajo intempestivamente y que ella misma en un principio se obligó a mantenerlo durante todo el año, sin perjuicio de la discusión que pudiere existir acerca de la renovación del contrato.

5.- Que desde este punto de vista, los empleos a contrata no están entregados a la Administración del Estado en forma caprichosa, sino que tienen un argumento de eficiencia, en cuanto exige que sean necesarios para el servicio y ello no se puede desconocer a partir de actos propios de la administración, mientas se mantengan incólume durante un lapso considerado de años las mismas condiciones Esta situación incluso está reconocida por el propio Poder Judicial a propósito del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de fecha 31 de enero de 2012 (Acta 19-2012), que regula los cargos a contrata respecto de los cuales obliga su prórroga cuanto se trate de funcionarios que figuren en la lista de mérito por más de cinco años.

6.- Que finalmente, el recurso de protección, que constituye una institución constitucional reconocida en las Cartas Fundamentales de todo Estado de Derecho Democrático, tiene justamente por objeto evitar que actos arbitrarios o ilegales desconozcan el ejercicio legítimo de derechos fundamentales que tiene todo ciudadano integrante de una sociedad que resguarda las normas mínimas de convivencia pacífica. Estos ciudadanos deben tener dentro de su patrimonio el ejercicio legítimo de acudir a los tribunales para no ser objeto de diferencias arbitrarias o ilegales que desconozcan garantías fundamentales protegidas constitucionalmente, porque a la luz de lo dispuesto en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, en Chile no hay persona ni grupos privilegiados, las mujeres y los hombres son iguales ante la ley y ni ésta, o autoridad alguna, pueden establecer diferencias arbitrarias, más aún si se trata de los órganos de la Administración del Estado cuyas actuaciones representan, nada menos, que la actividad de la República concretada en sus órganos.”

NOVENO: Que desde ya surge inequívocamente que la decisión de la administración proviene de la libre voluntad o el capricho antes que de la ley o la razón, puesto que se sostiene que se dictó la Resolución Exenta N° 5 del 7 de enero de 2019 que detalla los fundamentos de hecho y de derecho que dan el sustento al término anticipado de la contrata y la Resolución Exenta N°955/2019 de la misma fecha que dispone en lo resolutivo poner término anticipado a la designación la contrata por no ser necesarios sus servicios, de manera que desde ya surge el capricho en la medida que no tiene una explicación lógica y razonable, unívoca para entender la justificación de la decisión.

DÉCIMO: Que además el haber fundado el término de la contrata ya no por ser innecesario sus servicios sino por una evaluación adicional alejada de la formalidad mínima que permita los descargos correspondientes y la explicación de los reproches, aparece también arbitraria e ilegal, tanto porque se funda en una evaluación particular que contradice la misma decisión de la autoridad en cuanto reiteradamente en periodos anteriores la había calificado en forma sobresaliente, por lo tanto, el cambio de decisión requería de una fundamentación que pudiera explicar el cambio de decisión y no solo una referencia a un convenio de desempeño colectivo u a otras situaciones que le son inoponibles a un trabajador público que se rige por el principio de la legalidad, especialmente el reconocimiento de los principios de transparencia y publicidad del artículo 16 de la Ley 19.880 en cuanto exige que el procedimiento administrativo debe realizarse con transparencia de forma que permita y promueva el conocimiento contenido y fundamentos de las decisiones que se adopten. Como también aducir ideas contradictorias al manifestar que no son necesarios los servicios y por otro lado una deficiencia en su actuar, lo que demuestra la sola voluntad de poner término a la contrata sin los fundamentos necesarios que se requiere en la administración pública.

UNDÉCIMO: Que en suma con la decisión adoptada obviamente se afecta la igualdad ante la ley, la integridad psíquica de la persona y el derecho a la honra desde que la exoneración abrupta de la Administración Pública, como consecuencia de un acto arbitrario o ilegal, incide directamente en estos derechos fundamentales que obliga al tribunal reestablecer el imperio del derecho dándole la debida protección al afectado en cuanto ordenará dejar sin efecto los aludidos decretos, debiendo reincorporar a la recurrente para considerarla como funcionaria en los cargos asignados.

DUODÉCIMO: Que la interposición de acciones como la que la recurrente se vio en la obligación de deducir, significa sin duda un desembolso económico que no tiene por qué asumir quien debió recurrir a los tribunales para que se le reconozca un derecho, más aún si se tiene en cuenta que el actuar de la recurrida no solo era improcedente sino ilegal y arbitrario, lo que unido al mérito que arrojan los autos y a lo dispuesto sobre la materia en los Autos Acordados del Recurso de Protección, constituyen argumentos suficientes para imponer a la recurrida el pago de las costas.

Por estas consideraciones y visto además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE, con costas, el recurso deducido por Catherine Bustamante Badilla, abogada, en representación de nombre reservado en contra de Instituto De Seguridad Laboral, su Director Nacional y Director Regional, quienes deberán adoptar las medidas necesarias para dejar sin efecto las Resoluciones Resolución Exenta N° 5 del 7 de enero de 2019 y Resolución Exenta N°955-2019 de la misma fecha, reintegrando a nombre reservado a las funciones que le fueron asignadas, con sus respectivas remuneraciones, sin perjuicio de las licencias médicas que pudiere haber hecho uso, como consecuencia de un subsidio de salud.

Regístrese y comuníquese.

Redacción del Ministro Titular Sr. Oscar Clavería Guzmán.

Se deja constancia que se hizo uso del artículo 82 del Código Orgánico de Tribunales.

ROL 402-2019 (PROT)