Protección contra Colegio Santo Tomás de esta ciudad

Antofagasta, doce de Marzo de dos mil catorce.

VISTOS:

El recurso de protección interpuesto a fs. 46 y siguientes por el Abogado Tomás Alberto Fernández Gómez en representación de nombre reservado, Educadora de Párvulos, casada, domiciliada en domicilio reservado en contra del Colegio Santo Tomás de esta ciudad, persona jurídica de derecho privado del área de la educación con domicilio en domicilio reservado, representada por doña nombre reservado, en su calidad de Directora del referido Colegio y de su mismo domicilio.

Funda su recurso en que en su calidad de madre y apoderada de sus hijos nombre reservado y nombre reservado, ambos de apellido nombre reservado ha visto conculcados los derechos establecidos en los numerales 1, 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, tanto respecto de ella como de los integrantes de su grupo familiar por el actuar de la recurrida. El Colegio habría requerido para la renovación de la matrícula de sus hijos, quienes el año recién pasado cursaron 1° y 8° año de Educación Básica su renuncia a la calidad de apoderada de los menores a lo que se habría negado por no contar con otra persona que asuma dicha calidad por cuanto su marido, padres de ellos, se desempeña en un sistema de turnos especial en la empresa minera en que labora, lo que lo obliga a permanecer fuera del hogar para el cumplimento de sus correspondientes turnos.

Agrega que se le condicionó la renovación de matrícula de sus hijos en el referido Colegio a la renuncia de la calidad de apoderada de ellos, sin atender a sus alegaciones respecto de la imposibilidad de hacerlo y procediendo finalmente a declarar vacante la matrícula por haberse vencido el plazo para renovarlas por el año 2014, vulnerando con ello los derechos establecidos en la Carta Fundamental, a saber, integridad física y psíquica de las personas, igualdad ante la ley y al dominio que le asiste sobre el derechos a que sus hijos reciban educación en dicho colegio.

Por su parte la recurrida en su informe de fs. 91 y siguientes, sostiene que el recurso habría sido interpuesto en forma extemporánea, al no haberse deducido dentro del plazo de 30 días fatales que el ordenamiento otorga para la presentación del mismo, contados desde el momento en que se produjeron él o los hechos que implican una vulneración a las garantías constitucionales.

En subsidio, alega que no se produjo vulneración a garantía constitucional alguna por parte del Colegio recurrido, sino que lo acaecido fue consecuencia de la conducta de la recurrente que se negó a acatar el requerimiento que se le formulaba por la Dirección del Establecimiento de dejar de ejercer la calidad de apoderada de sus hijos, medida que la recurrida había adoptado frente a supuestas vulneraciones reiteradas al “Manual de Convivencia Escolar, Colegio Santo Tomás Antofagasta” en lo que se relaciona con los deberes que han de ser cumplidos por los apoderados en relación a sus pupilos, al establecimiento, a su personal y a la comunidad vinculada con el colegio, dejando transcurrir el plazo máximo para la renovación de las matrículas, razón por la cual éste procedió a declararlas vacantes.

La recurrente acompañó a fs. 2 junto con su libelo, una carta sin fecha que pide el cambio de apoderado y que aparece firmada por nombre reservado como Directora y timbrada como Colegio Santo Tomás. Dirección Antofagasta. Además, se acompañó el Manual de Convivencia Escolar del Colegio Santo Tomás Antofagasta desde la fs. 3 hasta la fs. 44.

Junto al informe de fs. 66 y siguientes se acompañaron una síntesis cronológica de los hechos, declaración del Centro General de Padres, informe de visita al Establecimiento, cartas suscritas por el jefe de curso, ex profesora jefe y educadora de párvulos, como también de una apoderada del colegio y otra remitida por el Colegio a nombre reservado.

Puesta la causa en estado se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que respecto de la alegación principal de la recurrida en la cual solicita que el presente recurso sea declarado improcedente por haber sido planteado fuera de plazo, ha de considerarse que basa su alegato en que el libelo habría sido presentado el día 06 de Enero del presente año, siendo que la carta en que se comunicaba a la recurrente que debía renunciar a su calidad de apoderada de sus hijos bajo apercibimiento de no renovarles la matrícula por el año 2014 le habría sido entregada el día 06 de Diciembre del año 2013, es decir 31 días antes de la fecha en que se dedujo el libelo, el que por consiguiente estaría presentado fuera de plazo.

En este sentido la entrega de la carta donde se requería la renuncia de la calidad de apoderada se trató simplemente de una comunicación que contenía un requerimiento y que en sí no constituyó una vulneración de derechos, sino el primer paso de un proceso comunicacional que terminó en la entrevista del día 27 de Diciembre entre la recurrente y la Señora Directora del Colegio, informándosele definitivamente que por su decisión no podría matricular a su hija en el Colegio, a lo que se suma que el día 16 había vencido el plazo para la renovación de matrícula para los alumnos antiguos sin que pudiera completarse el proceso respecto de su hijo Andros, por no haber accedido a lo que le había sido requerido por la Dirección, es decir a la presentación de su renuncia a la calidad de apoderada de sus hijos.

Ha de considerarse que la supuesta infracción a las garantías fundamentales se produjo al momento en que la recurrente tomó conocimiento en forma inequívoca de que sus gestiones tendientes a dejar sin efecto la medida adoptada por la recurrida respecto de sus pupilos había sido rechazada y que el respectivo cupo de matrícula se encuentra caducado por no haberse finiquitado el proceso de matrícula en forma satisfactoria dentro de los plazos establecidos.

Por lo tanto, la supuesta infracción de derechos fundamentales que sirve de base al presente recurso, se habría producido el día 16 de Diciembre, al cerrarse el proceso de matrícula y con él la producción de la vacancia de los cupos de los menores o bien el día 27 del mismo mes cuando la recurrente recibió la respuesta negativa final a sus gestiones de parte de la Directora quien dejó claro a la recurrente la imposibilidad definitiva de matricular a sus hijos en el colegio.

Por ello el plazo de treinta días fatales corridos desde que se produjo la infracción a los derechos fundamentales que se establece en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del Recurso de Protección debe ser entendido como transcurrido o desde el 16 de Diciembre, fecha en que se caducó el cupo de matrícula de los hijos de la recurrente por parte del Colegio Santo Tomás o desde el 27 de Diciembre, fecha en que la Directora del mismo desahució toda posibilidad de seguir adelante con las conversaciones o de otorgar matrícula a los menores.

En ambos casos, la presentación del libelo que rola de fojas 46 a 55 se habría producido dentro del plazo que otorga el Auto Acordado para el planteamiento del recurso, por lo que, consiguientemente, ha de rechazarse la alegación de improcedencia del recurso por haber sido interpuesto fuera de plazo formulada por la recurrida.

SEGUNDO: Que por consiguiente, procede se analice las causales del recurso invocado por la actora y las alegaciones formuladas por el Colegio en su informe y alegato de defensa.

TERCERO: Que en autos se encuentra establecido que la recurrente fue informada en Diciembre pasado que la matrícula de sus hijos Andros y nombre reservado en el Colegio Santo Tomás de Antofagasta quedaba supeditada a que dejara de investir la calidad de apoderada de sus hijos, fundado tal determinación en que la recurrente habría infringido normas del Reglamento del Convivencia Escolar del establecimiento al mostrar hostilidad hacia el sistema docente y en contra de las personas que se desempeñan en él, siendo el cumplimiento de tal reglamento una cláusula obligatoria en los contratos de prestación de servicios educacionales que son suscritos por los padres o apoderados al inicio de cada año escolar.

CUARTO: Que también se encuentra acreditado que la recurrente intentó revertir la situación tomando contacto con el Colegio recurrido con el objeto no alterar su situación como apoderada, aduciendo que no cuenta con una persona que pueda hacerse cargo de la función de servir de apoderado a sus hijos, iniciado los trámites de matrícula del menor Andros, los que se vieron interrumpidos por la determinación de la recurrida de persistir en su posición en torno a pedir a la recurrente renunciara a la función de apoderada de sus hijos, hasta tomar conocimiento final con fecha 27 de Diciembre de que la determinación del colegio de no acceder a lo solicitado era definitiva, disponiendo de los cupos de matrícula que éstos tenían. Ello se traduce en la actualidad en que los estudios de los menores en el colegio recurrido se han visto definitivamente terminados.

QUINTO: Que sostiene la recurrente, que se han vulnerado tres derechos fundamentales establecidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República; en primer lugar el derecho a la integridad física y psíquica de las personas establecido en el numeral primero del referido artículo; en segundo lugar el derecho a la igualdad frente a la ley, consagrado en el numeral dos del artículo mencionado y finalmente el derecho de propiedad respecto de los derechos educacionales derivados del contrato de prestación de servicio educacionales existentes entre el colegio y los representantes de los educandos.

SEXTO: Que se habría infringido la primera de las garantías mencionadas, el derecho que asiste a las personas a su integridad tanto en el plano físico como psíquico por el hecho de que al privar el colegio, a su juicio en forma arbitraria y contraria a Derecho a sus hijos Andros y nombre reservado de la matrícula en el establecimiento, han ocasionado tanto a los menores como a su familia un sufrimiento que ha afectado su derecho a la integridad psíquica, la que se ha visto afectada por el actuar de la recurrida.

SÉPTIMO: Que en relación a la segunda de las garantías supuestamente conculcadas, el derecho a la igualdad ante la ley, se habría visto vulnerado por el tratamiento que la recurrida dio al problema de los alumnos nombre reservado al haber adoptado un procedimiento ajeno al Reglamento de Convivencia vigente en el Colegio y haber aplicado en forma abusiva la sanción de privar de la matrícula a los menores por no haber su madre accedido a dejar la calidad de apoderada de sus hijos.

OCTAVO: Que en relación a la infracción a los derechos fundamentales, la recurrente señala que el Colegio habría incurrido en vulneración a su derecho de dominio sobre el proceso educacional, que habrían adquirido al suscribir el contrato de prestación de servicios educacionales por sus pupilos, contrato que a su juicio habría hecho nacer un derecho subjetivo de dominio, en el sentido de que los niños reciban la debida formación e instrucción de parte de la recurrida, el que no habría sido respetado al procederse a privarlos de su derecho a continuar en el proceso educacional del colegio al que habían ingresado.

NOVENO: Que por su parte, la recurrida niega haber incurrido en las infracciones reseñadas señalando que la exclusión de los menores del colegio, es la consecuencia de la actitud asumida por la madre de éstos al no acceder al requerimiento de abandonar la calidad de apoderado de sus hijos, habiendo asumido en cambio una actitud beligerante y crítica frente al Colegio, a sus autoridades, a su proyecto educacional, asumiendo también una actitud crítica tanto en las actividades internas del Colegio en que le correspondía participar como también en sus relaciones con otros miembros de la comunidad fuera del colegio, en su contacto con otras personas vinculadas o no al Colegio Santo Tomás, vulnerando con ello lo establecido en el Reglamento de Convivencia Escolar del Colegio en su artículo 38 en lo relativo a los deberes de los apoderados, resultando por tanto procedente la medida adoptada, que es la consecuencia de un proceso administrativo que llevó necesariamente a un resultado y no, como sostiene la recurrente, una sanción. Destaca en su informe las diversas conductas indebidas, impropias o inadecuadas en que habría incurrido la recurrente y que motivaron al Colegio a solicitar, en uso de sus atribuciones el cambio de apoderado para los menores.

DÉCIMO: Que respecto de los supuestos derechos constitucionales conculcados, sostiene que en la especie no puede hablarse de una infracción a la norma que consagra el derecho a la integridad física y psíquica de las personas, por cuanto lo sucedido a los menores, al quedar separado de la comunidad educacional de su colegio no es una consecuencia de una medida antojadiza adoptada por su representada, sino la consecuencia de la actitud negativa adoptada por la recurrente y, por consiguiente se trata de una situación en la que a la recurrida no le asiste ninguna responsabilidad.

Con relación a la igualdad ante la ley, indica que la norma tiene por objeto evitar las conductas discriminatorias y que en la especie su representada se limitó a aplicar el ordenamiento interno institucional vigente a la luz de la información existente sobre la conducta supuestamente inadecuada de la recurrente, no habiendo incurrido por tanto en ningún tipo de conducta discriminatoria frente a la situación.

UNDECIMO: Que respecto de la tercera garantía constitucional vulnerada, relativa a un supuesto derecho a que sus hijos siguieran realizando sus estudios en el colegio recurrido, desempeñando ella el rol de apoderada de ambos. Sostiene la recurrida que no existe el derecho supuestamente conculcado. Anualmente, señala, se suscribe un contrato de prestación de servicio educacional mediante el cual el colegio se compromete a entregar al alumno servicios educacionales y el co-contratante a pagar por esos servicios una suma mensual determinada, amén que ambas partes se comprometen a cumplir con la obligaciones que le impone el propio contrato y el Reglamento de Convivencia.

Por lo tanto, se estima que no existe el pretendido derecho de propiedad sobre la facultad de permanencia en el colegio, sino que las obligaciones se renuevan año a año cuando se suscribe el contrato de prestación de servicios educacionales al realizarse la tramitación de matrícula para el año siguiente. Al no existir el derecho de dominio no podría decirse que fuera protegido por la garantía constitucional supuestamente infringida.

En razón de todo ello solicita se rechace el recurso de protección interpuesto en contra del Colegio santo Tomás por no existir infracción alguna a los derechos constitucionales de la recurrente.

DUODECIMO: Que del examen de los antecedentes de autos y de las alegaciones formuladas por las partes, se puede deducir que es efectivo que la recurrente en su calidad de apoderada de sus hijos, alumnos del Colegio santo Tomás de Antofagasta, fue requerida para que renunciara a su calidad de apoderada, a lo que no accedió por no contar con una persona que la remplazara en el cargo, solicitando al colegio reconsiderara la situación a lo que éste se negó fundado en la conducta observada como apoderada por la recurrente, la que contravenía las obligaciones que se establecen en el Reglamento de Convivencia del establecimiento, el que hizo efectivo el apercibimiento señalado en su carta de 6 de diciembre de 2013 en el sentido de no renovar la matrícula de los educandos para el año 2014; no accediendo el colegio a reconsiderar su determinación y quedando por consiguiente los hijos de la recurrente fuera del establecimiento educacional aludido.

DÉCIMO TERCERO: Que efectivamente en el artículo 38 del Reglamento se establece para los apoderados una serie de deberes, respecto de los cuales éste se compromete desde la firma de contrato de prestación de servicios. A saber, conocer y aceptar el manual de convivencia, informarse sobre el proyecto educativo, compromiso en el proceso de formación, revisión de la agenda diaria del estudiante, velar por la correcta presentación, solicitar entrevistas ante cualquier situación de su hijo, respetando conductas regulares, cumplir en cargos aceptados en directivas o centro general de padre, respetar fechas y horarios de citación, asistir puntualmente a entrevistas, reuniones y talleres, participar en las mismas con ánimo constructivo y respetuoso, hacerse responsable de la actuación de su pupilo, a quien debe proveerle lo necesario para sus actividades escolares, relacionarse con todos los integrantes de la comunidad educativa con un trato respetuoso, evitando difusión mal intencionada, respetar el horario de ingreso y salida, no intervenir en aspectos técnicos pedagógicos propios de la dirección, plantear inquietudes, informar al profesor jefe de cualquier problema de salud o de actividades del colegio, respetar procedimientos y horarios establecidos, apoyar a sus hijos en el aprendizaje, no reprender a otros alumnos debiendo informar al inspector general y no desprestigiar al colegio, personal docente y administrativo.

Además el artículo 26 de dicho Reglamento establece las causales de cancelación de la matrícula por acoso escolar, maltrato escolar, participación riña, porte de armas, desacato a las normas, instrucciones y prohibiciones, cometer abuso sexual, todas las cuales permiten la cancelación de la matrícula, aunque se señala en la letra f) de esta disposición que la Dirección del Colegio, “en consulta al equipo de gestión y/o comité de buena convivencia escolar, podrá aplicar la sanción cuando la situación conductual del alumno y la falta cometida lo amerite” (sic). Indicándose en la letra h) que estas medidas se aplicarán también “cuando un apoderado infrinja alguna de las disposiciones expresadas en los deberes del apoderado”.

Por último, en el artículo 40 del Reglamento se establece que el apoderado es quien asume los deberes y derechos y es interlocutor válido frente al colegio. Para el caso de que un apoderado no cumpla con el compromiso firmado y manifieste reiteradamente su disconformidad quedando en evidencia su falta de compromiso y adhesión al colegio, quedará condicional la matrícula de su pupilo; precisándose que la inasistencia del apoderado a dos citaciones consecutivas, genera una situación extraordinaria y en el caso de que el apoderado no cumpla será citado por el Director o miembro del equipo directivo para firmar su condicionalidad en calidad de apoderado, “pudiendo el colegio exigir cambio de apoderado, si su conducta no es afín con el proyecto educativo institucional”. En su artículo 42 se consideró falta grave, entre otros, emitir comentarios con intención destructiva, en reuniones de apoderados, otros lugares y por cualquier medio sin haber seguido los conductos regulares pertinentes.

DECIMO CUARTO: Que el colegio recurrido ha sostenido que durante el año 2013 la reclamante cometió graves y reiterados incidentes que atentaron contra el normal y buen funcionamiento del colegio y que acredita con la documentación acompañada en especial una carta o informe del 6 de diciembre de 2013 en cuanto al desacato de normas, falta de ánimo de constructivo y respetuoso en las reuniones, intervención en aspectos técnicos pedagógicos propios de la dirección, no se abstuvo de desprestigiar al colegio y a sus autoridades. Además también se deja constancia que nombre reservado envió una carta de desacuerdo de la medida y solicitó el reestudio de ella, respecto de lo cual en una cuarta sesión del consejo escolar, donde se presentó el reestudio, los miembros de dicho consejo establecieron que “guiados por las evidencias y en consideración a las reiteradas faltas que se encuentran estipuladas por el manual de convivencia, el Centro General de Padres representada por su presidenta, Sra. nombre reservado, respalda tácitamente la decisión adoptada”. Incluso en el registro del 16 de diciembre de 2013 se deja constancia de una entrevista de la recurrente con la orientadora quien reafirma los motivos dados por el colegio en el cambio de apoderado, efectuándole un resumen de los comentarios desafortunados; de la divulgación de información personal que denostó al colegio, publicaciones de “Facebook”; llamamiento a los apoderados para que no asistan a un acto que se estima relevante “como ya se leer”, respecto de lo cual no se reconoce responsabilidad pero sí se señala que fue “en un marco de presidenta de Centro de Padres del curso de hija”.

DECIMO QUINTO: Que independientemente de la naturaleza de la medida adoptada, lo cierto es que la acción arbitraria o ilegal se imputa o se concreta en la exigencia del colegio de pedir un cambio de apoderado, por lo que tratándose de un procedimiento cautelar, en cuyo desarrollo se ha acompañado abundante documentación que dice relación con un comportamiento a lo menos irregular del apoderado, en cuanto la propia página acompañada por ella misma, refiere problemas de índole sexual sin canalizar la denuncia como debiera corresponder a un apoderado respecto de sus pupilos y la incitación a no enviar a otro grupo de apoderados a un acto, demuestran actitudes hostiles que hacen verosímil todo el comportamiento que reprocha la recurrida y que se señala ordenadamente en la ficha de fs. 66 y siguientes, respecto de la cual incluso aparecen las decisiones de la directiva del colegio, como también del cuerpo docente y el comité de sana convivencia que determinó junto con la dirección el cambio de apoderado. Concretamente se reprochó la conducta, en distintas situaciones a partir del mes de abril del año 2013. En este sentido es la propia apoderada que mantuvo su hostigamiento al punto que fue el Centro General de Padres del Colegio en noviembre del año 2013 el que señaló una serie de hechos y conductas que no contribuyen con la sana convivencia al interior del establecimiento, sin perjuicio que la profesora nombre reservado hace presente que una de las causas de su renuncia, fue el nivel negativo de apoderados, específicamente de la Sra. nombre reservado quien a juicio de esta profesora tuvo faltas de respeto, cuestionamientos que la acosaron y conducta que no pudo seguir tolerando, haciendo presente que dicha actitud la desgastó, tornándose insostenible su trabajo profesional.

DECIMO SEXTO: Que en consecuencia, la decisión de la Dirección del colegio, efectuada conjuntamente con el equipo de gestión, cuerpo de docentes, comité de sana convivencia, consejo de evaluación e incluso avalada por el centro general de padres, no aparece arbitraria o ilegal; lo primero porque responde a una serie de procedimientos anteriores que se efectuaron con la debida anticipación y reuniones para corregir dicha situación; y la segunda porque si bien el Reglamento permite el cambio de apoderado frente a las inasistencias consecutivas y exige que la conducta sea coherente con el proyecto educacional, las faltas graves denunciadas incluso permitían a la luz de lo dispuesto en el artículo 26 la cancelación de la matrícula, de manera que el haber adoptado la medida de sustitución o cambio del apoderado se encuentra dentro de la normativa regulada en el Manual de Convivencia Escolar, sin que exista por ello entonces alguna acción u omisión arbitraria o ilegal por parte de la directiva del colegio.

DÉCIMO SEPTIMO: Que sin perjuicio de lo anterior, con relación a las garantías invocadas, prescindiéndose de la acción u omisión arbitraria o ilegal, desaparece la amenaza, perturbación o privación de ellas y, en todo caso, en lo referente a la igualdad ante la ley no ha existido una conducta o actitud discriminatoria ya que la Dirección del Colegio se limitó a aplicar la reglamentación interna vigente y aceptada expresamente por la recurrente al momento de firmar el contrato de servicios educacionales bajo cuya vigencia se produjeron los hechos que se consideraron conductas impropias y que dieron origen a la tramitación del presente recurso. Por consiguiente no puede señalarse que haya existido una vulneración al principio de igualdad ante la ley en lo que se refiere a lo acontecido con la recurrente.

DÉCIMO OCTAVO: Que por lo razonado y establecido procede rechazar el recurso al no concurrir el presupuesto esencial de la protección, esto es la acción u omisión arbitraria o ilegal y cualesquiera de las justificaciones efectuadas en las presentaciones finales por la recurrente, ellas no eximen de la evaluación efectuada por los estamentos educaciones correspondientes en cuanto a la conducta desplegada y reprochada reiteradamente por la Dirección. En este sentido es la recurrente quien cumpliendo la normativa aceptada, debiera canalizar determinadamente los hechos en denuncias precisas y no indeterminadas, que infunden rumores o conjeturas dañinas a cualquier convivencia humana.

Por las consideraciones precedentes y teniendo presente lo prescrito en el artículo 19 números 1°, 2° y 24° y 20 de la Constitución Política de la República y del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y fallo del Recuso de Protección, SE RECHAZA, sin costas, el recuso de Protección interpuesto por el Abogado Tomás Fernández Gómez en representación de nombre reservado en contra del Colegio Santo Tomás de Antofagasta representado por nombre reservado.

Se deja constancia que se hizo uso de la facultad conferida en el artículo 82 del Código Orgánico de Tribunales.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol 4-2014.

Redacción del Abogado Integrante don José Berardo Elgueta Navarro.

No firma el Ministro don Enrique Álvarez Giralt, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa, por encontrarse haciendo uso de feriado legal.

Pronunciada por la Primera Sala, integrada por los Ministros Sr. Enrique Álvarez Giralt, Sr. Oscar Clavería Guzmán y Abogado Integrante Sr. José Berardo Elgueta Navarro. Autoriza el Secretario Titular Sr. Mauricio Pontino Cortés.

En Antofagasta, a doce de marzo de dos mil catorce, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.