nombre reservado con WOM S.A.

Antofagasta, a veintitrés de abril de dos mil veinticinco.

VISTOS:

La comparecencia de don Jaime Roberto Carlos Aguilera Alarcón, abogado, en representación de nombre reservado, chilena, empleada, quien deduce recurso de protección en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, representada por su Gerente General, don nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado; y en contra de la empresa WOM S.A., representada por doña nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, por su actuar arbitrario e ilegal consistente en descontar parte de la remuneración de la recurrente, sin causa legal justificada; solicitando a esta Corte de Apelaciones adoptar las medidas tendientes para cautelar el legítimo ejercicio de los derechos constitucionales de la recurrente.

Informó doña Inés Riquelme Arao, abogado, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, solicitando se rechace el recurso interpuesto.

Informó don Horacio del Valle Fraga, abogado, en representación de WOM S.A., solicitando el rechazo de la acción deducida.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: La recurrente funda su acción, señalando que es trabajadora de la empresa WOM S.A., mediante contrato de trabajo de fecha 10 de diciembre de 2024, siendo la relación laboral de carácter indefinida y desempeñando el cargo de Ejecutiva Multiskill en la agencia ubicada en domicilio reservado de esta ciudad.

Precisa que, mientras trabajaba para Movistar S.A. (otro empleador), solicitó un crédito a la recurrida Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, por un monto de $5.978.142, operación que se signó bajo el código 3.003CON103756757-7, suscribiendo el pagaré signado con el mismo número, suma que sería pagada por la recurrente en 48 cuotas de $207.187. Sostiene que el crédito fue pagado normalmente hasta noviembre del año 2023, pero luego quedó sin trabajo, indicando que las últimas cuotas que se habían pagado durante el primer semestre del año 2024, fueron cubiertas por el seguro de cesantía activado por la recurrente, encontrándose el crédito actualmente parcialmente pagado.

Debido al incumplimiento, la caja de compensación recurrida demandó ejecutivamente el 07 de octubre de 2024, en causa RIT C-4347-2024, tramitada ante el Cuarto Juzgado Civil de Antofagasta, causa que actualmente está en etapa de embargo de bienes con auxilio de la fuerza pública, según consta en resolución de fecha 02 de diciembre de 2024, optando de esta forma la recurrida por la vía judicial para perseguir la totalidad del pago del crédito adeudado por la actora. No obstante lo anterior, afirma que la liquidación de sueldo correspondiente al mes de febrero de 2025, aparecen dos descuentos en sus remuneraciones, bajo las siguientes nomenclaturas: a) “Crédito Personal Caja Los Andes cuota 16/48” por un monto de total de $243.790; y b) “Crédito Personal Caja Los Andes cuota 2/3”, por un monto de $55.680, totalizando así, ambos descuentos, la suma total de $299.470.

Es por lo anterior, que estima que el descuento realizado por la recurrida a través de su actual empleador, la empresa Wom S.A., es un acto arbitrario e ilegal que provoca una privación y perturbación en su derecho de propiedad sobre la remuneración que le corresponde percibir, pues jamás la recurrente fue informada respecto de dicha decisión unilateral, de realizar descuentos sobre sus remuneraciones, entendiendo que ya se había judicializado el cobro del pagaré, sustrayendo así su cobro del ámbito extrajudicial que ahora pretende, por medio del descuento que ha realizado en la planilla de remuneración de la recurrente.

Por lo anterior, afirma que Caja de Compensación Los Andes estaría abusando de las facultades que le otorga la ley, al ser el descuento por planilla una facultad excepcional, habiendo ya ha optado por el ejercicio de la vía judicial para el cobro de la obligación, haciendo efectiva la cláusula de aceleración respectiva, perfilándose por el cobro del total adeudado por el crédito tomado en su oportunidad por la recurrente. En síntesis, sostiene que se está llevando a efecto un doble cobro, existiendo un actuar de improviso, realizando un ejercicio abusivo del artículo 22 de la Ley N°18.833, siendo además esta una forma de autotutela que conculca su derecho de propiedad, e igualdad ante la ley, garantizados en el artículo 19 N°24 y 19 N°2 de la Constitución Política de la República.

Por lo expuesto, solicita a esta Corte de Apelaciones adopte las medidas tendientes para cautelar el legítimo ejercicio de los derechos constitucionales de la recurrente, de cuyo legítimo ejercicio se amenaza, priva y perturba, a consecuencia del proceder arbitrario e ilegal de las recurridas, consistente en descontar y pretender seguir descontando en el futuro, parte de la remuneración de la recurrente, sin causa legal justificada.

SEGUNDO: Informó doña Inés Riquelme Arao, abogado, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, solicitando se rechace el recurso interpuesto.

Sostiene que la caja de compensación con fecha 23 de noviembre de 2022, otorgó a la recurrente el crédito código 003CON103756757, por la suma de $5.978.142, a una tasa de 2%, pagadero en un plazo de 48 meses, con una cuota de $207.187, cuyo primer vencimiento fue el 31 de enero de 2023. Añade que las cuotas del mes de enero de 2023 a marzo de 2024 (1 a 15), se pagaron regularmente en el plazo establecido, la cuota del mes de abril de 2024 (16), fue pagada con desfase con fecha 13 de marzo de 2025, generando mora por las cuotas del mes de mayo de 2024 a enero de 2025 (17 a 25), las cuotas restantes se encuentran con fecha de vencimiento 28 de febrero de 2025 al 31 de diciembre de 2026.

Por otra parte, la titular en el mes de diciembre de 2023 utilizó el crédito de emergencia folio 003EME104135332, por la suma de $120.320, en un plazo de tres meses, con una cuota de $42.439, cuyo primer vencimiento fue el 31 de enero de 2024, donde la primera cuota fue pagada con desfase con fecha 13 de marzo de 2025, generando mora por las dos cuotas restantes.

Sostiene que, si bien es cierto que la recurrida inició una demanda en contra de la recurrente, esto no fue por capricho, sino por una obligación establecida en el compendio de normas de la Superintendencia de Seguridad Social que regulan a las cajas de compensación de asignación Familiar, donde se obliga a iniciar acciones de cobranza judicial a los deudores de un crédito social y señala que cobranza judicial deberá iniciarse no más allá del sexto mes de morosidad tratándose de deudas que superen las 50 UF. En consecuencia, el crédito en cuestión está plenamente vigente, es actualmente exigible y sus acciones no se encuentran prescritas, por lo que su recaudación de acuerdo con el mecanismo establecido en el artículo 22 de la Ley N°18.833 es pertinente y oportuno.

Así, en cuanto al descuento por planilla, sostiene que se trata de un mecanismo especial de pago, inherente al régimen de crédito social otorgado por las cajas de compensación, tratándose de un mecanismo que no depende de la voluntad o decisión de las cajas de compensación y la obligatoriedad del descuento por planilla recae sobre el empleador y, precisamente, por eso es por lo que el sistema legal establece que se entiende que el trabajador paga el crédito al momento de aplicársele el descuento, no pudiendo oponerse ni negarse al descuento por planilla, siendo imposible que pueda sostenerse que aquello constituya una gestión de cobro por parte de la recurrida.

Respecto a la supuesta vulneración al artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental, relativo al derecho de propiedad, sostiene que no hay un traspaso ilegal a la esfera de dominio del deudor ni expropiación alguna de parte de sus remuneraciones, pues es la propia ley la que permite a la caja acreedora solicite el descuento de las cuotas de un crédito social actualmente exigible desde la remuneración del afiliado deudor, de acuerdo con el citado artículo 22 de la Ley N°18.833, sosteniendo que solo sería arbitrario informar deducciones a partir de créditos sociales en que se ha declarado la prescripción tanto de la acción cambiaria como aquella que emana del mutuo.

De otro lado, arguye que la recurrida no requiere de una sentencia ni proceso previo para informar el descuento de un crédito social al empleador de un afiliado deudor, por cuanto las deudas exigibles de crédito social cuentan con normas especiales para su recaudación, de acuerdo con el artículo 22 de la Ley N°18.833.

Finalmente, solicita el rechazo de la acción deducida, por no existir acto ilegal o arbitrario cometido por la recurrida en relación con los hechos expuestos.

TERCERO: Informó don Horacio del Valle Fraga, abogado, en representación de WOM S.A., solicitando el rechazo de la acción deducida.

Primeramente, señala que el empleador WOM actuó como intermediario, haciendo los descuentos que le pidió la caja de compensación no solo respecto de la recurrente, sino que, además, de otros trabajadores que habían solicitado créditos. Hace presente que la obligación que recae sobre las cajas de compensación en cuanto a ordenar descuentos a los empleadores por concepto de créditos sociales, se encuentra expresamente establecida en el artículo 11 inciso 1° del Decreto Supremo N°91 de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, norma que establece que las sumas adeudadas por un trabajador por concepto de crédito social, deben ser descontadas directamente de su remuneración por parte de la empresa empleadora, la cual tiene la obligación de retener y remitir dichos montos a la caja correspondiente.

A su vez, agrega que el artículo 22 inciso 1° de la Ley N°17.322 refuerza esta obligación al disponer que los empleadores —así como sus representantes legales, mandatarios y dependientes que actúen por cuenta de éstos— que efectúen descuentos de remuneraciones por conceptos tales como cotizaciones, aportes o dividendos destinados a instituciones de seguridad social, están obligados a declarar y enterar dichos montos, junto con sus propias imposiciones, dentro de los diez primeros días del mes siguiente a aquel en que se devengaron las remuneraciones.

Esta norma otorga fuerza obligatoria a la conducta del empleador en cuanto a la retención y pago oportuno de los descuentos practicados. De igual modo, hace presente que el descuento legal estaba consentido por la trabajadora en su contrato de trabajo. Por otro lado, señala que las atribuciones que detentan las cajas de compensación para instruir a los empleadores a efectuar descuentos sobre remuneraciones por cuotas impagas encuentran respaldo en lo dispuesto en el artículo 58 del Código del Trabajo.

Finalmente, en cuanto a la alegación de una eventual vulneración del artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, referida al derecho de propiedad, alega que dicha pretensión no resulta procedente, toda vez que no se configura una afectación ilegítima al patrimonio de la trabajadora afiliada ni una expropiación de sus remuneraciones. De todas formas, hace presente que el descuento se realizó únicamente en la remuneración de febrero de 2025, quedando de manera íntegra la remuneración de la trabajadora recurrente respecto del mes de marzo de 2025 de acuerdo con la orden de no innovar.

En conclusión, estima que el recurrido actuó dentro de un mandato legal y a requerimiento de la caja de compensación, lo que advierte inexistencia de arbitrariedad o ilegalidad, no existiendo la supuesta vulneración alegada, por cuanto, además, el recurso ha perdido oportunidad.

CUARTO: Que, de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

QUINTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

SEXTO: Que en la especie, la recurrente dirige su acción en contra del supuesto actuar ilegal y arbitrario de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes y WOM S.A., consistente en efectuar descuentos improcedentes en sus remuneraciones provenientes de un crédito social cuyo cobro se habría intentado en sede civil, en procedimiento iniciado por la propia Caja recurrida, en causa RIT C-4347-2024, tramitada ante el Cuarto Juzgado Civil de Antofagasta, precisando además en su libelo que los referidos descuentos ilegales, se han practicado unilateralmente por las recurridas en el mes de febrero del año 2025.

SÉPTIMO: Que, atendida las alegaciones de las partes, no se encuentra controvertido la existencia de una deuda proveniente de un crédito social folio 003CON103756757 otorgado por Caja de Compensación los Andes a la actora en el año 2022, por la suma de $5.978.142, cuyo incumplimiento motivó la interposición de una demanda ejecutiva de cobro de pagaré tramitada actualmente en causa RIT C-4347-2024.

Asimismo, tampoco se ha controvertido la realización de dos descuentos mediante su actual empleadora WOM S.A. efectuados desde la remuneración de la actora en el mes de febrero de 2025, ascendentes a $243.790 por concepto de “Crédito Personal Caja Los Andes cuota 16/48” y $55.680 por concepto de “Crédito Personal Caja Los Andes cuota 2/3”, lo anterior, conforme consta en la liquidación acompañada al recurso.

Se ha precisado igualmente por la recurrida, la existencia de un segundo crédito folio 003EME104135332, por la suma de $120.320, pagadero en tres cuotas y actualmente en mora, del que no se han acompañado mayores antecedentes, sin perjuicio de resultar acreditada su existencia con el detalle del segundo de los descuentos aplicados en la liquidación de remuneraciones del mes de febrero acompañada por la actora.

OCTAVO: Que, asentado lo anterior, en cuanto al recurso deducido en contra de la actual empleadora de la actora WOM S.A., debe tenerse presente lo dispuesto en el artículo 11 inciso 1° del Decreto 91 que aprueba reglamento del régimen de prestaciones de crédito social de las cajas de compensación de asignación familiar, conforme al cual: “Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la empresa afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones.”.

En este contexto, aparece que el actuar del empleador de la recurrente se encuentra amparado en el marco normativo aplicable en la especie, habiéndose señalado por la recurrida que la orden de descuento ha sido debidamente informada por la caja de compensación, por lo que no existe arbitrariedad o ilegalidad que pueda reprocharse al actuar de WOM S.A., desde que este se ha limitado a dar cumplimiento a la normativa vigente, habiendo además informado el oportuno cumplimiento de la orden de no innovar decretada por este tribunal de alzada, debiendo, en consecuencia, rechazarse a su respecto la acción constitucional incoada.

NOVENO: Que, diverso es el caso de la acción intentada en contra de la recurrida Caja de Compensación Los Andes, para cuya acertada resolución, se debe tener presente que el artículo 22 de la Ley Nº18.333, dispone expresamente que las deudas provenientes de prestaciones de créditos sociales otorgados a un trabajador afiliado a una caja de compensación, debe ser deducido de su remuneración por la entidad empleadora afiliada, reteniendo y remesando a la caja acreedora, rigiéndose por las mismas reglas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales. En consecuencia, las Cajas acreedoras pueden pagarse del crédito moroso, a través de la planilla de remuneración del afiliado.

Sin embargo, en el caso de marras, se encuentra establecido que la recurrida, respecto del crédito folio 003CON103756757, previamente optó por judicializar el cobro de la obligación en procedimiento ejecutivo seguido ante el Cuarto Juzgado de Letras de esta ciudad, resultando evidente la arbitrariedad existente en el acto alegado, ya que, es la misma Caja de Compensación quien, una vez elegida la vía judicial, quedó privada de ejercer el derecho consagrado en el artículo 22 de la mentada norma, significando aquello la práctica de un cobro de su acreencia por dos vías independientes, implicando una merma considerable en los ingresos de la actora, conculcando en consecuencia, el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

DÉCIMO: Que, respecto del segundo crédito de folio 003EME104135332, si bien no consta que este haya sido judicializado, en el caso de marras nos encontramos ante otra irregularidad, igualmente predicable respecto del primer crédito, que hace que la acción desplegada por la recurrida sea igualmente arbitraria, toda vez que, conforme a la normativa aplicable, si bien la Caja de Compensación en principio puede disponer el descuento impugnado actuando en conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N°18.833; frente a una situación como la de autos, en que el trabajador dejó de pagar regularmente un crédito y encontrándose en un nuevo empleo, resulta aplicable lo que la Superintendencia de Seguridad Social ha denominado reinicio de descuentos, regulándose dicha hipótesis en el artículo 1.17.3. de la circular N°3.567, de fecha 4 de enero de 2021.

Al respecto, cabe tener que las cajas de compensación son entidades de previsión social constituidas como corporaciones de derecho privado, sin fines de lucro, cuyo objeto es la administración de prestaciones de seguridad social, regidas por la Ley N°18.833, sus reglamentos, sus respectivos estatutos y supletoriamente por las disposiciones del Título XXXIII del Libro I del Código Civil, y que, considerando su fin social, están sometidas a la supervigilancia y a la fiscalización de la Superintendencia de Seguridad Social, quienes en tal calidad pueden regular su funcionamiento a través de circulares, que son obligatorias para la caja.

En ese contexto, atendido el artículo antes referido, para reiniciar los descuentos la institución obligada, previo a informar a la entidad empleadora el descuento de la respectiva cuota del crédito social, a enviar un aviso al trabajador o pensionado informándole que tiene una deuda de crédito social impaga por los meses que se individualizarán y que los descuentos de las cuotas de crédito social se reanudarán de conformidad a lo acordado entre las partes al momento de otorgarse el crédito, esto es, mediante descuento en las remuneraciones o pensiones, aviso que deberá contener la misma información que se entregó al deudor a través del certificado de liquidación a que hace referencia el número 1.16 de dicha Circular, actualizado a la fecha del envío, es decir, con indicación del monto de crédito otorgado, número de cuotas, valor de cada una, total de cuotas pagadas y adeudadas, intereses respectivos y demás gastos que correspondan, aviso que otorgará al deudor un plazo de al menos 15 días corridos para que éste concurra a la caja a regularizar la situación de sus cuotas morosas y acreditar el promedio de sus ingresos de los últimos tres meses.

Dispone la circular que sin haber transcurrido este plazo y aun cuando el afiliado no concurra o no haya reprogramado o renegociado su crédito dentro de este término, la entidad de previsión social no podrá informar al empleador o entidad pagadora de pensión el descuento de la cuota de crédito social que corresponda.

DÉCIMO PRIMERO: Que, es del caso que, la recurrida no ha alegado ni menos acreditado haber efectuado la notificación previa, limitándose a sostener en autos la legalidad de su actuar fundado en la facultad contenida en el artículo 22 de la Ley N°18.833 sin acompañar ningún otro antecedente, por lo que, conforme a la normativa que lo obliga, no podía comunicar al actual empleador del recurrente que se debía efectuar la retención, por lo que lo obrado por la caja de compensación resulta ser infundado, al no cumplir las gestiones previas que se han establecido al efecto, lo que deriva en que su actuar es arbitrario, por no tener facultades dicho organismo para obrar como lo hizo, afectando con ello lo dispuesto en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, al privar injustificadamente al recurrente de parte de su patrimonio, como lo es su remuneración.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE, con costas, el recurso de protección deducido por el abogado Jaime Roberto Carlos Aguilera Alarcón, en representación de nombre reservado, en contra respecto de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, ordenando a la recurrida abstenerse en lo sucesivo de informar y efectuar descuentos en las remuneraciones del recurrente en razón del cobro de los créditos folios 003CON103756757 y 003EME104135332 y, a la vez, proceder a la restitución de todo dinero descontado de sus remuneraciones por este concepto desde el mes de febrero del presente año, dentro de quinto día hábil desde la notificación del presente fallo; rechazándose en lo demás el recurso en contra de WOM S.A.

Regístrese y comuníquese.

Rol 396-2025(PROTECCIÓN)