Protección contra Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes

Antofagasta, a veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis.

VISTOS:

La comparecencia de David Pasten Ahumada, abogado, con domicilio en domicilio reservado, en representación de nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, de la misma ciudad, quien deduce recurso de protección en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, con domicilio en domicilio reservado, solicitando se declare que la recurrida no puede apropiarse de fondo alguno del recurrente, producto de un mutuo de dinero celebrado entre las partes el año 2013, procediendo a devolver los montos que por dicho concepto se le han retenido y se le cobren durante la tramitación del recurso, con costas.

Compareció la recurrida instando por el rechazo del recurso.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

Con lo relacionado y considerando:

PRIMERO: Que la recurrente funda su pretensión en que 19 de agosto de 2013 firmó a favor de la recurrida un pagaré por la suma de $ 1.884.736 cuyo pago se efectuaría en 36 cuotas de $ 80.506, venciendo la primera de ellas el 30 de septiembre de 2013 y la última el día 31 de agosto de 2016.

Añade que con fecha 20 de agosto de 2013 es despedido por su empleador, acordando con este que la totalidad de la deuda sería pagada mediante las sumas a otorgar por concepto de finiquito, quedando esta saldada de manera completa con fecha 9 de septiembre de 2013, manteniendo incluso un saldo a su favor ascendiente a la suma de $ 840.500.

Con posterioridad a este pago no existe ninguna comunicación con la recurrida, manteniendo el recurrente la convicción de que la deuda estaba completamente extinta.

No obstante lo anterior, en agosto de 2016, al momento de recibir su liquidación de remuneraciones, se percata que la recurrida realizó de manera totalmente arbitraria, ilegal e injustificada el cobro del crédito ya cancelado, situación que se ha reiterado en los meses sucesivos, alcanzando la deducción en el mes de octubre de 2016, la suma de $ 146.232, suma que no guarda ninguna relación con las cuotas pactadas en el crédito de consumo otorgado en su oportunidad.

Estos descuentos no dejan de ser significativos y le causan graves perjuicios, puesto que su remuneración es el único medio con que cuenta para subsistir y cubrir sus necesidades básicas y las de su familia.

Lo hechos descritos son constitutivos de una vulneración a la garantía constitucional del artículo 19 número 24 de la Constitución Política, esto es el derecho de propiedad, recaído en la especie sobre sus remuneraciones, situación que es del todo arbitraria desde que se pretende el cobro de una deuda extinta hace varios años.

SEGUNDO: Que informando la recurrida, manifestó que la recurrente efectivamente pagó la suma de $ 2.773.108, sin embargo a dicha fecha el afiliado registraba 5 créditos vigentes con esta institución, por lo que el descuento fue imputado a las cuotas vencidas y abonadas, manteniéndose en la actualidad uno de esas deudas en mora.

Tal operación está signada con el número 03-340543-0 y era por un monto original de $ 1.500.000 -pagadero en 36 cuotas, registrando una cuota pendiente por $ 67.202- siendo reliquidada por una suma de $ 1.863.428, de las fueron abonados en su oportunidad $ 1.461.187 Hace presente que la posibilidad de descontar el crédito social mediante sus remuneraciones fue una cuestión que fue aceptada en su oportunidad por el recurrente, existiendo además un dictamen de la Dirección del Trabajo, 4316/2012, que se pronuncia en orden a que no existe impedimento legal para que las Cajas de Compensación pacten privadamente con los trabajadores, que sus empleadores descuenten de las indemnizaciones derivadas del término de un contrato de trabajo, los saldos insolutos de un crédito social.

Por otro lado, la imputación al pago efectuada por la recurrida se ampara dentro de lo dispuesto por los artículos 1596 y 1597 del Código Civil, en cuanto a preferir las cuotas vencidas por sobre las vigentes.

Aduce a continuación que el recurso es extemporáneo por cuanto el acto recurrido es la imputación efectuada con fecha 10 de septiembre de 2013, fecha en la que se procede al pago de las operaciones crediticias que refiere.

Por último, argumenta que la recurrente carece de un derecho indubitado, puesto que la imputación efectuada excede los términos de una acción cautelar como la deducida, debiendo conocerse y resolverse en un juicio de lato conocimiento.

En informe complementario, indica que a la fecha el recurrente mantiene impagas las cuotas 18 a 36 del crédito RUT reservado, por lo que en los meses de agosto, septiembre y octubre se descontaron las cuotas 18, 19 y 20 correspondientes a dicha acreencia.

TERCERO: Que de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos prexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

En el presente caso, mediante la acción deducida se pretende se adopten medidas tendientes restablecer el imperio del derecho por cuanto la recurrida habría procedido al cobro, supuestamente improcedente, de las cuotas de un crédito social que ya estaría pagado. La recurrida, explica por su parte, que la deuda se mantiene vigente y que las sumas pagadas en su oportunidad fueron imputadas a otros créditos, quedando un saldo que justifica los cobros practicados.

CUARTO: Que en lo referente a la extemporaneidad alegada por la recurrida en su informe, en la que se insiste al momento de ampliar el contenido del mismo, tal como se decretó al momento solicitar dicha complementación, lo cierto es que el contenido del recurso es claro en orden a que se recurre no en virtud de la imputación al pago practicada en 2013, sino por los cobros realizados el año en curso, el último de los cuales data del mes de octubre de 2016, por lo que la acción deducida en el mes noviembre lo fue dentro del término previsto en el numeral 1° del Auto Acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección de la Excma. Corte Suprema, QUINTO: Que en cuanto al fondo del asunto, conforme a lo expuesto y de la documentación acompañada, es posible desprender que efectivamente, en agosto de 2013, al recurrente le fueron descontados de los dineros obtenidos con ocasión de un finiquito laboral, la suma de $ 2.625.388 con cargo a un préstamo otorgado por la Caja de Compensación recurrida, y que, no obstante lo anterior, esta ha procedido durante este año a descontar de sus liquidaciones de remuneraciones, sumas con cargo a este concepto.

Sin embargo, el análisis de los documentos acompañados por la recurrida permite desestimar la alegación de ilegalidad que se plantea. En efecto, de los documentos denominados “Información de créditos personales” se desprende la existencia de cinco créditos distintos contraídos por la recurrente.

Así, el primero de estos créditos, 03-343022-9 fue contraído en el mes de enero de 2013 por un monto de $ 1.356.487, apareciendo pagado en septiembre de 2013. El segundo, 03-348543-0, por un monto de $1.526.13, pagado en agosto de 2013. El tercero, 09-RUT reservado, contraído en junio de 2013, por un monto de $17.061, pagado en agosto de 2013. El cuarto, 09-RUT reservado, contraído en julio de 2013, fue pagado en julio de 2013. Por último, existe un quinto crédito, 03-352752-4, otorgado en agosto de 2013 por una suma total de $ 1.863.428, el que registra morosidades desde la cuota número 18, pagadera al mes de febrero de 2015.

SEXTO: Que siguiendo el análisis de los documentos aludidos, se aprecia que la deuda total del recurrente vigente al mes de agosto de 2013, equivalía a la suma total de $ 4.453.090, esto es una suma considerablemente superior a la que figura en el finiquito de contrato de trabajo del recurrente, del día 20 del mismo mes y año, por un monto de $ 2.625.388.

Tratándose entonces de una discusión acerca de la integralidad del pago efectuado por el recurrente en su oportunidad y existiendo cuotas pendientes, no es posible apreciar que exista un derecho indubitado sobre las posiciones esgrimidas por las partes, desapareciendo en consecuencia la arbitrariedad o ilegalidad, correspondiendo por lo tanto, a este respecto, el rechazo del recurso.

SÉPTIMO: Que despejado lo anterior, el proceder de la recurrida aparece ajustado a derecho, pues, determinada la existencia de un saldo de deuda por pagar, corresponde aplicar lo dispuesto en el artículo 22 de la ley 18.833, sobre Estatuto General de las Cajas de Compensación, conforme al que lo adeudado por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de su remuneración por la entidad empleadora afiliada y remesado a la Caja acreedora, rigiéndose por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales.

OCTAVO: Que, en consecuencia, no pudiendo determinarse una actuación u omisión ilegal o arbitraria atribuible a la recurrida, corresponde el rechazo del recurso de protección interpuesto.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 19 números 21 y 24 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el interpuesto por David Pasten Ahumada en representación de nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol 4000-2016 (PROT)

Pronunciada por la Primera Sala integrada por los Ministros Sr. Oscar Clavería Guzmán, Sr. Manuel Díaz Muñoz y el Fiscal Judicial Sr. Jaime Medina Jara. Autoriza la Secretaria (S) Sra. Marcela Sepúlveda Mori.