Protección contra Conservador de Bienes Raíces de Antofagasta

Antofagasta, a veintiuno de diciembre de dos mil veintidós VISTOS:

La comparecencia de nombre reservado, representada por nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, y de nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, quienes interpusieron recurso de protección en contra del Conservador de Bienes Raíces de Antofagasta, Juan Veloso Mora, solicitando que se revierta la inscripción realizada a nombre de un tercero.

Informó el recurrido, solicitando el rechazo del recurso.

Se requirió informe a la Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) de Bienes Nacionales y Servicio de Impuestos Internos, quienes informaron al tenor de la acción.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la acción se fundó en el actuar ilegal y arbitrario del recurrido, consistente en subinscribir el traspaso de la propiedad de las recurrentes a un tercero, por parte del Fisco, sin contar con la documentación, conocimiento o autorización de las propietarias. Lo anterior, vulnerando las garantías contenidas en el artículo 19 N°1 y 24 de la Constitución Política de la República.

Indicaron que son propietarias de un inmueble ubicado en Antofagasta, adquirido por herencia de su madre en junio de 2017, quien a su vez la adquirió por resolución de la SEREMI de Bienes Nacionales, del año 1989. Asimismo, previo al fallecimiento, se suscribió un contrato de compraventa de derecho de usufructo en el año 2002, a favor de las recurrentes, el que fue alzado en el año 2018, producto del fallecimiento de la propietaria.

Sin embargo, al solicitar un certificado de dominio vigente, este les fue denegado en el Conservador, aduciendo que existe una anotación al margen que da cuenta que la propiedad fue transferida a un tercero, con un rol N°8212 del 26 de diciembre de 2013.

Hicieron presente que en el año 2013 se comunicó a una de las propietarias que el tercero nombre reservado ingresó una solicitud de regularización sobre la propiedad ubicada en domicilio reservado, pero que esta no realizó ninguna gestión, debido a que no se trataba de su inmueble -cuya numeración es N°4780- y porque los argumentos allí señalados no decían relación con su propiedad.

De lo expuesto puede concluirse que se trataba de un inmueble distinto, existiendo un error de afectación, que no les fue informado en el año 2018, cuando concurrieron a alzar el usufructo. Sin embargo, por comunicación del Conservador del cinco de los corrientes, se les informó que pese a que revisados los antecedentes, ambas inscripciones se refieren a inmuebles distintos, no es posible proceder de oficio a realizar la anotación.

Concluyeron solicitando que se revierta la inscripción realizada a nombre de un tercero.

SEGUNDO: Que informó el Conservador de Bienes Raíces, Juan Veloso Mora, solicitando el rechazo con costas del recurso, por no existir actos u omisiones arbitrarias o ilegales que constituyan vulneración de derechos constitucionales. Ello, fundado en que el conflicto expuesto debe ser solucionado por otras instituciones y porque la acción fue deducida fuera de plazo, contado desde la fecha en que se efectuó la subinscripción, aquella en que se les notificó del procedimiento de regularización o bien, desde el 2 de noviembre, fecha en la que se informó que la inscripción no estaba vigente.

Señaló que en virtud de una subinscripción realizada el año 2013 a nombre de nombre reservado, respecto del inmueble ubicado en domicilio reservado, la inscripción a nombre de las actoras no se encuentra vigente. Sin embargo, al comparar la designación del inmueble, se observa una evidente diferencia en la numeración, pues el inmueble de las recurrentes tiene numeración N°4780 y el del Sr. nombre reservado, N°4784.

No obstante, hizo presente que para entender el problema, se debe determinar bajo qué antecedentes se practicaron las inscrpciones, especialmente la del Sr. nombre reservado. Se inscribió en virtud de una resolución recaída en proceso de regularización de propiedad, que señala como antecesora la inscripción de las recurrentes y de esa forma se cumplió por el Conservador. Por lo tanto, no es efectivo que la inscripción se haya realizado sin contar con la debida documentación o autorización de las actoras, pues esta última no es necesaria en el procedimiento de regularización.

Además, hizo presente que el alzamiento del usufructo se realizó en el registro de hipotecas y gravámenes, lo que resulta procedente en caso de acompañar los antecedentes suficientes, sin que sea necesario analizar la inscripción de dominio.

En consecuencia, no habiéndose incurrido en actos ilegales o arbitrarios por parte del Conservador, en caso de existir un error en la resolución que dispuso la inscripción, es el Ministerio de Bienes Nacionales quien debe corregir esta. Por ello, no es posible corregir la inscripción sin contar con una orden judicial o administrativa que así lo disponga, para conservar la historia registral y evitar posibles dobles inscripciones de dominio.

Adicionalmente, refirió que no tiene conocimiento respecto de si las recurrentes ejercieron las acciones reguladas en el D.L N°2695, con la finalidad de reclamar sobre el dominio afectado por la regularización. Ello, pues si fueron notificadas del procedimiento de regularización, correspondía que en este se hicieran las alegaciones pertinentes.

TERCERO: Que informó el Director Regional del Servicio de Impuestos Internos, Claudio Figueroa Díaz, indicando que no existen presentaciones asociadas al Rol N°1503-6 de la propiedad ubicada en Mejillones N°780 de Antofagasta.

CUARTO: Que informó la SEREMI de bienes Nacionales, Angelique Araya Hernández, informando que resulta improcedente la solicitud de regularización de los derechos de las actoras, ya que excede las peticiones que se pueden efectuar por la vía de oficios.

QUINTO: Que de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

SEXTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

SÉPTIMO: Que en primer lugar, en relación a la extemporaneidad del recurso de protección en los términos alegados por el recurrido, cabe señalar que si bien se desprende que la subinscripción se efectuó en el año 2013 y que las recurrentes tomaron conocimiento de esta en noviembre del presente año, sus efectos tienen el carácter de permanentes y por lo tanto, no cabría entender que existe extemporaneidad en su presentación.

OCTAVO: Que el objeto de la acción consiste en determinar la existencia de un acto ilegal o arbitrario por parte del recurrido, consistente en subinscribir el traspaso de la propiedad de las recurrentes a un tercero, por parte del Fisco, sin contar con la documentación, conocimiento o autorización de las propietarias.

NOVENO: Que de las presentaciones efectuadas por las partes, es posible advertir que no estamos en presencia de derechos con carácter de indubitado, sino que -por el contrario– se trata de pretensiones que deben ser acreditadas. Lo anterior, debido a que la controversia se enmarca en determinar si se incurrió en un error al realizar la subinscripción de cancelación de propiedad de las recurrentes. Ello, pues se alega que lo que correspondía efectuar era inscribir la propiedad colindante, como se advierte de la documentación acompañada, pues en los planos y deslindes se señala que la propiedad regularizada colinda con aquella propiedad de nombre reservado. Para ello, es necesario determinar con precisión la individualización del inmueble de las recurrentes y del tercero, Sr. nombre reservado, ya que como consta de la documentación tenida a la vista, si bien existe disconformidad en la numeración del o los inmuebles inscritos, existió una orden expresa de Bienes Nacionales para cancelar la inscripción de las recurrentes, entendiendo esta como la predecesora del título del tercero que regularizó una propiedad.

Por lo tanto, de lo previamente indicado deriva que la discusión de autos escapa del objeto del recurso de protección -acción de naturaleza cautelar y de emergencia- toda vez que para resolver la controversia, se requiere acreditar una serie de aspectos relacionados a la individualización y titularidad del inmueble, y en particular -como se indicó- la procedencia de la cancelación, especialmente porque lo que solicitan las actoras, necesariamente dejará al tercero involucrado sin la calidad de poseedor inscrito. Entonces, necesario resulta que la materia sea conocida a través de un juicio de lato conocimiento, donde las partes puedan efectuar alegaciones y rendir la prueba que estimen pertinente.

Lo expuesto, teniendo en consideración que en un proceso inquisitivo y de emergencia y sin forma de juicio, la prueba debe ser unívoca -lo que no ocurre en la especie-, impidiendo dilucidar la efectividad de situaciones que amenacen, perturben o priven el legítimo derecho o garantía constitucional de alguna de las partes y que requieran de alguna medida cautelar.

DÉCIMO: Que como se ha razonado en los considerandos precedentes, no tratándose de derechos indubitados y excediendo la materia puesta en conocimiento de esta Corte la competencia de una acción constitucional, es que deberá rechazarse el recurso, sin perjuicio de las acciones judiciales que puedan ejercer las recurrentes, de conformidad al artículo 18 del Reglamento del Registro Conservatorio de Bienes Raíces.

UNDÉCIMO: Que no se condena en costas a las actoras, por estimarse inconveniente.

Por estas consideraciones y de acuerdo además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA sin costas, el recurso deducido por nombre reservado, representada por nombre reservado, y de nombre reservado, en contra del Conservador de Bienes Raíces de Antofagasta, Juan José Veloso Mora.

Regístrese y comuníquese.

Rol 39.757 - 2022 (PROT)