nombre reservado con A.F.P. HABITAT S.A.

Antofagasta, a diecinueve de enero de dos mil veintiuno.

VISTOS:

La comparecencia de nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones A.F.P. HABITAT S.A., representada legalmente por nombre reservado, ignora profesión u oficio, ambos con domicilio en domicilio reservado, denunciando como omisión ilegal y arbitraria el no pago íntegro y oportuno del 10% de sus fondos previsionales, con vulneración de su derecho de propiedad, según lo consagrado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República.

Evacua informe la recurrida, solicitando el rechazo del arbitrio constitucional.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

Con fecha nueve de noviembre se decreta como medida para mejor resolver oficio a la Superintendencia de Pensiones para que informe al tenor del recurso, en especial a lo indicado por la recurrida.

Con fecha 28 de diciembre de 2020 la Superintendencia de Pensiones remite informe solicitado volviendo la causa al acuerdo con fecha 31 de diciembre del mismo año.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que fundando el recurso, la recurrente sostiene que es una mujer de 76 años, jubilada, que percibe una pensión de $200.000, que se encuentra afiliada a la A.F.P. HABITAT, en donde posee un monto aproximado de $400.000, y que solicitó el retiro total de su 10%, el que se pagaría según lo establecido en la ley en un solo pago en su cuenta Rut, al ser un monto inferior a 35 UF, lo que fue aprobado por la recurrida. Sin embargo, afirma que la A.F.P. incumplió su deber legal, pues pagó solamente $80.000 y no el total de sus fondos previsionales, por lo que interpuso un reclamo en su página web y ante la Superintendencia de Pensiones, sin recibir respuesta.

Respecto de la omisión ilegal y arbitraria que se le imputa a la recurrida, sostiene que existe un mandato legal que le ordena entregar dentro del plazo de 10 días hábiles el total del 10% del saldo que posean los cotizantes en sus cuentas de capitalización individual, siempre que estos lo soliciten y no existan órdenes de retención dictadas por los tribunales, como es en el caso de marras. Asevera que la omisión es ilegal, toda vez que contraviene expresamente el mandato de la ley, y es del todo arbitraria, desde el momento que no existe fundamentación y argumento alguno para no hacer entrega del total del fondo de capitalización individual de la cotizante recurrente de estos autos, toda vez que asciende a un monto inferior a las 35 UF y no existen órdenes de retención.

En cuanto a las garantías vulneradas, alude a su derecho de propiedad, pues la recurrida la ha privado de disponer libremente de su dinero en la cuenta de capitalización individual.

Como peticiones concretas, solicita que se ordene a la A.F.P. recurrida efectuar el depósito en su cuenta rut de la totalidad de los saldos que mantiene en la cuenta de la recurrente, con costas.

SEGUNDO: Que evacua informe en representación de la recurrida, el abogado Roberto Díaz Bravo, instando por el rechazo, con costas. En primer lugar, manifiesta que el recurso de protección es inaplicable en el presente caso, dado que la recurrente no ha sufrido privación, perturbación o amenaza alguna de carácter arbitrario o ilegal de un derecho que le impida, moleste o amague su ejercicio.

Sobre el particular, afirma que se pagó a la recurrente el saldo que correspondía al retiro del 10% de la Cuenta de Cotizaciones Obligatorias según lo establece la Ley 21.248, por la suma de $89.565; en efecto, refiere que el saldo de la cuenta de la recurrente ascendía a 3,22 cuotas del fondo de pensiones Tipo D, correspondientes en ese momento a $136.118. Precisa que además existe un saldo de 4,96 cuotas por la suma de $265.105 que se encuentra en la Cuenta de Ahorro de Indemnización (CAI), cantidad que no es parte de la cuenta obligatoria respecto de la cual se calcula el retiro del 10%, y que sin perjuicio de ello, puede ser retirada por la recurrente directamente en la A.F.P. acompañando el finiquito de la relación laboral con el empleador que pagó estos aportes, según lo establece el artículo 163 del Código del Trabajo. Por otra parte, señala que del saldo de la cuenta obligatoria ($136.118) la A.F.P. tuvo que provisionar la suma de $53.438 correspondientes a pensiones devengadas y no cobradas por la recurrente y que, de acuerdo a la normativa, deben rebajarse de la cuenta, porque la afiliada debe pedir que se le giren esos pagos por concepto de pensiones directamente en la Administradora.

Destaca que para cobrar los cheques prescritos por concepto de pensiones devengadas y no cobradas, la afiliada debe requerir directamente en la A.F.P. que se giren nuevamente esos pagos y, en el caso de la Cuenta de Ahorro de Indemnización, debe acompañar el finiquito correspondiente, sumas que han estado a disposición de la recurrente incluso antes de la entrada en vigencia de la Ley 21.248. Por lo anterior, refiere que su representada ha cumplido con la normativa legal que rige el retiro del 10% y no ha incurrido en ningún acto arbitrario e ilegal.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que para la resolución del asunto, conviene tener presente lo dispuesto en la Ley 21.248, que estableció una reforma constitucional para permitir el retiro excepcional de los fondos previsionales gestionados por las Administradoras de Fondos de Pensiones. En lo pertinente, la ley prescribe: “Excepcionalmente, y para mitigar los efectos sociales derivados del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública decretado a causa del COVID-19, autorizase a los afiliados del sistema privado de pensiones regido por el decreto ley Nº 3.500, de 1980, de forma voluntaria y por única vez, a retirar hasta el 10 por ciento de los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias, estableciéndose como monto máximo de retiro el equivalente a 150 unidades de fomento y un mínimo de 35 unidades de fomento. En el evento de que el 10 por ciento de los fondos acumulados sea inferior a 35 unidades de fomento, el afiliado podrá retirar hasta dicho monto. En el caso de que los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual sean inferiores a 35 unidades de fomento, el afiliado podrá retirar la totalidad de los fondos acumulados en dicha cuenta”.

De lo anterior, fluye necesariamente que el retiro del 10% de los fondos previsionales únicamente procede respecto del dinero acumulado en la cuenta de capitalización individual de cada afiliado. En la especie, de acuerdo a lo informado por la recurrida, el cálculo se efectuó considerando los fondos de dicha cuenta, excluyendo los contenidos en la denominada “cuenta de ahorro de indemnización CAI”, por detentar una naturaleza distinta e independiente entre sí. En efecto, esta cuenta de ahorro se compone por las cotizaciones que el empleador debe pagar para financiar el pago de una indemnización a todo evento de los trabajadores de casa particular, y en consecuencia, no se advierte una omisión ilegal o arbitraria en los términos denunciados a este respecto.

Sin perjuicio de lo anterior, de los antecedentes expuestos en el informe de la A.F.P. recurrida, aparece que el saldo de la cuenta de capitalización individual de la recurrente ascendía a $136.118, y se reconoce haber pagado solamente el monto de $89.565, sin que las explicaciones dadas justifiquen tal diferencia, porque si los “cheques estaban prescritos” según el informe por concepto de pensiones devengadas y no cobradas y a la afiliada se le exige a requerirlo nuevamente, resulta absurdo la retención de la suma de dinero para provisionar como sostiene la A.F.P., pues bastaba remitir la cantidad total distinguiendo el concepto de retiro del 10% en virtud de la Ley 21.248 y la suma de $53.438 correspondiente a pensiones devengadas y no cobradas, resultando así una arbitrariedad que exige dar la debida protección restableciendo el imperio del derecho y, por lo mismo, se acogerá el recurso solo en ese monto, porque se ha vulnerado su derecho de propiedad sobre los mismos, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República.

SEXTO: Que respecto de la otra suma ascendente a 4,96 cuotas, que equivale a la fecha del informe de la A.F.P. a la suma de $265.105, por encontrarse en la cuenta de ahorro de indemnización, no forma parte de la capitalización individual y, por lo tanto, ha de cumplirse los requisitos específicos del finiquito o término de relación laboral comprobada por una razón que justifique el acceso a ese saldo, sin que a través de este recurso pueda disponerse su giro, pues no está vinculado con los beneficios establecidos en la Ley 21.248, lo que obliga a rechazar parcialmente el recurso en este aspecto y, por lo tanto, no aparece conveniente condenar al pago de las costas de la causa.

Por estas consideraciones, y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE, sin costas, el recurso interpuesto por nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones A.F.P. HABITAT S.A., solo en cuanto se ordena a la recurrida depositar en la Cuenta Rut de la recurrente, la suma de $46.553 (cuarenta y seis mil quinientos cincuenta y tres pesos), correspondiente al saldo de la cuenta de capitalización individual de la afiliada, dentro del plazo de seis (6) días hábiles, y se rechaza en lo demás.

Se deja constancia que se hizo uso de la facultad contenida en el artículo 82 del Código Orgánico de Tribunales.

Regístrese y comuníquese.

Rol 3934-2020 (PROT.)

Redactada por la Ministra Titular Sra. Virginia Soublette Miranda, quien no firma por encontrarse haciendo uso de su feriado legal.